En coincidencia con el temerario y finalmente, frustrado, asado que un grupo de admiradores del terrorismo de Estado había organizado en «honor» del ex sicario de la DINA, Miguel Krassnoff, se conoció el informe semestral sobre el penal Cordillera, de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, que en escueto lenguaje funcionario, confirma las notables y excepcionales condiciones en que los diez represores de más alto grado de la dictadura, cumplen apaciblemente sus penas de reclusión. El efecto sinérgico de ambos eventos, el asado y el informe, harán irresistible para Piñera el cierre del Penal Cordillera, más aún cuando necesita dejar implantados algunos hitos en el escabroso tema de los derechos humanos, para el caso de que decida repostularse, en 2017.
La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez dio a conocer este miércoles el informe de visita semestral al Penal Cordillera, recinto carcelario ubicado en Peñalolén donde cumplen su pena una decena de ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, como Manuel Contreras y Miguel Krassnoff, y que el Presidente Piñera ha dicho que analiza cerrar.
La visita fue realizada el día lunes 23 de septiembre y el informe da cuenta de las «buenas condiciones» carcelarias en las que se encuentran los «10 internos que cumplen condenas por homicidio calificado y/o secuestro calificado».
La fiscal observó que «en términos generales» los reos «se encuentran en buenas condiciones materiales, distribuidos en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas».
«En la cabaña Nº1 habita sólo Manuel Contreras, en la cabaña Nº2 habita Miguel Krassnoff y Jorge del Río, la cabaña 3 es compartida por Marcelo Moren y José Zara, la cabaña 4 es habitada por Pedro Espinoza y Odlanier Mena y la cabaña Nº 5 es compartida por César Manríquez, Hugo Salas y David Miranda. José Zara y Jorge del Río son los encargados de la mantención de áreas verdes del recinto penal», señala el informe.
«Sólo uno de los condenado, Odlanier Mena, condenado a seis años hace uso de salida de fin de semana otorgado por Gendarmería a contar del 10 de junio de 2011. Los demás han solicitado beneficios intrapenitenciarios y les han sido denegados», anota la fiscal.
Los criminales «se encuentran asistidos por médico, psicólogo, asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo. En caso de emergencia, son trasladados a Hospital Militar».
«Se pudo constatar que en general se encuentran en buen estado de salud física y mental, bien asistidos y con constante apoyo. Todos son autovalentes y con las enfermedades propias de la edad. Sus edades fluctúan entre los 68 y 86 años», dice el informe, que consigna además que «la alimentación es buena, se preparan dietas según el estado de salud cada uno, supervisada por una nutricionista».
El jefe de la Unidad explicó a la visitante que «la cercanía con el Hospital Militar representa una ventaja si se considera que todos los internos son personas de avanzada edad y con tratamientos médicos permanentes. Es por ello que se está habilitando otra cabaña para albergar a dos ex oficiales de Carabineros que se encuentran internados en el recinto penal de Punta Peuco y también necesitan diálisis en el Hospital Militar.
Los internos «tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas y religiosas», además de «contacto permanente con sus familias. Sin embargo, algunos sienten el abandono de sus abogados, no comprenden por qué se les niegan beneficios a los que otros internos en las mismas condiciones pueden acceder, tales como salida diaria o dominical, libertad condicional, rebaja de condena».
«El jefe de la Unidad explica que los beneficios intrapenitenciarios le han sido denegados porque, según informe del psicólogo no tienen consciencia de los delitos que han cometido», acota.
A los ex uniformados «actualmente se les autoriza para efectuar llamadas telefónicas los días martes y viernes»
Castigo a Manuel Contreras
El informe explica que en Cordillera no existen «celdas de castigo». No obstante, «a Manuel Contreras se le aplicó como sanción la suspensión de visitas por una semana a contar de hoy día, por haber proferido expresiones denigrantes respecto de los funcionarios de Gendarmería en una entrevista que dio a un medio de comunicación».
«Por ese mismo motivo los restantes internos han solicitado a través del Jefe de Unidad una reunión con el Director Regional, pues quieren manifestarle que los dichos de Manuel Contreras en esa entrevista no representan su opinión y no quieren verse perjudicado por ello».
En las entrevistas «todos manifestaron estar muy bien atendidos, no presentaron quejas ni reclamos. A su vez el Jefe de Unidad manifestó que tiene una buena comunicación con ellos, se efectúan rondas periódicas para controlar sus estados anímicos o detectar posibles crisis depresivas».
El ex director de la DINA dijo que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí «para llevarle el bastón», expresión que fue considerada «denigrante» por las autoridades carcelarias, que dispusieron que el general no reciba visitas durante una semana.
El ex director de la DINA, Manuel Contreras, fue castigado con la suspensión de visitas por haber denigrado a los guardias del penal en una entrevista que concedió hace un par de semanas a canales de televisión.
