Papeles de Coyuntura y Tendencias:
LA MOVILIZACION POPULAR, PROTAGONISTA DE LAS VICTORIAS
Documento N°19
Noviembre 2020
Tan movilizado y protagónico como el 18-O, el pueblo chileno conquistó una victoria de carácter histórico en el plebiscito constituyente del 25 de octubre, al obtener una mayoría aplastante en las 2 opciones consultadas: 5.886.421 votos (78,27%) para el Apruebo, y 5.646.427 votos (78,99%) para la Convención Constitucional.
Victoria en todas y cada una de las regiones, y en 341 de las 346 comunas del país, a excepción solo de cinco, tres de las cuales son Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, donde habitan sectores acomodados. Allí ganó el Rechazo, pero no con la contundencia del Apruebo, y además con menos votantes que en la elección de 2017, cuando ganó Piñera. En Las Condes el Apruebo alcanzó un 44,2%, mientras la diferencia promedio entre las opciones del Apruebo y el Rechazo a nivel regional fue de 54,93%, en favor del Apruebo, con un resultados descollantes para el Apruebo y la Convención Constitucional en las comunas populares. Por ejemplo, un 86,28% en Diego de Almagro y un 90,5% en Chañaral.
Victoria alcanzada en condiciones de pandemia y de voto voluntario, y a pesar de la manipulación mediática, la represión y la campaña del terror del gobierno y la derecha. Votaron 7.562.173 personas, un 50,90% del padrón electoral, por sobre la elección presidencial y parlamentaria de 1993, en que votaron 7.383.286 personas, y del 49,02% que votó en 2017.
En varias regiones y comunas se superó ese promedio, entre ellas en la Región Metropolitana, donde votó el 56,3% del padrón electoral. Según el Servicio Electoral, se trató de la mayor votación en términos absolutos en la historia de Chile, y la más alta desde el inicio del voto voluntario en 2012, con una buena participación de los jóvenes que, como sabemos, son los que han estado en la primera línea de las movilizaciones. Es probable que la participación electoral y la votación para el Apruebo hubieran sido mayores sin pandemia, con más facilidades para el transporte público, con menos siembra del miedo a los contagios por parte de la derecha.
Victoria también sobre la Convención Mixta, que implicaba que la mitad de los delegados constituyentes fuera designado por el Parlamento, que fue una de las varias argucias a la que recurrió la derecha y algunos otros. Esto significa un claro rechazo a la élite política que sirve al sistema, a los tecnócratas políticos, a los faranduleros, etc.
Victorias y derrotas conectadas
Por varias razones, la victoria del plebiscito está estrechamente relacionada con la victoria de la Unidad Popular y con los logros del gobierno de la Nueva Mayoría, pero también con las derrotas e insuficiencias que surgen del análisis autocrítico de esos procesos.
El hilo común denominador es el mayor o menor despliegue de la movilización popular, la mayor o menor independencia en relación a los gobiernos de parte de la izquierda, los comunistas y los movimientos sociales, la mayor o menor capacidad para –participando en los gobiernos- impulsar con mayor independencia la movilización social para apoyar y defender los logros y conquistas, al igual que para rechazar los mecanismos de freno levantados por los sectores conciliadores.
Es lo que queda de relieve en el gobierno de la Unidad Popular y en el de la Nueva Mayoría: la movilización popular fue la forjadora de las conquistas alcanzadas, así como lo que se dejó de hacer en este ámbito marca claramente las derrotas y las insuficiencias. En el actual proceso político y constituyente, es el levantamiento popular iniciado el 18 de octubre el que hizo posible la victoria en el plebiscito, y de su continuidad dependerá el camino hacia una nueva Constitución.
A 50 años de la victoria de la Unidad Popular, Chile, que fue laboratorio del neoliberalismo después del derrocamiento a sangre y fuego del gobierno de Salvador Allende, es hoy el escenario del combate de millones de chilenos que están decididos a enterrar el engendro constitucional del régimen de Pinochet y sus herederos políticos. No es por casualidad que Salvador Allende es símbolo de las movilizaciones populares, junto a Víctor Jara, la bandera mapuche, Los Prisioneros, Gladys Marín, lo cual refleja que la subjetividad popular de los millones de chilenos que se han venido manifestando de mil formas, incluido el plebiscito, está muy lejos de ser una masa anodina despolitizada.
