Vista en perspectiva la dramática, y prácticamente anunciada, desaparición de Julia Chuñil, representa, por así decirlo, un catálogo de todas y cada una de las infracciones al derecho internacional descritas en tratados de los que Chile es signatario, al tiempo que amplifica la percepción de un Estado bipolar, abiertamente hostil a los derechos de ciudadanos comunes, minorías y luchadores sociales.
En un dramático giro en la trama, una intercepción telefónica a Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal sospechoso desde el principio, instaló la posibilidad, como le relató a su padre, de que Julia del Carmen Chuñil Catricura, 72 años, dirigenta mapuche y defensora ambiental, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, esté muerta, y que la habrían quemado.
El núcleo del giro investigativo es una escucha autorizada, revelada por la abogada Karina Riquelme y confirmada por la propia familia Chuñil en un comunicado público, donde se afirma que Morstadt dijo a su padre: “la quemaron”.
La información, ampliamente difundida por los medios causó honda conmoción en variados sectores de la comunidad nacional.
Para la Fiscalía, sin embargo, lo importante fue la filtración del antecedente, razón por la cual la fiscalía regional Los Ríos abrió un cuaderno de investigación, al tiempo que el fiscal nacional, Angel Valencia salió a relativizarlo con taimados argumentos, como que sería un dato «parcial, sesgado e incompleto», que la indagatoria sigue vigente y que hay múltiples hipótesis abiertas.
Claro, la víctima era solo solo una dirigenta mapuche, que no se compara con don Carlos Morstadtn un prominente terrateniente ganadero y forestal de la zona, en conflicto de tierras con la comunidad mapuche, quién aún no ha declarado en la causa; no por no haber sido citado, sino porque decidió acogerse al derecho al silencio, sin que la fiscalía utilizara el amplio arsenal que dispone para compelerlo, en tanto imputado bajo sospecha. No en vano es el patrón.
¿Y qué hace Valencia, ninguneando la investigación del fiscal Jaime Calfil, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos de la Fiscalía Regional de Los Ríos, justo cuando se concentraba en el sospechoso? Se trata de una escandalosa intervención de encubrimiento. ¿Pretende retrotraer la investigación a la tesis inicial de la culpabilidad de la familia?
No es por nada que ese opaco operador político ocupa el cargo, sino por su conocido compromiso con los intereses de los poderosos.
¿Y de cuándo acá tan recatada la fiscalía con la filtración de antecedentes investigativos a los medios?
En otras ocasiones, son sus funcionarios quienes lo hacen, especialmente en el contexto de las no infrecuentes operaciones de «lawfare».
A la inversa, la investigación de la fiscalía ha hecho uso abusivo e intensivo del artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, que permite el secreto de la investigación; del todo impresentable a la luz de sus nulos resultados, además de doloroso para la familia y dudoso para la transparencia de la investigación.
Si se sigue la flecha por el lado de la pluma, necesariamente se llega al tirador. En la inmensa mayoría de las investigaciones criminales, identificar el motivo es el método más eficaz para descubrir al malhechor.
El conflicto tal cual es
Morstadt Anwandter fue y siempre ha sido el principal sospechoso porque tiene y tenía poderosos intereses y motivos involucrados.
Julia Chuñil Catricura era presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, en Máfil, Región de Los Ríos, y referente local en la defensa de un predio de 900 hectáreas de bosque nativo; trabajo documentado por medios nacionales e internacionales. La CIDH la reconoció formalmente como lideresa y beneficiaria de medidas cautelares.
En 2015, la comunidad se asentó en un terreno en proceso de restitución territorial; en disputa con Juan Carlos Morstadt, propietario de Agrícola, Forestal y Ganadera J.C. Morstadt A. E.I.R.L, que ha registrado numerosos episodios judiciales y acciones de amedrentamiento.
Según el artículo Caso Julia Chuñil: “Si me pasa algo, ustedes ya saben quien fue”, de Natalie Gilbert H., publicado por Radio Kurruf el 12 de diciembre de 2024, en los registros de propiedad del predio Reserva Cora Uno de la Parcelación Los Ciruelos, Juan Carlos Morstadt aparece a partir de 2008 cuando compra el inmueble a Esteban Fried Kopp y a su cuñada Susana Reinitz Fried.
