En abierto desafío a la ley natural no escrita, de no escupir al cielo ni mear contra el viento, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, perpetró el descaro de afirmar, en relación a las últimas revelaciones del caso Procultura:
«Se han confirmado nuestros peores temores de desvío de recursos públicos destinados a los pobres que fueron a dar a un club de amigos, que incluye una larga lista de personas del Frente Amplio o vinculadas al Frente Amplio».
Suelta de escrúpulos, agregó:
«Lo que a una le indigna es que el discurso de que no habría pitutos no fue efectivo, que no habría corrupción. Hay casos graves y profundos. Vamos a empezar a ver desafueros, formalizaciones».
Prosiguió su ciega embestida en un programa radial:
«Lo que está claro es que hay plata que no está, que no se cumplió con los objetivos».
Asombroso ¿cómo habrá cachado?. Con la misma chispeza, concluyó:
«Puede ser el caso de corrupción más grande de la historia. Hay que tener paciencia, buscar la verdad, dejar tranquilo al fiscal Cooper. Acusar de espionaje es ridículo».
Para quien tiene tejado de vidrio, nunca es conveniente agarrase a peñascazos.
Veamos como andamos por casa. María José Hoffmann, secretaria general de la UDI y exdiputada, ha sido objeto de diversas controversias y acusaciones en los últimos años, que abarcan desde denuncias de nepotismo hasta cuestionamientos éticos y políticos. A continuación, los principales casos:
Nepotismo y Contratos Irregulares
Contratos a familiares:
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, varios familiares de Hoffmann ocuparon cargos públicos.
Su hermano, Fernando Hoffmann, fue jefe de asesores en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y luego trabajó en la Municipalidad de Las Condes, donde recibió pagos por 80 horas extras mensuales durante 10 meses, totalizando más de $16 millones.
Su cuñada, Paulina Prohaska, también fue asesora en la Subsecretaría de Bienes Nacionales con un sueldo superior a $3,5 millones mensuales.
Pagos a su esposo:
Gonzalo Müller, esposo de Hoffmann, recibió cerca de $6 millones mensuales por asesorías en la Corporación Cultural de Las Condes entre 2019 y 2020.
Estas asesorías carecen de informes que acrediten las labores realizadas, y Müller no tenía experiencia en el ámbito cultural, lo que genera dudas sobre la naturaleza de sus asesorías.
En 2021, Müller continuó prestando servicios a la Corporación Cultural a través de la sociedad Inversiones Varsovia 21. Sin embargo, el contrato fue fechado el 2 de enero de 2021, mientras que la sociedad fue constituida una semana después, lo que indica que se firmó un contrato con una entidad inexistente.
Denuncias de Soborno Electoral
En 2024, Manuel Millones, candidato a gobernador por el Partido Social Cristiano, denunció que personas vinculadas al comando de Hoffmann le ofrecieron $120 millones y un cargo en un eventual gobierno de Evelyn Matthei a cambio de bajar su candidatura.
Aunque la oferta no se concretó, generó críticas y solicitudes de investigación por parte de otros políticos.
Denuncias contra su hijo y Votación Controvertida
Acusaciones contra su hijo:
Matías Müller, hijo de Hoffmann, ha sido acusado por al menos tres mujeres de agresiones sexuales ocurridas durante su adolescencia.
Una de las denunciantes afirmó haber recibido llamadas intimidatorias de María José Hoffmann y su esposo, Gonzalo Müller.
Votación sobre delitos sexuales:
En 2021, Hoffmann se abstuvo en la votación de un proyecto de ley que buscaba declarar imprescriptibles todos los delitos sexuales, lo que impidió la unanimidad necesaria para su aprobación. Esta abstención fue criticada, especialmente considerando las acusaciones contra su hijo.
Controversias Éticas y Discursivas
Comentarios racistas y clasistas:
En 2011, Hoffmann fue vinculada a un grupo de Facebook llamado «Orgullosas de ser blancas». Aunque negó su participación, la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, la describió en su libro como clasista y racista, y relató episodios de maltrato verbal hacia colegas.
Críticas al feminismo y derechos humanos:
Hoffmann ha declarado ser antifeminista y ha criticado las cuotas de género en política. Además, ha promovido beneficios para presos de avanzada edad condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que ha generado controversia debido a tratados internacionales que prohíben amnistías para estos delitos.
No se trata, ni mucho menos de empatar, para relativizar los casos convenios, fundaciones y todas sus ramificaciones. Convéngase que están bajo investigación incluyendo algunos en que la fiscalía ha abusado de sus atribuciones hasta el límite de lo legal.
Pero no se puede tolerar la desvergüenza, la mentira sistemática, el doble estándar y la degradación del adversario como método de acción política, inscrito en el ADN de las cavernosas derechas chilenas.