Sin duda es una mayoría ciudadana la que rechaza la forma de hacer política de los partidos de la derecha y la Concertación, consensuados para mantener el modelo neoliberal, con sus incumplimientos de compromisos democratizadores, la ausencia de políticas globales para garantizar los derechos sociales, adictos a una forma de hacer política con fabricaciones y artificios mediáticos carentes de contenidos. Todo ello es lo que está en la raíz del cansancio de la política, de esa política y de esos políticos.
Pero ello no significa falta de conciencia política. Que más política que la demanda de Nueva Constitución. Más que masa anodina despolitizada, se trata de una mayoría popular muy activa y cada vez más consciente de su fuerza y protagonismo, de la memoria de sus ancestros, de su aspiración a un nuevo proyecto de desarrollo nacional y a una nueva Constitución. Ello no anula la exigencia de elevar aún más el reencuentro del pueblo con los partidos políticos de la izquierda transformadora.
Igual como hoy, a la Unidad Popular le tocó enfrentar el desafío de un proceso constituyente. En el prólogo de Joan Garcés a la publicación titulada “Salvador Allende. Un Estado Democrático y Soberano. Mi propuesta a los chilenos. (Texto Póstumo)”, realizada años después del golpe de estado, están contenidas las ideas esenciales de la propuesta de plebiscito que haría el Presidente Allende a la ciudadanía el 11 de septiembre. Allí se destaca que su finalidad era hacer realidad la plena ciudadanía de la clase obrera y los sectores populares, integrándolos en la sociedad en términos reales y no formales, fortaleciendo la sociedad local, incrementando sus redes asociativas.
También se consigna que el proyecto de reforma de la Constitución, elaborado en agosto de 1972, fue entregado por el Presidente a cada Partido de la coalición de Gobierno el 4 de septiembre de 1972. Las acciones de desestabilización de octubre de 1972 y julio-septiembre de 1973 postergaron su debate público, pero aún en la primera semana de septiembre de 1973, el Presidente Allende instruía al Ministro del Interior -Carlos Briones, socialista, para que tuviera presente el Proyecto de reforma de la Constitución en la misión que tenía confiada: acordar con el partido demócrata cristiano los términos de un pacto en el Congreso que preservara el Estado democrático.
En todo caso, con o sin acuerdo previo de la dirección del PDC o de los partidos de la coalición de Gobierno, el Presidente Allende tenía resuelto que el camino a seguir por el país debía ser decisión de todos los ciudadanos. El lunes 10 de septiembre de 1973 dispuso que advirtieran a la Televisión y las emisoras de radio para entrar en cadena nacional el siguiente martes 11. Iba a anunciar el plebiscito.
Al movimiento popular le penan los atrasos en los cambios constitucionales. Así también ocurrió durante el gobierno de la Nueva Mayoría, en el cual quedó trunco el proceso constituyente iniciado al final de su gobierno, que en su descargo hay que decir que no estaba en el programa y fue impuesto por las demandas de la ciudadanía. A pesar de ello es necesario valorar la amplitud y masividad de la participación popular en tal proceso, que finalmente concluyó en ricas y relevantes propuestas que mantienen plena vigencia, y que podrán ser insumos del actual proceso.
Resultan anticipatorias para nuestros días las palabras de Salvador Allende: “Que el pueblo por primera vez entienda que no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción, de donde debe nacer la Carta Fundamental que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano.
Los desafíos ante los peligros que se ciernen
Muy preocupados por el triunfo del 25 de octubre, los sectores neoliberales despliegan simultáneamente sus esfuerzos por toda la coyuntura para preservar su hegemonía que está en retirada desde el 18/0, conscientes que se trata de un avance histórico y estratégico para los sectores populares. Por ello mismo es que el pueblo debe prepararse para defenderlo.
