Nunca un asado, más encima frustrado, había tenido un costo tan alto para los homenajeados. Resulta que el furtivo agape que algunos fachos despistados organizaron en «honor» de Miguel Krassnoff, fue la gota que rebalsó el vaso. Y fue tanto el cántaro al agua, que al Presidente Sebastián Piñera no le quedó más remedio que anunciar el cierre del penal Cordillera, y el traslado de los diez reclusos de mayor rango entre los sicarios de la dictadura, al Penal de Punta Peuco, donde cumplen condena otros 48 pájaros de cuenta. Coincidentemente, ese mismo día fuentes judiciales filtraron el informe del fiscal Daniel Calvo sobre Punta Peuco, en el que resaltan las óptimas condiciones de reclusión de los violadores de derechos humanos, en esta república neoliberal. En suma, de la cárcel cinco estrellas fueron degradados a una de cuatro.
«El Gobierno, tomando en consideración tres principios, primero la igualdad ante la ley; segundo, la seguridad de los internos; y tercero, el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, ha tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera», declaró Piñera, quién agregó que «se trasladará a los internos que están en ese centro y que son 10 personas, al centro penitenciario de Punta Peuco».
El penal Cordillera era parte del Comando Administrativo del Ejército (CAE) donde estaban los militares de mayor rango condenados por violaciones a los DD.HH.
El Mandatario había anunciado el pasado jueves 19 de septiembre tomaría una decisión respecto a la continuidad del recinto carcelario, donde aseguró que el ex director de la DINA, «es una persona que no merece, desde mi punto de vista y mi criterio, ningún aprecio, ninguna justificación, ninguna cercanía».
Así se vivía en el penal Cordillera
Previo a esto, la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez dio a conocer el informe de visita semestral al Penal Cordillera, donde se reveló que los diez ex uniformados condenados por violaciones a los DD.HH. se distribuyen en cinco cabañas «bien equipadas».
Estas viviendas «cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipadas».
Además, los reos tienen acceso a radio, música, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas, además de «contacto permanente con sus familias».
Los criminales «se encuentran asistidos por médico, psicólogo, asistente social, tres paramédicos y un kinesiólogo. En caso de emergencia, son trasladados a Hospital Militar».Según fuentes de La Moneda, en los próximos minutos el presidente Piñera anunciará el cierre del Penal Cordillera de la comuna de Peñalolén, y el traslado de los diez reclusos que hasta hoy cumplen condena en la denominada cárcel cinco estrellas, al Penal Punta Peuco en Til, donde hay otros 44 ex uniformados presos por delitos de lesa humanidad. En forma coincidente, y un día después del informe semestral sobre el penal Cordillera, fuentes judiciales revelaron el enforme del fiscal Daniel Calvo sobre Punta Peuco, en que que también resaltan las óptimas condiciones de reclusión de que disfrutan los violadores de derechos humanos en la repúbblica neoliberal.
Y así se vive en Punta Peuco
A un día de que se conociera el informe de la Corte de Apelaciones que detalla las condiciones en las que vive una decena de condenados por violaciones a los derechos humanos en el Penal Cordillera, el tribunal de alzada dio a conocer otro documento que señala lo propio en relación con la unidad Punta Peuco, el otro recinto carcelario especial construido bajo los gobiernos de la Concertación para albergar a represores.
El informe fue elaborado por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, Daniel Calvo, tras una visita al penal efectuada el pasado 2 de julio.
Según describe el documento, el recinto «posee cuatro módulos, cada uno con su propio patio, sala de estar, baño y cocina», además de «enfermería, cocina y dos canchas de recreación».
El penal también tiene «un área de quinesiología, biblioteca y sala multiuso». Esta última al momento de la visita «se encontraba ocupada por la pastoral, quienes estaban realizando una misa a los internos».
«Se constató que cada interno vive en excelentes condiciones ya que cada uno posee su propia cama, buen colchón, ropa de abrigo suficiente e incluso, algunos tienen calefacción propia», anotó el juez Calvo.
También merecieron el calificativo de «excelentes» -para el examinador- las «condiciones higiénicas y la infraestructura» del recinto:
«A lo menos hay un baño común por módulo y consta de duchas, lavamanos y urinarios, sin perjuicio de que cada habitación tiene su baño propio».
