Han transcurrido casi cuarenta y tres años desde el golpe de Estado. Mismo tiempo desde que el máximo tribunal del país se rindió a la dictadura y se transformó en un secuaz que avaló crímenes de lesa humanidad y por los que más tarde pidió perdón. Las recientes libertades y beneficios carcelarios concedidos a criminales del régimen de Pinochet representan un retroceso que contraviene el derecho y causa nueva herida a víctimas.
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Tal como publicara Cambio21, la Corte de Suprema, dando un vuelco en materia de beneficios intrapenitenciarios concedidos a violadores de derechos humanos durante la dictadura, dio lugar a una verdadera puerta giratoria que ya comenzó, otorgando la libertad nada menos que a participantes de los violentos crímenes conocidos como Caso Degollados y «Cordón Vicuña Mackenna».
Y esta es solo la punta del iceberg.
Vuelta al pasado
Cuando se creían olvidadas las expresiones como aquella de «los detenidos desaparecidos me tienen curco», que profiriera Israel Bórquez, ex expresidente del máximo tribunal del país y la obscena negativa a otorgar los recursos de amparo que hubieran salvado miles de vidas y evitado crueles torturas y otros atropellos a la dignidad de los chilenos, vuelve la Corte Suprema a beneficiar a quienes sembraron el terror en la población.
El derecho internacional y las principales convenciones a las que Chile ha adherido y, por lo tanto, se encuentra obligada a respetar, establecen que los autores de crímenes de lesa humanidad no pueden ser beneficiados con la libertad u otros privilegios intrapenitenciarios.
Todo ello se borró de una plumada por la Corte Suprema de nuestro país. Hace solo unos meses, en febrero, entró en vigencia el nuevo Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que modificó los beneficios a los internos y que regula las salidas a los condenados y los distintos privilegios a los que estos pueden acogerse. Este exigía al menos el arrepentimiento eficaz del condenado entregando antecedentes comprobables de sus cooperación.
Nada de esto se respetó.
La propia Presidenta Bachelet -en diciembre pasado- durante la promulgación de la ley que forma la subsecretaria de Derechos Humanos, había anunciado la modificación del reglamento penitenciario con el fin de restringir los privilegios a los militares condenados por crímenes a los DDHH, señalando que debíamos «ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios intrapenitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a derechos humanos, por lo que se trabajará en estas indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inamnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio».
Palabras al viento. La historia diría otra cosa.
Los «privilegiados»
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Hace meses la Corte Suprema se ha esmerado en otorgar beneficios a reos y condenados por delitos de lesa humanidad. Igualmente un grupo de sacerdotes y abogados, muchos de ellos ligados a la defensa de los DDHH, ha abogado por que se conceda a los más ancianos habitantes de Punta Peuco una suerte de perdón o, al menos, se les conceda seguir cumpliendo en sus casas las penas, algunas de cadena perpetua, a las que se encuentran condenados.
El tribunal se abrió a la posibilidad de otorgar la libertad y beneficios en diversas sentencias ocurridas entre el 18 de abril y el 2 de mayo del presente año, por las cuales se revocó la decisión de la Corte de Apelaciones que había negado el beneficio de libertad condicional a reos o condenados de Punta Peuco, decisión amparada en los informes emanados de Gendarmería. En esa oportunidad ordenó nuevas pericias sicológicas al Servicio Médico Legal y, de manera sorpresiva, al municipio de Colina, comandado por un alcalde de la UDI.
Los privilegiados por la medida fueron los exagentes Conrado Sesnic, Alex Ambler y Claudio Salazar Fuentes, todos condenados por graves delitos de lesa humanidad. Uno de ellos, Salazar (alias Pegaso) se encontraba condenado a cadena perpetua en el marco del caso Degollados, en que perdieron la vida los profesionales José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, en marzo de 1985.
