La dictadura cívico-militar chilena (1973-1990) impuso a sangre y fuego una nueva forma de acumulación capitalista. El modelo desarrollista adoptado desde fines de la década de 1930, que implicaba una fuerte intervención del Estado en el desarrollo económico y social en base a una estrategia de sustitución de importaciones, fue reemplazado por el modelo económico neoliberal. Grandes e importantes sectores de la actividad económica fueron traspasados desde el Estado al sector privado y la desregulación característica del liberalismo a ultranza se enseñoreó en el país. Junto a las privatizaciones de empresas estatales, las llamadas “siete modernizaciones” de la dictadura cambiaron la faz de Chile.
El Plan Laboral, la Reforma Previsional con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, las reformas privatizadoras de la Educación y la Salud, la modernización judicial, el “reordenamiento agrícola” para fortalecer la propiedad privada en el campo, y la reforma administrativa para “agilizar el sector estatal y reducir su tamaño”, fueron los componentes de esta “revolución capitalista”, irónicamente denominada “libertaria” por uno de sus principales inspiradores, el Ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura José Piñera/1.
El Estado transfirió muchas de sus atribuciones y funciones económico-sociales a los grandes capitalistas, que acumularon enormes sumas de recursos financieros salidos de los bolsillos de todos los chilenos. La Previsión Social, la Salud y la Educación fueron áreas particularmente rentables puestas por la dictadura bajo el control hegemónico de los principales grupos económicos.
Estas modernizaciones, junto con producir un cambio drástico en el terreno estrictamente económico, provocaron profundas transformaciones culturales cuyas repercusiones se siguen sintiendo casi cuatro décadas después del golpe de Estado y a más de veinticinco años de iniciado del ciclo de gobiernos postdictatoriales. La principal transformación cultural provocada por la dictadura y por el modelo económico neoliberal ha sido lo que el sociólogo Tomás Moulian define como el “debilitamiento del espíritu o ánimo societal, cuyas expresiones más importantes eran la tendencia asociativa y la politicidad”, que caracterizó durante mucho tiempo a la sociedad chilena/2.
En su lugar, “el individualismo competitivo y la obsesión adquisitiva han erosionado la eficacia de esos mecanismos. En el nuevo contexto se privilegian las estrategias individuales, el volcamiento hacia lo privado, el posicionamiento como espectador de la acción, el desligamiento de lo público, la compulsión por la competencia y el éxito material, la transformación del consumo en una fuente de prestigio, desligado de la racionalidad de necesidades”/3.
En esta sociedad modelada por la dictadura y afianzada bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que gobernó Chile entre marzo de 1990 y marzo de 2010 y que retornó al gobierno a partir de marzo de 2014 bajo el nombre de fantasía de «Nueva Mayoría», “priman las estrategias individuales de ascenso y movilidad, no se gratifican o bien se castigan las estrategias asociativas. Se ha impuesto una especie de ‘ley de la selva’ que el Estado no puede regular porque le es negada la legitimidad para hacerlo.
Por ello las condiciones propias del ‘capitalismo salvaje’, entre ellas la indefensión de los trabajadores y también la amplitud del segmento de pobres, no tienden a atenuarse, sino, más bien, se convierten en la ‘forma de ser’ del capitalismo contemporáneo, es decir, se transforman en modalidades de alguna manera constantes”/4.
La despolitización de la sociedad resultante de estos cambios culturales encuentra buena parte de su explicación en las características “minimalistas” de la transición chilena a la democracia, que fue el resultado de las negociaciones entre los sectores moderados de la oposición y los representantes de la dictadura, en las que estos últimos lograron imponer las condiciones de dicha transición.
Igualmente se explica por el derrumbe del “socialismo real” en Europa del Este, que dejó en la orfandad política e ideológica a partidos y movimientos sociales que habían encontrado en esas experiencias elementos para nutrir su imaginario y convicciones. Como bien sostiene el mismo Moulian, la sensación prevaleciente en el Chile actual es que “los hombres no hacen la historia”, que ésta tiene un destino fatal manejado desde las sombras por potencias incontrolables como los mercados y los mass media/5.
Desde una visión parecida, la sociedad chilena actual sería, según otro analista, una sociedad de consumidores mediatizada que se caracteriza por la amnesia, la despolitización, el consenso social, el consumo, el éxito y el individualismo, “en una atmósfera de pietismo ultraconservador que reviste de un simulacro de pretendida espiritualidad a un mundo en que todas las prácticas sociales han devenido mercantiles, desde el ocio a la educación”.
