Al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, de suyo aproblemado por su controvertida compra de terrenos en una comunidad mapuche -en el primer gobierno de Piñera- le ha llegado carta.
Se trata de un oficio de fiscalización, remitido por el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, en el que solicita información sobre Cristóbal Lira Ibáñez, asesor remunerado del ministerio del Interior, en tanto Coordinador de Políticas Públicas Intersectoriales de la repartición, habida cuenta de diversos antecedentes surgidos de la investigación del fastuoso e ilegítimo patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, que dan cuenta de una doble condición de funcionario público y agente privado, por decir lo menos.
En efecto, hace unos días, un reportaje de El Mostrador titulado «Millonarias ventas y comisiones sin justificación vinculan a Fuente-Alba y Cartoni con empresa de Sebastián de Cárcer y Cristóbal Lira» reveló el pago de comisiones ilegales de parte del Ejército de Chile a la concesionaria de autos de lujo Ditec, cuyos dueños y controladores son Lira y de Cárcer; trama en la cual también aparece el cuestionado proveedor de insumos del Ejército, Virgilio Cartoni.
Cristóbal Lira Ibáñez es ingeniero comercial y empresario; estudió en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez de Valparaíso, y luego hizo carrera en los supermercados D&S de su tío Manuel Ibáñez Ojeda. De ahí pasó al gobierno, primero como jefe de la División de Seguridad Pública, y luego como Subsecretario de Prevención del Delito cuando se implementó la nueva institucionalidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, bajo la titularidad de Rodrigo Hinzpeter en la cartera de Interior.
Es también concejal de Lo Barnechea, por el pacto UDI-Independientes, con un 50,27% de la votación.
Lira no es un personaje menor en la geografía humana de la derecha, básicamente por sus vínculos familiares con el poderoso clan Ibañez, sus redes políticas y en particular, por su estrecha relación con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
$1.400 millones a la chuña
De hecho, volvió al Gobierno, en calidad de asesor remunerado, como coordinador de Políticas Públicas Intersectoriales del ministerio del Interior, a pesar de los estropicios que causó en su momento el programa Alerta Hogar, promocionado como «proyecto estrella» en materia de seguridad pública, en el primer gobierno de Piñera, e implementado por el entonces Subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira Ibáñez.
Básicamente, se trataba de uno de tantos voladores de luces de los gobiernos de Piñera, consistente en el envío de un mensaje de texto (SMS), que, supuestamente, activaba una alarma de emergencia a vecinos o familiares, alertándolos de que había problemas en el hogar.
En su momento, la página del ministerio del Interior, proclamó:
«El programa Alerta Hogar ya opera en 180 comunas, con más de 300 mil personas ocupando el sistema, lo que está ayudando a aumentar la confianza en la familia y entre la vecindad».
El programa Alerta Hogar, tuvo un costo de $1.400 millones, por 47 mensajes de texto en tres años, enviados como “alertas reales”.
Es decir, cada mensaje de texto costó a los chilenos algo así como $30 millones, en virtud de este plan impulsado por Lira.
Negocio redondo para las empresas de telefonía que lograron un contrato sin licitación de por medio, sino por trato directo.
Tanto así que el gobierno siguiente, el segundo de Michelle Bachelet, ante «eventuales irregularidades en la implementación por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2012 del programa Alerta Hogar, plan de alarmas de seguridad vía mensajes de textos», pidió al Consejo de Defensa del Estado, CDE, un informe con los antecedentes respecto al financiamiento y desarrollo de la iniciativa ejecutada por la primera administración de Sebastián Piñera.
El informe estableció que “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública celebró tres convenios idénticos con tres empresas privadas de telefonía por el mismo servicio de mensajería de textos”.
El oficio agrega que hubo “irregularidades” en el programa que contó con una inversión de $ 1.418.047.809.
Agrega que el millonario monto funcionó para “sólo 47 activaciones de alarmas en las 33 comunas del país, durante los años 2012, 2013 y 2014, con un costo unitario promedio por mensaje de $ 30.177.230”.
