Históricamente, los grupos económicos, cuando sienten amenazados sus intereses recurren al clásico golpe de Estado para desbaratar el avance de las conquistas políticas y sociales. Actualmente, sin embargo, ese mecanismo brutal está completamente deslegitimado, aunque en Chile es un recurso que todavía sobrevive en la mente de los más afiebrados pinochetistas.
El año pasado, durante el primer año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el gran capital puso en marcha un plan para boicotear las reformas contenidas en el programa de la Nueva Mayoría.
La campaña comunicacional en contra de la reforma educacional y tributaria fue feroz. Se quiso instalar la percepción de que la primera era un “atentado” en contra de “la libertad de elegir” (Chile debe ser el único país donde la genta marcha para pagar), mientras que la segunda perjudicaría a la clase media.
Tras una ardua batalla, en que muchas veces los poderosos se encabritaron y mostraron sus dientes, se cumplió con lo prometido a la ciudadanía.Y para su mayor pesar, el año 2014 se cerró con un rotundo éxito legislativo que, además, incluyó el fin del binominal y el Acuerdo de Unión Civil.
La irrupción del Caso Penta, Soquimich y Caval, si bien ha develado una vez más el estrecho vínculo entre el poder del dinero y la política, y que tiene entre las cuerdas a buena parte del mundo político y empresarial, ha sido aprovechado comunicacionalmente por los poderes fácticos para seguir enlodando a la “clase política” y, de paso, intentar minar la voluntad de la Presidenta Bachelet y de los integrantes de su gabinete que están comprometidos con el cumplimiento del programa.
Este enfoque que busca patear el tablero político es muy peligroso, porque es caldo de cultivo para populismos autoritarios de corte neoliberal, como podría ser el caso de Parisi o Farkas.
Más que un cambio en el equipo político del gabinete o un golpe de timón en el rumbo del gobierno, como lo agitan El Mercurio, La Segunda y otros medios hegemónicos, lo que se requiere es intensificar con decisión el contacto con la ciudadanía y transferir a la gente mayores grados de participación en el proceso de reformas.
En esta línea, la asamblea constituyente es una vía legítima para diseñar las vigas del nuevo Chile que queremos, pues ello permite entregar soberanía desde el mundo político a la ciudadanía.
Tras las masivas movilizaciones del año 2011 y con la asunción de la Presidenta Bachelet en La Moneda, tenemos una oportunidad histórica para dejar atrás el neoliberalismo y avanzar en justicia social e igualdad. Por cualquier motivo se deben evitar las “cocinas”, la nefasta “política de los consensos” y atisbos de corrupción.
La única salida para enfrentar la crisis de confianza es de cara a la gente y con las reformas por delante.
(*) Diputado del Partido Comunista por el Distrito N° 8
Fuente: Radio Cooperativa
