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Cinthya Carvajal Arriagada
Totalmente inadvertido pasó el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, cuando concurrió el pasado martes 24 de mayo a La Moneda, cerca de las 7:45 horas, a tomarle declaración en calidad de testigo a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el caso Caval.
El día en que prestó testimonio la principal autoridad coincidió con el día de la formalización al senador Jaime Orpis, en el caso Corpesca, situación que pudo haber influido en que la diligencia no se filtrara. Algo similar ocurrió cuando se incautó en La Moneda el computador, celular y servidor de correos electrónicos del hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, el mismo día en que se realizó la formalización en el caso Penta, el 5 de marzo de 2015.
Fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien dio a conocer el viernes que se había realizado esta diligencia. En conversación con «El Mercurio», el fiscal Moya aseguró que esta decisión del Gobierno «no afecta ni perjudica en nada la investigación, porque se refiere a hechos que ya ocurrieron». El fiscal agregó que «para que la investigación pueda llegar a un estado de agotamiento, ese testimonio era indispensable».
Según explicó, dejó reservado el testimonio, «producto de que de la declaración de la Presidenta de la República surgen nuevas diligencias, se hace indispensable decretar la reserva por 40 días, para que tengan resultados útiles y provechosos, como ha sido hasta ahora».
La fiscalía está investigando las denuncias por tráfico de influencias por el crédito que otorgó el Banco de Chile por $6.500 millones a Caval, la empresa de su nuera Natalia Compagnon, en 2013. Además, se está investigando la reunión del 6 de noviembre de 2013 con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para la gestión del crédito con que se comprarían los terrenos en Machalí. A este encuentro asistieron Dávalos y Compagnon.
En esta línea de la investigación existe una denuncia en contra de su hijo, pero no de la Presidenta. «Lo descarto absolutamente, nadie ha formulado ni denuncia ni una querella a su respecto», aclaró el persecutor.
De acuerdo a lo que explicó el fiscal, una vez cerrada la investigación del caso Caval se debe tomar la decisión de acusar, sobreseer o no perseverar en cada uno de los delitos de las denuncias y querellas presentadas, y respecto a cada una de las personas mencionadas».
Al ser consultado si deberá declarar nuevamente Andrónico Luksic, afirmó: «No se descarta que ni él u otras personas que ya han declarado sean llamadas nuevamente».
Respecto al debate que ha generado la publicación de las escuchas telefónicas del operador político Juan Díaz, quien además realizó gestiones para cambiar el uso de suelo de los terrenos que adquirió y vendió Caval, afirmó tajantemente: «Las filtraciones han sido un problema constante en la investigación desde que se inició, porque en la causa hay aproximadamente 40 abogados con poder y que tienen acceso a todas las copias. Estas escuchas fueron liberadas semanas antes de la formalización del 29 de enero; por lo tanto, están en poder de todos los abogados y sus representados. ¿Por qué se publica la semana recién pasada?, eso lo tiene que ver el medio que lo publicó. A nosotros no nos sorprende, porque estos antecedentes están a disposición hace mucho tiempo. Algunos medios nos habían hecho consultas sobre algunos aspectos de las escuchas, pero no nos referimos, porque los documentos se bastan a sí mismos».
Escuchas telefónicas
-¿Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado cuando le interceptaron el celular?
«Tenemos la convicción, tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado, o lo sospechaba. Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa; sumado al conocimiento que tenía de la carpeta de investigación».
Consultado sobre si Díaz mantuvo en su declaración ante la fiscalía los dichos de las escuchas telefónicas de que la Presidenta «se tenía que quedar con al menos mil millones» -lo que fue desmentido por la Presidenta, quien acusó una «canallada» y no excluyó la posibilidad de un «montaje»-, el fiscal lo descartó.
«Sin violentar el secreto de la declaración, porque no estoy dando a conocer nada de su contenido, puedo señalar que eso no fue sostenido de manera alguna. Es decir, no forma parte del relato que el propio imputado, libre y espontáneamente, prestó ante el fiscal».
Credibilidad
-La defensa de Compagnon y el Gobierno han cuestionado la credibilidad de Díaz, ¿qué opina?
«Creo que hay que distinguir entre el aporte a la investigación ceñida a los hechos formalizados el 29 de enero y la participación que se le atribuye a él en esos hechos; donde efectivamente aportó antecedentes útiles. Otra cosa es la estrategia que él ha asumido para obtener, lo que según él se le adeuda; $800 millones de los cheques, los $300 millones de su trabajo a CCU y los $46 millones de préstamos personales a Natalia Compagnon, donde él ha hecho uso de otras cosas, como visitas (a La Moneda). Otra línea es lo que tiene que ver con intereses extraproceso derivados de las connotaciones públicas y o políticas que esta causa tiene. Mi deber es centrarme en la investigación, los hechos formalizados, su participación y la de los otros coimputados. Por eso, consentimos la modificación a su medida cautelar en la causa principal; ahora, lo que él pudo hacer para cobrar estas platas o cosas fuera del proceso, eso es algo que no tenemos que calificar ni valorar, ni nada, porque no es parte central de nuestra investigación».
El fiscal agregó que en la causa principal «sí es un testigo creíble. Ahora, las conductas que ha tenido pueden ser aprobables o reprochables, pero nosotros no tenemos por qué calificarlas».
Moya aclaró que una cosa es que la fiscalía haya estimado que la declaración de ciertos imputados es «es útil y que en virtud de ellas hayamos rebajado las medidas cautelares de Herman Chadwick, de Mauricio Valero, de Cynthia Ross y de Juan Díaz; otra cosa muy distinta es decir que esas declaraciones constituyen una colaboración sustancial de la investigación que pudiese significar un atenuante. Y otra cosa aún más distante es la credibilidad que les van a dar los jueces que juzguen este caso a las diversas versiones de los imputados».
El fiscal realizó un balance del caso Caval a casi la mitad del plazo de investigar, y dijo que han surgido nuevas aristas, que están trabajando para agotar la investigación y satisfacer los requerimientos de todas las defensas y de todos los querellantes.
«Queremos llegar a un punto en que todo se haya indagado, todas las personas que pudiesen saber o haber participado; todo ello, con miras al juicio oral que va a tener esta causa. Creemos que hemos avanzado, porque las principales víctimas de este caso, la familia Wiesner, fue reparada con casi 700 millones de pesos y recuperamos el perjuicio fiscal causado en casi $380 millones», aseguró.
Fuente: El Mercurio
