No es frecuente que medios de alcance global le dediquen cobertura y espacios a noticias provenientes desde Chile, un país esquina muy lejano de los centros de decisión, como no sean del sector económico, puesto que está muy arraigado el mito ideológico del país jaguar, ejemplo para el mundo. Por tanto no era de extrañar que medios importantes, como El País de España, BBC Mundo de Inglaterra, y la Agencia de Noticias Prensa Latina, de Cuba, hayan destacado en sus ediciones de hoy el encarcelamiento de los pentaboys. Así lo publicaron.
Prisión para seis de los implicados en el ‘caso Penta’ en Chile
Rocío Montes
Es el mayor caso de corrupción que se haya visto en Chile y el que ha llegado más lejos. Los dos dueños del grupo chileno Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, junto a otros cuatro implicados en la trama de evasión de impuestos y financiamiento irregular de la política que afecta sobre todo a la derecha, han comenzado a cumplir prisión preventiva en un anexo de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago de Chile, según ha determinado esta mañana el magistrado Juan Escobar, en una audiencia que ha causado amplia expectación pública y reacciones inmediatas del mundo político y empresarial.
Después de tres días de audiencias de formalizaciones, el juez ha realizado una detallada exposición donde ha explicado los alcances jurídicos del caso Penta y justificado las medidas cautelares. Además de la prisión para Délano y Lavín por delitos tributarios y sobornos, dos empresarios reconocidos y con amplias redes en la política, Escobar ha decidido aplicar la prisión preventiva para los exgerentes de la compañía Marcos Castro y Hugo Bravo, el exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner, y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez, que se encuentra encarcelado desde septiembre de 2013. De acuerdo al magistrado, que considera que los seis formalizados son un peligro para la sociedad, la tesis de delitos reiterados planteada por la Fiscalía es válida y las penas, que se determinarán en un plazo de 120 días de investigación, pueden llegar hasta a los 15 años de cárcel.
El juez también ha determinado el arresto domiciliario para el gerente del grupo, Manuel Tocornal, y la firma semanal para Manuel Irrarázaval y Carlos Bombal, ejecutivos de Penta, una empresa que funcionó por años como una máquina para defraudar al Fisco, según el Ministerio Público. No solamente diseño complejos mecanismos para evadir impuestos, entre ellos los aportes a las campañas, sino que además sobornó a funcionarios públicos a cambio de dinero.
Las medidas anunciadas esta mañana han representado un golpe inédito a la clase empresarial y a la derecha, sobre todo a la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido que defiende la doctrina y que ha sido el mayor beneficiado por los aportes ilegales para las campañas. Entre los políticos implicados se encuentran dos senadores y un diputado en ejercicio de este partido, que hasta ahora se han mantenido en sus cargos en el Parlamento. El magistrado Escobar ha anunciado esta mañana que interrogará a los diez dirigentes nombrados en la causa, lo que convierte al caso Penta en la mayor trama de dinero y política que se haya visto en el país, y ha manifestado que se hace necesario un cambio a las leyes anticorrupción.
En Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se ha referido también a la necesidad de modernizar la legislación: “Creo que las penas por los delitos de corrupción tienen que aumentarse y hacerse coherentes. No puede ser lo mismo sobornar a un empleado público y defraudar al Fisco en cientos de millones que robar una gallina”.
Los formalizados en el caso Penta han ingresado al anexo Capitán Yáber, al interior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, construida para los presos por delitos económicos y hechos de alta connotación pública. Tiene cuatro celdas, todas con baños, un comedor, un sicólogo, sala de pool y una cancha baby de fútbol, entre otras instalaciones. Los implicados estarán al menos durante todo el fin de semana en prisión, hasta que la Justicia se pronuncie sobre las apelaciones de la defensa.
Fuente: El País
Chile: ordenan prisión preventiva para dueños del grupo empresarial Penta
La justicia chilena solicitó este sábado prisión preventiva para varios de los empresarios involucrados en el escándalo de corrupción del holding de empresas Penta, uno de los más grandes del país.
La decisión, tomada por el juez Juan Manuel Escobar por petición del fiscal Carlos Gajardo, involucra entre otros a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, propietarios del grupo empresarial.
Délano y Lavín, junto a Pablo Wagner, subsecretario de Minería durante el gobierno de Sebastián Piñera, recibieron por parte del juez una orden de prisión preventiva.
