El 16 de octubre de 1998 una noticia sorprendió al mundo: el ex presidente de facto de Chile, Augusto Pinochet, era arrestado en la capital inglesa por orden del juez español Baltasar Garzón, en una acción que cambió para siempre la idea de justicia internacional. Quince años después, dos de los principales actores de esa historia –el abogado español Joan Garcés y la ex investigadora de Amnistía Internacional sobre Chile, Virginia Shoppeé– comparten sus recuerdos acerca de un suceso que causó estupor entre los observadores de ambos lados del Atlántico.
Pinochet, entonces senador vitalicio, había viajado a Londres para recibir tratamiento médico, y suponía que sus fueros como ex mandatario lo protegerían del pedido de extradición de Garzón.
Sin embargo, el magistrado, apoyado en el principio de «jurisdicción universal», logró que la justicia británica detuviera al ex general, acusado de crímenes de lesa humanidad. Y en un proceso que duró 16 meses y fue seguido con interés por la prensa de todo mundo, la Cámara de los Lores resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser juzgado.
A pesar de esta decisión, los temores por el estado de salud del ex general llevaron al gobierno de Tony Blair a liberar a Pinochet por razones humanitarias, y regresó a Chile en marzo de 2000.
No obstante, organizaciones de derechos humanos y expertos legales remarcan que este caso marcó un antes y un después en el derecho internacional.
«Fue la primera vez que se estableció que un ex jefe de Estado no tenía inmunidad ante crímenes internacional como la tortura», le dijo a BBC Mundo Claudio Troncoso, profesor de derecho internacional de la Universidad de Chile.
Para Amnistía Internacional (AI), nada fue igual después de la detención de Pinochet.
«Su arresto le dio nuevo impulso al principio de jurisdicción universal, llevando a la apertura de al menos 100 juicios contra violadores de los derechos humanos en los últimos 15 años», sostuvo Hugo Relva, asesor de justicia internacional de AI.
subir Contra la impunidad
Según Relva, a pesar de que el principio de jurisdicción o justicia universal es antiguo, se dejó de aplicar en los años ’60, con la Guerra Fría.
En cambio, después del caso Pinochet este principio -que permite a las naciones juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en un país extranjero-, se utilizó con éxito para llevar ante la justicia a altos funcionarios y militares de distintos países.
Pinochet no fue el único ex mandatario detenido bajo la justicia universal: en 2005 Bélgica logró que Senegal arreste a Hissene Habré, ex presidente de Chad (1982-1990), acusado de persecuciones étnicas y otros crímenes.
La presión internacional llevó a que en 2012 Senegal creara una corte especial para juzgar a Habré, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Dakar.
«La detención de Pinochet trajo la certeza de que es posible construir alianzas a nivel internacional para persistir y obtener justicia», le dijo a BBC Mundo Liliana Tojo, directora de la oficina regional del Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Por su parte, Relva consideró que se puso fin a la impunidad de la que gozaban muchos gobernantes que cometen o cometieron abusos.
«Ahora cualquier dictador sabe que si comete crímenes de lesa humanidad puede ser perseguido», señaló.
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Uno de los casos más recientes y resonantes del uso de la jurisdicción universal fue el pedido de arresto y extradición que presentó a España una jueza argentina que investiga los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de Francisco Franco (1936-1975).
No es casual que Argentina esté investigando los abusos del franquismo. En los años ’90 la justicia española (bajo la figura de Garzón) no sólo buscó llevar a juicio a Pinochet, también juzgó a militares argentinos que actuaron durante el último régimen en ese país.
Fue gracias a estos juicios que se conocieron los detalles de los llamados «vuelos de la muerte», que usaba el gobierno militar argentino para «desaparecer» a detenidos.
Según Amnistía Internacional, la detención de Pinochet en Londres no sólo marcó un hito en el derecho internacional, también inspiró un cambio de paradigma.
«A partir de ese momento los países de América Latina comenzaron a investigar los abusos de derechos humanos cometidos en sus propios países. Se puso en tela de juicio las leyes de amnistía en Argentina, Chile y Uruguay», afirmó Relva.
Para Troncoso, el arresto de Pinochet dio impulso a una búsqueda de justicia que ya estaba encaminada.
