El director Sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, renunció a su cargo ad honorem, para evitar que el gobierno se viera perjudicado por un hecho que se dio entre particulares con anterioridad que asumiera la Presidencia de la República, su madre. Durante toda la semana se debatió acerca de la prudencia del actuar del hasta hoy funcionario público, antes de asumir su cargo, en un negocio asociado a su esposa. Chile ha ganado en transparencia con su renuncia. Sin embargo, este es el primer paso para que otros, involucrados en delitos, den un paso al costado.
La situación, aunque no constituya delito, apareció como impresentable para gran parte de la opinión pública. La derecha aprovechó tal situación para intentar desviar la atención sobre el Caso Penta-UDI («un veranito de San Juan», según el exsenador Camilo Escalona (PS) y en ello invirtió todos esfuerzos. Pero seamos claros, las críticas no solo provenían de la UDI y su discípulo Renovación Nacional. También personeros de la Nueva Mayoría reclamaron transparencia.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras planteó de manera clara y fundada que el hecho no constituía ni delito ni infracción alguna. Aclarado lo anterior, Dávalos enfrentó a la prensa en una declaración marcada por el nerviosismo, en que aparte de agradecer a quienes colaboraron con él en su repartición pública y pedir perdón por el daño causado a su madre, abordó el tema que se le cuestionaba. Lamentando dejar temas pendientes y aclarando que no había delito en su actuar, renunció.
Y quienes están involucrados en ilícitos, ¿cuándo?
Bien por Chile. Sin embargo, la actitud directa de Dávalos al renunciar abre un necesario cuestionamiento. Si un funcionario estatal deja su cargo por un actuar poco prudente, ¿qué queda a quienes han delinquido desde sus puestos públicos aceptando sobornos, cometiendo cohechos, infraccionando gravemente las leyes, evadiendo impuestos, asociándose ilícitamente y lavando dinero en una clara actitud corrupta?
Cerrado el capítulo Caval, se abre una necesaria consecuencia, la renuncia de quien mintió frente al país entero, no una sino tres veces: Ena von Baer. También de quien confesó haber usado boletas falsas para conseguir «raspados de olla» ilegales y quien además arrastra una condena criminal por fraude al Fisco y que fuera indultado por Pinochet: Iván Moreira. Igualmente deben renunciar por haber afectado el honor del país los parlamentarios involucrados en los ilícitos y actitudes moralmente cuestionables, entre ellos Ernesto Silva, actual presidente e la UDI.
Hemos sostenido que la ley es una e igual para todos. Demandamos en su oportunidad de Dávalos una actitud como la que asumió, a pesar de no haber delinquido. Reclamamos hoy con fuerza de los parlamentarios de la UDI que sí se han visto mezclados en actos delictuales que renuncien, ¡ahora!
Den la cara por Chile
Chile fue históricamente, hasta la dictadura, un país transparente. Pasado aquel episodio negro de nuestra historia, volvimos a recuperar nuestra dignidad, en la medida de lo posible, debido a un sistema espurio que amarraba a las mayorías en desmedro de las minorías. La UDI, con la complicidad de Renovación Nacional, usaron y abusaron de su poder de veto en la modificación de las leyes que trajeran más igualdad al país.
Hoy, cuando las mayorías se han pronunciado por cambios sustanciales reflejados en las llamadas Reformas, hemos enfrentado dos hechos que nos han remecido. Uno, ya acotado, la ausencia de experiencia política que redundó en la poca prudencia del hijo de la Presidenta y que conllevó su alejamiento de La Moneda. El otro, un delito deleznable que debe ser fuertemente sancionado por el poder judicial y el voto popular.
En el primer caso, hubo un paso al costado, lo que se valora y en el segundo, en una actitud provocadora, la UDI y sus cómplices se han negado a renunciar y asumir su responsabilidad ante el país. Llegó la hora que se exija consecuencia, una misma vara para todos. Veamos si tienen la dignidad de dar la cara y asumir sus culpas.
Fuente: Cambio 21
