Familia Matte Había Pasado Piola: Carabinero Rompe Pacto de Silencio y Revela la Responsabilidad de la Papelera en la Masacre de Laja

En una entrevista al programa ‘En la Mira’ de CHV, Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio y confirmó lo que era un secreto a voces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de los delitos de lesa humanidad en dictadura; en este caso, la colaboración de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, de la familia Matte, que hasta la fecha había capeado las acusaciones bajo un manto de denso silencio, en la denominada «masacre de Laja», en que fueron ejecutados 19 campesinos, trabajadores y dirigentes sindicales, simpatizantes de, o pertenecientes a, partidos de la Unidad Popular.

 
Se conoce como «Masacre de Laja». Ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve personas pertenecientes a las localidades de Laja y San Rosendo.

El hecho que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas actualmente tiene a más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Anoche, en el programa ‘En la Mira’ de Chilevisión, Samuel Vidal, ex Carabinero mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio.

«Yo, por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973, yo prestaba servicio para la Tenencia Laja, tenía como 22 años (…) A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio», señaló el ex uniformado.

«Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Habían dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas la familia o uno», agregó.

«Sentí pena, amargura y pensé por qué yo estaba metido en esto. Yo entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga», dijo Vidal.

Además el reportaje contó con el testimonio de Sebastián Cifuentes, un ex camionero, que en esos días buscaba leña en un bosque cercano al lugar donde fueron asesinados los trabajadores.

«De hecho, uno al ver lo que había afuera, uno sospechaba de que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa», acotó Cifuentes.

Cronología

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la tenencia de Laja.

Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día recibió ordenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.

Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlado por la familia Matte.

A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se detuvo a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido.

Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

Posteriormente, fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue «ser del MIR».

Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.

En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos), Jack Gutiérrez, militante del MAPU, Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS) y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, adonde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.

El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).

El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.

Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de carabineros lo arrestó.

Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela 45 de San Rosendo Óscar Sanhueza de 23 años. Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.

El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la tenencia de La Laja.

En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la tenencia de La Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.

El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad.

En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido so pena de compartir la suerte de los detenidos.

El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.

En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

En 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once están siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Silencio judicial

Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de una licencia médica.

Egnem -como jueza subrogante- guardó el parte por inhumación ilegal- en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró registros judiciales.

Cuarenta años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Por la omisión que impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina de una las víctimas, Alfonso Macaya.

“Se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”, dijo.

Fuente: El Mostrador

Vea reportaje En la Mira…

Los 19 de Laja

por Federico Füllgraf (*)

En estos primeros meses de 2015, en Chile, se espera con ansiedad el acto de coraje de un magistrado.

Cuarenta años después del fusilamiento por la espalda y su entierro en una fosa común, clandestina, de 19 simpatizantes de la Unidad Popular, trabajadores, ferroviarios y estudiantes, el juez Carlos Aldana – ministro especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción – en una decisión inédita desde el fin de la dictadura de Pinochet, deberá inculpar a un importante grupo de civiles involucrado en la violación de derechos humanos en Chile.

La acusación alcanzará de lleno a la CMPC, uno de los mayores conglomerados de papel y celulosa de América Latina, perteneciente al grupo Matte que, el 18 de septiembre de 1973, le entregó una “lista negra” con los nombres de los fusilados a carabineros.

Tercer mayor patrimonio empresarial y familiar de Chile, estimado en 7 mil 500 millones de dólares, en 2013, el grupo Matte obtuvo la aprobación del banco estatal brasileño, BNDES (Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social) un crédito de US$ 1.200 millones –de un total de US$ 2.100 millones– para cuadruplicar, en Guaíba, la antigua fábrica Borregaard, hoy conocida como CMPC – Celulosa Riograndense.

Con la pretensión de consolidarse como uno de los más grandes proveedores mundiales de celulosa blanqueada, la inversión fue celebrada por el entonces gobernador Tarso Genro, debido a la generación de más de siete mil puestos de trabajo durante las obras de ampliación, y los 2.500 empleos directos prometidos por la unidad, que debe iniciar sus operaciones en el segundo semestre de 2015.

