La visita del Ministro del Interior, Jorge Burgos, se dió en un contexto de agudización del conflicto en la Araucanía. Su presencia no hizo otra cosa que escalar las tensiones.
Este jueves el ministro del Interior, Jorge Burgos, visitó la provincia de Arauco, en un momento complejo, donde los hechos de violencia han tenido un aumento importante. En ese contexto, se siguen realizando juicios a dirigentes mapuche y las defensas denuncian irregularidades y trato discriminatorio.
El alcalde de Contulmo, Diego Ibáñez, comuna donde se han registrado ataques en las últimas semanas, aseguró que se enteró “por la prensa” de esta visita y añadió que es necesario que el Ministro escuche a la ciudadanía, ya que no sirve que sólo se reúna con el alto mando policial y político.
Para la comunidad y sus representantes también es un viaje esperado, toda vez que durante los últimos días se han registrado más de 20 atentados, incluso, en la última semana se invocó dos veces la Ley de Seguridad del Estado, en medio de una fuerte presión de los parlamentarios de la oposición.
Otro de los antecedentes que precede la visita de Jorge Burgos es la condena de ocho años de cárcel para el comunero mapuche Guido Carihuentro, declarado culpable por un atentado incendiario en la parcela de Alejo Vielma en la Región de La Araucanía.
En la sentencia, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco anuló el primer fallo que dejaba al comunero con cinco años de libertad vigilada.
Para el intendente de la Región, Andrés Jouannet “esta sentencia permite demostrar que la presentación de querellas por parte del Gobierno es muy importante”. La autoridad anunció que se continuará por esta senda “a fin de seguir resguardando el orden público, y persiguiendo a aquellas personas que comenten delitos”.
De inmediato la comunidad mapuche reaccionó a las declaraciones de Jouannet. También cuestionaron la decisión de Burgos de seguir invocando la Ley Antiterrorista para estos casos, sin considerar lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT que pide utilizar otras vías para hacer frente a conflictos políticos y territoriales. Los dirigentes acusaron “agudización de la represión policial” y una “vuelta sin retorno” a la política de judicialización y criminalización de la protestan social.
El abogado defensor de Guido Carihuentro comparte la visión. Para el jurista, el caso puede ser tomado como un ejemplo de lo que está ocurriendo. Sebastián Saavedra calificó de desproporcionada la sanción aplicada a su defendido, más cuando se la compara con el juicio que se realizó al peón de fundo que mató a un dirigente mapuche al atropellarlo con un tractor.
“A la persona que atropelló y mató al comunero mapuche José Quintriqueo en los faldeos del cerro Chiguaihue se lo condenó a cinco años y un día. La sentencia, incluso, fue anulada por la Corte y ahora debe comenzar un nuevo juicio. Pero, para hacer la comparación la vida de una persona en términos criminales son cinco años y un día, la quema de propiedad, son ocho años. En ese sentido, evidentemente, a juicio de la defensa, la sanción es demasiado alta”.
El abogado afirmó que existe también una presión indebida por parte de los medios de comunicación. Esto porque al darse una sentencia inicial de cinco años, la prensa tradicional criticó con fuerza el fallo:
“Claramente las organizaciones de empresarios, dueños de camiones y agricultores, tienen una mayor acogida en la prensa que estos comuneros que viven en la pobreza”.
Saavedra recordó que producto de un allanamiento su representado perdió la visión total de un ojo y parte del otro, además de caminar con bastante dificultad. Además afirmó que el comunero es machife, es decir, ayudante de una machi, que es su esposa, lo que complica el caso para su familia y su comunidad.
En esa línea, aseguró que se observa una clara discriminación a nivel social a la hora de abordar el tema de seguridad del que hablan las autoridades, o – como algunos abogados, políticos y académicos prefieren llamarle- el conflicto político y social entre el Estado y el pueblo mapuche.
