El Pleno de la Corte Suprema reconoció este viernes la “dejación y las omisiones” que cometió la Justicia tras el 11 de septiembre de 1973, frente a los atropellos a los derechos humanos cometidos por las autoridades de la dictadura militar. Pero como en Chile, la Justicia, más que ciega, es tuerta, evadió el gesto de perdir perdón, como lo hizo hace algunos días la Asociación Nacional de Magistrados. Aunque magro, no deja de ser un avance, que profundiza el aislamiento de los que aún sostienen la insostenible versión pinochetista del golpe.
“Este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones, que en ese entonces, se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente a la hora presente, y con la mesura y la altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones constitucionales”, señala una declaración púbica que fue leída por el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros y donde estuvo austente la palabra “perdón”.
El documento de cuatro puntos, y que se emitió considerando “una serie de pronunciamientos dirigidos a representar, entre otros actores, la actuación que correspondió al Poder Judicial y, en especial, a la Corte Suprema de la época”, ante la conmemoración del 4oº aniversario del golpe militar, sostiene que “el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia”.
“Frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados”, agrega.
Finalmente, sostiene que “la Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la Republica y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República”.
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE
Próximo a un aniversario más del 11 de septiembre de 1973, se advierte una serie de pronunciamientos dirigidos a representar, entre otros actores, la actuación que correspondió al Poder Judicial y, en especial, a la Corte Suprema de la época y que habría permitido un sistema represivo que afectó gravemente las garantías fundamentales de la ciudadanía y que derivó en muertes, desapariciones forzosas y torturas, entre otros ilícitos, las que se han denunciado y afirmado con seriedad por organismos creados para la investigación de esta etapa de la historia patria, muchos de los cuales se han comprobado fehacientemente por los tribunales de justicia, como es de público conocimiento, por lo que el Tribunal Pleno se hace el deber de formular la siguiente declaración pública:
1.- Que el quiebre de la institucionalidad democrática a partir de septiembre de 1973 permitió la instauración de un régimen cívico militar que, sobre la base de restaurar esa misma democracia, pero contradiciendo tal supuesto objetivo, violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de muchos de ellos, su desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia. Muchos de tales hechos fueron legalmente establecidos en los procedimientos y juzgamientos respectivos.
2.- Que, frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados.
3.- Que en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática.
4.- Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la Republica y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República.