Pero al mismo tiempo, la victoria en el plebiscito ha provocado un impacto importante en el gobierno y en la derecha, agudizando su falta de respaldo político y sacando a la luz pública diferencias, contradicciones y tensionamientos en su interior.
Piñera reconoció públicamente que los resultados en el plebiscito fueron un duro golpe para el gobierno. Al mismo tiempo, en medio de las dificultades para conformar una lista única para las próximas elecciones, Evopoli “congeló” su relación con el gobierno, y la Cámara aprobó la acusación constitucional al Ministro del Interior, Víctor Perez, obligándolo a renunciar, y su reemplazo por el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, evidencia que, en el actual escenario político, nadie más experimentado se atrevió a ocupar ese cargo.
Se agrega que la Cámara no aprobó uno de los anhelados proyectos de la derecha, la reducción del número de parlamentarios; la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Covid-19 concluyó que el gobierno descuidó la propagación del virus, demoró en tomar medidas y no fue confiable en la entrega de datos de fallecidos, siendo ello responsabilidad del presidente y del ministro y subsecretario de Salud; se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado los escaños reservados en la Convención para los pueblos originarios.
El nuevo cuadro político resultante de la victoria del plebiscito podría derivar en un escenario similar al que se precipitó el 4 de septiembre de 1970, cuando la derecha sintió fuertemente amenazados sus intereses de clase. Hoy, como en la época de la Unidad Popular, la derecha se reconfigura para adecuarse al nuevo escenario, en medio de tensiones, contradicciones, y cambios en su correlación interna de fuerzas.
Los últimos meses estuvieron plagados de maniobras y amenazas de la derecha, que son parte de su proceso de reconfiguración. Algunas de sus expresiones son el surgimiento del partido ultraderechista de José Antonio Kast, Acción Republicana; el accionar de bandas paramilitares en la Araucanía; la aparición de pasquines fascistas llamando al gobierno a redoblar la represión antipopular; las incursiones represivas, policiacas y militares, en las poblaciones populares; la represión de Carabineros a quienes se manifestaban por el Apruebo, mientras resguardaban a los manifestantes del Rechazo; la actitud de respaldo del Alto Mando de Carabineros, con el apoyo del gobierno, a los 7 generales investigados por la Contraloría General de la República. En suma, el recurso permanente a la violencia, ejercida directamente o provocada con mano ajena y mediante la infiltración de agentes represivos, para deslegitimar la movilización popular.
Son los mismos fenómenos ocurridos hace 50 años, cuando los antiguos partidos de la derecha: Liberal y Conservador, fueron reemplazados por agrupaciones conservadoras y filo fascistas: Partido Nacional y Patria y Libertad, con un programa sedicioso proclamado públicamente por pasquines sediciosos como Tribuna, PEC, pagados por el gobierno de Estados Unidos, con campañas del terror, desestabilización, terrorismo y finalmente, el golpe de estado.
Al pueblo solo le cabe derrotar con su movilización las escaladas antidemocráticas de la derecha y de sus sectores más conservadores, que continuarán en los próximos dos años.
Vendrán nuevas maniobras por delante, la derecha seguirá recurriendo a todo para defender el tinglado antidemocrático dejado por Jaime Guzmán y Pinochet, incluyendo la búsqueda de entendimientos con sectores de la Concertación para resolver solo cambios cosméticos a la Constitución, en base al acuerdo del 15 de noviembre del año pasado.
La gran esperanza de la derecha es que, yendo en una sola lista, gracias al sistema electoral, puedan alcanzar más representación que la que les correspondería, lo cual ha sido una constante desde el inicio de la transición.
Igualmente se propagandean profusamente independientes con opinión de derecha, antiguos concertacionistas revividos como Jorge Schaulson, Carlos Ominami. Se remarca que la Convención Constitucional no debe tener afiliación política pues quieren una neutralidad funcional para que nada cambie. Sobre los independientes ha surgido un debate, en el cual se plantea que sus ideas sean verificables y coherentes, y representen un territorio. Que los delegados sean militantes plebeyos que acaten la voluntad ciudadana de los cabildos.
