En el último siglo y medio, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Especialmente, en las tres últimas décadas, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias.
Las compañías multinacionales han pasado a controlar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación [1]. Y la crisis capitalista que hoy vivimos no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras.
Las enormes ganancias acumuladas por las empresas transnacionales tienen su origen en los mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la base del funcionamiento del capitalismo. La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera tanto con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda ser comprado y vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida han servido, efectivamente, para que los principales directivos y accionistas de las grandes corporaciones se conviertan en multimillonarios.
Pero, del mismo modo que Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo a la vez que Inditex produce sus prendas en fábricas textiles con pésimas condiciones laborales en Bangladesh y en talleres que utilizan trabajo esclavo en Brasil y Argentina, estos extraordinarios beneficios empresariales no serían posibles sin la generación de toda una serie de impactos socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas de todo el planeta.
Dice David Harvey que, en el nuevo imperialismo, “para mantener abiertas oportunidades rentables es tan importante el acceso a inputs más baratos como el acceso a nuevos mercados”. Por eso, en los últimos años, ante la caída de los niveles de consumo, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y la rebaja de las tasas de ganancia del capital transnacional en los países centrales, las grandes corporaciones han puesto en marcha una fuerte estrategia de reducción de costes y, a la vez, han intensificado su ofensiva para lograr el acceso a nuevos negocios y nichos de mercado. Es lo que el geógrafo británico ha denominado acumulación por desposesión: “Muchos recursos que antes eran de propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas; se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido” [2]. En este agresivo contexto, como no podía ser de otra manera, los conflictos socioecológicos y las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado por todo el globo, con el consiguiente crecimiento de las luchas sociales frente a todos estos impactos empresariales.
Caracterizando los impactos socioecológicos de las multinacionales
Las escuelas de negocios y los think tanks vinculados a las compañías multinacionales, por su parte, han elaborado estudios y análisis para vincular la presencia internacional de las empresas transnacionales con el logro de los objetivos de desarrollo y bienestar que se prometieron para justificar su llegada a los países periféricos. Ante el aumento de la pobreza y las desigualdades a nivel mundial y el creciente rechazo social que han ido generando, las grandes corporaciones pretenden construir un relato con el que no pueda cuestionarse su centralidad en la economía global: “Estoy convencido de que las empresas más que parte del problema son parte de la solución. En términos generales, las empresas, más que los gobiernos y la sociedad civil, están mejor preparadas para ser catalizadoras de innovación y transformación hacia un mundo sostenible”, afirma el presidente del BBVA [3].
Así, con objeto de aumentar su legitimación social y posicionarse como un actor imprescindible para “salir de la crisis”, presentan teorías revestidas de objetividad y neutralidad que pretenden demostrar los impactos positivos de sus actividades en aspectos como la transferencia de tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y privados, el incremento del empleo, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el fomento de la inversión como motor de desarrollo [4].
Frente a ello, diferentes centros de estudios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales –así como ciertos sectores de la academia que aún se resisten a aceptar la lógica de la excelencia y de la obligada transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa– han venido realizando un trabajo de documentación y sistematización sobre las consecuencias de la expansión global de las corporaciones transnacionales en el marco del actual modelo socioeconómico. En este sentido, las investigaciones realizadas por diversos observatorios, ONGD y redes de solidaridad han servido, sobre todo, para demostrar tres cuestiones centrales.
Primero, que las empresas transnacionales no han contribuido a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento, apenas han favorecido los procesos de transferencia tecnológica y, al fin y al cabo, no han traído de la mano el progreso y el bienestar para las poblaciones de la región, que era lo que se prometía con su llegada después de las privatizaciones y las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa.
Segundo, que junto con las consideraciones económicas hay toda una lista de graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van asociados a la internacionalización de los negocios de estas empresas.
Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello no han sido precisamente las clases trabajadoras y las mayorías sociales, sino los dueños de esas compañías, los beneficiarios de las rentas del capital y los políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las puertas giratorias que conectan el sector público y el mundo empresarial.