Al igual que en la mayoría de las sociedades burguesas, en la sociedad chilena la gestión del poder se reconoce en la represión policíaca frente a cualquier protesta, “en la seducción de la publicidad y el consumo suntuario, pero también en el espectáculo a través del fasto mediático”/6.
Todas estas características del Chile actual encuentran su fundamento y explicación en el tipo de transición de la dictadura a la democracia neoliberal. La dictadura no fue derrocada sino substituida por una democracia tutelada, vigilada y de baja intensidad que mantuvo el modelo económico neoliberal y la Constitución pinochetista reformada que había sido impuesta fraudulentamente en 1980.
Luego del gran ciclo de protestas populares de 1983-1986, se inició un proceso de negociaciones entre la dictadura y los representantes de la oposición moderada (Democracia Cristiana, un sector del Partido Socialista, Partido Radical y otras fuerzas menores) bajo los auspicios de la Iglesia Católica, el gran empresariado y el gobierno de los Estados Unidos. Estas negociaciones desembocaron en acuerdos para una transición ordenada y “pacífica” que impidió una ruptura democrática o una sublevación de masas alentada por las fuerzas de izquierda más radicales. De ese modo la dictadura pudo imponer su cronograma y su institucionalidad a la futura democracia.
El sistema político chileno quedó determinado por la Constitución reformada de 1980 y por el sistema binominal de elecciones parlamentarias, que le permitió a la minoría derechista ejercer su derecho a veto durante los veinte años que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia, impidiendo toda reforma substantiva que no contara con su beneplácito.
Este factor, sumado a la inconsecuencia y falta de coraje político de la dirigencia concertacionista, cuyos principales exponentes terminaron siendo seducidos por el neoliberalismo y por los beneficios del largo usufructo del poder, permitió que durante dos décadas se afianzara un sistema que garantiza la continuidad del modelo económico impuesto por la dictadura.
Por su parte, el sistema político imperante vació a la democracia representativa de contenido real al imponerse una suerte de duopolio político, la Derecha tradicional y la Concertación, beneficiados por el binominalismo en las elecciones de diputados y senadores que margina y deja sin representación en el Parlamento a las fuerzas minoritarias.
Sintetizando, podría afirmarse que el carácter “pacífico” de la transición chilena se logró a costas de enormes concesiones de la oposición moderada a las fuerzas dictatoriales que lograron imponer la preservación de su institucionalidad, el modelo económico neoliberal y, en consecuencia, anularon las posibilidades de una democratización más profunda/7.
En este contexto, los movimientos sociales sufrieron una profunda depresión durante gran parte de los veinte años que gobernó la Concertación. No solo por los efectos “naturales” del sistema neoliberal de economía y sociedad que tiende a transformar a los ciudadanos en meros consumidores y a destruir el tejido social, atomizándolo y desintegrándolo en un agregado de individuos cuyas expectativas de mejoramiento transitan de manera casi exclusiva por su acceso al mercado sobre la base del esfuerzo individual, sino también por otras razones. Una de ellas, muy poderosa durante los primeros lustros de la nueva democracia, fue el recuerdo del terror dictatorial.
Otra, sigue siendo la propia institucionalidad heredada de la dictadura, especialmente el Código Laboral que anula casi por completo de los efectos de las acciones reivindicativas de los trabajadores. Estos factores inhibieron durante mucho tiempo la manifestación de las demandas y el descontento social. Pero, además, los partidos y gobiernos de la Concertación buscaron constantemente desmovilizar y despolitizar a la ciudadanía, en especial a los sectores populares en aras de la “gobernabilidad sistémica”.
Los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet trataron de reducir a su mínima expresión las demandas y protestas sociales, utilizando para ello diversos medios como la cooptación de dirigentes sociales, la organización de esterilizadoras “mesas de diálogo”, la represión abierta, las presiones políticas y la práctica del clientelismo mediante medidas asistenciales y “correctivos sociales” al modelo económico neoliberal.
La mezcla de estos y otros factores produjo los efectos de despolitización, exacerbamiento del individualismo y desmovilización de la ciudadanía ya mencionados, que han sido catalogados por algunos analistas como una verdadera “mutación antropológica” descrita a través de una serie de desplazamientos: “de la noción de ciudadano a la noción de consumidor, de la noción de comunidad al concepto de individuo en su sentido fuerte; de la noción de conciencia de clase o conciencia histórica a la noción de autoconciencia, entre muchos otros”/8.