La medida se conoció hoy a través de un informe elaborado por la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez tras inspeccionar el penal Cordillera, donde una decena de antiguos agentes represores cumplen sus condenas.
En la entrevista, enmarcada en el 40 aniversario del golpe militar de 1973, Contreras negó además, por enésima vez, los crímenes cometidos por la DINA y la desaparición forzada de más de un millar de detenidos por el organismo.
Ágape a Krassnoff
La difusión del informe de la fiscal Gutiérrez coincidió además con el revuelo causado por un ágape que supuestamente sería ofrecido hoy a otro de los reclusos, el ex brigadier Miguel Krassnoff, condenado a 144 años de prisión, por sus compañeros del curso militar de 1967.
El gobierno dijo el martes que el ágape, cuya organización se conoció a través de las redes sociales, no estaba autorizado, mientras la oposición, los familiares de víctimas y otros sectores pidieron el cierre del penal Cordillera, al que consideran más un hotel de lujo que una prisión.
El pasado 19 de septiembre, el Presidente Sebastián Piñera insinuó el posible cierre de ese recinto y el traslado de los diez reclusos a Punta Peuco.
Las autoridades de Gendarmería suspendieron por esta jornada todas las visitas al penal Cordillera para evitar el evento social.
Algunos antiguos militares llegaron al recinto pero debieron retirarse sin poder entrar, mientras un grupo de personas vinculadas a las víctimas de la dictadura se manifestaron frente a la entrada con pancartas y gritaron consignas en demanda de justicia.
El informe de la fiscal revela que el resto de oficiales recluidos se distanciaron de las expresiones de su antiguo jefe y señalaron a las autoridades carcelarias que las mismas “no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello”.
El documento confirma además las “buenas condiciones materiales” en que se encuentran los militares recluidos, que viven “en cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas”.
Contreras dispone de una cabaña para él solo mientras los demás internos comparten habitación, pero todos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas y autorización para hacer llamadas telefónicas.
En cuanto a la alimentación, “se preparan dietas según el estado de salud de cada uno, supervisada por una nutricionista” y además son atendidos por un médico, un psicólogo, un asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo.
“En casos de emergencia, son trasladados al Hospital Militar, que se encuentra a sólo cinco minutos” de la cárcel, agrega el informe.
De hecho, el general Contreras concurre desde mayo pasado al nosocomio tres días a la semana para ser dializado debido a problemas renales.
Funcionarios Penitenciarios: No estamos para sostenerle el bastón a Manuel Contreras
El presidente de la Asociación Nacional Funcionarios Penitenciarios, Oscar Benavides, comentó las irregularidades en que cumplen condena varios presos por violaciones a los Derechos Humanos, afirmando que ellos no están para «sostener el bastón» del ex director de la DINA, Manuel Contreras
En conversación con La Hora del Taco en Radio Universo, declaró que «en su última entrevista, el interno Contreras dice que los gendarmes estamos para pasearle el bastón. Le quiero decir con mucho respeto al interno Contreras: No estamos para eso».
«Los gendarmes nos ganamos nuestra reputación sobre el trabajo, el sacrificio, el compromiso con la gente y con la patria, y no asesinando, no escondiendo, no mintiendo ni traicionando a la patria. De eso podemos dar fe», declaró.
Indicó que «recibimos estos comentarios del reo Contreras como una verdadera afrenta, hemos pedido formalmente al jefe de unidad del establecimiento que a Contreras se le aplique el reglamente y se le sancione con al menos cinco días sin recibir visitas».
«Debe entender que es un interno y que él depende del sistema penitenciario, nadie puede estar sobre la ley», afirmó.
Sobre las irregularidades en estos penales, Benavides declaró que «ha sido la misma institución la que ha fomentado estas malas prácticas durante todo este tiempo, obviamente bajo el aval del ministerio de Justicia y del Presidente de la República, quien es responsable del cumplimiento de la ley».
Sobre el «asado de camaradería» para el ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff, en el Penal Cordillera, que no está autorizado, Benavides comentó que «éste es un tipo de actividad que se ha estado repitiendo en forma constante en este tipo de unidades».
«Los internos del Penal Cordillera tienen condiciones de centro recreativo», indicó.
En su momento, el abogado de DDHH Nelson Caucoto calificó este recinto como “un hotel cinco estrellas”, y un informe de Amnistía Internacional señaló como “inaceptables” estas condiciones de privilegios. Este es el penal con mayor cantidad de gendarmes por interno, además de recibir la mayor asignación del Estado para su mantención, que bordea los 50 millones de pesos mensuales.
Estos antecedentes serán considerados por el Ejecutivo, que estudia el cierre del Penal Cordillera, y trasladar estos diez presos al penal Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til-Til.
Descargue el informe de la Fiscal Loreto Gutiérrez