Tribunal Permanente de los Pueblos
A la hora de avanzar tanto en la denuncia de los abusos cometidos por las empresas transnacionales como en los procesos de movilización y resistencias que permitan construir alternativas al dominio de las grandes corporaciones, una de las experiencias más interesantes es la que, en los últimos años, se ha venido articulando en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que las distintas sesiones de este tribunal de opinión que se han dedicado a juzgar los impactos de la presencia de las compañías multinacionales en América Latina han contribuido a fomentar la investigación y la sistematización de los efectos negativos producidos por estas empresas [5].
Los ejemplos van desde las consecuencias de la extracción a toda costa de los recursos naturales, puestas de manifiesto con los casos de la minera Goldcorp en Guatemala, la papelera Botnia en Uruguay o la petrolera Repsol en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador; hasta los efectos ambientales de la construcción de grandes infraestructuras, ilustrados con el caso de la empresa alemana Thyssen Krupp y su macrocomplejo industrial para la exportación de acero en Río de Janeiro; pasando por la financiación del Santander y BBVA a proyectos muy agresivos socioambientalmente en Brasil y Perú, junto a los efectos de la privatización de los servicios públicos, con Aguas de Barcelona en México, Proactiva-FCC en Colombia y Unión Fenosa en Colombia, Guatemala y Nicaragua. Y todos estos casos, según la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas” [6].
A través de las dinámicas de lucha y resistencia que se expresan en la realización de las citadas audiencias del TPP y las campañas de movilización que las han acompañado, otros centros de estudios, observatorios y organizaciones sociales han venido trabajando en esta misma línea y, de este modo, han desarrollado diversas herramientas para la caracterización de los conflictos socioecológicos generados por las multinacionales [7]. Así pues, existen diferentes propuestas para la sistematización de estos impactos que, no obstante, siguen enfoques complementarios: mientras unas ponen énfasis en los sectores de actividad de las transnacionales y efectúan una radiografía de las políticas, instrumentos y actores cómplices en la violación de los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones [8], otras se basan en realizar una descripción minuciosa de las dimensiones e indicadores de los efectos ocasionados por estas compañías [9] o analizan el marco jurídico y socioeconómico dentro del cual se insertan dichos impactos [10].
Por nuestra parte, como queda recogido en la tabla 1, consideramos que las consecuencias de las operaciones de las empresas transnacionales pueden sintetizarse en cinco dimensiones fundamentales (económica, política, social, ambiental y cultural), de las que a su vez se derivan otra serie de impactos (laborales, fiscales, de género, etc.).
Resistiendo frente al poder de las grandes corporaciones
El marco teórico que acabamos de describir, en el cual se engloban los principales impactos ocasionados por las compañías multinacionales, nos permite visibilizar la línea de continuidad que puede trazarse entre el poder de las grandes corporaciones en el ámbito económico, político, social, ambiental y cultural y los impactos que generan en estas mismas dimensiones. Es decir: los efectos negativos de la presencia de las transnacionales por todo el mundo no son meras consecuencias negativas de malas prácticas, sino las condiciones necesarias para sostener e incrementar su poder a todos los niveles. Tragedias como las del reciente derrumbamiento de la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh, con el trágico resultado de más de mil víctimas mortales, son desgraciadamente tan sólo un ejemplo más de lo que significa continuar con la lógica de crecimiento y acumulación que preside la economía global: “No son accidentes; son consecuencias de un sistema de producción basado en la explotación de la miseria”, concluye Albert Sales, de la Campaña Ropa Limpia [11].
En este contexto, cada día que pasa van creciendo en fuerza e intensidad las luchas y movilizaciones sociales que se enfrentan a las grandes corporaciones: usuarios, consumidores, sindicalistas, feministas, ecologistas, indígenas, activistas y, especialmente, las personas más directamente afectadas por los impactos empresariales desempeñan un papel central en las reivindicaciones que señalan la responsabilidad de las empresas multinacionales en un modelo socioecónómico que globaliza la pobreza y la desigualdad. De este modo, se han ido multiplicando por todas las regiones del globo las campañas, resistencias y movilizaciones contra las mayores transnacionales que operan en sectores como el textil, los hidrocarburos, la minería, la agricultura, las finanzas, la electricidad y el agua, como se muestra en la tabla 2 [12].