Antes, hasta 1979, había pertenecido a Alfredo Milthaler Reichert. Hasta ahí el registro, pero hay constancia de que el nombre Reserva Cora Uno de la Parcelación Los Ciruelos, corresponde al asentamiento campesino Los Ciruelos, de la época de la Reforma Agraria.
De acuerdo con escritura de compraventa del 1 de diciembre de 2009, Morstadt traspasa Reserva Cora Uno al banco Scotiabank, lo cual quedó inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos el 17 de diciembre de ese año. Sin embargo, ese mismo día se subdividió el predio en dos lotes: el Reserva Cora Uno A y B.
Primera irregularidad: la venta del lote A al banco Scotiabank ocurrió antes de la inscripción de la subdivisión.
En 2004 la comunidad Blanco Lepin, originaria de Lautaro, presentó su demanda de tierras. Un año más tarde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi de La Araucanía, le entrega la resolución de aplicabilidad para la compra de un terreno.
El 15 de noviembre de 2010, Conadi anunció que un predio ofrecía buena accesibilidad, con colegios, postas y comercio cercanos, además de fuentes de agua, en la comuna de Mafil, en ese entonces propiedad del banco Scotiabank.
El “Acta de negociación” del 2 de junio de 2011 se firmó entre Conadi, la comunidad Blanco Lepin, Scotiabank y la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera J.C. Morstadt.
En el escrito, las partes se comprometían a respetar exigencias acordadas previamente, entre ellas, la obligación del vendedor de cercar el perimetro del predio, condición necesaria para que el notario liberara los documentos de pago.
Sin embargo, en otra irregularidad del porte de una catedral, en medio de la negociación, el 29 de julio de 2011, el Scotiabank vuelve a vender el predio a Morstadt, mediante un crédito hipotecario del mismo banco.
La comunidad siguió adelante. La mesa de negociación del 11 de agosto de 2011, ratificó los acuerdos de de junio y dejó establececido la superficie del predio en 891 hectáreas. .
El 23 de agosto, menos de un mes después de que Scotiabank vendiera a Morstadt, se firmó la compraventa entre la Comunidad Blanco Lepin y la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera J.C. Morstadt.
En suma, Conadi pagó a Morstadt un total de $1.114.250.00 por 843 hectáreas correspondientes a la Reserva Cora N°1 A, que entregó a la comunidad mapuche Blanco Lepin, de Lautaro, región de la Araucanía.
Caducado el plazo, Morstadt infringió los acuerdos; entre ellos, el cerco perimetral, razón por la cual, además de no haber recibido información real sobre las características del terreno, la comunidad Blanco Lepin acordó renunciar al uso del predio. En 2013 demandó por incumplimiento de contrato a la empresa de Morstadt, Scotiabank y Conadi.
Entre las irregularidades que motivaron el desistimiento de la comunidad, estuvo el hecho de que, cuando Scotiabank vendió el predio a Morstadt, en la escritura figuraban los derechos de agua del predio; pero cuando Morstadt revendió el mismo predio a la comunidad, de esos derechos, nunca se supo.
En virtud de la acción judicial de la comunidad, el Tribunal de Los Lagos ordenó a Scotiabank y a la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt, la restitución de los dineros a la Conadi.
Como invariablemente sucede en Chile cuando litiga el capital, a través del carrusel de los recursosde apelación y casación, Scotiabank libró piola, sin pagar ni uno.
En cambio, la Corte Suprema condenó a Agrícola, Forestal y Ganadera J.C. Morstadt, a devolver los $1.114 millones a Conadi.
Según información de Conadi, obtenida vía ley de transparencia por la periodista Lucía Supúlveda, y publicada en el artículo «El empresario Morststadt, dueño legal de la tierra recuperada por Julia Chuñil, debe a Conadi toda la suma del valor del predio reivindicado como tierra ancestral», en Olca, el 24 de marzo pasado:
«El Sr. Juan Morstadt Andwanter no ha realizado la devolución del pago adeudado, ni de manera parcial».
