La revelación de escuchas telefónicas ilegales al presidente Gabriel Boric ha desatado una tormenta política, jurídica y mediática que pone en el centro del escrutinio público una suerte de poder dentro del poder, enquistado en las omnímodas e intrusivas facultades del Ministerio Público, especialmente peligrosas para la convivencia democrática cuando se utilizan con fines políticos.
Según diversos antecedentes revelados recientemente, el caso involucra al fiscal Patricio Cooper y a unidades policiales de inteligencia en la interceptación de llamadas del jefe de asesores Miguel Crispi,y del propio presidente, en el contexto de investigaciones relacionadas con el llamado “Caso Convenios”, una trama de financiamiento irregular entre fundaciones afines al oficialismo y órganos públicos.
En el marco de la investigación de la fundación ProCultura, que indaga presuntos desvíos de fondos públicos hacia campañas políticas, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó en dos ocasiones intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric. Ambas solicitudes fueron rechazadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al considerar insuficientes los antecedentes presentados.
No obstante, la Policía de Investigaciones registró una conversación entre el mandatario y Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, fundador de ProCultura. Esta llamada fue interceptada debido a que el teléfono de Huneeus estaba siendo monitoreado en el contexto de la investigación de ProCultura.
La gravedad radica en que no existía autorización judicial para interceptar sus comunicaciones, lo que convierte la acción en ilegal y potencialmente delictual.
Al respecto, el abogado Mauricio Daza, señaló en su cuenta X:
«La ley impide que un fiscal obtenga la interceptación de comunicaciones sin fundamentarlo mínimamente ante tribunales. Cooper es un desastre. Solo grandes fuegos de artificio sin ningún resultado concreto: Procultura, Sierra Bella, trama china, casa de Allende, son investigaciones que mantiene abiertas por largo tiempo sin formalizarlas o cerrarlas. En Democracia Viva, Kimun, Lencería, Pedicure, entre otros casos, hace rato hay formalizados incluso con personas en prisión preventiva, y parlamentarios desaforados, con mucho menos ruido…. La única explicación que Cooper sea fiscal regional y que esté en estos casos es por la amistad que tiene con su ex abogado personal, el fiscal nacional Angel Valencia… una vergüenza…»
En efecto, el fiscal Patricio Cooper fue designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, para investigar a la Fundación Democracia Viva.
El factor Cooper
Patricio Ignacio Cooper Monti, nacido en 1968 en Temuco, es abogado de la Universidad Diego Portales y actualmente se desempeña como fiscal regional de Coquimbo.
Comenzó su carrera en el Banco de Santiago, en el área hipotecaria y luego en la de sociedades. Después pasó a la consultora tributaria Deloitte.
Empezó a trabajar en el Ministerio Público en sus inicios, en 2000. Fue fiscal jefe de Loncoche por tres años, luego fue fiscal adjunto jefe de Viña del Mar y, más tarde, llegó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. En diciembre de 2023, su amigo, Ángel Valencia, lo nombró fiscal regional de Coquimbo.
Entre 2004 y 2010 se hizo cargo de la fiscalía de delitos sexuales y violentos. Más tarde fue fiscal jefe de la fiscalía local Centro de Justicia.
Ha conducido casos de alto perfil, incluyendo el Caso ProCultura, la fallida compra de la casa de Salvador Allende y el caso Sierra Bella, que involucra a figuras del oficialismo, como la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola.
Uno de los casos más notorios, y que mejor ilustra su modus operandi, fue la divulgación de chats privados entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola, en el contexto del caso Sierra Bella; a título de escopeta, sin venir al caso, ni presentar nexo alguno con la investigación.
En su empecinado dogmatismo, ha perpetrado gruesos errores, si es que no oblucuas provocaciones, como el allanamiento a la residencia de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados/as, Karol Cariola, el día del parto de su primer hijo, sin estar imputada de delito alguno.
Es conocido por su cercanía a sectores de ultraderecha conservadora y su aticomunismo visceral.
En redes sociales circulan menciones sobre un posible parentesco entre Patricio Cooper y Alan Cooper, implicado en el asesinato del general René Schneider en 1970. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas por fuentes confiables.