La Educación y el movimiento estudiantil bajo el régimen neoliberal
En el movimiento estudiantil estos factores se combinaron con otros más específicos como los cambios a la Educación introducidos por la dictadura. En el caso de la educación superior, la nueva política incentivó la creación de numerosas universidades privadas, que de seis en 1973 aumentaron exponencialmente a más de cuarenta en 1998. Por otra parte, el régimen de Pinochet reformó completamente las universidades estatales creando universidades regionales a partir del fraccionamiento de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado que, hasta fines de la década de 1970, tenían sedes en todo el país.
Lo más nocivo de esta nueva política fue la imposición a las universidades estatales del autofinanciamiento de la mayor de sus necesidades de recursos financieros a través de la recaudación por concepto de matrículas y aranceles que pagan las familias chilenas, lo que genera una competencia entre las universidades estatales y entre estas y las universidades privadas por reclutar estudiantes de buenos puntajes en las pruebas de selección a fin de lograr el premio del Aporte Fiscal Indirecto.
En la Enseñanza Básica y Media la dictadura impuso la “municipalización”, esto es, el traspaso de los colegios y liceos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, acentuando de ese modo las diferencias de la calidad de la Educación en función de los recursos propios de cada municipio (hay algunos muy ricos y muchos muy pobres) ya que la contribución estatal a esos establecimientos es muy bajo. Y al mismo tiempo, a partir de los años 80, el Estado incentivó el desarrollo de un área de colegios “particulares subvencionados”, dejada en manos de empresarios motivados por el lucro que, además de cobrar por la Educación impartida a los niños y jóvenes, reciben subsidios del gobierno como premio por su “función coeducadora”.
La continuidad del modelo de educación de mercado durante los gobiernos postdictatoriales, ha provocado, desde 1997, varios estallidos del movimiento estudiantil, tanto secundario como universitario, siendo los más importantes la «revolución de los pingüinos» de 2006, esto es, de los estudiantes secundarios (llamados así por los colores de sus uniformes), y el movimiento de 2011 (universitario, técnico y secundario) que se prolonga hasta nuestros días con grados variables de intensidad. Las causas del descontento estudiantil y sus exigencias son múltiples, pero con un denominador común de rechazo a la «educación de mercado», característica del modelo neoliberal a ultranza imperante en Chile.
La «revolución de los pingüinos
Entre fines de abril y comienzos de junio de 2006, se produjo la movilización social más grande ocurrida hasta entonces desde el término de la dictadura. Apenas transcurrido mes y medio del primer gobierno de Michelle Bachelet, miles y más tarde centenares de miles de “pingüinos” se declararon en huelga, ocuparon los liceos y marcharon por las calles de todo el país para exigir la eliminación de la Jornada Escolar Completa, para protestar contra la demora en la entrega del Pase Escolar que permite acceder al transporte público mediante el pago de una tarifa rebajada, y para reivindicar la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria.
La politización del movimiento de los “pingüinos” fue muy rápida, pasando de demandas muy pequeñas y corporativas a un cuestionamiento del modelo de educación neoliberal. Los “pingüinos” ampliaron sus peticiones exigiendo becas, fin a la municipalización de la enseñanza y vuelta de los establecimientos educacionales al Ministerio de Educación, mejoramiento de las condiciones materiales de los colegios y derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) de la dictadura, andamiaje legal que sostiene el modelo de “educación de mercado” cuyas características principales son la privatización, el lucro de empresarios privados y la desigualdad más extrema.
El gobierno de Bachelet combinó una fuerte represión con algunas concesiones secundarias y maniobras tendientes a neutralizar el empuje de los “pingüinos”. Algunas medidas como el otorgamiento de la gratuidad en la PSU para los más pobres y el uso del pase escolar de manera ilimitada durante todo el año, sumadas al anuncio presidencial de la creación de un Consejo Asesor Presidencial de Educación donde tendrían cabida “todos los actores sociales”, incluyendo los representantes estudiantiles, lograron desactivar las movilizaciones durante la segunda semana de junio/9.
