Las crecientes convocatorias a manifestaciones contra el alza del precio del pasaje de Metro se suman a otras que, muchas veces de manera espontánea, aparecen como alternativas para expresar el descontento hacia el sistema económico. Junto con reparar en el fenómeno social, expertos apuntan a las preocupantes reacciones del Estado y sus policías.
El reciente aumento en el valor del pasaje del Metro en horario punta, pasando de 720 a 740 pesos, no solo ha generado el descontento habitual. También una serie de protestas y evasiones masivas a las que han estado convocando distintos grupos a través de redes sociales.
Los argumentos de extender el beneficio del que gozan los adultos mayores, cuyo boleto tiene un valor de 210 pesos, así como el aumento de los costos de operación del servicio de transporte metropolitano, no son suficientes para una parte importante de los usuarios.
Protestas que, además, se han caracterizado por una importante presencia policial, tanto dentro como fuera de las estaciones de Metro.
“La protesta es válida y siempre será necesaria”, asegura la vocera del Comité de Usuarios del Transantiago, Tamara Homel:
“Es el Estado, a través del Ministerio de Transportes, el que no ha considerado que las quejas se resuelvan a través de la institucionalidad, por lo que no se han agotado los canales correctamente. Hace más de 50 años que existen los libros de reclamos y sugerencias”.
En ese sentido, advierte que “el problema es la gente y cómo se logra que viaje en mejores condiciones”.
Todo esto, en medio de las críticas que apuntan a que la de Chile representa la tarifa más alta respecto de los servicios de trenes subterráneos a nivel de Latinoamérica.
Pero no solo este servicio público aparece como entre los más caros de la región, como ocurre con la educación y la energía.
Así lo explica el cientista político Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación Sol:
“En nuestro país hay muchos aspectos que en otras partes del mundo son considerados como derechos y reciben una visión mucho más social. Pero acá en Chile estos elementos son considerados como bienes de consumo”.
Incluso se detiene en lo que considera un fuerte atraso salarial que se evidencia en la mayoría de las regiones:
“Podemos señalar que el 50 por ciento de los trabajadores recibe un ingreso líquido mensual inferior a los 305 mil pesos”.
“Esto nos demuestra –añade Gálvez– que los costos en Chile están siendo soportados a través del endeudamiento de los trabajadores, que tienen bajos ingresos”.
Ese contexto, apunta a que uno de los soportes de este sistema es el endeudamiento de las personas, “lo que a su vez va generando un proceso de acumulación que sigue beneficiando a la banca privada y a otras instituciones financieras”.
Un modelo económico que gatilla el descontento social
“Ya no se trata solo de demandas que afectan a grupos específicos y organizados”, explica la socióloga Alejandra Mohor, coordinadora del área de prevención del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.
Asimismo, plantea su preocupación respecto de las contradicciones que arroja el modelo:
“Las libertades individuales que dice defender el sistema, cuando se transforman en las libertades individuales de unos y no de otros necesariamente. Y volvemos nuevamente al tema de la protesta social. Cómo la libertad de asociación y de manifestación se ve vulnerada por esta necesidad de resguardar la seguridad de todos los individuos”.
Protestas y manifestaciones que Recaredo Gálvez contextualiza más allá del plano nacional:
“Hemos visto que en distintas parte del mundo se han generado situaciones de descontento y se han ido constituyendo nuevos movimientos con perspectivas enlazadas con aspectos de carácter mucho más social y de reivindicación sobre lo que se considera como bienestar, lo que ha tenido algún tipo de expresión en nuestro país”.
En ese plano, recuerda que si bien se mantienen las movilizaciones de estudiantes y trabajadores, cada vez más se toma en cuenta en los discursos el tema de la falta de representación:
“Las instituciones oficiales del Gobierno y también las económicas ya no representan el sentir de la sociedad, sino que los intereses de quienes concentran el poder económico y político a la vez”.
Los mismos, aclara el cientista político, que aparecen involucrados en situaciones de corrupción y cohecho, a propósito de las investigaciones del Ministerio Público por financiamiento irregular de campañas políticas:
“Un modelo que los beneficia para acumular, donde sus ambiciones no tienen límites. Acumular a cualquier costo, independiente de que esto continúe generando daños irremediables en distintas generaciones de chilenos”.