Sesnic, por su parte, integró el Comando operativo del Centro de Inteligencia Regional (CIRE) que funcionaba en Ancla II, que secuestró, torturó e hizo desaparecer al militante del MIR Rudy Cárcamo Ruiz.
Alex Ambler se encuentra condenado a siete años por el homicidio calificado de Rafael Mauricio Vergara Toledo, asesinato ocurrido en Villa Francia de la capital el 29 de marzo de 1985.
Las dolorosas pruebas del sometimiento
Cinco mil 400 recursos de amparo fueron rechazados por la Corte Suprema en los diez años que siguieron al golpe de Estado.
Las palabras sobre los Habeas Corpus que fueron denegados del abogado Nelson Caucoto son las que mejor ejemplifican que «un rechazo a un recurso de amparo se traduce en una sentencia de muerte».
Así fue para los miles de ejecutados sumariamente, los más de mil detenidos desaparecidos hasta hoy, los cuarenta mil torturados y las y los miles de violentados sexualmente.
La aplicación indiscriminada de la Ley de Amnistía a partir de 1978 sin siquiera investigar los hechos denunciados, así como el acoger todas las solicitudes de los inculpados otorgando la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos, fueron la tónica que el país conoció y que distinguieron un periodo negro de la historia patria.
El tratarse de un poder «sometido a la legalidad», como les gusta decir a los ministros del máximo tribunal, «les obligaba a aplicar la ley sin más»; esta ha sido la excusa de los jueces para justificar sus decisiones contrarias a derecho y al más mínimo principio de humanidad. Ello, porque las «leyes» provenían de un gobierno de hecho que se había tomado el poder por las armas, que había derogado la Constitución y que había alterado el Estado de Derecho en el país.
Los liberados
Apenas la Corte Suprema abrió la posibilidad de que a condenados por delitos de lesa humanidad se le pudieran conceder privilegios e incluso la libertad, una serie de reos rematados recurrieron ante el máximo tribunal requiriendo los beneficios. Entre los que los han logrado se encuentran José Fuentes Castro y Hernán Ovalle Hidalgo, quienes obtuvieron la libertad, otorgada por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Ovalle Hidalgo comandó un operativo el 12 de septiembre de 1973 en la empresa textil «Sumar» del denominado «Cordón Vicuña Mackenna», donde se habían reunido un grupo de trabajadores con el objeto de intentar oponerse al golpe de Estado.
Ahí fueron asesinados Ofelia Villarroel Latín, militante comunista; Donato Quispe Choque, boliviano, y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, simpatizante de la izquierda. Las tres personas fueron «ajusticiadas» con ráfagas de metralleta y tiro de gracia, de acuerdo con el mérito de la autopsia. Sus cuerpos aparecieron en el Patio 29 del Cementerio General.
El fallo que le concedió la libertad cuenta con el particular voto de la ministra Rosa Egnem, quien ha sido acusada de ocultar información vital en un caso de derechos humanos que implicó el asesinato de una decena de militantes de izquierda en septiembre de 1973, todos trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y Ferrocarriles del Estado en la ciudad de Laja.
Siendo secretaria del tribunal de Yumbel, pero en calidad de jueza subrogante, guardó en la caja fuerte el parte por inhumación ilegal de los 19 masacrados encontrados por trabajadores del lugar y denunciado el hecho a la PDI, y posteriormente lo borró de archivos, alterando registros judiciales.
En el llamado «caso Degollados» el máximo tribunal del país revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la libertad condicional a José Florentino Fuentes Castro, sargento segundo de Carabineros y miembro de la Dirección de Comunicaciones (Dicomcar) que asesinó a los tres profesionales. Fuentes Castro estaba condenado a presidio perpetuo como autor de los tres secuestros y homicidios ocurridos el 30 de marzo de 1985 en Santiago.
