Ley de Pesca, 15 Años de Ilegítima Legislación Empresarial: Una Típica Ley Hija del Maridaje Entre Política y Negocios

La Ley de Pesca huele a podrido y no por culpa de los pescados. Su legitimidad es cuestionada por miles de pescadores artesanales y defensores del patrimonio marítimo. La juzgan «el mejor ejemplo de la subordinación del poder político al económico». ¿Sus argumentos? El historial de íntimas conexiones entre autoridades y empresarios pesqueros que pavimentaron la privatización a perpetuidad de los peces chilenos.

Derogar la Ley de Pesca es el objetivo que se pusieron los pescadores artesanales agrupados en el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, Condepp.“No es una ley justa, ni tampoco es una ley legítima”, señala su vocero Hernán Machuca, porque “otorga la propiedad de los peces chilenos a los industriales, que no producen para el consumo humano, por lo que es un problema de seguridad alimentaria, pero también por los vicios de su tramitación, punta del iceberg de la relación entre política y dinero”.

La campaña de la Condepp agarra vuelo luego de revelarse los pagos que recibió el senador de la UDI Jaime Orpis desde la empresa Corpesca, una de las principales beneficiadas con la legislación. Según confesó a la Fiscalía Francisco Mujica, ex gerente general de la pesquera del grupo Angelini, Orpis se acercó personalmente a la empresa para solicitar fondos para su campaña, pagos que respaldó con facturas de servicios nunca prestados.

El caso de Orpis se suma al de la ex diputada Marta Isasi, regionalista y luego independiente apoyada por la UDI, investigada al igual que Orpis por recibir dinero de Corpesca y participar de un eventual cohecho que pudo influir en la ley promulgada en 2012, conocida como Ley Longueira por el papel dirigente que desempeñó el entonces ministro de Economía de Piñera en su aprobación.

Pero la Condepp no cree que las razones que hacen ilegítima a la Ley de Pesca se agoten en los casos de Isasi y Orpis. Por eso solicitaron a la Fiscalía que investigue la posible intromisión de otras grandes compañías del rubro en la votación de más parlamentarios. Es así que el ente persecutor, acogiendo la petición, ordenó al Congreso la entrega de los registros y audios de todas las sesiones de las comisiones de Pesca de ambas cámaras durante la tramitación de la ley y las votaciones de los legisladores.

Al primero que apuntan los artesanales es al diputado UDI Jorge Ulloa, que en el mundo pesquero lleva el nombre de “guardián de Asipes”, la Asociación de Industriales Pesqueros. El legislador tuvo como asesores al gerente de esa asociación Luis Felipe Mondaca y al gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) Héctor Bacigualupo, durante la tramitación del proyecto. Esto quedó registrado en el historial de la Comisión Mixta que la aprobó. “Ellos en la mañana se ponían la camiseta de su empresa, por la cual están contratados, y en la tarde los inscribía el diputado Ulloa como asesores en materia de legislación pesquera”, denuncia Hernán Machuca.

Pero según los impulsores de la derogación la Ley de Pesca, los parlamentarios que trabajaron para las grandes pesqueras durante su tramitación no sólo son más, sino también más poderosos. Y lo vienen haciendo desde que el ex Presidente Ricardo Lagos lanzara la famosa Agenda ProCrecimiento el año 2001.

Entre los opositores a la legislación se comenta que Isasi y Orpis están siendo “sacrificados” como forma de “contener la escalada” del problema. El hilo, dicen, se estaría cortando por lo más fino. Según conocedores de la indagación de la Fiscalía, el nombre de Orpis habría aparecido luego de que Isasi asegurara al fiscal que “no voy a caer sola”.

La DC en el ojo del huracán

Cuando se tramitaba la ley, el Condepp le solicitó al entonces presidente del Senado, Camilo Escalona, la inhabilitación de los senadores Jovino Novoa (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Carlos Larraín (RN) y Andrés Zaldívar (DC). La decisión pasó a la Comisión de Ética de la Cámara Alta, que a su vez la devolvió a cada senador, siendo Larraín el único que optó por marginarse.

Pero no era la primera vez que Andrés Zaldívar tomaba la misma decisión. En 2002 tampoco quiso perderse la oportunidad de votar a favor la Ley Corta de Pesca impulsada por el ex presidente Lagos, a pesar de que la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), entonces instancia unitaria de los artesanales, solicitó su inhabilidad y la de su hermano Adolfo.

En ese entonces, los senadores Zaldívar participaban en la empresa pesquera Eperva, propiedad del grupo Angelini, a través de 4.656.646 acciones que correspondían a un monto de $838,2 millones de pesos de ese año.

Según El Mercurio de Valparaíso, los hermanos Zaldívar vendieron esta participación antes de votar. Sin embargo, un tercer hermano, Felipe Zaldívar, era el presidente de la entidad y Alberto Zaldívar, Javier Zaldívar, Gonzalo Zaldívar y Guadalupe Zaldívar también tenían acciones en la empresa.

Diez años más tarde, cuando Andrés Zaldívar nuevamente se negó a inhabilitarse, su hermano Manuel Zaldívar era director de Corpesca y su sobrino, Felipe Zaldívar, gerente comercial de la misma empresa.

