por Hugo Fazio (*).
El Gobierno anunció un “Plan económico de emergencia para enfrentar el coronavirus”. Una iniciativa con este propósito era, sin duda, necesaria y claramente el monto propuesto resulta insuficiente.
“Chile -comentó Barry Eichengreen, destacado académico de la Universidad de California, Berkeley- obviamente está en una posición muy delicada. Cuando la gente me pregunta ‘quiénes son los que propician una crisis financiera’, respondo la combinación de un shock económico y financiero negativo y un gobierno débil, esto último entendiéndolo como un apoyo político limitado”.
Luego calificó como positivo que el gobierno haya planteado un paquete de estímulo. “No obstante -agregó-, con la disminución de los precios de los commodities y el deterioro de las condiciones en todos los mercados emergentes debe hacer más (…). Yo recomendaría a Chile otro estímulo de 5% del PIB ahora” (23/03/20).
El paquete fiscal es en realidad menor si se considera que un porcentaje significativo de lo anunciado debe ser devuelto en un plazo breve al Servicio de Impuestos Internos o al sistema bancario. Del total de los recursos anunciados, US$ 6.000 millones son medidas tributarias que prorrogan la cancelación de impuestos por un lapso de tres meses, después deben pagarse.
“El paquete tiene de gasto de verdad -calculó el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés-, cerca de 1,5 puntos del PIB, por tanto, hay más espacio. (…) Tenemos que mirar -además- la fuerza de cada medida. La forma de postergar impuestos por algunos meses (…) no tiene el mismo calibre que dar un crédito al mundo financiero con recursos fiscales a tres o cuatro años plazo” (29/03/20).
Si se le compara como porcentaje del producto es muy inferior al acordado por países europeos, para no hablar del aprobado por la Casa Blanca y el Congreso de EEUU del orden de los US$ 2,2 billones, acompañado de una activa política de relajamiento cuantitativo por la Reserva Federal.
El financiamiento del plan, detalló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se efectuará por cuatro mecanismos.
Uno de ellos es recurrir al 2% constitucional del presupuesto para fines de emergencia. Sin embargo, se trata de un porcentaje en un presupuesto deficitario, cuyo monto se encuentra por lo demás en un elevado proceso de expansión, llegando según las estimaciones oficiales a un 7% del PIB, dado que se proyectó con un crecimiento de 1,3%, cuando la realidad indica que será negativo.
Al mismo tiempo, la cotización internacional del cobre igualmente es bastante menor a la estimada, que fue de US$ 2,80 la libra. Su promedio en lo transcurrido del año ya se ubicó por debajo de los US$ 2,60 la libra y seguirá cayendo.
La Dirección de Presupuestos ha estimado que ambos efectos tendrán un impacto negativo de US$5.000 millones, aumentando el déficit efectivo a un 7% del PIB.
El 2% constitucional suma US$1.400 millones.
“Son recursos fiscales -señaló Briones- que tienen que salir de alguna parte, en este caso de los fondos soberanos, y aumento de la deuda (…)”.
Briones acotó que “va a ser un mix, porque el endeudamiento es contingente a las condiciones del mercado (…). Los ahorros están ahí”.
Al entregarse el proyecto de ley al Congreso se solicitó aumentar el endeudamiento, autorizado en la Ley de Presupuesto de hasta US$9.000 millones, en otros US$4.000 millones y retirar del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) US$3.000 millones.
Briones explicó que ya se tenía contemplado utilizar US$2.000 millones, de manera que con ambos egresos el fondo quedaría con unos US$7.000 millones.
Otro monto cercano a los US$10.000 millones se encuentra colocado en un segundo fondo soberano en el exterior, el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), el cual de ser necesario también en algún momento puede utilizarse. Más aún, las necesidades financieras exigen una modificación a fondo del sistema de pensiones.
Por tanto, el Fisco dispone de importantes recursos sin utilizar. De este fondo se propuso suspender por dos años el aporte anual fiscal de US$500 millones. En la Cámara de Diputados se rechazó el incremento en el tope de la deuda, considerándose que los montos requeridos no serían suficientes para enfrentar la crisis. Pero, finalmente fue aprobado en la comisión mixta.
El ministro de Hacienda añadió que algo más de US$4.000 millones no constituye un gasto fiscal inmediato y se irán desembolsando en la medida que lo permita la flexibilidad presupuestaria. Entre estos consideró los fondos de capitalización a destinarse al BancoEstado y al Fondo de Cesantía Solidaria, para el cual se proyectan hasta US$2.000 millones.
A estos últimos se les debe sumar los $220.000 millones acordados con anterioridad. La fuerza con que avanza la crisis hace necesario aportarlos en un breve plazo.
El seguro de cesantía tiene acumulados en cuentas individuales y solidarias algo más de US$12.000 millones.
La capitalización al BancoEstado está destinada a cumplir un objetivo anticíclico. Es “el factor -destacó el presidente de la institución, Arturo Tagle-, que determina el tamaño adicional al que puede crecer el banco. Esto le da una potencia adicional que nos viene muy bien para ayudar a las empresas que van a tener problemas”.