Es muy improbable que el gobernador petista (del Partido de los Trabajadores-PT) y la dirección del BNDES tuviesen conocimiento de la activa participación de la CMPC en el golpe de Estado que derribó al presidente Salvador Allende, ni de las graves acusaciones que la apuntan como protagonista de la “Masacre del Laja”, como el nauseabundo crimen es conocido en Chile, y que ahora desborda hacia Brasil.

“Efectivamente, yo no tenía esa información y creo que puede ser verdadera. Las grandes empresas en Brasil, Chile o Argentina estuvieron involucradas, directa o indirectamente, en los golpes militares que ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina”, declaró Tarso Genro a Revista Adusp, quien también fue Ministro de Justicia en el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. “Dicen que hasta una gran empresa periodistica , aqui en Brasil [Nota: referencia al diario Folha de São Paulo], prestaba sus veículos para la Operação Bandeirantes [Nota 2: comando de la represión militar y centros de tortura em São Paulo, años 1970] . No me sorprende, también, se eso fuera verdadero, ya que fueron golpes para proteger a los intereses del capital.”

El terror en Biobío

En mis andanzas por los paisajes de Biobío, bellamente inmortalizados en los años 1840 por el pintor-viajero Mauricio Rugendas, frecuentemente tropiezo con memoriales y epitafios –como el del puente Quilaco, sobre el río Biobío, en Santa Bárbara, o el Memorial de Laja-San Rosendo– cuyas narrativas congelan el tiempo y por momentos encharcan de sangre lo pintoresco.

Una de esas narrativas es la “Masacre del Laja”, o “Caso Laja-Yumbel”, como se conoce el expediente en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Yo prefiero llamarla “Los 19 de Laja”, un título épico, puesto que se trata de 19 hombres íntegros, arrancados de sus lugares de trabajo y del seno de sus familias, golpeados y encerrados en una celda inmunda de una comisaría de carabineros del Chile profundo, desde donde desaparecieron el 18 de septiembre de 1973.

Uno de ellos fue el maquinista Luis Alberto Araneda Reyes, padre de Mauricio Araneda Medina.

Esta es su crónica.

Abogado, 52 años de edad, hace mucho que Mauricio Araneda comparte su calvario con sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, y decenas de familias de las localidades de Laja y San Rosendo, en el Biobío, que desde hace más de 40 años exigen justicia por el brutal asesinato de sus seres queridos.

Una de las más siniestras historias de terror de la larga noche de las dictaduras latinoamericanas, “Los 19 de Laja” protagonizan el primer guión de las operaciones de exterminio de la dictadura de Pinochet –entre las cuales figuran la célebre “Caravana de la Muerte” en el desierto de Atacama, los hornos de Lonquén y el lanzamiento de prisioneros al mar y en cráteres de volcanes– cuyo modus operandi recuerda los comandos de aniquilamiento de la Wehrmacht , la Gestapo y el SD alemanes en la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuna del entonces ya poderoso sector maderero y de producción de celulosa, el 11 de septiembre de 1973 se declaró abierta la temporada de caza a los simpatizantes de la Unidad Popular en Biobío, cuando bandos civiles armados –generalmente hacendados y conspiradores del movimiento fascista “Patria y Libertad”– se unieron a carabineros y al ejército.

Método utilizado en la famosa “Masacre de Ranquil”, en el año 1934, en la cual fueron ametrallados 300 pirquineros, campesinos e indios mapuche, entre septiembre y octubre de 1973, en las comunidades rurales de Laja, Quilaco y Mulchén se repitieron los fusilamientos en masa, cuyos comanditarios y perpetradores disfrutaron de la impunidad durante 40 años y, sólo ahora, seniles o enfermos terminales, supuestamente arrepentidos, comienzan a ser condenados.

Los autos del ministro Aldana

Poseedor del número de teléfono celular de Mauricio Araneda, informado por un colega de Concepción, le llamé y acordamos nuestro primer encuentro en Santa Bárbara, un arrabal pre cordillerano levantado en 1756 como fortaleza contra los malones de los Pehuenches – que hoy no cuenta más de 14 mil almas.