En 2012, todos los senadores DC votaron a favor de la Ley de Pesca, siendo la única excepción la hoy ministra del Trabajo Ximena Rincón. Los otros senadores concertacionistas que aprobaron el proyecto fueron los socialistas Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier.

La situación no sorprendió a nadie, no sólo por los intereses de los Zaldívar, sino por el histórico vínculo de grandes empresarios del sector con la DC. En la industria y en el Parlamento se comenta como una verdad fuera de discusión que el imperio Angelini es una de las principales fuentes de financiamiento del partido, pero también la familia Yaconi-Santa Cruz, que junto a los Sarquis (emparentados con los Zalaquett de la UDI) controlan el holding Blumar, uno de los cuatro grandes beneficiados con la Ley de Pesca.

De esta última familia procede Pedro Yaconi Baldevenito, recaudador de la última campaña presidencial de Eduardo Frei. Este abogado de 48 años es investigado por la Fiscalía luego de que en la denuncia presentada por Impuestos Internos apareciera una factura emitida a Soquimich por la empresa Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, de propiedad de Yaconi y su ex esposa Mónica Urzúa Frei, sobrina del ex presidente.

El papel de Lagos

La Ley de Pesca entrega a perpetuidad los derechos de captura de los peces a siete familias: Angelini, Sarquis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz. Entre todas forman los consorcios Orizon, Blumar, Marfood y Pesquera Camanchaca. Según América Economía, estos grupos componen una industria que se ha transformado en los últimos 13 años, pasando de estar conformada por 76 empresas a tan sólo cuatro grandes holdings.

Este proceso de concentración se desencadenó con la Ley Corta de Pesca, promulgada por el ex presidente Ricardo Lagos el 18 de diciembre de 2002. La legislación formó parte de la entonces llamada Agenda Pro Crecimiento que el gobierno y la Sofofa lanzaron en enero de ese año en la Enade. El entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el presidente de la gremial de los industriales, Juan Claro, fueron los encargados por cada bando de afinar los detalles.

“Lo que pretendían era privatizar, como sucedió ahora, pero no pudieron”, recuerda Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos. Al iniciarse el gobierno de Lagos los pescadores artesanales estaban unificados en la Conapach, desde la cual se movilizaron contra la ley junto con organizaciones ambientalistas, logrando tensionar a algunos parlamentarios concertacionistas.

Para sortear esta resistencia y cumplir con la agenda pro crecimiento, indica Cárdenas, Lagos decidió “dividir la legislación en una ley larga y una corta, que consistía en entregarle zonas de uso exclusivo para las compañías, según los porcentajes de cuota históricos, pero sin propiedad”.

De esta forma, logró conseguir el apoyo de la UDI el 29 de noviembre luego de una negociación personal con Pablo Longueira. “Hemos llegado a un acuerdo total en la ley de pesca. Si el gobierno quiere los diez años, tendrá los votos de los senadores y de los diputados de la UDI”, señaló el dirigente gremialista al día siguiente.

Con los antecedentes que hoy existen, afirma Cárdenas, “esta ley debe rebautizarse como la Ley Angelini-Longueira”.

La bancada pesquera

El otro hombre socialista que ha resultado capital para la creación de la Ley de Pesca es Raúl Súnico, actual subsecretario de Pesca y ex diputado por Hualpén y Talcahuano entre 2006 y 2010. Este escalonista, señalan fuentes ligadas al rubro pesquero, fue durante años operador de las empresas pesqueras, incluso mientras era diputado por la zona en la que ronca Asipes. La presidenta Bachelet lo nombró subsecretario y en esa calidad reconoció la privatización que supone la Ley de Pesca.

La legislación, confesó Súnico en un congreso de pescadores artesanales en Parral en enero de este año, “consolidó derechos, derechos que son licencias transables, bancarizables, indemnizables. Es así, no hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dio, se perdió y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover esos derechos tiene un costo y los cálculos preliminares de ese costo son superiores al costo de la reforma educacional completa y a la reforma tributaria completa”.

“Los antecedentes que existen indican que él defendió la pesca de arrastre y que en 2012, mientras era asesor del alcalde Saavedra de Talcahuano en materia pesquera, aparece en fotografías celebrando la aprobación de la ley con los dirigentes de las plantas de proceso, que son los empleados de la industria pesquera”, indica el vocero del Condepp Hernán Machuca.

Cuando Súnico terminó su periodo como diputado (no se presentó a la reelección), dejó el cargo en manos del PPD Cristian Campos, quien hoy preside la Comisión de Pesca de la Cámara Baja. Entre los pescadores se le reconoce como un “hombre de los industriales”, que ha continuado la misión de Súnico en el Congreso, aunque con menos habilidad política.

“Lo que yo puedo decir respecto de los parlamentarios de la Octava Región, en cualquier época, es que siempre han tratado de favorecer a la industria pesquera”, afirma Machuca. Prueba de ello, asegura el dirigente, “es que la diputada Clemira Pacheco (PS) hasta el día de hoy es una fiel defensora de que los pescadores artesanales de la Octava Región puedan pasar a las áreas contiguas de la Araucanía y el Maule. No hay una mirada país, sino una sobre dónde están los votos. Puede ser legítimo, pero los que ya no son honorables tienen que tener una mirada más amplia para entender la pesca en Chile”.

Fuente: Ecocéanos