De acuerdo a estimaciones del propio banco esta capitalización sumada a una anterior efectuada al producirse el estallido social, “podría implicar -calculó su vicepresidente, Pablo Correa- US$7.500 millones, estresando el balance del banco a su máxima capacidad” (21/03/20).
Más que nunca queda clara la importancia de la existencia de empresas estatales en sectores económicos claves. Varios países en el contexto de la crisis visualizan recurrir a nacionalizaciones.
En Alemania, el ministro de Finanzas habló de la posibilidad que el gobierno compre acciones de grandes empresas como Lufthansa. En Francia su también ministro de Finanzas planteó que se evitará la quiebra de grandes empresas “incluso nacionalizándolas si es necesario”. Por su parte, en Italia ya se acordó nacionalizar la línea aérea Alitalia, que enfrentaba dificultades económicas.
En cuanto al Fondo de Cesantía Solidaria se propuso que, cuando por decisión de la autoridad se establezca en la empresa una suspensión temporal del trabajo, sin cortar los vínculos con ella, la cual debería continuar pagando las cotizaciones, el trabajador se acogería al seguro de cesantía en las mismas condiciones que si hubiese sido desvinculado.
En la reunión efectuada por Ignacio Briones con los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, para explicar el plan económico de emergencia, se cuestionó la insuficiencia de los montos destinados a este propósito. Otro tanto se hizo con la propuesta de recurrir primero a los recursos existentes en las cuentas individuales del trabajador. El primer monto a utilizar debe provenir de los fondos fiscales destinados a este propósito, que se financiarán con recursos del Tesoro Público, los cuales deberían aumentarse.
Otro tema concreto es el de los trabajadores informales. El proyecto de ley considera un bono de apoyo por una vez a los ingresos familiares de $50.000 por beneficiario que esté incorporado al Programa de Subsidio Único Familiar o en el Subsistema Seguridades y Oportunidades, calculando que ello sería recibido por 2 millones de personas.
Es un monto muy reducido. Por ello en la Cámara de Diputados y el Senado fue rechazado, buscando que se mejorase la propuesta e igualmente eliminando el que se conceda solo en una oportunidad. Finalmente se aprobó incrementando el número de beneficiarios. En Argentina, se dio el paso de entregar en abril un Ingreso Familiar de Emergencia a los trabajadores informales por un monto equivalente a US$ 150, agregando su ministro de Economía, Martin Guzmán, “que podría repetirse en mayo“ (23/03/20).
Las iniciativas fiscales deben complementarse con las medidas monetarias del Banco Central. Como ha señalado Ricardo Caballero, académico del Departamento de Economía del MIT, “el recorte de tasas de los bancos centrales no es una medida muy profunda en este contexto. Sin embargo, las medidas de liquidez sí lo son”.
En el caso de Chile, el Instituto emisor tiene tasas de interés reales negativas desde hace tiempo y su efecto en la actividad económica real ha sido muy limitada. Para generar liquidez ha adoptado el acuerdo de adquirir en el mercado, entre otros, sus propios instrumentos de deuda, alternativa claramente limitada.
En cambio, los títulos de deuda fiscal crecen como uno de los mecanismos para obtener el financiamiento requerido para enfrentar la emergencia. Sin embargo, la adquisición de estos títulos por el Banco Central está prohibido por la Constitución y su propio estatuto, el cual fue también promulgado durante la dictadura.
En la evolución de la economía chilena, que es extraordinariamente abierta, en la decisión de políticas debe tenerse en consideración lo que acontezca en el escenario externo.
La directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, dio a conocer estimaciones entregadas al G20 para el año en curso.
“Nuestro pronóstico para 2020 -escribió- es negativo: una recesión al menos tan fuerte como durante la crisis financiera o más (…) muchos países emergentes y de bajos ingresos (como Chile) encaran desafíos significativos, están viéndose negativamente afectados por las salidas de capitales y su actividad doméstica se verá severamente impactada“.
Desde que estalló la crisis del coronavirus, los países emergentes y en desarrollo experimentaron la salida de US$83.000 millones de sus mercados de renta fija y variable. “Es -subrayó la directora de FMI al dar esta cifra- la mayor salida de capitales desde que hay registros” (24/03/20).
La reducción de las cotizaciones de los productos que exportan también ha sido significativa. El FMI, debido a estos hechos negativos empezó a recibir demandas urgentes de apoyo financiero.
Es probable -adelantó Martin Wolf en Financial Times- que las brechas financieras externas agregadas de los países emergentes y en desarrollo superen con creces la capacidad crediticia del FMI” (26/03/20).
En Chile, las cifras del comercio exterior de la primera quincena de marzo son elocuente reflejo de la contracción de la economía global y de la demanda interna. Las exportaciones se redujeron en 14,7% y las importaciones en 22,1%, disminuyendo las de bienes de capital en 32,5%, que constituye un indicador adelantado de la inversión.
(*) Economista; ex vicepresidente del Banco Central, presidente CENDA
Fuente: El Siglo
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