A mayor abundamiento, el director (S) de Conadi, Iván Catalino Carilao Ñanco, detalló que la corporación inició dos causas por la morosidad, sin resultado alguno (Rol C-226-2013, Juzgado de Letras de Los Lagos, y Rol C-4166-2017, Segundo Juzgado Civil de Temuco) y dos causas penales en curso, gestionadas por el Consejo de Defensa del Estado, también sin resultados a la fecha.
La ocupación de la comunidad Putreguel
En paralelo, en 2014, mediante acta legal, Conadi hizo fe de la recién constituida comunidad Putreguel, conducida por su presidenta, Julia Chuñil.
En conocimiento de que la comunidad Blanco Lepin no haría uso del predio, la comunidad Putreguel dejó constancia en el acta de la reunión del 23 de octubre de 2015, que hacían ingreso al “campo La Fride” e iniciaban un proceso de recuperación de tierras, con la instalación de un rehue y la celebración de una ceremonia, anunciando su estadía de forma indefinida hasta la concurrencia de “Conadi y de la Comunidad Blanco Lepin, para llegar a un acuerdo pacífico”.
Tres días más tarde, el 26 de octubre de 2015, en el mismo libro de actas se registró una reunión a la que asistieron el director regional de Conadi, de entonces, Cristian Cayul, y del encargado de la época del Fondo de Tierras y Aguas, Hermes Rubilar.
En la instancia se registraron los documentos que la comunidad requiere para su reclamo de tierras.
En ese marco la presidenta de la comunidad comenzó a ejercer en forma activa el cuidado del bosque nativo y las aguas que pasan por ese territorio.
En junio de 2017 la Corte Suprema zanjó el juicio, reafirmando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y ordenando a Juan Carlos Morstadt Anwandter devolver a Conadi la totalidad de la suma por el predio en cuestión, que volvía a sus manos.
Conadi no informó a la comunidad Putraguel del fallo de la Corte Suprema.
En 2018 comenzaron las amenazas del empresario, quién conminó a todos los miembros de la comunidad a abandonar esas tierras.
En 2022, Morstadt Anwandter inscribió nuevamente en el conservador de Bienes Raíces de Los Lagos el terreno, fraccionado a nombre de la Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Collilelfu de la que forma parte, sin pagar a Conadi su deuda. Comenzó con intentos de talar el bosque nativo.
Necesitaba, con urgencia, liquidez para cancelar el monto de la deuda que le imponía la condena.
Sus hijos relatan que Julia Chuñil enfrentó numerosas acciones de amedrentamiento, durante la recuperación productiva del predio donde desapareció:
«Ella sólo quería campo para cuidar a sus animales; ella lo cercó, lo limpió para tener pasto para sus animales. Morstandt le ofreció plata a los vecinos para que le cortaran el camino por donde ella transitaba y se lo cortaron, ella ahora no pasaba por ese camino, se consiguió permiso por otro lado, y resulta que aparece otro vecino tratando de hacerle una zanja, y todos pensamos, a lo mejor don Juan Carlos le ofreció plata, porque el primer vecino que cerró el camino me dijo en la cara que él le había pagado tres millones”, relata Pablo San Martín.
Desaparición y búsqueda
Según Javier Troncoso Chuñil, su madre salió el viernes 8 de noviembre de 2024, como era parte de su rutina, en busca de sus animales hacia el predio Reserva Cora Uno A, también conocido como La Fride o Lafrir, distante a un poco más de un kilómetro desde su casa, en el sector Huichaco sur de Máfil.
En ese lugar, Julia Chuñil había ampliado una rústica construcción existente, donde a veces pernoctaba.
«El día domingo la voy a buscar para almorzar y persona en situación de calle, que también suele alojar en el lugar, me dice que mi mamá no estaba, que la vino a buscar el pololo, riéndose. Y yo le volví a repetir, ¿dónde está mi mamá? Y ella me dice que salió hace dos días», testimonia Troncoso Chuñil. https://radiokurruf.org/2024/12/12/caso-julia-chunil/?utm_source=chatgpt.com
En el lugar, se encontraron inconfundibles huellas de una camioneta
La familia se sobresaltó de inmediato, pues les había dicho: “si me pasa algo, ustedes ya saben quien fue”. Sin embargo, no fue escuchada.