Aunque las marchas y cierto clima de agitación se mantuvieron hasta fines de año, el movimiento no consiguió sus objetivos principales. Los estudiantes fueron “ahogados” en el Consejo Asesor Presidencial nombrado por Bachelet: solo doce estudiantes (seis secundarios y seis universitarios) fueron invitados a deliberar junto a 54 representantes del gobierno, de los políticos profesionales, de los empresarios de la Educación y un sinfín de portavoces de distintos grupos de interés. La LOCE de Pinochet fue “maquillada” transformándose en Ley General de Educación (LGE) que mantuvo la municipalización efectuada por la dictadura y permitió la subsistencia del lucro de empresarios particulares en la Educación Básica y Media/10.
Los “pingüinos” fueron derrotados por la astuta maniobra de Bachelet, pero el costo político para su gobierno y los partidos de la Concertación fue tremendo. La popularidad de la Presidenta cayó raudamente en las encuestas y su coalición no volvería a levantar cabeza entre los estudiantes secundarios.
Estos sintieron que habían sido traicionados por el gobierno de Bachelet. Muchos de los “pingüinos” del 2006 formarían la columna vertebral del movimiento estudiantil que el 2011 remecería a Chile haciendo sentir su eco en todo el mundo. Una serie de fenómenos nuevos, como la auto organización basada en un funcionamiento asambleario, la profusa utilización de las “redes sociales” y medios de comunicación alternativos como fotologs y weblogs, la autogestión y una tendencia a la autonomía que ya habían estado presentes en ciernes durante las movilizaciones del 2001, se desarrollaron con más fuerza durante la “revolución de los pingüinos”. Una nueva manera de reivindicar y de hacer política se estaba incubando en la juventud liceana.
La explosión de 2011
Frecuentemente ocurre en la historia que un movimiento social que parece derrotado continúa desarrollándose de manera subterránea, curando sus heridas y recomponiendo sus fuerzas a la espera de una coyuntura favorable que le permita una nueva expresión. Es lo que ocurrió en Chile con el movimiento estudiantil durante el resto de la administración Bachelet y el primer año del gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Durante esos años se sucedieron movilizaciones intermitentes, casi rutinarias, que no lograron colocar en la agenda pública el tema de la Educación. No obstante, los males del sistema educacional, especialmente la desigualdad y el endeudamiento de las familias de los estudiantes, estaban engendrando una nueva explosión. Esta se produjo durante el segundo trimestre del 2011 cuando la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas conocidas como «tradicionales», llamó a movilizaciones de protesta en Santiago para los días 28 de abril y 12 de mayo.
Los estudiantes comenzaron reclamando por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) que otorga descuentos tarifarios en los sistemas de transporte público. Pero rápidamente pasaron a cuestionar el modelo educacional en su conjunto. Durante el invierno se desarrollaron ocupaciones de establecimientos educacionales, asambleas y grandes marchas en las principales ciudades del país para exigir reformas al sistema educacional y fortalecer el rol del Estado en la Educación. El movimiento alcanzó una fuerza y dimensiones nunca vistas desde el retorno a la democracia.
Los estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios y acciones muy similares a las de la «Revolución pingüina». Luego se incorporaron estudiantes de colegios particulares pagados, de Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas, padres y apoderados, además de profesores y trabajadores de diferentes niveles de la Educación (Básica, Media y Superior) y ciudadanos en general. Ya no se trataba solo de los estudiantes sino de un Movimiento por la Educación Pública que alcanzaría un 80% de adhesión de la población según las encuestas de opinión.
Ante la fuerza del movimiento el gobierno presentó sucesivas propuestas, estableciendo un nuevo fondo para la Educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las organizaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores rechazaron las propuestas gubernamentales demandando medidas de fondo y no meras reformas al modelo de “educación de mercado” impuesto por la dictadura.
Ello implicaría la reforma del sistema de acceso a las universidades para asegurar la igualdad de oportunidades; un aumento sustantivo del gasto público en la Educación superior que el Estado aporte, a lo menos el 50% de sus necesidades presupuestarias (puesto que en la actualidad la contribución estatal oscila entre el 10% y el 15%) y la democratización de sus instituciones; la regulación estatal para hacer efectiva la prohibición del lucro establecida por la ley vigente; la fiscalización de la calidad de la enseñanza, y como objetivo general, educación superior gratuita que asegure el derecho a la educación.