De Concepción por Los Ángeles hasta la pre-cordillera, corren 160 kilómetros de caminos a través de monocultivos de eucaliptos y pinos hasta perderse de vista, salpicados aquí y allí por rarísimas manchas de bosque nativo remanente. Se estima que 45% del territorio de Biobío, con poco más de 30 mil km2, están tomados por el “desierto verde” cuya simétrica monotonía agrede los ojos.

Vistiendo impecables terno y corbata e irradiando la formalidad de los licenciados, aprendida en los bancos de la Facultad de Derecho, nadie sospecharía de la ascendencia proletaria de Araneda, cuyo padre era maquinista y líder sindical.

Confortablemente sentados en la oficina de su notaría, instalada hace apenas dos años, nuestra primera conversación es desordenada, con saltos temporales entre septiembre de 1973 y finales del 2014; yo, curioso por las circunstancias de la prisión de su padre, él, ansioso por saber de los negocios de la empresa CMPC en Brasil.

En 2011 y 2014, el abogado y sus hermanos fueron testigos y declararon en dos reconstituciones de la “Masacre del Laja”, ordenadas por el juez Carlos Aldana. “Pero, hay detallitos”, agrega Araneda, “filigranas que sólo un detective o un abogado, obsesivos, tienen la paciencia de investigar”, mostrándome una pila de carpetas en la estantería situada a sus espaldas.

La pila mide medio metro. Son fotocopias del expediente completo de la causa, abierta en 1979, luego cerrada durante la dictadura Pinochet y reabierta en 2010, gracias a la obstinación de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Ejecutados de Laja y San Rosendo – carpetas copiosamente examinados, repletas de anotaciones y subrayados de las declaraciones de policías, familiares y testigos, a los cuales cabría aún hacerles algunas preguntas.

Por eso, después de 30 años de trámites y reveses, en sus horas libres el abogado que también oficia de notario, viaja a los afueras del Biobío con sus propias investigaciones. Su objetivo es reforzar con nuevos testimonios la acusación que el ministro Aldana prepara contra los ex directores de la “Papelera”, como se conoce en la región a la CMPC de los Matte.

Invitado por Araneda, entre fines de 2014 y principios de 2015, tuve el privilegio de participar en algunas expediciones nocturnas, la primera de ellas a Laja, delante de cuyo Memorial a los fusilados nos esperaban sus hermanos Luis Emilio y Jorge Eduardo, venidos especialmente de Concepción para entrevistar a Magallanes Acuña, un viejo socialista y ex trabajador, jubilado, de la CMPC, quién ya entrada la noche y 41 años después del golpe militar, en la sala de su casa moviliza sus recuerdos y por el túnel del tiempo nos conduce de regreso al momento de su captura: así ¡“contra la pared y las manos detrás de la cabeza!”, como le gritó el teniente de carabineros, Alberto Fernández Mitchell.

Y es que Magallanes Acuña confirma lo que varios otros sobrevivientes del terror reiteraron ante los oídos sordos de policías y jueces: que las detenciones fueron realizados dentro y no fuera de la CMPC; prueba de la flagrante complicidad de la empresa con la represión pinochetista.

Durante una de nuestras visitas a Laja, el abogado Araneda me presentó a don Eduardo Cuevas, quien fuera antiguo mecánico de mantenimiento de la CMPC y activista del MIR. Hombre destemido, Cuevas me cuenta su dilacerante bajada a los infiernos de la dictadura Pinochet.

En la segunda reconstitución de la masacre, le mostró al juez Aldana dónde y cómo fue cazado y detenido dentro de las instalaciones de la fábrica. A golpes de culata de fusil, fue conducido al Regimiento de Montaña (actualmente Regimiento de Infantería) de Los Ángeles.

Preso político durante un año, sufrió toda suerte de vejaciones – pateado, tendido en la “percha de papagayo” y sometido a aplicación de corriente eléctrica – que dejaron secuelas en su salud. Liberado en 1974, fue amenazado por la DINA con secuestro, asesinato y desaparición. Salvado por un cura belga, fue colocado en un avión con su esposa, y partió para un exilio de 35 años en Basilea, Suiza. A pesar de su salud gravemente afectada por la violencia de los torturadores, 42 años después, Cuevas no desiste de luchar para que se haga justicia.