Respecto de Claudia Baeza, la primera fiscal que toma la denuncia por presunta desgracia, Pablo San Martín afirma que ni siquiera los citó para tomarles declaración:
“La fiscal apareció, a los 8 o 9 días yo creo, aquí en terreno, así como conversando… yo le dije señorita ¿por qué no nos da una hora para conversar con usted? y me dijo que en una semana más tenía una hora para hablar con nosotros”. Nunca los recibió.
Luego, a fines de noviembre, los familiares de Julia Chuñil solicitaron apoyo jurídico tanto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, como al INDH regional de Los Ríos. Ambos organismos respondieron que no contaban con la capacidad de poner a su servicio a algún abogado/a.
Distinto fue el comportamiento de la comunidad. La familia instaló un campamento improvisado en el Fundo La Fride para recibir y alimentar a las más de cien personas que diariamente colaboraron con la primera fase de la búsqueda oficial que, según Javier Troncoso, se desarrolló entre el lunes 11 y el viernes 23 de noviembre.
«Estamos muy agradecidos, en especial, de bomberos. También participaron forestales, vecinos, tres Carabineros del GOPE, dos efectivos de la PDI, aparte de los helicópteros que sobrevolaron”, describió Troncoso Chuñil.
Califica duramente las gestiones investigativas en la primera fase de búsqueda de su madre:
“Fue muy poca la dotación de la PDI, pésimo… cuando hay un allanamiento, no sé de una persona, más de 30 efectivos y ahora por una búsqueda, dos personas, no tienen recursos, decían ellos, o la fiscal no quiso dar más dotación de personal, pero hubo algo estancado ahí, estamos desesperados, son muchos días de angustia”.
Peor aún, en enero de 2025, el caso pasó al fiscal Carlos Bahamondes, de la fiscalía regional de Los Ríos, quién llegó imbuido de la creativa hipotesis del autosecuestro y la participación de la familia.
Proveyó diligencias que llevaron a abogada de la familia, Karina Riquelme, a recurrir de protección a la Corte Suprema, a objeto de impedir que la familia sea tratada como sospechosa.
Entre ellas, un ingreso de Carabineros, el 30 de enero, al domicilio de Julia Chuñil para realizar un registro, de acuerdo a la pertegrina tesis de que los propios parientes estarían tras la desaparición.
Tomaron declaración a Jeannette Troncoso, hija de Chuñil, a quien trasladaron hasta un furgón, donde la propia fiscal regional, Tatiana Esquivel, le volvió a tomar declaración, comportamiento que la defensa de la familia califica como constitutivo de apremios ilegítimos.
Antes, el 19 de diciembre de 2024, el Labocar había levantado desde la casa una prenda de vestir con una mancha de sangre que, afirmaban, pertenecía a julia Chuñil.
Sin embargo, los peritajes concluyeron que, de nueve muestras encontradas, ocho pertenecían a animales y la última no era concluyente. La defensa denunció montaje. «Nosotros somos inocentes de la desaparición de mi madre», proclamaba por esos días Pablo San Martín Chuñil.
Las huellas de Morstadt
Una vez fracasada, como es lógico, la hipotesis de la culpabilidad de la familia, el caso pasó a un tercer fiscal, Jaime Calfil, de la UACF de la Fiscalía Regional de Los Ríos, quién según el escrito de solicitud de mantención de interceptación telefónica autorizada, al Juzgado de Garantía de Los Lagos, ingresado el 15 de septiembre pasado, se enfocó en Carlos Morstadt.
Los antecedentes que lo inculpan son significativos. El fiscal solicita mantener la medida intrusiva, fundado en que comentarios de Morstadt Anwandter hacen presumir conocimiento del paradero de la dirigenta mapuche.
Según se lee en el escrito, mencionó a dos personas distintas la frase: «la quemaron».
El fiscal reconoce que el sospechoso mantenía un «conflicto previo y sostenido» con la víctima, surgido por la ocupación del terreno por parte de Chuñil y su familia, caso que se mantiene judicializado, actualmente archivado.
