El pasado jueves 24 de septiembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, rechazó la objeción preliminar interpuesta por Chile respecto de su competencia para dirimir sobre la demanda boliviana
A grandes rasgos, exige al Estado chileno negociar prontamente y de buena fe un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, en un tiempo razonable y en forma efectiva.
Este escenario pone nuevamente el tema de la demanda marítima boliviana en la agenda política y pública como prioritario en ambos países; en consecuencia, se allana el camino para proponer fórmulas de integración subregional que, entre otros aspectos, represente una solución a dicha demanda. En otras palabras, es una nueva oportunidad favorable para el encuentro de los principales actores de ambos países que buscan incansablemente tal propósito.
En este contexto, Fernando Molina Monasterios sostiene que el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia existe desde el momento en que culminó la Guerra del Pacífico en 1879, y ha sido administrado por aparatos político-institucionales que, desde ambos países, tienen entre sus principales funciones encontrar “soluciones” a tal desavenencia desde los campos político, diplomático y judicial, procurando siempre favorecer sus objetivos históricos, es decir, mantener las negociaciones y las “soluciones” en status quo (no alterar los actuales límites fronterizos) y en estricto carácter bilateral por parte de Chile, mientras que Bolivia aguarda por alterar el Tratado de 1904 (la “ley”) y recuperar nuevamente su “cualidad marítima” (la “justicia”), propósito para el cual ha instalado el conflicto preferentemente en espacios multilaterales.
Lo anterior evidencia un punto de vista que resume con bastante exactitud el largo tránsito de relaciones diplomáticas entre Santiago y La Paz. Los acercamientos -y alejamientos- entre los dos países se han conducido por aparatos político-institucionales incapaces de encontrar soluciones que satisfagan a las dos partes, especialmente por lo que el autor reconoce como los objetivos históricos de los mismos que, coloquialmente, constituye un diálogo de sordos.
En esta línea, resulta imperioso desmarcarse de la estrategia político-institucional chilena de mantener el status quo de este asunto, y por parte de Bolivia, se torna imprescindible restar preponderancia a los postulados maximalistas que preconizan el recobro del litoral perdido que, de llevarse a cabo, implicaría cortar la continuidad político-administrativa del Estado de Chile.
Rodríguez Elizondo categoriza a este grupo de actores como los recuperacionistas, quienes se distinguen de los practicistas -dominantes en el debate político interno-, aquellos que buscan la obtención de territorios otrora peruanos (Tacna o Arica) y que, a su vez, se subdividen en los bilateralistas (que consideran que la solución a la mediterraneidad depende sólo de Chile y que Perú debe cumplir un rol subsidiario) y los trilateralistas (quienes lisonjean la idea de interponer una acción principal ante Chile y, posteriormente, ante Perú, país reconocido como un actor con capacidad de veto).
Asumiendo los postulados de ambos autores, debe concebirse entonces la importancia que la región fronteriza entre los tres países recobra en este conflicto, lo que implicaría la preeminencia de los actores practicistas trilateralistas en Bolivia y los contrarios al inmovilismo del aparato político-institucional en Chile. En este tenor, la ciudad de Arica aparece aquí como la zona más sensible. Bien lo resume desde una perspectiva realista Edgar Eckholt Ithurralde:
“Se trata de un puerto que perteneció a un país (Perú), que es la vía de acceso más próxima al mar de un segundo país (Bolivia), pero que pertenece a un tercero (Chile)”.
Visto así, una propuesta de integración trinacional parece ser a todas luces una solución razonable que atiende a diversos escollos, entre ellos los jurídicos -particularmente al Tratado de Lima de 1929 entre Chile y Perú- cuyo Protocolo Complementario obliga a cada país a consultar al otro, en caso de que alguno de ellos cediera a una tercera potencia (o sea, Bolivia) la totalidad o parte de los territorios motivos del acuerdo, vale decir, Tacna y/o Tarapacá; así como también podría resolver desabrimientos de naturaleza histórica, en tanto compatibiliza el permanente triple interés sobre la región ariqueña y podría integrar a los tres países en una región que en su momento implicó el germen de las hostilidades diplomáticas.
Con todo, una propuesta de integración trinacional debe ser una solución –definitiva o no– al enclaustramiento territorial de Bolivia, vale decir, debe acercar soberanamente a este país al Océano Pacífico. Particularmente, la propuesta de una región terrestre con soberanía compartidaentre los tres países pudiera resultar atractiva, pues elimina la idea de una resolución de conflictos con resultados de suma cero (todo lo que gana un actor lo hace en desmedro de todo lo que pierde el otro o los otros) y da la opción de establecer escenarios de soluciones win-win (todos ganan por igual, o en estándares similares).
Cabe destacar que la instauración de una región, corredor y/o espacio físico con soberanía compartida entre los tres países no es nueva. Existen al menos tres propuestas provenientes de Cancillerías y de académicos expertos en el tema, en las cuales esta alternativa se ha barajado como una posible solución a la mediterraneidad de Bolivia.
La primera se inscribe en el contexto del “Acuerdo de Charaña” de 1975. Grosso modo, este acuerdo correspondió a una breve distensión en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile que estaban rotas desde 1962, cristalizado en el acercamiento de los dictadores Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Banzer (Bolivia) en la localidad boliviana de Charaña. En ese contexto, Bolivia solicitó a Chile la “cesión de una costa marítima soberana entre la línea de la Concordia y el límite del radio urbano de la ciudad de Arica y la transferencia del ferrocarril”.