Pero cualquiera maniobra que se haga deberá enfrentar la fuerza de la movilización popular, que fue la que conquistó el plebiscito constituyente con el levantamiento popular iniciado el 18-O, que continuó en condiciones de pandemia, estado de emergencia y represión, y que ahora potenciada y multiplicada por la victoria del 25 de octubre, será capaz de elegir una mayoría de delegados a la Convención Constitucional.
El mandato de la Convención no puede ser otro que representar al 78% de la ciudadanía que se pronunció por una nueva Constitución, y en ese sentido, está llamada a la ruptura constitucional, que no es más que la ruptura con la Constitución pinochetista.
La abrumadora mayoría en el plebiscito viene a confirmar que el reglamento de elección para la Convención Constitucional -surgido del acuerdo de 15 de noviembre de 2019- es anti democrático pues tiene el vicio de origen de los quórums incorporados por la derecha y la Concertación, y forma parte de una institucionalidad que está siendo desmantelada. Lo que hoy se necesita es un sistema que permita una representación efectiva de la voluntad popular, no una que la distorsione, y el movimiento popular cuenta con la fuerza y la capacidad para reformarlo.
Los integrantes de la Convención Constitucional deben ser fieles representantes del pueblo movilizado, elegidos para representar las demandas ciudadanas, no “gente preparada” ni “expertos” en constituciones. La última encuesta de Pulso Ciudadano de Activa Research, indica que sólo un 36,3% se inclina por delegados que sean expertos constitucionalistas, mientras que un 38,5% se pronuncia por gente común y corriente como yo, y un 50,9% optaría por profesionales independientes sin militancia política.
La Convención debe ser un espacio de debate democrático, abierto a la ciudadanía y sus propuestas surgidas desde los cabildos y asambleas territoriales, libre de cambullones y arreglines a espaldas del pueblo. Una Convención paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios, y que acoja el reclamo de los chilenos en el exterior de tener sus representantes.
Así lo han manifestado la Asociación de Municipios Constituyentes, y la Asociación Chilena de Municipalidades, que llamó a mantener un estado de cabildo permanente para alcanzar un consenso democrático sobre los lineamientos básicos de la nueva Constitución.
Compartimos la necesidad de que quede claramente reflejada en la nueva Constitución la idea de un proyecto nacional de desarrollo, de una economía al servicio del ser humano y de la soberanía nacional, con un papel fundamental del Estado para hacerse cargo de los recursos naturales, servicios y empresas estratégicas, con una política tributaria que recaude recursos para la inversión pública y garantice los derechos sociales, que erradique la doctrina de la seguridad nacional y establezca la subordinación de las FF.AA. a la autoridad civil elegida democráticamente, que contemple la idea de un Estado plurinacional y de reconocimiento pleno a los pueblos originarios, y el carácter feminista como sello de la carta fundamental.
Resulta ilustrativo el análisis de la Consultora Gemines, de orientación de derecha –cuyo pronóstico de resultados se aproximó bastante al que hubo-, al señalar que “fue un alivio (y un aviso a la vez) momentáneo, pero que mantiene aún un volcán de energía sumergida y que presiona cada vez más para ser liberada, y la forma en que esa energía sea liberada depende en gran medida en el avance de este proceso constituyente”.
La posibilidad de seguir avanzando hacia una nueva Constitución estará determinada por la permanencia de la movilización popular, y ésta a su vez por la conquista de nuevas victorias, como en las elecciones de abril. Por la fuerza y decisión del movimiento popular, que no puede aceptar más que una carta magna validada por la soberanía popular, por el movimiento social articulado con las fuerzas políticas consecuentemente democráticas, y que contenga las demandas de transformación del modelo neoliberal.
En ese contexto, Unidad Para el Cambio y Chile Digno constituyen un importante conglomerado de fuerzas políticas anti neoliberales y una expresión decisiva en las batallas que vienen. El reciente acuerdo de primarias, en que el PRO se marginó de UPC y se sumó a la Concertación y a Ciudadanos, no hace más que confirmar el sello de unidad y lucha que tiene la política de alianzas, y la necesidad de fortalecer la influencia de las fuerzas antineoliberales consecuentes, desplegando la lucha política e ideológica contra los sectores opositores socialdemócratas cuya preocupación es la salvaguarda del modelo.
