El pasado 9 de septiembre, un grupo de diputados del partido Demócrata Cristiano presentó un proyecto de ley que busca establecer medidas de reparación a las victimas de violaciones a los derechos humanos. La iniciativa señala que el respeto de los derechos humanos comprende, entre otros, el deber de reparación, el que ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Además, se propone considerar los siguientes elementos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
La moción, enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, fue presentada por los diputados Claudio Arriagada, Fuad Chahin, Iván Flores, Sergio Ojeda, Ricardo Rincón, René Saffirio y Gabriel Silber.
Los parlamentarios consideraron que, en nuestro país, existen hombres y mujeres víctimas de violencia política que se encuentran viviendo la última etapa de sus vidas, ya que son adultos mayores, que viven una re-victimización inaceptable.
«El sufrimiento psíquico y emocional de no haber obtenido, hasta la fecha verdad, justicia, reconocimiento o reparación de su dignidad; profundo dolor que produce el hecho que, el mismo Estado que les reconoció su calidad de víctimas de delitos de lesa humanidad, no les entregue los únicos remedios que les permitirían recobrar en algo la paz que perdieron hace 25 años”, plantearon.
Recordaron que los “Principios y Directrices relativos a los Derechos de las Víctimas en casos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, de la Organización de Naciones Unidas Naciones, señalan que las víctimas tienen derecho a una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
“Los verdaderos demócratas de este país no podemos seguir callando, permanecer inertes ni indiferentes.Tampoco podemos aceptar que sus demandas no sean escuchadas o se tergiversen, reduciéndolas sólo a un aspecto monetario o económico, minimizando u ocultando la exigencia vital de que el Estado los reconozca como es debido”, sostuvieron.
Expresaron que es fundamental concretar el triple deber ético, jurídico y político de hacer efectiva la reparación plena, comenzando con la aprobación de un proyecto de ley en el que, tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo, adopten e implementen medidas concretas de satisfacción de las víctimas y la garantía de no repetición de las violaciones. En este último plano, postularon la necesidad instituir el retiro de toda imagen de violadores de Derechos Humanos de todas las dependencias públicas y poner en su reemplazo una imagen que simbolice «un no rotundo a la violación a los derechos humanos».
«Es una medida de educación y concienciación cívico-militar mínima respecto del valor de los Derechos Humanos en sociedad y una primera piedra en la construcción social, institucional e histórica de la garantía de no repetición», acotaron.
Finalmente, indicaron que tal forma de reparación no significa costo económico alguno para el Estado, sino que sólo implica voluntad política de realizarlos, real compromiso y comprensión de la situación vital de las víctimas, además de una seria intención y una acción concreta de cumplimiento de los deberes estatales.