En lo relativo a la educación secundaria se exigió, entre otros puntos, la desmunicipalización y estatización de la educación, con control comunitario, permitiendo la subsistencia de un sector privado pero sin fines de lucro; la derogación de la Ley General de Educación (LGE) para cambiar la institucionalidad de la Educación pública; tarifa estudiantil en el transporte público todos los días del año mediante la Tarjeta Nacional Estudiante; un plan de reconstrucción para los establecimientos educacionales dañados por el terremoto de 2010; mejoras en los liceos técnico-profesionales, y fiscalización de las prácticas profesionales de los estudiantes/11.
Para financiar la gratuidad y el mejoramiento de la calidad de la Educación, los estudiantes propusieron la renacionalización del cobre y la realización de una reforma tributaria. El conjunto de estas y otras medidas puede resumirse en la consigna “Por una Educación Pública gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad”, que reúne a los distintos componentes del movimiento por la Educación Pública nucleados en torno al movimiento estudiantil.
A pesar de su empuje y creatividad los estudiantes no consiguieron los puntos principales de sus petitorios. La intransigencia del gobierno de Piñera, que apostó a la represión, la manipulación mediática, las presiones políticas y financieras sobre los establecimientos públicos educacionales, además del cansancio y desgaste natural de estudiantes, profesores y funcionarios de la educación luego de largos meses de paros, tomas, asambleas y manifestaciones, puso término a este primer período de movilizaciones con resultados ambiguos y sentimientos encontrados de sus protagonistas/12.
El “empate” con el gobierno era predecible desde el momento en que fue evidente que otros actores sociales no reforzarían de manera activa al movimiento por la educación pública y que este, a pesar de las amplias simpatías que concitaba en la ciudadanía, no se traduciría en movilizaciones masivas de trabajadores ni menos en paros productivos.
Debido a la sensación de derrota que quedó instalada en vastas franjas de los estudiantes desde entonces, las movilizaciones y protestas entre 2012 y 2014 fueron menos numerosas y con menor efecto mediático que durante 2011.
Los caminos de la politización
El año 2011 quedó inscrito en la historia de Chile como el de un nuevo despertar de los movimientos sociales después de más de dos décadas de aletargamiento. Desde comienzos de ese año y hasta la actualidad los movimientos sociales en Chile se han sucedido con insólita rapidez y masividad. En apretada e incompleta síntesis habría que mencionar las protestas regionales y locales de Magallanes, Aysén, Arica, Calama, Tocopilla y Freirina; las movilizaciones contra el megaproyecto hidroeléctrico de HidroAysén, las marchas por los derechos de la diversidad sexual, las huelgas de los trabajadores del cobre (estatales y privados), los paros de los empleados fiscales, las protestas de los pescadores artesanales contra la privatización del mar y las huelgas generales de los trabajadores portuarios, sin olvidar la persistente lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras y la reconquista de su autonomía y libertad. Pero, sin duda, el más masivo y de mayores efectos sociales, culturales y políticos, ha sido el movimiento por la educación pública cuya columna vertebral y principal componente son los estudiantes/13.
La principal virtud de este movimiento –aparte la de poner en la agenda política con tremenda fuerza la cuestión educacional- ha sido su aporte a la repolitización de la sociedad chilena, potenciando la reactivación de otros sectores y cuestionando certezas, valores, normas, instituciones y formas de hacer las cosas que parecían haber adquirido características “naturales” para millones de ciudadanos sometidos a la hegemonía ideológica del neoliberalismo. Hasta comienzos de 2011 solo una minoría de chilenos cuestionaba seriamente el lucro en la educación y el rol subsidiario del Estado. Hoy son millones los que exigen junto a los estudiantes una educación pública gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad.
El cambio ha sido radical. Igualmente, hasta hace poco, plantear demandas como el plebiscito para zanjar disyuntivas de gran interés ciudadano, la renacionalización del cobre y una reforma tributaria para financiar la solución de los más acuciantes problemas sociales, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que por primera vez en su historia los pueblos de Chile ejerzan su soberanía, eran sueños de izquierdistas impenitentes, sin gran eco social.
Hoy, en cambio, son temas ineludibles y hasta la “casta política”, que ha pretendido monopolizar la representación ciudadana en las últimas décadas, debe, muy a contrapelo de sus naturales inclinaciones e intereses, tomarlas en cuenta para rebatirlas o simular acuerdo con ellas para mejor contener las exigencias provenientes de la sociedad civil.