Hora de repasar cuánta plata le robaron a los pobres los correligionarios de la madona del rostro de cemeneto.
Casos de Financiamiento Irregular y Boletas Falsas
Caso Penta:Varios políticos de la UDI fueron investigados por financiamiento irregular de campañas a través de boletas ideológicamente falsas emitidas a Empresas Penta. Entre los involucrados se encuentran Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, José Antonio Kast, Pablo Zalaquett y Ernesto Silva Méndez. Jovino Novoa fue condenado a tres años de pena remitida y suspensión de cargos públicos, además de una multa equivalente al 50% de los impuestos defraudados.
Caso SQM:
Se descubrieron boletas falsas emitidas por personas vinculadas a la UDI para obtener fondos de Soquimich (SQM), que se utilizaron para financiar campañas políticas. Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI, emitió 65 boletas falsas por un total de $271 millones. También se investigó al exsenador Pablo Longueira por recibir pagos de SQM mientras gestionaba legislación favorable a la empresa.
Parlamentarios, Dirigentes y Altos Funcionarios
Jovino Novoa:
Fundador y presidente de la UDI, senador en varios períodos, exsubsecretario de la dictadura, en 2015, Novoa se convirtió en el primer político chileno condenado por financiamiento irregular de campañas en el marco del Caso Penta. Aceptó haber facilitado boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados a las empresas Penta y SQM, con el fin de financiar campañas políticas. Por gentileza del fiscal Manuel Guerra recibió una condena de tres años de presidio menor en su grado medio, con beneficio de pena remitida, suspensión de cargos públicos durante la condena y una multa equivalente al 50% de los impuestos defraudados, más 5 Unidades Tributarias Anuales.
Pablo Longueira
Exsenador y exministro de Economía de Chile, enfrenta acusaciones en el marco del denominado «Caso SQM».
Longueira fue formalizado por los delitos de cohecho y delitos tributarios. La Fiscalía sostiene que, en su calidad de senador y posteriormente como ministro de Economía, habría favorecido a la empresa SQM en la tramitación de una ley sobre el royalty minero, presuntamente redactada por abogados de la propia empresa. A cambio, habría recibido pagos irregulares a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por terceros.
Además, se le acusa de maniobras fraudulentas y presiones indebidas en la tramitación de la controvertida ley de pesca, conocida por su apellido.
Pablo Wagner:
Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue uno de los principales imputados en el denominado Caso Penta,
En marzo de 2015, Wagner fue formalizado por los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. La Fiscalía lo acusó de haber recibido $42 millones de pesos del grupo Penta mediante boletas ideológicamente falsas emitidas por su cuñada, mientras ejercía como subsecretario de Minería.
En julio de 2018, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Wagner por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios, absolviéndolo del delito de cohecho debido a que la Fiscalía no pudo acreditar que los pagos recibidos estuvieran vinculados a contraprestaciones específicas.
La sentencia incluyó tres años de pena remitida por delitos tributarios; un año de presidio menor en su grado mínimo por enriquecimiento ilícito, multa de $42 millones e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cuatro años.
Jaime Orpis:
Jaime Orpis:
Exsenador de la UDI, fue condenado en 2020 por seis delitos de fraude al fisco y dos de cohecho relacionados con pagos de la empresa Corpesca. Recibió una sentencia de cinco años y un día de prisión efectiva.
Claudia Nogueira:
Exdiputada, fue formalizada por fraude al fisco en 2009 por pagos a asesores que no realizaron servicios y por el arriendo de una sede parlamentaria inexistente. Evitó el juicio restituyendo al Estado $30 millones y firmando ante el Ministerio Público durante 18 meses. En 2017, el Consejo de Defensa del Estado anunció una nueva querella en su contra por otro caso de fraude al fisco.
Joaquín Lavín León:
Diputado de la UDI e hijo del exalcalde Joaquín Lavín, fue allanado en 2024 en el marco de una investigación por presunta rendición de facturas falsas por hasta $17 millones, en una arista del caso que involucra a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga la presentación de facturas por servicios no prestados, como la impresión de panfletos sobre la “Ley Cholito”. Estas facturas, emitidas por la imprenta MMG, suman más de $17 millones y fueron gestionadas por un asesor del diputado, remunerado por el Congreso.
En febrero de 2025, el diputado restituyó $7 millones al Congreso por las facturas cuestionadas. Aunque esta acción no extingue el delito, representa un reconocimiento tácito de las irregularidades cometidas.
Alcaldes y Municipios
El siguiente cuadro debería refrescar la frágil memoria de la dama de la fragil memoria.
Cathy Barriga:
Barriga ha sido formalizada por los delitos de fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos. Estos ilícitos habrían sido cometidos durante su gestión como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estiman que el perjuicio al patrimonio municipal supera los $33.500 millones de pesos chilenos .