La propuesta chilena correspondió favorablemente a la boliviana, pues consistió en la disposición a negociar tal solicitud a través de la cesión de una franja territorial igualmente soberana (corredor), a cambio de algunas condiciones que, entre otras, incluía el canje de territorios.
Sin embargo, consciente de la existencia del Tratado de 1929 con el Perú, y especialmente del artículo 1° de su Protocolo Complementario, la Cancillería chilena puso a disposición de su homóloga peruana el ofrecimiento realizado a Bolivia. Como contrapropuesta, Perú asintió la cesión de la franja territorial, pero con la condición -que constituyó la base fundamental de su planteamiento- de la instauración de un área territorial contigua al corredor bajo soberanía compartida entre los tres países, situada entre la Línea de la Concordia, la carretera Panamericana, el casco norte de la ciudad de Arica y el litoral del Océano Pacífico. Al mismo tiempo, propuso que el puerto de Arica se rigiera por una administración trinacional. Finalmente, aceptó la cesión de soberanía exclusiva de Bolivia en el mar adyacente al litoral del área bajo soberanía compartida.
Por otra parte, dentro de las síntesis de las reuniones de doce académicos provenientes de los tres países en la Universidad Católica de Lovaina el 2006, en un documento conocido como el “Acta de Lovaina”, entre otras propuestas se sugirió la creación de un corredor terrestre con soberanía compartida entre los tres países, al igual que el mar adyacente a éste; o bien, la conformación de un corredor con soberanía exclusiva para Bolivia, al igual que su mar contiguo, pero con la creación de un “ente especial con patrimonio de afectación proporcionado por los tres países concernidos (que) comprendería entre otros bienes un puerto, sus instalaciones y accesos, recursos energéticos, hídricos e ictiológicos”
Por último, este 2015, doce académicos de los tres países atañidos recomendaron en la Universidad Católica Argentina, en un documento conocido como el “Acta de Buenos Aires”, la conformación de un “territorio entre la Cordillera de los Andes y el Pacífico integrado por las tres naciones, que procurarán conjuntamente su desarrollo, atendiendo principalmente a las personas que lo habitan” y que “Esta área de soberanía compartida sólo involucra el corredor, el puerto de Arica y el mar adyacente y no afecta la situación jurídica configurada a partir de los Tratados celebrados por Chile, Perú y Bolivia”.
Estos antecedentes permiten considerar firmemente la creación de una región terrestre con un régimen de soberanía compartida entre los tres países, que permitiría acercar a Bolivia de manera directa al Océano Pacífico y proyectarse desde allí con soberanía exclusiva hacia altamar. Al mismo tiempo, este último deberá saber compensar territorialmente a sus vecinos en un arreglo que deje conforme los tres países.
Pensar en las soberanías compartidas trinacional resulta posible además por la experiencia que estos países tienen en otros escenarios transfronterizos. Bolivia, Chile y Perú participan como Partes o Estados Miembros en espacios de integración internacional que permiten flexibilizar el concepto de soberanía, en mayor o menor grado y para propósitos distintos.
Dichos espacios además los integran con algunos de sus países vecinos, muestra de la capacidad de sus gobernantes por generar alianzas de integración, tal como señala Paul Löwenthal en el contexto de la elaboración del Acta de Lovaina. Estos son los tratados sobre grandes cuencas y ríos que integran Perú y Bolivia -siendo los únicos signatarios como en el caso de la Cuenca del Lago Titicaca, o bien como miembros de convenios más grandes, como los casos de las cuencas de la Amazonía y del Plata-; los tratados de paz entre Perú y Ecuador; y los arreglos mineros que ejecutan Chile y Argentina.
En consecuencia, la posibilidad de una macro-región trinacional pudiera hacerse posible rescatando estas experiencias, para lo cual se requeriría de: 1°) la voluntad política desde las máximas autoridades gubernamentales, partiendo por los Presidentes y sus cancilleres; 2°) el establecimiento de una agenda de integración amplia y sin exclusiones, superando todos los prejuicios históricos entre las naciones; y 3°) la creación de un organismo autónomo con personalidad jurídica internacional que administren los proyectos de integración y aseguren su financiamiento.
Una solución de estas características podría reportar una estabilidad jamás alcanzada en la región fronteriza, superar la concepción realista de las relaciones exteriores que se caracteriza ante todo por el pesimismo antropológico, instaurar una región trinacional que acabe con el enclaustramiento de Bolivia, ejecutar proyectos en directo beneficio de las poblaciones locales y los pueblos originarios, pero ante todo, crear los cimientos para una zona de integración subregional sin paragón en Latinoamérica.
Así, esta propuesta debe entenderse más allá de los resultados que se den como consecuencia del juicio que tendrán Bolivia y Chile en la CIJ. Un fallo favorable a Bolivia obligará a Chile a negociar, pero un fallo adverso no debería implicar un veto sempiterno a esta aspiración marítima en las relaciones diplomáticas bi y trilaterales. Por su parte, Perú debe sincerar su rol de actor con capacidad de veto y, por consiguiente, resulta imperioso que se asuma como un protagonista más en este asunto.
(*) Analista en Políticas y Asuntos Internacionales, USACH. Investigador Colaborador Programa Internacional del ICAL
Fuente: ICAL