Otro operario de la CMPC que escapó de la masacre, entrevistado por Araneda, cuenta una aventura con ribetes cinematográficos, pero de un film de terror: escondido en la fábrica, esperó la caída de la noche, se deslizó hasta la costanera del río Biobío, se agarró de un trozo de madera y nadó hasta a la orilla opuesta. De allí viajó a Talcahuano, en donde se presentó a las autoridades castrenses, que lo liberaron provisionalmente. Temente que lo volviesen a encarcelar, cruzó la cordillera y se exilió en Argentina hasta el fin de la dictadura.

En el desierto verde

De regreso del viaje en el tiempo, leí la edición nº 84 (2011) de la Revista Chilena de Historia Natural (“Patrones de distribución de los geométridos de la Región del Biobío, Chile: Una aproximación para su conservación”), y el ensayo me explica que “la región de Chile central (entre los 29° y los 40° S) ha sido catalogada como uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, con 3429 especies vegetales y 335 especies de vertebrados (Myers et al. 2000). Sin embargo, estas son las regiones más afectadas por la intervención antrópica, así los bosques de la Cordillera de la Costa en las regiones VI, VII y VIII se encuentran prácticamente extintos y sus terrenos cubiertos por monocultivos de Pinus radiata, Eucalyptus globulus y E. Nitens (…)”.

Entre 1870 y 1900, aqui imperó la ley del talador, con el derribo en gran escala del bosque nativo, en cuyo suelo se expandieron un breve cultivo del trigo, y después del trigo, los campos de pastizales. En 1964, Francesco di Castri, naturalista italiano radicado en Chile, advertía que la erosión amenazaba la mayor parte del territorio nacional, susceptible de transformarse en un enorme desierto.

Cincuenta años después del desastre anunciado, he aquí el escenario catastrófico: en sentido norte-sur las arenas de Atacama avanzan de medio kilómetro al año, debiendo llegar a Santiago hacia el año 2040. Del Valle Central al Biobío, la desertificación antrópica alcanza dos tercios de un total de 290 municipios afectados por la erosión, de moderada a grave.

El sector forestal de cuna pinochetista

En el centro de este cataclismo, prolifera la industria de papel y celulosa, cuyas plantaciones con extensiones obscenas son designadas por agrónomos y geólogos como la causa principal de la sequedad de los suelos y de la erosión.

En 1970, el recién electo presidente Salvador Allende, en “visita de cortesía” a su adversario conservador, Jorge Alessandri, –candidato a la reelección derrotado por Allende con apenas el 1,7% de los votos, y director ejecutivo de la CMPC– le advirtió que expropiaría la “Papelera”, cuyo peso estratégico consideraba de interés nacional.

La CMPC monopolizaba el mercado del papel y era proveedora exclusiva de papel para la prensa, fabricado por su filial Inforsa, en Nacimiento, ventaja que beneficiaba principalmente a “El Mercurio” en su feroz campaña mediática contra el gobierno de Allende, financiada por la CIA (lea también: Especial: El Mercurio no banco dos réus).

La estatización no se concretizó, pero su encuadramiento hirió de muerte a la CMPC que, durante un año entero, tuvo sus oficinas investigadas por auditores del Servicio de Impuestos internos (SII), que escarbaron sus cuentas y aplicaron pesadas multas.

El 11 de septiembre de 1973, la CMPC fue salvada por la campana.

Un año más tarde, la dictadura de Pinochet impuso el Decreto-ley 701, de fomento de actividades de “reforestación”, que subsidia de 75% al 100% los costos de las plantaciones (diseminadas en 2,1 millones de hectáreas cultivadas en Chile), con mano de obra temporera y barata, manejo y administración, además de eliminar cualquier tributación.