«Fue el hito más visible de un cambio en la lucha contra la impunidad en América Latina y el mundo», señaló.
Según el experto, ese cambio se vio cristalizado en otro evento histórico ocurrido el mismo año que Pinochet fue arrestado: la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 1998 juzga a las personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio.
El 3 de octubre de 1998, Virginia Shoppeé estaba en su escritorio de la sede en Londres de Amnistía Internacional, haciendo su repaso diario de las últimas noticias sobre Chile, cuando se encontró con un sorprendente despacho de la agencia France-Presse. El ex presidente de Chile, el general retirado Augusto Pinochet, estaba a punto de emprender un viaje a Europa, incluyendo el Reino Unido.
Amnistía Internacional había realizado un abundante trabajo de denuncia de las atrocidades perpetradas por el régimen de Pinochet, que había sido responsable de la desaparición de más de 3.000 personas y la tortura de miles más durante sus 17 años de gobierno.
La idea inicial de Shoppeé fue que el viaje de Pinochet a Europa brindaba la oportunidad de continuar con ese trabajo. Habló del tema con Javier Zúñiga, director del programa de Amnistía Internacional sobre América, y redactó el primero de los muchos documentos que sobre Pinochet publicaría la organización en las semanas siguientes.
El documento recordaba a todos los gobiernos de Europa, incluido el de Reino Unido, que tenían la obligación de detener a Pinochet en virtud de las disposiciones de la Convención contra la Tortura. Pero Shoppeé admite que nunca pensó que la detención de Pinochet fuera realmente posible: “Publicamos ese primer documento sobre la visita de Pinochet a Europa porque pensamos que era lo menos que podíamos hacer, pero no esperábamos una gran repercusión. Yo había estado en Chile siete meses antes, y me había reunido con políticos, víctimas y familiares de víctimas y con representantes de ONG. Ninguno de ellos pensaba en la detención de Pinochet. Las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno se consideraban un caso cerrado.”
Sin embargo, los procedimientos judiciales para detener a Pinochet ya habían sido iniciados: los había puesto en marcha en julio de 1996 Joan Garcés, un abogado español y ex asesor de Salvador Allende, el ex presidente chileno que fue depuesto –y murió– en el golpe de Estado de Pinochet.
Garcés pensó que podía acusarse a Pinochet utilizando los principios de la jurisdicción universal, que en teoría permitía a los Estados investigar y perseguir a personas por delitos cometidos en otros países.
El abogado recuerda que se sintió alentado por los progresos realizados respecto a las atrocidades cometidas por el régimen militar de Argentina: “La Audiencia Nacional española había admitido en 1996 una querella presentada por víctimas de tortura y desaparición forzada en Argentina, después de que el Parlamento admitiera en 1985 que la jurisdicción universal podía aplicarse en casos de crímenes contra la humanidad, terrorismo y genocidio.”
Garcés presentó una querella similar sobre Chile, y su equipo empezó a reunir pruebas para presentarlas ante la Audiencia Nacional. Decenas de víctimas de la represión militar chilena viajaron a España para testificar.
“Esperábamos el momento adecuado para pedir una orden de detención internacional contra Pinochet. Era una cuestión compleja. Teníamos que esperar a que viajara a un país cuyo poder judicial fuera lo bastante fuerte e independiente como para resistir la presión política y diplomática que generaría su detención.”
Ese momento llegó cuando se confirmó la visita de Pinochet a Reino Unido. El 15 de octubre, el equipo de Garcés presentó ante la Audiencia Nacional una petición de orden de detención contra Pinochet, con el fin de que fuera extraditado a España para ser juzgado. La orden se envió a las autoridades británicas y, a primera hora del día siguiente, Pinochet fue arrestado. Permaneció bajo custodia en The Clinic, un costoso hospital privado en el que acababa de someterse a una operación.
Era la primera vez que se detenía a un ex jefe de gobierno sobre la base del principio de jurisdicción universal.