Asistimos a una crisis de legitimidad del modelo económico neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad administrado por dichas fuerzas desde 1990. Al mismo tiempo se extiende el cuestionamiento a las viejas formas “delegadas” de hacer política a través de representaciones institucionales divorciadas de las bases sociales, altamente centralizadas y jerárquicas.
En su lugar, los jóvenes y otros actores sociales han venido construyendo desde hace años formas más democráticas y horizontales, como los colectivos sociopolíticos, las asambleas territoriales y las coordinaciones sectoriales, regionales y nacionales de colectivos y organizaciones sociales cuyas políticas y decisiones se toman colectivamente y en las que no es extraño que los dirigentes y voceros sean removidos por sus bases si estas lo estiman conveniente.
El sistema político binominal, la elitización de la política “profesional”, los numerosos casos de corrupción y los abusos de la “casta política”, han engendrado sus propios sepultureros: una ciudadanía popular y de clases medias crecientemente empoderada. La crisis del sistema es profunda aunque aún no es “terminal”.
Como hemos podido observar, el movimiento estudiantil chileno de los últimos años ha transitado por la vía de su propia politización y ha contribuido a la politización del conjunto de la sociedad chilena.
La politización del movimiento estudiantil ha sido el resultado de las experiencias acumuladas durante las últimas décadas, particularmente después del engaño y la “traición” del primer gobierno de Bachelet al movimiento de los pingüinos de 2006.
También ha sido el desenlace lógico de su reflexión sobre los problemas de la Educación pues los estudiantes han comprendido que estos encuentran su punto de partida en el modelo neoliberal impuesto por la dictadura y administrado con correctivos destinados a afianzarlo por los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. El movimiento estudiantil ha entendido que no se trata de “corregir” algunos aspectos del sistema de “educación de mercado” sino de sustituirlo por una educación gratuita y de calidad para todos.
Este razonamiento ha llevado a postular que el Estado debe dejar de ser meramente subsidiario para asumir un rol de principal garante del derecho igualitario a la Educación. Para ello, ha razonado el movimiento estudiantil, es imprescindible cambiar la Constitución de Pinochet –reformada en los últimos veintiséis años en más de 190 aspectos sin que por ello se haya alterado su carácter autoritario y neoliberal- por una Constitución democrática que afirme derechos sociales como la Educación, la Salud y la Previsión Social.
Pero ante la imposibilidad de cambiar el texto constitucional debido a los altísimos quorums parlamentarios exigidos por la Constitución vigente, franjas importantes del movimiento estudiantil han concluido junto con otros sectores de la ciudadanía en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar de raíz la institucionalidad política del país.
De este modo, transitando por las vías de su propia politización, los estudiantes han expuesto a otros sectores de la población la necesidad de discutir los fines de la sociedad y los medios para hacerla más justa, solidaria y democrática. Al emplazar al gobierno y al Parlamento pusieron al desnudo las debilidades e incoherencias de la “casta política” y del sistema político basado en la Constitución de 1980. Igualmente han contribuido con su ejemplo a mostrar el camino a otros actores sociales que han comenzado a reivindicar con más fuerza sus derechos.
La lucha y la contestación social y política han dejado de ser en Chile las piezas de museo que fueron durante la mayoría del tiempo de los gobiernos concertacionistas. Probablemente sin proponérselo muy conscientemente, el movimiento estudiantil ha desarrollado acciones pedagógicas de politización hacia el resto de la sociedad chilena. Con su empuje, alegría, creatividad y combatividad, los estudiantes han sido capaces de hacer oír su malestar al conjunto de la población, mediante variadas formas de ocupación del espacio público, obligando a los medios de comunicación a informar.
Sus declaraciones, panfletos, lienzos, música, bailes, colores, perfomances, “intervenciones urbanas”, huelgas de hambre, cortes de calles y barricadas, han remecido a la opinión pública concitando gran apoyo social. En foros, debates y declaraciones a la prensa la dirigencia estudiantil ha hecho gala de una notable expertise, apabullando con sus argumentos a los “profesionales de la política”, periodistas y especialistas de la educación defensores del modelo.
De allí la creciente toma de conciencia ciudadana acerca de la necesidad de cambiar el injusto y catastrófico sistema educacional imperante en el país. La crítica de los estudiantes al modelo educacional y las soluciones que ellos han propuesto, han sido un primer paso para establecer de manera didáctica el vínculo entre los males de la educación, el modelo económico neoliberal en su totalidad y la democracia tutelada que padece la mayoría de la población.
