Esta vez no bastaron las disculpas y el reconocimiento de errores involunarios. La defensa de Jaime Orpis sopesó los cargos, y llegó a la alaemante conclusión que el hoy desaforado senador arriesga una pena aflictiva y efectiva de cárcel. Pero como no hay abogado que pierda, encontró una solución: cree que si devuelve los $180 millones por asignaciones, sólo podría ser inhabilitado para cargos públicos. Humm; difícil que el chancho chifle.
Corpesca: Orpis apuesta a evitar pena de cárcel con restitución de fondos
Sebastián Labrín
La estrategia del senador Jaime Orpis (ex UDI) de restituir los millonarios fondos del Congreso que supuestamente utilizó para pagar su campaña política, tiene un objetivo específico: reducir las penas asociadas a este delito e impedir que quede sujeto a medidas cautelares de alta intensidad, como la prisión preventiva.
El parlamentario es investigado en el marco del caso Corpesca por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, malversación de caudales públicos y delitos tributarios. Por estos ilícitos, en octubre de 2015 el Ministerio Público pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del legislador.
Tras analizar los antecedentes expuestos por la fiscalía, el tribunal de alzada dio luz verde para que Orpis afronte a la justicia. Hasta el momento sólo se conoce el veredicto del caso, pero no la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones.
Este hecho es de vital importancia para la defensa del legislador, ya que una vez conocido los argumentos de la sentencia -incluido el detalle de los votos de minoría que se opusieron a su desafuero- sus abogados podrán recurrir a la Corte Suprema para que nuevamente analice la situación del parlamentario.
Fue en este contexto que los abogados del senador Orpis comenzaron la búsqueda de nuevos mecanismos para atenuar su responsabilidad penal ante la justicia. Esto, para cuando sea formalizado, lo que aún no tiene una fecha determinada.
Devolución de dineros
A su declaración ante la fiscal de la zona Centro Norte Ximena Chong -en la que el legislador reconoció los hechos investigados-, se suma su manifiesto interés por reintegrar los más de $ 180 millones en asignaciones parlamentarias utilizadas de manera indebida para su campaña.
“Mi intención es proceder a reintegrar la totalidad de tales dineros que fueron usados para fines propios o ajenos”, declaró Orpis en enero, durante su quinta comparecencia ante la fiscal Chong. Según dijo, “tales dineros se utilizaron con fines políticos, financiando diversas actividades de esa índole”.
Una de las herramientas que utilizará la defensa del parlamentario será restituir de manera íntegra las asignaciones parlamentarias presuntamente malversadas. Sobre este delito, el Código Penal es claro: en caso de no estar “verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233”; es decir, la estrategia de la defensa del senador apunta a evitar penas que van desde los 541 días a los cinco años de presidio, además de la aplicación de multas.
En cambio, aseguraron fuentes ligadas a la investigación, en caso de que Orpis reintegre los dineros, sólo se le podría sancionar con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pagos de Corpesca
En el marco de esta investigación, el 27 de octubre de 2015 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el parlamentario por delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
Según la querella, entre 2009 y 2013 “el senador Jaime Orpis tomó contacto con Francisco Mujica (…), quien pagó al mencionado senador, mediante el uso de boletas ideológicamente falsas por servicios inexistentes (…), una suma total determinada a la fecha de $94.737.900”. Y se agrega en la querella: “Dichas maniobras tuvieron como único fin justificar la transferencia de fondos, que en definitiva fueron en beneficio del H. Senador Orpis Bouchon, para que este beneficiara los intereses de Corpesca, en la denominada Ley de Pesca”.
Sin embargo, en la investigación que sustenta la fiscal Chong consta que la empresa Corpesca habría pagado al senador más de $ 260 millones durante dos años, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas ligadas al legislador. Por estos hechos, la empresa Corpesca, ligada al grupo Angelini, rectificó su declaración de impuestos.
Fuente: La Tercera