Virginia Reginato;
Virginia Reginato, exalcaldesa de Viña del Mar y militante de la UDI, ha estado involucrada en múltiples controversias y procesos judiciales relacionados con su gestión municipal entre 2004 y 2021. Su sucesora, Macarena Ripamonti, se querelló en su contra por diversas irregulasridades que suman más de $100 mil millones.
Nora Cuevas:
Exalcaldesa de San Bernardo, fue imputada en 2024 por un caso de corrupción relacionado con su gestión municipal.
La investigación se centra en el uso de fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que habrían sido utilizados para fines distintos a los estipulados, generando un perjuicio fiscal estimado en más de $20 mil millones, obviamenrte en perjuicio directo de los pobres mencionados por la señora Hoffman.
Daniela Peñaloza:
Daniela Peñaloza, exalcaldesa de Las Condes y militante de la UDI, está siendo investigada por irregularidades durante su gestión municipal, en relación con el proyecto de construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna.
En 2023, se detectaron pagos por más de 8 mil millones de pesos en horas extras vinculadas a la construcción del Cesfam, lo que generó sospechas de posibles delitos de fraude al fisco y corrupción. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en el municipio para incautar documentos relacionados con la compra de 10 inmuebles destinados al proyecto. Estas acciones fueron impulsadas por denuncias de concejales de la comuna.
Graciela Ortúzar:
Exalcaldesa de Lampa. La Municipalidad de Lampa presentó una querella en su contra por una deuda que supera los 6.000 millones de pesos, correspondiente a cotizaciones no pagadas a cerca de mil profesores y funcionarios de salud entre 2008 y 2021.
En 2022, fue sancionada con cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos debido a notable abandono de deberes. Además, se entablaron querellas contra exfuncionarios de su administración por delitos como administración desleal, estafa y apropiación indebida de fondos relacionados con licencias médicas y finiquitos irregulares.
Rodrigo Delgado:
Exministro del Interior y exalcalde de Estación Central, está vinculado a diversas investigaciones judiciales.
En el marco del caso Factop, habría ofrecido interceder ante la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, para facilitar la reapertura de la corredora a cambio de 2.000 UF.
Durante su gestión como alcalde de Estación Central entre 2008 y 2020, se otorgaron permisos de edificación cuestionados por numerosas irregularidades, especialmente en la construcción de los denominados «guetos verticales». En diciembre de 2024, la Municipalidad de Estación Central solicitó a la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente diligencias para investigar delitos de prevaricación y cohecho, incluyendo el levantamiento patrimonial de Delgado y otros exfuncionarios.
José Luis Yáñez
El exalcalde de Algarrobo enfrenta graves imputaciones por delitos cometidos durante su gestión entre 2016 y 2023, al punto que se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca.
La fiscalía lo acusa de liderar una organización criminal que sustrajo $1.160 millones desde las arcas municipales, entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.
Le imputa haber utilizado parte de los fondos malversados para adquirir cuatro propiedades en Florida, Estados Unidos, por un valor aproximado de $90 millones, además de realizar inversiones en criptomonedas y financiar viajes al extranjero.
Yáñez recibió $25 millones de la empresa Sociedad Excavaciones Peña Limitada, a cambio de favorecerla en contrataciones directas con el municipio. Estos fondos habrían sido depositados en su cuenta personal y posteriormente transferidos a una cuenta en Estados Unidos.
Dineros todos que, según la tesis Hoffman, no fueron a los pobres.
Joaquín Lavín Infante:
El exalcalde de Las Condes y exministro de Estado, está siendo investigado por irregularidades financieras durante su gestión, relacionadas con el pago de horas extras y contrataciones a honorarios.
Durante 2020, su último año de su administración, la Municipalidad desembolsó $7.857 millones en horas extra, no precisamente para los pobres.
Se detectaron pagos por un total de $59.595.096 a funcionarios municipales por servicios que ya estaban contemplados en sus contratos.
Cifras Generales
Entre 2017 y 2022, la UDI lideró el ranking de partidos políticos con más condenas por corrupción, con un total de 35 casos, seguida por Renovación Nacional (RN).
De los 35 casos de fraude municipal con los montos más altos, la UDI y RN están involucrados en 30, representando más del 75% de los casos.
El Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas por corrupción en el 40% de las comunas del país, con 32 alcaldes imputados; en su mayoría pertenecientes a partidos de derecha.
Este sumario recuento, donde no están todos los que son, y que debiera llamar a la prudencia a la dama del rostro pétreo, demuestra la validez de aforismos tales como para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado; miente miente que algo queda y antes se pilla al mentiroso que al cojo. Y también: se puede engañar a todos una vez, se puede engañar a muchos, muchas veces, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo.
Telón.