Dos empresas, la CMPC-Mininco del grupo Matte (dueño de 1.136.574 hectáreas), y la empresa Arauco del grupo Angelini, controlan el mercado. En el 2013, el sector vendió 5 mil 700 millones de dólares (7,5% de las exportaciones chilenas) al mercado mundial de madera, papel y celulosa. Su principal problema es la falta de suelos para mantener el ritmo de su expansión, razón por la cual desean una prórroga por veinte años más del Decreto-ley 701, avanzando simultáneamente sobre tierras ajenas, como lo ilustran las 100 mil hectáreas compradas por la CMPC en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

El maquinista Araneda Reyes y la lista negra de la CMPC

Un año antes de conocer a Araneda, Juan Macaya, funcionario de la secretaría de Agricultura, me invitó a un paseo a los cerros de Yumbel, donde cría abejas en una de las pocas chacras que sobrevivieron al cerco de las “forestales”.

A medio camino, cogimos por las localidades de Laja y San Rosendo, separadas por un bellísimo puente ferroviario. Como los Araneda, Macaya fue criado en San Rosendo, villorrio al cual adhieren la herrumbre y el polvo, pero también el glamur, puesto que fue popularizado en la década de 1960 por la comedia musical “La Pérgola de las Flores” de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, cuyo personaje título, Carmela, abandona San Rosendo para ganarse la vida como florista en la lejana Santiago.

Lo que Carmela hizo a bordo de uno de los 15 trenes que partían diariamente de San Rosendo, gran nudo de comunicaciones de los otrora gloriosos Ferrocarriles del Estado, privatizados por Pinochet y luego descuartizados por los concesionarios particulares.

Amante de los ferrocarriles desde mi más tierna infancia, contemplé las ruinas de la vieja estación, bosquejando ya un guión sobre la muerte de los trenes, pero incapaz de imaginar que mi mirada nostálgica sería luego ensombrecida por una trama de terror.

Al regresar del paseo, extrañamente, el nombre Yumbel insistía en martillar mis recuerdos. Entonces caí en la cuenta: claro, era la revista “Nos”, en la que me topé por la primera vez con la historia de Araneda. Y re-hojeándola, me sentí paralisado.

En la mañana del 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe militar, el maquinista Luis Araneda Reyes, de 43 años de edad, salió de casa, caminando hasta la estación de San Rosendo. Al llegar, examinó la planilla de las escalas de servicio, pero su nombre no constaba en la lista. Se rascó la cabeza y regresó a su casa. No había remedio sino esperar un nuevo turno.

Dirigente sindical de la Federación Santiago Watts de los Ferrocarriles del Estado, Araneda Reyes era afiliado al Partido Socialista del presidente Allende. El día del golpe obedeció la orden de presentarse en la comisaría de carabineros de San Rosendo, después de ser liberado. A pesar de haber sido anunciado tantas veces, el golpe lo sorprendió. No había ningún plan de resistencia y la desesperación aconsejaba la prudencia.

Como quiera que sea, el día 15 de septiembre, a eso de las 16:00 hrs., un pelotón de 13 carabineros cercó su casa, en la Quinta Ferroviaria. Con armas apuntando a la puerta, el teniente Alberto Fernández Mitchell ordenó que Araneda Reyes saliese con las manos encima de la cabeza. El maquinista obedeció tranquilamente y recibió orden de prisión. Con las manos ya atadas en la espalda, le pidió a su esposa y a sus hijos, en llanto, que retirasen el poco dinero y el reloj que guardaba en el bolsillo de sus pantalones.

Mauricio Araneda Medina tenía 10 años cuando, niño indignado, salió caminando detrás de la patrulla que conducía a su padre a la comisaría de Laja. Dice que en su mente infantil alimentó la idea de rescatar a su padre para volver abrazado con él a su casa, en San Rosendo.

El maquinista fue el último de los 19 simpatizantes de la Unidad Popular en ser apresado aquel sábado y enjaulado en una celda inmunda de la comisaría de Laja. Pero, si en San Rosendo había una comisaría, ¿por qué Araneda Reyes fue apresado por los carabineros de Laja, del otro lado del río?

“Su nombre estaba en la lista de la CMPC”, responde, seco, Mauricio Araneda.