La llegada de Michelle Bachelet a la Presidencia de la República por segunda vez en marzo de 2014, ha creado un nuevo escenario político puesto que su programa de gobierno ha incluido algunas de las reivindicaciones planteadas por el movimiento estudiantil -gratuidad de la educación y fin al lucro- aunque de manera muy ambigua y sin indicios claros de apuntar a un desmantelamiento del sistema de «educación de mercado», sino, simplemente, a una regulación destinada a limitar algunos de sus aspectos más irritantes e impresentables.
Así, por ejemplo, pareciera ser que las nuevas autoridades de gobierno pretenden hacer realidad dentro de algunos años su promesa de gratuidad de la educación mediante el otorgamiento de vouchers y becas para que los estudiantes universitarios compren servicios en el mercado educacional, sin alterar mayormente las bases del sistema. Sobre la educación escolar, las críticas de los estudiantes a la reforma educacional de Bachelet señalan que esta mantiene la lógica de la subvención.
El movimiento estudiantil rechaza esta política, sosteniendo que apunta apenas a regular el lucro, proponiendo, en cambio, que la educación debe ser garantizada como un derecho social para todos y que los aportes estatales no deben ser entregados a las familias para que estas concurran al «mercado educacional» (favoreciendo nuevamente a las empresas privadas educacionales), sino a las instituciones públicas de educación, a fin de fortalecerlas y asegurar la gratuidad, a la par que la calidad.
Del mismo modo, el movimiento estudiantil ha señalado las ambigüedades de la definición de «educación pública» usada por el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre (ex ministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos, ex Director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y ex director de un canal de TV perteneciente al mayor conglomerado económico del país), que deja las puertas abiertas para que instituciones privadas no sometidas a la supervisión estatal, que no generan sus autoridades de manera democrática y no orientan su investigación hacia las necesidades del país, puedan acceder a financiamiento del Estado por el simple hecho de declarar su «vocación de servicio público»/14.
La afirmación de Bachelet de que en un futuro próximo «no se podrá lucrar con recursos públicos» es desestimada por las organizaciones estudiantiles por cuanto dicha prohibición se contradice con la idea de la educación como derecho social ya que esta no se puede reducir al origen de su financiamiento, pues en su calidad de derecho fundamental no puede ser comerciable, sin considerar que la propuesta gubernamental deja espacios para que los privados puedan seguir lucrando gracias al negocio de le Educación/15.
Los estudiantes rechazan igualmente la realización de la reforma educacional sin participación efectiva de los actores sociales (estudiantes, profesores, trabajadores de la educación y ciudadanía en general), elaborada “a puertas cerradas” por los expertos de gobierno, en un intento por armonizar intereses antagónicos (los de la inmensa mayoría de la población y los de los empresarios de la educación). Demandan la democratización de las instituciones educacionales, estabilidad en las condiciones laborales de los profesores y una carrera docente que no se base en la competencia, sino en la experiencia y en la colaboración de los maestros .
Transcurridos más de catorce meses del segundo gobierno de Bachelet, su tan anunciada reforma a la educación aparece entrampada, sometida a un fuego cruzado: desde la derecha, por parte de los sectores más conservadores, reacios al menor cambio que amenace real o simbólicamente su hegemonía social, política y cultural o que limite los excesos más escandalosos de su forma de obtención de beneficios económicos; y desde la izquierda por el movimiento social, especialmente estudiantil, que percibe con claridad creciente que las promesas de la campaña electoral de Bachelet y de su programa de gobierno son solo titulares vacíos de contenido real.
Las grandes manifestaciones estudiantiles y de otros sectores de la ciudadanía que ya han hecho sentir su protesta en las principales ciudades chilenas a lo largo de 2014 y en abril y mayo del presente año, son la expresión de un malestar inequívoco frente a las políticas gubernamentales de educación, reacias a una ruptura radical con el modelo de “educación de mercado”.
Conclusiones
El movimiento estudiantil chileno ha hecho un gran aporte a la repolitización de la ciudadanía al colocar en discusión a escala masiva el problema de la Educación, “desnaturalizando” el modelo de “educación de mercado” y el sistema económico y político que lo sostiene. No obstante, aún no ha podido generar una política de acumulación de fuerzas (propias y de aliados de otros movimientos sociales) suficientemente poderosa como para vencer a los sostenedores del sistema.