Críticas en las que también coincide Tamara Homel:
“Este modelo económico neoliberal no es otra cosa que la réplica de las dictaduras militares, pero sin militares en las calles. Por un montón de ventanillas llegan a la conciencia del ser humano elementos para que no proteste por lo que crea justo”.
Y es que para la vocera de los usuarios del Transantiago, mientras el sistema sea propiedad de los privados, “evidentemente seguirá no dando cuenta de las necesidades de quienes lo usamos por razones absolutamente sociales”.
A ello suma, con mucha molestia, “la cantidad de robos que realizan las empresas del Transantiago a partir de los aportes que reciben del Estado y de cómo se coluden entre ellas para prestar sus servicios”.
Incomprensible respuesta del Estado y represión policial
En el contexto de las protestas que se han dado en las estaciones de Metro, para Alejandra Mohor llama la atención y resulta curioso el despliegue policial ante un bajo número de manifestantes, lo que se suma al excesivo uso de la fuerza:
“Personalmente este martes estuve ahí en la estación Baquedano. Una manifestación que alcanza connotación porque el tema ha estado en los medios de comunicación y cuestionado por la opinión pública, y donde el número de manifestantes no era elevado. Sin embargo, había un contingente policial que parecía exagerado para la cantidad de gente y las condiciones en que se manifestaban”.
Preocupación que radica en la respuesta del Estado ante este tipo de manifestaciones, lo que implica, según la socióloga, una pérdida de límites:
“El Estado parece estar sobrerreaccionando, en el sentido de que estas manifestaciones más bien espontáneas tienden a ser precontroladas. Por una parte, a través de lo que en nuestra legislación se entiende como el permiso para manifestarse, cuando los estándares internacionales, a los que hemos adherido como país, señalan que no se requiere un permiso, sino que informar respecto de que se realizará una manifestación”.
Esto, advierte la experta, “como un intento por controlar excesivamente el cómo, dónde, quiénes, cuántos y en qué medidas se manifiestan”.
En ese sentido, Recaredo Gálvez no duda en aseverar que “en la medida que los poderes económico y político empiezan a tener menos distancia y a concentrarse en un grupo de personas sin escrúpulos para evadir la ley, hacer negocios a sus espaldas o transformar sus programas de gobierno, vemos que finalmente la acción del Estado termina siendo una acción bastante enfocada en el ámbito policial y represivo”.
Y es que según el investigador de la Fundación Sol, lo que se busca es coartar libertades en vez de darlas:
“Contrario a lo que señala el mismo modelo, bastante hipócrita en ese sentido, pues a quien le da libertades es a quienes han demostrado que prefieren hacer las cosas detrás de la gran cortina, en lugar de hacerlas frente a todos y de forma democrática”.
“Tendemos a castigar a alguien que no tiene recursos para vivir porque no pagó el pasaje”, lamenta Tamara Homel. Y añade: “Pero no somos capaces de castigar a aquel bruto empresario que nos lleva cargados con 250 personas en una micro, todos apretados, y rogando para que no ocurra un accidente”.
“Este modelo está hecho para que la gente no proteste. En este país no importa la calidad de vida de las personas”, sentencia la dirigenta.
Una estrecha relación entre el discurso público, mediático y de sentido común, junto a la progresión de la norma y la situación de las policías como representantes directos del Estado. Así lo concluye Alejandra Mohor, manifestando que “es sumamente coherente, pero lamentablemente en un sentido que contraviene convenciones internacionales suscritas por Chile”.
Incluso apunta a la figura del control de identidad preventivo y las dudas que surgen a partir de lo que realmente se busca prevenir. “¿Cuál es la necesidad que tiene el Estado para controlar la identidad de los ciudadanos? ¿Y a qué ciudadanos estamos controlando?”, cuestiona la socióloga.
Interrogantes que se suman a la reflexión de Recaredo Gálvez:
“El Estado termina agudizando sus mecanismos de control y sometimiento hacia la sociedad, lo que finalmente va en beneficio de los mismos intereses que gobiernan, desde la dictadura o desde la transición y la postdictadura, dependiendo desde cuando se tome”.
Fuente: Radio Universidade de Chile
