El anuncio de la implementación gradual de la gratuidad universitaria fue uno de los más relevantes del discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet. Específicamente, la propuesta presentada consiste en que, desde el año 2016, el 60% de los estudiantes más vulnerables del país que asistan a Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) o a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que estén acreditados y que no tengan fines de lucro, no pagarán por su educación terciaria.
Aproximadamente, esta medida beneficiará a casi 264.000 estudiantes, con un costo aproximado de US$ 500 millones.
Este anuncio tiene tanto de avance como de retroceso. Por una parte, es evidente que la medida constituye un importante cambio en términos ideológicos y políticos respecto del rol y sentido de la educación en la sociedad, en dos ámbitos.
En primer lugar, el anuncio representa un desanclaje de la lógica de mercantilización educativa imperante hasta el momento, pues no entiende la educación como un bien transable que depende de la capacidad de pago (crédito) o de las credenciales académicas (beca) de los alumnos.
Complementariamente, la medida se aleja de la lógica neoliberal en el campo educativo, pues apunta a superar la noción de financiamiento asociado al subsidio a la demanda (voucher), para privilegiar más bien un subsidio a la oferta (los planteles de educación superior).
Sin embargo, al mismo tiempo, la propuesta anunciada hizo perder al gobierno una gran oportunidad para dar una señal potente de qué es lo que el Estado esperará de una universidad con financiamiento público. Así, al usar como criterio la pertenencia al Consejo de Rectores, favoreciendo a las Universidades existenes antes de la reforma universitaria hecha en dictadura, la propuesta no dice nada sobre el perfil que deberán tener los planteles universitarios que encabezarán el proceso de desmercantilización de la educación superior.
Así, aunque con el anuncio el gobierno parece dar por superado el debate sobre lo público y lo privado, no entra en la discusión más relevante de este momento: bajo qué condiciones el Estado está dispuesto a financiar a una universidad privada.
Para desarrollar esta tesis, a continuación se analizan las principales críticas esbozadas hasta la fecha, mostrando sus potencialidades y limitaciones, para posteriormente presentar algunas alternativas que, desde nuestra perspectiva, permitirían consolidar un sistema de educación basado en la lógica de derechos sociales, gratuito y orientado al desarrollo del país.
Las principales críticas
El anuncio gubernamental ha desatado un verdadero vendaval de críticas de parte de intelectuales, académicos, rectores, estudiantes y expertos en educación. De manera gruesa, es posible clasificar estas críticas en tres perspectivas.
Una primera crítica, que se podría identificar como neoliberal, ha argumentado insistentemente que esta medida sería discriminatoria, pues dejaría fuera del espacio de gratuidad a un conjunto importante de universidades acreditadas que estarían fuera del CRUCH. De esta manera, el reclamo se reduce a la idea de que, independientemente de su carácter (público o privado) lo relevante para entregar gratuidad sería “la calidad”, reducida a la existencia o no de la acreditación.
Este argumento constituye la realización misma del pensamiento neoliberal, pues entiende las universidades como empresas que deben ser premiadas independientemente de su estructura, sentido y organización. Al mismo tiempo, soslaya el hecho de que el sistema de acreditación universitario, precisamente por la penetración de lógicas mercantiles, valga la redundancia, se encuentra en franca desacreditación.
Entre otros, esta ha sido la opinión desarrollada por la investigadora de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, y de Mónica Salas, presidenta de la organización estudiantil de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Una segunda crítica, que podríamos catalogar como social-liberal, se ha centrado no tanto en la exclusión de instituciones de calidad, sino que en la exclusión de un conjunto de planteles que acogen a parte importante de los estudiantes vulnerables del sistema y que, en buena parte, se encuentran en el sistema privado no tradicional.
En este caso, el foco de la crítica se desarrolla desde una perspectiva rawlsiana, que considera que el apoyo estatal debe desarrollarse considerando los niveles de vulnerabilidad de las instituciones, como una forma de reducir las desigualdades, volviendo así a repetir la lógica de la focalización central en el modelo educativo instalado en los años ochenta.
Esta perspectiva ha sido defendida, entre otros, por el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, y por Nicolás Fernández, vocero de los alumnos de los planteles privados en la CONFECH.
Finalmente, se ha desarrollado una crítica que podríamos llamar maximalista, la cual se ha centrado en que el anuncio restringe la idea de gratuidad, y con ello, la noción de derecho social.
Esta perspectiva, articulada principalmente por la vocera de los estudiantes, Valentina Saavedra, parece no comprender que cuando el Estado reconoce su rol garante del derecho a la educación, lo materializa no necesariamente financiando todo el sistema, sino a través de sus propias instituciones y de aquellas que considera como co-participantes de sus objetivos públicos.
De la misma manera, cuando el Estado asegura que la educación básica y media es un derecho, no lo hace subsidiando a aquellos colegios privados que se orientan más bien a un proyecto particularista y/o elitista.
Escenarios alternativos
Como indicamos al inicio, el anuncio de gratuidad era una oportunidad única para establecer un criterio políticamente claro de lo que el Estado entendía como instituciones admisibles de financiar, lo que permitiría, en un sistema altamente privatizado como el nuestro, construir una nueva relación entre universidades (públicas y privadas) y el Estado, sobre la base de la concepción de la educación como un derecho social. Desde nuestra perspectiva, está intención hubiese sido más coherente con los siguientes escenarios.
Una primera alternativa, políticamente más clara pero no sin costos, era optar por la implementación gradual de gratuidad primeramente en las universidades estatales, dejando fuera a las universidades privadas (tradicionales o no).
A pesar de que hubiera concitado críticas sobre todo del G9, esta medida hubiera mostrado sin vaguedades que la intención del Estado era reorganizar el sistema universitario mediante el fortalecimiento de las universidades públicas. Adicionalmente, hubiera puesto en igualdad de condiciones a las universidades privadas tradicionales y no tradicionales, sin entregar beneficios a instituciones solo por un criterio histórico, abriendo la puerta para el inicio de la discusión sobre qué requisitos deberán tener estas instituciones para recibir el financimiento público.
Una segunda alterativa, más difícil de explicar en términos políticos pero con menores costos, era decidir comenzar por todas las universidades estatales, más las universidades privadas (fueran del CRUCH o no) que estuvieran dispuestas a desarrollar (mediante un convenio marco), en el mediano plazo (uno o dos años) cambios significativos en sus sistemas de selección, formas de organización, orientación y sentido educativo, que permitieran concebirlas como “universidades privadas colaboradoras del Estado”.
Entre las principales condiciones, debería estar la incorporación de sistemas de admisión progresivos, mecanismos de democracia en la elección de autoridades, aranceles ajustados a los propuestos por el Estado, pluralismo ideológico, libertad de cátedra y diversidad religiosa.
Esto permitiría centrar en las instituciones, y no en el Estado, la decisión final de incluirse o no en el sistema de gratuidad, no pudiendo acusarse de discriminación y permitiendo a las universidades que acogen a estudiantes vulnerables hacer valer su promesa discursiva de “universidad privada con sentido público”. Con la medida, este debate se postergó, pero debería ser el principal marco de discusión de ahora en adelante.
El tema de fondo, en cualquier caso y paralelamente a la implementación final (o no) de esta medida, es que la gratuidad universitaria, sino viene acompañada de un reformulación profunda del sistema universitario, apuntando a su desmercantilización y a la primacía de criterios públicos para su funcionamiento, lo que supone, entre otras, redefinir qué entenderá el Estado por calidad, no será suficiente para que la educación superior se constituya como un derecho social efectivo.
Fuente: Red Seca
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