Muy en sintonía con la victoria del 25 de octubre y las demandas del movimiento social, continua la tendencia persistente del fuerte respaldo popular al alcalde Daniel Jadue, lo cual anticipa nuevas correlaciones de fuerza. En la encuesta de Pulso Ciudadano ya mencionada, Jaduè alcanza 15,6% y Lavín 12,5% entre los que votarían en noviembre de 2021, A nivel nacional es el primer candidato desde el 90 a la fecha, no impuesto por la máquina política, que propone una ruptura con el modelo y que podría incorporar tras sí al movimiento 18/0. Es una candidatura con insospechadas posibilidades, recoge e impone una propuesta programática, un liderazgo real al que no se puede renunciar, pues no surge impuesto por la manipulación mediática y de las encuestas, o por decisiones personales o de partidos.
El gran desafío de los sectores populares y progresistas es entender, tan bien como lo entiende la derecha, que la trascendencia del actual debate constituyente es de una profundidad estratégica como pocas veces se ha dado en la historia de Chile, no solo por el hecho inédito que por primera vez en la historia republicana una Constitución surgirá de una Convención elegida por el voto popular, sino porque además existen las condiciones para que la fuerza de la movilización popular desarme la caduca institucionalidad actual que sustenta el modelo neoliberal, y la reemplace por una institucionalidad puesta al servicio del desarrollo nacional y del bienestar de los trabajadores y los sectores populares.
Victorias también en América Latina
La victoria en el plebiscito se inserta en los avances de las fuerzas progresistas experimentadas en América Latina.
Hace algunos años en América Latina, gobiernos de centroizquierda surgidos de mayorías populares, impulsaron reformas en favor del pueblo, pero algunos de ellos fueron derrotados por la derecha debido a que sus políticas sociales no formaron parte de una agenda integral de transformaciones estructurales antineoliberales, que perspectivaran un modelo alternativo de desarrollo, y tampoco fueron capaces de articular sus políticas de gobierno con la movilización popular, de tal manera de defender las realizaciones a favor del pueblo y desbaratar los procesos de desestabilización impulsados por la derecha y el intervencionismo norteamericano.
En Chile, la Concertación defendió su alternancia en el gobierno con la derecha, considerándola un “símbolo de madurez de la democracia”. Mientras que la derecha, al abrirse paso la movilización popular y la convergencia democrática, y luego ganar el gobierno la Nueva Mayoría, no titubeó en recurrir a todo lo que estuvo a su alcance para recuperar el gobierno. El empeño transformador del gobierno de Michelle Bachelet debió enfrentar la oposición desestabilizadora de la derecha, al igual que en otros países latinoamericanos en que gobernaron fuerzas progresistas y de centroizquierda.
A la luz de la experiencia, queda claro que cuando las fuerzas políticas de izquierda y progresistas conquistan el gobierno, están en su legítimo derecho de luchar para conquistar espacios en las demás instituciones del Estado, incluyendo las FF.AA., desechando una engañosa alternancia que siempre beneficia a los sostenedores del modelo. Pero además de legítimo, ello se impone como condición para el éxito del proceso.
Por eso, hoy como ayer, es necesario prepararse para defender lo conquistado, para defender las victorias populares, electorales, políticas y sociales, pues de maneras diversas, también otros países hermanos sufrieron en los últimos años golpes de diversos tipos contra gobiernos democráticos y populares en América Latina y el Caribe, el más reciente de los cuales fue el de Bolivia.
Por eso resulta esperanzador y signo de tendencia que, aunque nunca estuvimos de acuerdo con que el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina había terminado, y más bien se trataba de un retroceso de carácter temporal, desde hace un tiempo a esta parte se viene revirtiendo esa tendencia con la asunción de los gobiernos de Lopez Obrador en México, y de Alberto Fernandez en Argentina, y más recientemente con el triunfo en primera vuelta de Luis Arce, el candidato del MAS, el partido de Evo Morales, en las elecciones presidenciales de Bolivia. Ciertamente se debe agregar la victoria en el plebiscito en Chile.
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