De la información que circuló durante 35 años en la región, insistentemente repetida por los familiares de los presos, con su primera reconstitución de la escena del crimen y el fichaje de los policías aún vivos, en agosto de 2011, el ministro Aldana obtuvo la confirmación: los nombres de “Los 19 de Laja” componían una “lista negra de activistas”, preparada y entregada a la policía por Carlos Ferrer y Humberto Garrido, respectivamente superintendente y jefe de la división de personal de la “Papelera” en Laja.

Es más: sólo la mitad de los nombres de la lista eran operarios de la empresa: la orden era perseguir a los dirigentes allendistas en los dos municipios.

La masacre

En la primera reconstitución con trazos macabros, diez carabineros involucrados confesaron que en la madrugada del día 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, los presos fueron colocados en un micro-ómnibus que debía llevarlos al cuartel de Regimiento de Montaña de Los Ángeles, seguido de jeeps llenos de policías.

Sin embargo, a la salida de Laja, la caravana se detuvo en un fundo vecino al fundo San Juan, donde fue recibida por el agricultor Peter Wilkens –de ascendencia alemana y anticomunista feroz– que sirvió de guía hasta un claro de una plantación de pinos. Allí, los presos fueron bajados del ómnibus y colocados de rodillas en el borde de una fosa de un metro y medio de profundidad.

Entre los carabineros, que habían bebido pisco, se desató una violenta discusión, que el teniente Fernández Mitchell interrumpió a los gritos con la orden de apuntar y abrir “¡fuego!”

Todos los carabineros dispararon.

Acto seguido, cubrieron con tierra los cuerpos ensangrentados y apilados, disfrazaron la fosa con palos y ramajes, regresaron a Laja y pasaron el resto de la noche bebiendo.

Los carabineros de Laja no poseían un vehículo propio, ni dinero para comprar alcohol. El aguardiente, el micro-ómnibus, su chofer y los jeeps, todo fue gentilmente ofrecido por la “Papelera” CMPC.

Cuarenta e un años después, en su segunda reconstitución del crimen, en las instalaciones de la CMPC, el ministro Aldana se convenció de que los ejecutivos de la “Papelera” alentaron y proporcionaron los medios para la realización del designio criminal de los carabineros.

“¡Aún más!”, advierte Mauricio Araneda: “Aquellos directores de la fábrica sabían el desenlace de las detenciones, entre otros, porque la matanza y el entierro de las víctimas fueron realizados en un fundo con plantaciones explotadas por la empresa”.

En octubre de 1973, los perros de un peón de un fundo vecino, que pasaba por el claro, hicieron un sorprendente hallazgo. Ahuyentándoles de lo que mordisqueaban, constató, horrorizado, que se trataba de un brazo que salía fuera de una fosa improvisada. No lo pensó dos veces y previno a la policía de Yumbel.

En la madrugada de ese día, los carabineros asesinos trasladaron los cadáveres en descomposición de los masacrados a una fosa clandestina del cementerio de Yumbel, donde sólo fueron descubiertos en el año 1979.

Así quedaba aclarado el desaparecimiento de los 19 de Laja, que nunca llegaron al Regimiento de de Los Ángeles, y que sólo entonces fueron identificados y sepultados por sus familiares.

Y entonces me cayó la teja una segunda vez: era el recuerdo del cementerio de Yumbel.

Enero de 2015

Mauricio Araneda regresa abatido de una inesperada entrevista con un antiguo peón del fundo San Juan, que decidió hablar por primera vez después de 41 años de terror y silencio: “Me dijo que, días después de la masacre, encontró palos y varas ensangrentadas, desparramados en los boscajes.”

Eso quería decir que, a pesar de haber sido ametrallados por la espalda, no todos los 19 de Laja estaban muertos. Heridos de bala, fue necesario apalearlos hasta la muerte.

Por breves momentos nuestros ojos se cruzan, pero Araneda desvía su mirada. Por primera vez en, en meses, percibo una señal en sus parpados, como un anuncio de lágrimas, rápidamente reprimidas.

(*) Corresponsal acreditado en Chile del Jornal GGN, São Paulo, Brasil. Reportaje para la revista ADUSP Nr. 57, São Paulo, abril 2015

Fuente: Resumen