por Mario Rivas S. (*)
El 11 de septiembre de 1973 es una fecha sombría en la historia del país. Es como si una espada de sangre fuego y sangre la hubiera partido en un antes y un después.
Desde ese mismo instante empezó la represión contra quienes estaban construyendo una patria mejor, comenzando por el Presidente Salvador Allende, que pagó con la vida la lealtad con su pueblo, como el mismo dijo en sus conmovedoras últimas palabras; lealtad con el proceso de transformaciones profundas que encabezaba.
El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y carabineros, encabezados por generales traidores, llevaron a cabo el golpe de Estado contra el Gobierno Popular del Presidente Salvador Allende, dirigido y financiado desde Estados Unidos. Como escribiera Luis Corvalán, en su libro De lo Vivido y lo Peleado, “desde el primer momento quedó en evidencia el carácter fascista del golpe. Para derribar el Gobierno constitucional que estaba ya en un callejón sin salida, los golpistas tomaron decisiones absolutamente desmedidas, como el bombardeo de La Moneda por los Hawker Hunter, el ametrallamiento de poblaciones y otras acciones terroristas.”
Violencia física y sicológica, de la cual el bombardeo de La Moneda es un símbolo: acción innecesaria desde el punto de vista militar, pero fundamental para imponer el terror sicológico, porque su objetivo no era reemplazar a un gobierno, sino cambiar de raíz el proyecto revolucionario y popular impulsado por la UP, por otro contrarrevolucionario, el capitalismo salvaje, liberado de toda atadura, que hoy conocemos como modelo neoliberal, caracterizado concentración económica y la desigualdad social.
El 11 de septiembre de 1973 se implantó una dictadura cuyo método fue el terrorismo de Estado. La base teórica de los crímenes fue la Doctrina de Seguridad Nacional, o guerra de exterminio contra el enemigo interno, calificado genéricamente como comunismo.
La dictadura violó sistemáticamente los derechos humanos: genocidio contra el pueblo; miles de asesinados, degollados, desaparecidos, torturados, exonerados, exiliados, por lo cual fue permanentemente condenada por la ONU. El Informe Rettig documentó 2.279 muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad. Los dos informes de la Comisión Valech (noviembre 2004 y agosto 2013) reconocieron más de 40 mil víctimas de la dictadura. A esto se deben agregar los más de 400.000 exiliados y los miles de exonerados por razones políticas.
Hay quienes pretenden que olvidemos los crímenes. Son los que intentan blanquear a los criminales y a sus cómplices. Nosotros estamos por defender la memoria popular, por exigir Verdad y Justicia y por un Pacto Nacional para que nunca se repita semejante tragedia.
Esta violencia demencial se explica, como dije, porque el fin último de la dictadura, no era sólo derrocar al gobierno popular, sino implantar el modelo neoliberal.
Por eso, barrió con las conquistas de los trabajadores; eliminó el parlamento, prohibió los partidos populares y muchos de sus dirigentes y militantes fueron exterminados; disolvió la CUT y confederaciones y federaciones sindicales; impuso leyes laborales que arrasaron con las conquistas de los trabajadores; dictó una Constitución Política antidemocrática, aprobada por un plebiscito fraudulento; privatizó empresas del área social, que compraron a precio de huevo los grupos económicos; redujo al Estado a su mínima expresión, sin los medios para cumplir su deber proporcionar educación y salud; municipalizó la educación secundaria y terminó con la gratuidad de la educación universitaria
Hoy, la lucha continúa. El candidato de la derecha ya notificó que eliminará las reformas que con tanto esfuerzo logró aprobar el Gobierno de la Nueva Mayoría, y que apuntan a restituir algunos de los derechos sociales arrebatados por la dictadura. Entre ellas, la reforma tributaria, que busca redistribuir el ingreso; la reforma a la educación, que apunta a restituirla como derecho social, y que sea gratuita, universal y de calidad; la reforma laboral, que persigue emparejar la cancha en las relaciones laborales.
Son logros importantes, pero insuficientes. Para continuarlos y profundizarlos es necesario impedir el regreso de la derecha, lo cual exige unidad y amplitud para que en segunda vuelta salga elegido Alejandro Guillier, y también lograr mayorías en el Parlamento y los Consejos Regionales.
Por dura que sea la lucha, siempre contaremos con el ejemplo de coraje, consecuencia y lealtad que nos legó el compañero Presidente Salvador Allende, quién entendía que sin unidad es imposible lograr el cambio social, y prefirió dar la vida, antes que faltar a sus compromisos.
Como él dijo, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. No me cabe duda que, si somos capaces de trabajar con unidad, estará más cerca el día en que podamos decir que abrimos las anchas alamedas para que por allí pase el pueblo libre.
(*) Contador; ex Gobernador de Copiapó, candidato a diputado por el Partido Comunista.