El origen de Penta se vincula a los procesos de privatización de empresas públicas bajo el régimen de Augusto Pinochet (1973-1981).
A mediados de 2014 se reveló una trama de corrupción y de evasión de impuestos que relacionaban a importantes directivos de Penta.
Sin embargo, fue durante las investigaciones por fraude fiscal donde se revelaron los nexos con políticos de algunos sectores cercanos al expresidente Sebastián Piñera y del partido de la Unión Democrática Independiente, UDI.
Para la colaboradora de BBC Mundo en Chile, Paula Molina, este hecho ha causado una fuerte conmoción en el país que es considerado unos de los menos corruptos del continente.
«Es el mayor escándalo financiero en Chile de los últimos años. Empresarios están siendo acusados por delitos tributarios, cohecho, soborno y lavados de activos», señaló Molina.
Fuente: BBC Mundo
Chile cierra espacios a corrupción con prisión preventiva
Por Fausto Triana
Chile lanzó hoy claras señales de advertencia a una cruzada contra la corrupción, con la orden del juez Juan Manuel Escobar de prisión preventiva para seis de los 10 imputados en el llamado caso Penta.
Luego de cuatro días de audiencias, transmitidas en vivo y en directo por la televisión nacional, el magistrado del 8 Juzgado de Garantía de Santiago determinó enviar a la cárcel especial Capitán Yáber a seis de las 10 personas formalizadas.
El expediente Penta, nombre del conglomerado económico que trasgredió la legislación chilena, se refiere al financiamiento ilegal a campañas políticas alrededor de lo cual se desataron numerosos manejos irregulares de dineros.
Los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y los exgerentes de Penta, Hugo Bravo y Marcos Castro, fueron remitidos a prisión por cuatro meses.
También el exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez, quien en realidad ya se encuentra detenido por otro caso de fraude. El dictamen es apelable y los abogados defensores ejercerán sus derechos la próxima semana.
La víspera, el fiscal Carlos Gajardo presentó sus argumentos en el proceso de formalizaciones que llevarán a un eventual juicio, para lo cual según el juez Escobar, debe tener listas sus acusaciones en el curso de 120 días.
«Queremos que la ley deje de atrapar mariposas y deje pasar elefantes», sentenció Gajardo al subrayar que los delitos de Délano y Lavín, están «ampliamente acreditados».
El persecutor los acusó de «mentir descaradamente» por ocultar en sus declaraciones de meses atrás ante la Fiscalía, la existencia de numerosos contratos irregulares.
Sobre esos dos empresarios, el juez Escobar sostuvo que «se ha justificado la existencia de tres delitos de soborno o sobornos reiterados y de cinco delitos tributarios, todos ellos en carácter de reiterados».
Explicó que si bien el delito tributario tiene una sanción de presidio menor, al ser cinco y reiterados «debe imponerse la pena correspondiente a los diversos delitos estimados como uno solo, pero aumentándolo en uno o dos grados, con penas mayores».
Al referirse al ex subsecretario de minería en el Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, el juez dijo que está imputado por «casi toda la variedad de delitos tributarios, además en carácter de reiterados».
También se le ha imputado el cohecho en carácter de reiterado y lavado de activos. Su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, fundada en la gravedad de la pena asignada y número de delitos imputados, acotó.
El diputado y presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Gullermo Teillier, dijo en una declaración oficial que las medidas cautelares «encienden una luz de esperanza de que se hará justicia frente a actos de corrupción».
Eran cosas que se realizaban, por muchos años, con absoluta impunidad. Al fin se cuestiona judicialmente hechos que nuestra sociedad condena mayoritariamente, recalcó.
Teillier manifestó su esperanza de que ese golpe a la impunidad, «se haga extensivo a los actores políticos, diputados y senadores, que sabían de estos hechos delictivos, los consintieron y se beneficiaron de ellos (…)»
Consideró asimismo que el veredicto hace más necesario avanzar en una legislación que cambie la actual institucionalidad en todo lo que facilite estos hechos de corrupción.
Este asunto debiera culminar con el cambio de la actual Constitución del Estado que se impuso bajo dictadura y que es la base de este sistema de desigualdad e injusticia, sentenció Teillier.
Fuente: Prensa Latina