El equipo de Garcés empezó a trabajar entonces con Amnistía Internacional para apoyar la solicitud de extradición. La organización asumió un papel de liderazgo en los intentos por conseguir que el general retirado fuera enviado a España para ser juzgado, tal y como explica Virginia Shoppeé: «La detención de Pinochet marcó un hito en la lucha por los derechos humanos. No podíamos dejar que se quedara en un simple artículo de cuatro frases publicado en un periódico. Teníamos que aprovechar la oportunidad y ayudar a llevarlo ante un tribunal.»
Los jueces británicos resolvieron en 1999 que Pinochet debía ser extraditado a España, pero esa extradición no llegó a producirse. El entonces ministro del Interior, Jack Straw, ordenó en el año 2000 su liberación por motivos de salud, después de que un controvertido examen médico declarara que Pinochet no estaba en condiciones de comparecer ante un tribunal. Pinochet regresó, libre, a Chile.
Garcés y Shoppeé creen que entró en juego la política. No obstante, ambos están de acuerdo en que, aunque el resultado de la detención de Pinochet no fue el que habían deseado, su caso marcó un hito fundamental en la lucha contra la impunidad de Pinochet y en favor de los derechos humanos. Garcés dice: “Los jueces británicos se tomaron el proceso muy en serio y, por último, la postura predominante fue la que nosotros pensábamos que era conforme al derecho internacional. Pero, al final, el gobierno británico, movido por la presión política de los gobiernos chileno y español, y por intereses económicos y diplomáticos, así como por otros intereses turbios, no permitió que siguiera adelante.”
“No debemos olvidar que Pinochet murió como prófugo de la justicia. Le quedó claro que la sociedad internacional lo consideraba un criminal.»
El día que Pinochet regresó a Chile, se iniciaron decenas de demandas judiciales contra él. Virginia Shoppeé dice:
“Pinochet no volvió a Chile como una persona inocente, como un ex presidente acusado injustamente, sino como un hombre culpable de violaciones de derechos humanos cuya extradición no se había permitido por motivos de salud.”
“Las reclamaciones de las víctimas volvían a ser una cuestión pública. Chile había cambiado. Ya no era el Chile que visité en marzo de 1998, en el que nadie quería hablar de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno militar. Chile tenía que hacer frente a las atrocidades del pasado, un pasado que el país negó hasta que Pinochet fue puesto bajo custodia en Londres.”
La batalla legal para extraditar a Augusto Pinochet
Julio de 1996
Se presentan ante la Audiencia Nacional de España las querellas iniciales contra Augusto Pinochet.
Febrero de 1997
Se inician las investigaciones judiciales en España.
Octubre de 1998
El juez español Baltasar Garzón Real emite un auto oficial a las autoridades británicas para interrogar a Augusto Pinochet.
Augusto Pinochet es puesto bajo custodia policial en Londres.
El juez Baltasar Garzón emite una orden de detención internacional contra Augusto Pinochet para preparar la solicitud de extradición.
El Tribunal Superior de Reino Unido resuelve que Augusto Pinochet goza de inmunidad frente a la extradición por su condición de ex jefe de Estado. La fiscalía de Reino Unido apela contra la decisión del Tribunal Superior.
Noviembre de 1998
El Comité Judicial de la Cámara de los Lores, máximo tribunal de Reino Unido, anula la sentencia del Tribunal Superior y resuelve que Augusto Pinochet no goza de inmunidad procesal.
Diciembre de 1998
La resolución de los Lores es anulada, tras un recurso que impugnaba la composición del tribunal por los vínculos que unen a uno de los jueces lores con Amnistía Internacional.
Marzo de 1999
Los Lores resuelven de nuevo que Augusto Pinochet no goza de inmunidad procesal por los actos de tortura cometidos cuando era jefe de Estado, y que puede ser extraditado.
Octubre de 1999
Comienzan las vistas sobre la extradición de Pinochet en el tribunal de primera instancia de Bow Street. El magistrado Ronald Bartle ordena la extradición de Pinochet.
Noviembre de 1999
El gobierno chileno pide a las autoridades británicas que realicen exámenes médicos a Augusto Pinochet para considerar la posibilidad de concederle la libertad por motivos humanitarios (demencia).
Marzo de 2000
Augusto Pinochet regresa a Chile después de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, decida detener, por motivos de salud, los procedimientos de su extradición a España.
