La Sala de la Cámara de Diputados debatió extensamente el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, más conocida como Ley Hinsspeter, pero la votación quedó pendiente para una próxima sesión, probablemente para el martes de la semana entrante, debido a que aún quedaron varios diputados por intervenir. La derecha lo aprobará en bloque, lo mismo que la oposición hará en contra. EWn conscuencia, dirimen el PRI y los «independientes». Más les vale votar con cuidado, porque todo Chile los estará mirando.
La iniciativa, desde su presentación el 4 de octubre de 2011, fue presentando variados cambios, siendo uno de los más importantes la exclusión de una norma que buscaba penalizar los actos de violencia cometidos ocultando la identidad y que se efectuaran durante manifestaciones sociales.
El texto legal fue informado por los diputados Cristian Letelier, de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y Arturo Squella, de la Comisión de Constitución.
Durante la tramitación en Seguridad Ciudadana, la iniciativa fue aprobada con ciertos cambios. Sin embargo, en Constitución se rechazó gran parte del articulado.
Ante ello, el Ejecutivo, representado en la Sala por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, insistió a través de una serie de indicaciones en la reposición de algunos temas.
De esta forma, se propuso reponer la tipificación del delito de desórdenes públicos graves, cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: la paralización de los servicios públicos de emergencia y el impedimento de la libre circulación de las personas. En ambos casos esta interrupción tiene que desarrollarse valiéndose de fuerza en las cosas o violencia o intimidación a las personas.
La sanción propuesta va desde los 61 días a los tres años.
En segundo lugar, el Ejecutivo propone reponer la circunstancia agravante y un aumento de penalidad en dos situaciones: cuando se trata de delitos contra las personas o que afecten los bienes (propiedad), cuando esto ocurra en una manifestación o acto de carácter público o masivo.
En esta materia, se propone un aumento de la penalidad a quienes comentan estos mismos delitos contra las personas y la propiedad o desórdenes graves, en estas mismas circunstancias, pero que además usen algún elemento con el propósito de esconder su identidad.
En tercer lugar, se propone sancionar a la persona que concurra a una manifestación pública, pero ocultando su identidad (encapuchado), lo que se considerará una falta que recibirá una multa de 1 a 4 UTM.
Además, la policía quedará facultada para detener a los encapuchados y ponerlos a disposición del fiscal.
-En el debate intervinieron además los diputados René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Pedro Araya (Ind), Alberto Cardemil (RN), Hugo Gutiérrez (PC), Ignacio Urrutia (UDI) y Matías Walker (DC).
Entre las intervenciones de este miércoles, el diputado Cristián Letelier (UDI) aseguró que en el gremialismo «vamos a votar en totalidad la propuesta», al igual que su par Alberto Cardemil (RN), quien manifestó que «el objeto de esta ley valora el derecho para vivir en paz».
«Seamos responsables, dotemos al estado y a la autoridad de los derechos básicos para mantener el orden (…) Nosotros creemos en los derechos humanos de los delincuentes y los encapuchados también tienen derechos humanos», aseguró Cardemil.
Por su parte, René Saffirio (DC) indicó que la propuesta «jurídicamente es imposible de sostener» y que posee un «efecto autoritario que contrasta con el Estado de derecho».
Fidel Espinoza (PS) señaló que «este proyecto no viene a ser más que un mero antecedente» y que «pareciera más bien un intento de criminalizar el ejercicio de ciertos derechos».
En tanto, Hugo Gutiérrez (PC) manifestó que «vamos a votar no a la idea de legislar y no a este proyecto de ley. Creemos en los derechos humanos».
«Esta legislación atenta contra el derecho a expresión, contra el derecho a reunión», aseguró.
El diputado Matías Walker (DC) afirmó que «no es necesaria esta ley Hinzpeter» según varios artículos del Código Procesal Penal. «Cuando dice que este proyecto va a permitir la detención de encapuchados, ni siquiera se han puesto a revisar el artículo 85 del Código Procesal Penal», concluyó.
El motivo de la suspensión se debió a que habían más de 10 diputados inscritos para intervenir, por lo que el presidente de la Cámara. La discusión continuará el martes o miércoles de la próxima semana.