En muchas de estas campañas está presente una fuerte componente de movilización social, ya que sobre la base de ellas se han conectado y articulado luchas populares que encuentran en las empresas transnacionales uno de sus principales antagonistas a la hora de definir nuevos modelos de economía y desarrollo, mientras otras, por su parte, tienen una más acusada vertiente de denuncia e incidencia política, y se fundamentan en fomentar la sensibilización y la formación de una mayoría ciudadana que posibilite el cambio social. Ambas opciones son, en todo caso, complementarias, y caminando hacia la unión de estos dos caminos es por donde podrán darse los pasos para construir ese “otro mundo posible” del que tanto se ha hablado en la primera década del presente siglo.
En este contexto, resulta imprescindible continuar con la investigación, el análisis, la denuncia y la movilización contra los abusos que cometen las empresas transnacionales en su expansión global. Porque, lejos de debilitarse con la actual crisis económica y financiera, el hecho es que las grandes corporaciones continúan fortaleciendo su poder e influencia en nuestras sociedades gracias a sus renovadas estrategias corporativas y a la aplicación de nuevos modelos de negocio [13].
Por eso, a la vez que se profundizan las desigualdades y las mayorías sociales ven cómo sus derechos quedan relegados frente a la protección de los intereses comerciales y los contratos de las compañías multinacionales, se hace más necesario que nunca fortalecer las luchas y resistencias en contra de las empresas transnacionales. Y, al mismo tiempo, ha de avanzarse en la reflexión y la construcción de alternativas socioeconómicas que nos permitan mirar más allá del capitalismo, abriendo ventanas hacia esos otros modelos posibles, esas otras realidades que no pasen por situar a las grandes corporaciones en el centro de la actividad de la sociedad sino que, justamente al contrario, las desplacen a un lado para colocar en su lugar a las personas y a los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta.
(*) Investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Fuente: OMAL
Ver en línea : Ecologista, nº 77, verano de 2013.
Notas
[1] Para una amplia revisión de la influencia de las empresas transnacionales en campos tan diversos como la economía, el derecho, las relaciones laborales, la política internacional y la cooperación para el desarrollo, véase: J. Hernández Zubizarreta, E. González y P. Ramiro (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales. Claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones, Icaria, Barcelona, 2012.
[2] D. Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.
[3] Citado en: M. Prandi y J.M. Lozano (eds.), ¿Pueden las empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio?, Escuela de Cultura de Paz y ESADE, Barcelona, 2009, p. 99.
[4] Muchas de las publicaciones de la Fundación Carolina o del Instituto Elcano abundan en ello, véase por ejemplo: I. Olivié, A. Pérez y C.M. Macías, Inversión Directa Extranjera y desarrollo: recomendaciones a la cooperación española, Real Instituto Elcano, Madrid, 2011.
[5] Los informes de todos los casos presentados en las sesiones del TPP realizadas en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010) se encuentran disponibles en la página web de la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas”: www. enlazandoalternativas.org
[6] Tribunal Permanente de los Pueblos, La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina: Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos, Sesión deliberante, Madrid: 14-17 de mayo, 2010.
[7] Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las iniciativas de mapeo de los impactos sociales, ambientales y culturales de estas compañías que han puesto en marcha el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), FUHEM-Ecosocial y la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI); al igual que las investigaciones concretas sobre países, empresas y sectores económicos que han llevado a cabo, por seguir con plataformas y organizaciones del Estado español, la Campaña Ropa Limpia, ¿Quién debe a Quién?, Ingeniería sin Fronteras, SETEM, Justicia i Pau, Ecologistas en Acción, Veterinarios sin Fronteras y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad, entre otras.