Ahora deberá ser capaz de sortear los obstáculos que los acecha, evitando caer tanto en la confianza ingenua en la institucionalidad heredada de la dictadura como las tentaciones igualmente infantiles del maximalismo, las acciones marginales, el culto a la violencia ciega y el vanguardismo de pequeños grupos que tienden a suplantar con sus acciones al movimiento de masa.
Si el movimiento estudiantil logra esquivar ambos peligros habrá hecho una extraordinaria contribución para la superación del neoliberalismo y la refundación política de Chile. Pero la solución no depende solo de los estudiantes. Se necesitan otros actores, especialmente los trabajadores organizados. Mientras ello no ocurra los propios avances del movimiento estudiantil podrán ser revertidos por las fuerzas defensoras del status quo.
La prueba de fuerza entre los partidarios del modelo neoliberal de educación de mercado y quienes conciben la educación como un derecho social garantizado por el Estado de manera igualitaria para todos, está lejos de resolverse en Chile. Con toda seguridad, este conflicto se prolongará durante varios años, entrelazándose con otros conflictos que son la expresión de la contradicción existente entre el modelo neoliberal de economía y sociedad y las aspiraciones de la mayoría de la sociedad de ver garantizados como derechos sociales, cuestiones tan esenciales como educación, salud, previsión y trabajo.
La lucha social y política se anuncia interesante para los próximos años en Chile.
(*) Doctor en historia y profesor en la Universidad de Chile. Ponencia presentada en el Forum Internacional en Memoria de Ernest Mandel, que tuvo lugar en Lausana del 20 al 22 de mayo de 2015
Fuente: Viento Sur
http://vientosur.info/spip.php?article10169
Notas:
1/ María Angélica Bulnes, entrevista a José Piñera, “José Piñera: Dar un golpe de timón, crear esquemas nuevos…”, Qué Pasa, Santiago, 27 de diciembre de 1979 al 2 de enero de 1980, págs. 6-11.
2/ Tomás Moulian, Contradicciones del desarrollo político chileno. 1920-1990, Santiago, Lom Ediciones, 2009, pág. 129.
3/ Ibid.
4/ Ibid., págs. 129 y 130.
5/ Ibidem.
6/ Álvaro Cuadra, “Chile: una arqueología del presente”, en Carlos Ossa Swears (editor), Escrituras del malestar. Chile del Bicentenario, Santiago, 2011, pág. 219.
7/ Felipe Portales, Chile: una democracia tutelada, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000; Gregorio Angelcos y Carlos Díaz, Chile una democracia de oligarquías, Santiago, Ediciones Documentas, 2005; Moulian, Contradicciones…, op. cit., págs. 117-131.
8/ Cuadra, op. cit., pág. 218.
9/ Ibidem.; Tamara Gutiérrez Portillo y Cristina Caviedes Reyes, Revolución pingüina. «La primera gran movilización del siglo XXI en Chile», Santiago, Editorial Ayún, 2006.
10/ Ibid.
11/ Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Propuesta para la Educación que queremos, Santiago, sin fecha; Petitorio CONES (Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios), en http://infoderechouchile.blogspot.com/2011/06/petitorio-cones-coordinadora-nacional.html
12/ Sergio Grez Toso, “Chile 2012: el movimiento estudiantil en la encrucijada”, en Le Monde Dipomatique, edición chilena, N°126, Santiago, enero-febrero 2012.
13/ Sergio Grez Toso, “Un nuevo amanecer de los movimientos sociales en Chile”, en The Clinic, N°409, Santiago, 1 de septiembre de 2011.
14/ Camila Miranda, «Radiografía crítica a la reforma educacional de Bachelet», Santiago, 2 de abril de 2014: http://ciperchile.cl/2014/04/02/ref…
15/ Ibid.
 impuso a sangre y fuego una nueva forma de acumulación capitalista. El modelo desarrollista adoptado desde fines de la década de 1930, que implicaba una fuerte intervención del Estado en el desarrollo económico y social en base a una estrategia de sustitución de importaciones, fue reemplazado por el modelo económico neoliberal. Grandes e importantes sectores de la actividad económica fueron traspasados desde el Estado al sector privado y la desregulación característica del liberalismo a ultranza se enseñoreó en el país. Junto a las privatizaciones de empresas estatales, las llamadas “siete modernizaciones” de la dictadura cambiaron la faz de Chile.){kind=link}