El penal cuenta a la fecha «con capacidad de albergar a 48 internos», y al momento de la visita había 44 reclusos, quienes son custodiados por 66 gendarmes. Hay también «un sicólogo, un administrativo, dos técnicos y cuatro auxiliares».
Daniel Calvo consigna que «el horario de desencierro de la población penal es a las 08:30 y el encierro es a las 22:00».
«Asimismo, las visitas se efectúan los días miércoles, sábados y domingos entre las 10:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 17:00 horas».
«La alimentación entregada por el penal es de buena calidad» y «se prepara la misma tanto para la población penal como para el personal. Sólo varía que la población penal recibe después de la última comida una colación extra». En la preparación de comida no se utiliza sal, debido a que hay varios enfermos y no se prepara «dieta particular para ningún interno».
El día de la visita, 2 de julio, el almuerzo consistía en un «budín de zapallo con arroz» y de cena «fideos espirales con salsa».
En Punta Peuco «cada módulo cuenta con cocina equipada con refrigerador, hervidor, servicio, y microondas, etc., para que (los internos) puedan prepararse los alimentos proporcionados por sus familiares».
Posee tres celdas de castigo, pero «desde la última visita efectuada por el suscrito (Calvo, en febrero) no se han registrado castigos».
En relación con los beneficios carcelarios, como salidas de fin de semana, 12 internos gozan de éstos. Los reos también cumplen turnos para «repartir la alimentación y realizar el aseo de módulos».
El juez también relata en el informe que «en la visita efectuada en el mes de febrero se constató que se retiraron todos los computadores que estaban en poder de los internos, ya que al revisar sus dependencias se encontraron dispositivos de internet móvil prohibidos por el reglamento civil», situación que se mantiene.
«En entrevista con los internos, al igual como lo han señalado anteriormente, manifestaron un reconocimiento a las labores que cumple el personal de Gendarmería con ellos y, en especial, por su trato deferente, ya sea con ellos como con sus familiares los días de visita», indicó Daniel Calvo.
En el documento se establece que 44 de las 48 plazas que posee el recinto se encuentran ocupadas, lo que impediría el traslado de 10 internos del penal Cordillera que planea realizar el Gobierno.
Asimismo el fiscal Calvo señaló que los 12 container que eran utilizados para aumentar las vacantes para 68 reos ahora se ocupan en bibliotecas, gimnasio y kinesiología, para realizar misas y como salas multiuso.
El personal a cargo está compuesto por 66 funcionarios de Gendarmería, más un psicólogo, un administrativo, dos técnicos y cuatro auxiliares.
El fiscal Calvo detalla la lista de los 12 internos que cuentan con beneficios intracarcelarios y puntualiza que 9 reos están postulando al permiso de salida dominical.
Por último, el informe señala que los internos del recinto realizan un reconocimiento favorable a las labores que cumple el personal de gendarmería, que según dijeron tiene un «trato deferente con ellos y con sus familiares».
Algunos de los reos que cumplen condena en Punta Peuco también han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, como Carlos Alberto Herrera Jiménez, Cristoph Willeke, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Estay Reino.
Descargue el informe
Directora del INDH llamó a cerrar Punta Peuco y Cordillera
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, opinó que las dos cárceles especiales construidas bajo los gobiernos de la Concertación para albergar a los condenados por crímenes de lesa humanidad no se justifican y debieran ser cerradas.
Las entrevistas de Manuel Contreras negando las violaciones a los derechos humanos y la declaración del Presidente Sebastián Piñera en el sentido de que está «estudiando» el cierre del Penal Cordillera reabrieron el debate sobre estos recintos.
Un «asado» en honor a Miguel Krassnoff y dos informes judiciales que dan cuenta de las «excelentes condiciones» en las que viven los internos de las unidades penitenciarias Cordillera y Punta Peuco tienen el tema en la palestra.
«La verdad es que lo que pasa en Cordillera, los privilegios que se ven en estas dos cárceles, son una afrenta para la dignidad de las personas privadas de libertad», dijo, en este sentido, Lorena Fries.
«Yo creo que hay que cerrar las dos. Uno no puede en materia de derechos humanos nivelar hacia abajo; no se justifican las condiciones especiales en general que tienen respecto de esos penales», agregó la abogada.