Gobierno invocó Ley de Seguridad del Estado
El intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, llegó este viernes hasta el Juzgado de Garantía de Traiguén para interponer una querella por infracción a la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables del ataque incendiario contra dos camiones en Lumaco.
El hecho ocurrió el pasado miércoles en la localidad de Capitán Pastene, donde las máquinas fueron quemadas al ser interceptadas por encapuchados, los cuales dispararon contra los camiones antes de bajar a los choferes.
Luego de presentar la acción judicial, Jouannet dijo que se busca que estos delitos no queden impunes.
«Señalar que aquellas personas que creen que pueden salir indemnes respecto de estos hechos delictuales graves, no es así. Tenemos hace poco una condena de ocho años contra una persona que pensó que podía salir indemne y eso no fue así», indicó.
La autoridad regional manifestó que «vamos a seguir trabajando por encontrar y pillar a todas estas personas que andan haciendo estos hechos que son graves, estos delitos graves que ocurren en los sectores rurales».
Jouannet aseguró que trabajarán en conjunto con las empresas forestales de la zona, ya que, los ataques «son contra personas que manejan estos camiones, absolutamente inocentes. Por tanto, vamos a seguir trabajando y coordinando con las empresas forestales, con el objeto de tener un mejor trabajo con ellos para poder también asistirlos en el transporte».
Paralelamente, el GOPE de Carabineros ha desplegado un amplio operativo en Lumaco para dar con los responsables del ataque incendiario.
Comunidad mapuche de Lumaco rechaza aplicación de Ley antiterrorista
Comunicado público Comunidad mapuche de Lumaco
1. Respecto a los incidentes ocurridos el día jueves 28 de enero de 2016 en el Fundo Lo Suarez de la comuna de Lanco, en el que resultó maquinaria forestal incendiada y dos carabineros lesionados, como comunidad mapuche colindante al fundo declaramos lo siguiente. 1 Rechazamos la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Región de los Ríos y que sea en el contexto de la defensa del territorio mapuche que se aplique por primera vez.
Condenamos el vergonzoso apoyo que a nivel de parlamentarios regionales ha concitado la medida, principalmente los representantes de la UDI, RN y DC. Sin pudor han salido en defensa del Latifundio y de la genocida industria forestal que cubre millones de hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto, condenando a las poblaciones locales a la pobreza y a la falta de agua.
2 Aclaramos que en nuestra zona efectivamente existen comunidades aterrorizadas, aterrorizadas por Forestal Arauco y otras empresas forestales que cotidianamente y por mas de 40 años atentan contra el ixofil mogen (biodiversidad), devastando la flora y fauna silvestre, los cursos de agua, contaminado el medio ambiente con fumigaciones aéreas, matando abejas, y apropiándose del trabajo y de las tierras de la comunidad.
Queremos ver al intendente Montecinos querellándose contra los dueños y directivos de la Forestal que tienen nombre y apellido y no mandando cobardemente a los carabineros para que sean la guardia privada del pillaje caradura.
3. Aclaramos que como comunidad jurídica hemos hecho todo los esfuerzos para vía institucional dar solución a la demanda de tierra y agua, reuniéndonos en incontables ocasiones con los directivos encargados, sin embargo hasta ahora no hemos como comunidad recuperado ni un litro por segundo de agua, menos de tierra.
Las puerta de nuestra comunidad siempre estarán abiertas al diálogo, sin embargo la sordera del gobierno en complicidad con las forestales y los latifundistas, hace rato ya han justificado todo tipo de resistencias, mas aún con la creciente militarización de nuestra zona.
4. Por último llamamos a las comunidades mapuche y a las organizaciones chilenas, a rechazar la aplicación de la Ley Antiterrorista, si tocan a uno, nos tocan a todos.
Desde el Lof Kvlche Mapu, Comunidad Mapuche Lumaco.
Avanzando en la Reconstrucción del Territorio Mapunche.