El fiscal argumenta que las escuchas telefónicas han arrojado pistas hasta ahora que han sido fundamentales en la indagatoria:
«En el marco de la investigación, las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente han sido especialmente relevantes. En algunas de estas conversaciones, Morstadt da a entender que maneja información sensible sobre el avance de la causa y sobre la situación de la víctima. Por ejemplo, en una llamada con su padre, se refiere a que `la quemaron’, y en otra conversación con una mujer, menciona expresiones similares, lo que ha sido considerado por el equipo investigador como indicio de conocimiento o participación en hechos posteriores a la desaparición», se lee en el texto.
En otra parte, añade: «se le vincula a información sobre armas de fuego no declaradas, lo que refuerza la necesidad de mantenerlo bajo especial escrutinio».
Sin embargo, cuando la fiscalía lo citó a declarar, Morstadt se acogió al derecho a guardar silencio.
En lugar de instruir apretarlo para que suelte lo que sabe, cuando el caso estalla en la prensa, el fiscal nacional socava la investigación de Calfil, con el argumento de que el antecedente de la intercepción telefónica es «parcial, sesgado e incompleto».
Según familiares y vecinos, el empresario pretendía vender el predio Reserva Cora Uno, razón por la cual les ofreció dinero para que abandonaran el fundo.
En la querella entablada el pasado 8 de diciembre, Pablo San Martín, relató que Morstadt le dijo:
«#Ya poh Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú no más”.
Refiere amenazas de incendiar la cabaña que su madre ocupaba en el fundo:
«Morstadt le dijo a un vecino que debía sacar engañadas a las personas que estaban en la casa de mi madre, para así poder quemarla”.
Agregó:
“Mi madre me comentaba que el dueño de la empresa, cuando se encontraba con ella, tendía a desinhibirse y le realizaba amenazas verbales, relativas a su superioridad y poder, insistiendo en que ella no sacaba nada de ir a la Conadi porque él tenía mucha influencia”.
Según su hijo Pablo, a pesar del hostigamiento, Julia Chuñil se mantuvo firme en la posición de no abandonar el predio. Pero también decía que si le pasaba algo el principal sospechoso era Juan Carlos Morstadt:
«El es la principal persona que quiere que yo me vaya, pero yo no me voy a ir porque este predio es de la Conadi”.
La Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 48/2025 Medidas Cautelares No. 19-25, Julia Chuñil Catricura respecto de Chile, del 14 de julio de 2025, con base en el artículo 25 de su Reglamento, solicita a Chile que: a) redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura; y b) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición, manteniendo informada a la familia de la beneficiaria, según corresponda.
La resolución agrega que la beneficiaria habría sufrido una serie de incidentes desde el 2018. Entre los eventos descriptos un intento de atropello en el camino rural donde transitaba con regularidad y el corte de una parte del soporte de un puente de madera por donde habitualmente pasaba, pudiendo ocasionarle un accidente.
Al momento de calificar la gravedad de la situación, la Comisión pondera que la beneficiaria se encontraría en «una situación de riesgo específica y diferenciada, al tratarse de una lideresa indígena, persona mayor, y defensora de derechos humanos, que habría desaparecido en un contexto de conflicto territorial o ambiental, y realizaría actividades en defensa de sus derechos y los de su comunidad».
Al llegar a esa determinación, la Comisión también recoge que lo ocurrido a la beneficiaria no se identifica como un “caso común”.
La Comisión solicita al Estado de Chile que detalle, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.
El fracaso del Estado
A pesar de la profusa evidencia, o tal vez por lo mismo, el Estado ha fracasado en términos tal vez absolutos e irrevocables en su deber de proteger los derechos y la vida deJulia Chuñil Catricura, y en trazos todavía más categóricos, en su obligación de identificar y castigar a los culpables.
Por la hermética investigación, han desfilado cinco fiscales (Carlos Maldonado, Claudia Baeza, Carlos Bahamondes, Tatiana Esquivel y Jaime Calfil), pero poco se ha sabido más que el antecedente de la filtración del audio de Morstadt.
Y a pesar de su relevancia, o por eso, nada se ha sabido desde que se filtró. Al respecto, la abogada Karina Riquelmer https://www.elmostrador.cl/unidad-de-investigacion/2025/10/02/el-enigmatico-caso-de-julia-chunil-a-casi-un-ano-de-su-desaparicion/?utm_source=chatgpt.com reclamó:
«Respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente es muy delicado y existiendo otros antecedentes igual de delicados, no se han hecho públicos por respeto que tanto la familia, como la investigación se merecen”.
Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora, patrocinante de una querella contra de todos quienes resulten responsables de delitos como secuestro, femicidio y homicidio, señala que lo relativo al audio son antecedentes “tremendamente graves y refuerzan la urgencia de esclarecer este caso con la máxima celeridad posible“. Agregó: “Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente y Chile no es la excepción. Según nuestro último informe, solo entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra defensores ambientales en nuestro país. Esto debe detenerse“.
Entonces, en resumen, qué se tiene, al cabo de casi un año de oscura investigación y cinco fiscales: nada, aparte de la filtración; la cual tras el fogonazo inicial, fue enviada de vuelta a las sombras, por el propio fiscal nacional.
Justicia que tarda ya es injusta
Si el aparato de la judicatura, especialmente su brazo operativo, el Ministerio Público, no es capazde garantizar los derechos básicos de una persona, en especial dadas las características de la víctima y su conflicto con el potencial victimario, el resto del Estado no puede permanecer impasible.
Las medidas cautelares de la CIDH obligan a redoblar esfuerzos para determinar situación y paradero, investigar los hechos y mantener informada a la familia. Su incumplimiento puede escalar a controles internacionales más estrictos.
La Cámara de Diputados tiene sobradas atribuciones como para preguntarle al fiscal nacional qué quiso decir cuando se refirió a una escucha autorizada como dato «parcial, sesgado e incompleto». ¿Acaso hay más? Y si hay ¿por qué se silencia?, ¿será por proteger a alguién?.
Esas dudas serían innecesarias en una investigación seria, imparcial y profesional.
El Poder Ejecutivo también tiene a su disposición varios mecanismos para hacerle saber a la judicatura que permanece vigilante, sin perjuicio de la vigilancia ciudadana, como varias organizaciones del entorno mapuche, y la ONG Escazú Ahora.
En términos de una investigación como corresponde, la filtración del audio es un primer paso que debe validarse, antes de ir por el segundo: la interceptación ¿supera controles de legalidad?.
Siendo así, procedería la pericia técnica del audio: autenticidad, autoría de la voz, contexto conversacional -p.ej. si la frase es asertiva, descriptiva o referida a terceros- correlatos materiales, metadatos.
En paralelo, la investigación debe hacer un levantamiento forense de todos los focos de quema, en la ventana de fecha, y a cada uno, aplicar el análisis de química forense de suelos: búsqueda de fosfatos, carbonato de calcio, hidrocarburos y microfragmentos óseos en posibles piques y canchas de quema.
Luego, cabe un cruce entre geointeligencia y térmica retrospectiva, consistente en revisar anomalías térmicas detectadas por satélite, en ventanas de fechas compatibles, y cotejarlas con tránsitos registrados en antenas, cámaras y peajes.
De igual modo, una investigación seria e imparcial, tiene que tener claro el ecosistema patrimonial/registral: trazabilidad de inscripciones y sociedades vinculadas al predio; determinación de móviles económicos.
Entretanto, debe proveer protección a testigos y familiares, y evitar revictimización, especialmente tras la filtración.
Esto es lo que se esperaría conocer de una investigación llevada al unísono con los medios, abierta a la opinión p+ublica. Y no este secretismo enervante e infame, cuyo efecto neto es proteger a Morstadt.
Nada de lo enumerado es fantasía. Tecnología y capacidad técnica en las policías no son el problema. Lo que falta es voluntad.
A juzgar por las palabras de Valencia, no cabe el optimismo de ese lado. Pero tampoco tiene ni la capacidad ni el poder para evitar que la verdad se imponga, y cuando eso suceda, es probable que ya no esté en el cargo; entre otros factores, porque varios de sus ángeles tutelares están bajo sus propios estigmas de la sospecha.
Por ahora, está atrincherado en el poder que confiere la información que facilita el cargo, pero no debe olvidar advertencias, como la de Orwell, de que algunos saben más que otros, o del viejo Vizcacha, en cuanto a que siempre encuentra el que teje, otro mejor tejedor. Tampoco debiera ignorar la inutilidad del dedo en el hoyo del dique, y, enfin, con su pan que se lo coma.
(*) Director de #RedDigital.cl