Tanto ha ido el cántaro al agua, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo removió de la investigación por tráfico de influencias contra la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, que pasó a tomarla la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Diez diputados presentaron una solicitud a la Corte Suprema para removerlo, que fue admitida a trámite y quedó en manos de la jueza Mireya López.
Vigilando al presidente
Aunque la Fiscalía ha negado que existan registros oficiales de una escucha directa al Presidente, versiones coincidentes indican que habría sido espiado a través del entorno de sus asesores, especialmente Miguel Crispi, quien también habría sido intervenido.
Una de las conversaciones interceptadas, realizada el 7 de enero de 2025 entre Crispi y su madre, la socióloga Claudia Serrano, abordó la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende.
En dicha conversación, Crispi mencionó presuntas presiones de la entonces senadora Isabel Allende para agilizar la adquisición, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una nueva investigación por posible tráfico de influencias.
El contenido de esta conversación generó controversia. política. Isabel Allende negó haber ejercido presiones y solicitó a Crispi aclarar sus declaraciones. Por su parte, Crispi argumentó que sus comentarios fueron realizados en un contexto privado y familiar, y que no implicaban acusaciones formales.
La Fiscalía también intentó incautar los teléfonos de Isabel Allende, la exministra de Defensa Maya Fernández y del propio Crispi, solicitud que fue rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al considerar que no existían antecedentes suficientes que justificaran la medida
Estas revelaciones han intensificado el debate sobre el uso de medidas intrusivas en investigaciones judiciales y su impacto en la privacidad de las autoridades públicas.
El Gobierno ha expresado su preocupación por las implicancias de estas interceptaciones y ha solicitado aclaraciones al Ministerio Público sobre los procedimientos empleados.
Intrusión en escalada
Las alarmas se encendieron cuando la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y miembros de la Policía de Investigaciones detectaron patrones irregulares en las solicitudes de interceptación telefónica, algunas de ellas con argumentos vagos o imprecisos.
Estos indicios apuntaron a una instrumentalización de herramientas de inteligencia con fines políticos.
Diversos actores han reaccionado con preocupación. Parlamentarios oficialistas han solicitado una investigación independiente, mientras que desde la oposición se ha pedido transparencia total, sin desaprovechar la ocasión de enlodar al Ejecutivo. Por su parte, el gobierno ha optado por un tono prudente, evitando confrontaciones directas con el Ministerio Público.
La situación es aún más delicada por la posibilidad de que la información obtenida ilegalmente haya sido usada para presionar políticamente o condicionar decisiones del Ejecutivo.
Las sospechas de filtraciones orquestadas hacia la prensa refuerzan esta hipótesis. En ese marco, el rol del fiscal Cooper se encuentra bajo escrutinio: además de su perfil político, se investiga si actuó coordinadamente con funcionarios de inteligencia o si fue parte de una red de vigilancia paralela.
En tanto, crece el temor de que las escuchas ilegales no se hayan limitado a La Moneda. Otros nombres de alto perfil, además del ex ministro Giorgio Jackson y el ex director de la Subdere, Miguel Crispi, se mencionan como potenciales objetivos de interceptación.
Incluso se baraja la hipótesis de que esta práctica remonte al segundo gobierno de Sebastián Piñera, en una continuidad institucional inaceptable.
Jurídicamente, el caso podría configurar delitos contra la inviolabilidad de las comunicaciones, abuso de funciones públicas y eventualmente asociación ilícita si se confirma la existencia de una red organizada. Pero más allá de las tipificaciones legales, el episodio plantea una amenaza directa a la democracia y el equilibrio de poderes.
En un país donde las heridas del pasado autoritario aún laten, la idea de que un presidente pueda ser espiado por agentes estatales sin control judicial, evoca prácticas que la transición prometió dejar atrás.
La credibilidad de la Fiscalía, la transparencia del Poder Judicial y la conducta de las policías están hoy en el centro del debate.
El presidente Boric ha optado hasta ahora por mantener la institucionalidad, evitando escalar el conflicto.
Mientras tanto, el país asiste con asombro y preocupación a un capítulo inédito de su historia reciente, donde las sombras de la inteligencia y el espionaje se cuelan por los pasillos del poder.
