El pasado 9 de mayo, once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada presuntaente perpetrada por el grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC, en Alto Punino, provincia de Orellana, en la frontera norte de Ecuador con Colombia, durante un operativo contra la minería ilegal.
El ataque, que involucró artillería pesada como explosivos y fusiles, dejó también un miembro del grupo armado fallecido. Las víctimas pertenecían a la Brigada de Selva 19 Napo. Los cuerpos fueron trasladados al centro forense en Lago Agrio.
La zona del ataque, próxima al Parque Nacional Sumaco Galeras, se ha convertido en un foco de violencia debido a la expansión de la minería ilegal, concentrada especialmente en las áreas fronterizas. La minería ilegal, impulsada por la informalidad y redes transnacionales, ha crecido considerablemente en Ecuador, especialmente en la extracción de oro, con exportaciones ilegales estimadas en 1.300 millones de dólares.
La presencia de grupos criminales también ha afectado a guardaparques y áreas protegidas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró tres días de duelo nacional por la muerte de los 11 militares. Mientras tanto, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación por “terrorismo”.
Este ataque se suma a una serie de incidentes que han tensado las relaciones entre Ecuador y Colombia, y pone de relieve la creciente amenaza que representan las disidencias armadas y las actividades ilícitas en las zonas fronterizas.
Los Comandos de la Frontera (CDF) son una organización armada ilegal surgida en 2017 tras la desmovilización de las FARC. Inicialmente conocidos como «La Mafia», el grupo se formó con disidentes de los frentes 32 y 48 de las FARC y miembros de la organización criminal La Constru.
Su principal actividad es el narcotráfico, controlando zonas cocaleras en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño.
En Ecuador, los Comandos de la Frontera han extendido su influencia, especialmente en la provincia de Sucumbíos, donde las autoridades han encontrado campamentos y propaganda del grupo.
El Ejército ecuatoriano los clasifica como un Grupo Ilegal Armado (GIA).
El líder del grupo, Giovanny Andrés Rojas, alias «Araña», fue capturado en febrero de 2025 por cargos de narcotráfico, lo que ha complicado las negociaciones de paz con el gobierno colombiano.
La expansión y actividades de los Comandos de la Frontera en la región han generado preocupación por la seguridad y la estabilidad en las zonas fronterizas de Colombia y Ecuador.
El ataque evidenció la penetración del crimen organizado en Ecuador, especialmente en zonas fronterizas donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.
En un comunicado, el grupo colombiano Comandos de la Frontera aseguró que no está detrás del ataque del 9 de mayo que mató a los 11 militares ecuatorianos.
Argumentan que, por medio de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), vienen adelantando un proceso de diálogos de paz con el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque el ataque fue atribuido a una disidencia de las FARC, las autoridades colombianas no han confirmado oficialmente la participación de grupos armados colombianos en el incidente.
La emboscada se enmarca en un contexto de creciente violencia en la Amazonía ecuatoriana, impulsada por actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, que han generado desplazamientos forzados y amenazas a comunidades locales.
Este ataque representa uno de los episodios más graves de violencia contra las fuerzas armadas ecuatorianas en los últimos años y plantea desafíos significativos para la seguridad y la estabilidad en la región fronteriza.
Tras el ataque, el Ejército Ecuatoriano ha desplegado 1.800 militares en la jurisdicción de la frontera norte, para fortalecer las operaciones de seguridad y reforzar el control en la zona.
Según un comunicado del Ejército, en operativos luego de la masacre en Orellana, fue abatido, alias ‘Compadre’, líder de la guerrilla Comandos de la Frontera en Ecuador.
La muerte de este guerrillero habría ocurrido el pasado 9 de mayo, y este lunes, el Ejército lo identificó luego de un intercambio de inteligencia entre autoridades de Ecuador y Colombia.
«Este individuo era responsable del control de actividades ilícitas de minería ilegal en el país, así como el cobro de extorsiones a los mineros que operan en la región», señaló el Ejército en su comunicado, este lunes.
El ataque contra los militares ocurrió precisamente durante un operativo contra la minería ilegal, que, pese a los controles, aún se desarrolla en la zona del río Punino.