Los que hacen fila
Los cuestionados fallos que concedieron beneficios de libertad vigilada abrieron el interés de peligrosos criminales. Apenas dictada la resolución, los abogados de varios de ellos, actuales habitantes de Punta Peuco, presentaron recursos insistiendo en la libertad y beneficios intrapenitenciarios. Los primeros fueron Miguel Krassnoff y Miguel Estay (El Fanta).
Krassnoff está condenado a más de 200 años de presidio por diversos crímenes cometidos en dictadura; el segundo está sentenciado a cadena perpetua calificada por el caso Degollados. Pero poco importa, pues todos pueden acceder, según la Suprema.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, el beneficio otorgado es «repudiable» y asegura que esta campaña «se viene sucediendo a lo menos hace un año y nos provoca una tremenda sensación de injusticia. La justicia chilena en los casos de los juicios por violaciones a los derechos humanos fue tardía. Los pocos que fueron condenados recibieron sus condenas en base de lo que es la tesis de la media prescripción, es decir, la vida en este país cuesta tres años y un día, siete años y un día, eso es una aberración. Junto con ello, todos fueron destinados a cárceles especiales».
Pizarro asegura que «la campaña para lograr beneficios carcelarios se enmarca en una lógica que es perversa: transformar en víctimas a quienes son criminales, tratándolos de «pobres viejitos» que están enfermos de alzheimer, que los tienen que mudar y que están postrados. O sea, la lógica es que ellos son unos pobres viejitos y quienes pedimos verdad y justicia somos unos sanguinarios llenos de venganza y de rencor, que no entendemos que ellos necesiten salir en libertad. Pues bien, el Estado que se haga cargo de ellos si están en estado de salud deplorable debido a su edad, pero sus crímenes deben pagarlos en la cárcel y deben ser trasladados a cárceles comunes, porque son crímenes de lesa humanidad».
«Así como ellos envejecieron, también desde este lado los familiares han envejecido y hay muchas madres, esposas, hijos e hijas que han fallecido buscando a su ser querido, sin tener nunca ninguna información, porque precisamente los condenados jamás han colaborado. Esto que está ocurriendo es inaceptable», remata la dirigente.
Complicidad
Una siniestra «Acta secreta 165» del 30 de octubre de 1974 da cuenta de la reunión sostenida por el entonces presidente de la Corte Suprema junto a los ministros Israel Bórquez, José María Eyzaguirre y Juan Pomés con Pinochet y la Junta de Gobierno. En la oportunidad fueron dos los temas tratados: la solicitud de los jueces de mejoras en sus pensiones y las pruebas de su lealtad a la Junta que gobernaba de facto.
Al pedir se le mejoraran las jubilaciones y favorecieran los montepíos de las viudas de ministros de ese tribunal con 35% de asignación profesional, daban cuenta de entender «la situación extremadamente grave desde el punto de vista financiero en que se encuentra el país. Estamos conscientes de que los señores miembros de la Junta de Gobierno han recibido una herencia fatal y desesperada. No nos atreveríamos a venir a plantear a la Honorable Junta de Gobierno una situación que significara un mayor gasto público, porque consideraríamos una falta de patriotismo de nuestro actuar pedir una cosa así», señala la transcripción del Acta.
De paso, ofrecían pruebas de su «lealtad», según se consigna de las palabras del ministro Eyzaguirre: «Ustedes tienen un testigo presencial a quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra, que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala mía, trabajando con nosotros. Él ha visto cuántas veces la Corte Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en el exterior (del país) que pudiera perjudicar a nuestra Junta de Gobierno, pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal (militar)», aseguró.
Naturalmente obtuvieron los beneficios que fueron a buscar y la historia da cuenta de lo que tuvieron que «dar a cambio»…
Parlamentarios se suman
Al cierre de esta edición, un grupo de 19 senadores pedían por escrito a la Presidenta de la República que determinara medidas para favorecer a los condenados o procesados en estado terminal o afectados por enfermedades graves. Entre ellos algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría e independientes.
¿Gesto humanitario o abandono de víctimas?
Fuente: Cambio 21