Otra de las conclusiones del documento:
“Se verificó que la marca Alerta Hogar y el nombre del dominio www.alertahogar.cl, pertenece a un particular, lo que implica que habiendo operado dicho sistema bajo esta denominación como un plan de política pública, se ha supeditado el interés público al privado”.
Además, “se establecieron contratos con proveedores únicos siendo que se debió llamar a una licitación pública. También, se hace sin existir un presupuesto para financiar la difusión de este programa, que además es una marca privada”.
Concluye:
“Alerta Hogar no existió como programa en la Ley de Presupuesto de la República de los años 2012, 2013 y 2014. No se registra una indicación alguna respecto de su financiamiento”.
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre el Plan Alerta Hogar, en el que representa numerosas irregularidades que exigió subsanar, lo que en definitiva no ocurrió, por muerte natural del fallido proyecto.
En ese escenario, Lira se limitó a sostener:
“No hubo ninguna irregularidad en materia penal. Pueden haber equivocaciones como toda obra humana, pero no un delito”.
El regreso de Lira
Cristóbal Lira Ibáñez estaba pasando piola, como Coordinador de Políticas Públicas Intersectoriales del Ministerio del Interior, hasta que una serie de artículos de El Mostrador mostró su relación, al menos comercial, con Juan Miguel Fuente-Alba, a través de la compra y venta de lujosos automóviles; o de «alto desempeño», como se dice hoy.
En el oficio al subsecretario, el diputado Silber precisó:
«Según se ha informado por la prensa, el funcionario de esa subsecretaria, don Cristóbal Lira Ibáñez, ha sido mencionado en varios episodios que guardan relación con su doble calidad de agente público y de empresario».
En función de ello, solicitó una serie de antecedentes como «calidad jurídica de la contratación de Lira Ibáñez; cantidad y entidad de los contratos, en caso de ser más de uno; cometidos contractuales; remuneración u honorario; horario de trabajo y si está sometido a algún tipo de control por ese horario y desempeño; Unidad Técnica que visa el pago de los honorarios o remuneraciones; dependencia directa y de quien recibe instrucciones y con quien se coordina; unidad en la que se desempeña o ha desempeñado; evaluación de desempeño; aportes a la gestión, derivada de su contratación, indicando hitos relevantes y declaración de intereses y patrimonio».
En conversación con El Mostrador, Silber afirmó que los hechos que se le imputan a Lira son incompatibles con el ejercicio de la función pública:
«Son especialmente graves los hechos que hoy día investiga la justicia, y estos se hacen incompatibles con el ejercicio de la función pública. En consecuencia nos parece claro que el Gobierno, y el subsecretario Ubilla Ubilla aclaren el rol y participación de Lira en la Subsecretaría del Interior».
«Hace poco tiempo, a través de los medios de comunicación, se señaló la participación de Cristóbal Lira en la empresa Ditec, hoy día investigada por parte de la justicia penal en el eventual pago de comisiones a personeros del Ejército, entre ellos el general (r) Fuente-Alba, a propósito de la compra de vehículos Land Rover por parte de dicha empresa, investigándose el eventual pago de comisiones, y obviamente, atendida la gravedad de los hechos que han aparecido de manera pública, queremos saber cuáles son las funciones que desempeña Cristóbal Lira en el corazón de La Moneda, y su vinculación con lo público», agregó.
Abundando sobre el particular, señaló:
«Lira Ibáñez es una persona que hoy día está efectivamente tanto en lo público como en lo privado y desde esa perspectiva, queremos conocer cuáles son las funciones que desempeña, las responsabilidades que tiene, la información a la que accede en el ejercicio del cargo».
Esto, concluyó, porque «la Subsecretaría del Interior es una repartición especialmente sensible para la seguridad del Estado; entonces salta a la vista la incompatibilidad de la responsabilidad con su participación en empresas privadas, encima investigadas por la justicia».
La mafia del automóvil de lujo
Las investigaciones paralelas sobre el abultado patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, que conocen la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien lo tiene detenido y procesado por malversación de caudales públicos y uso indebido de los gastos reservados de la Comandancia en Jefe del Ejército, por un monto de $3.500 millones, y el fiscal de alta complejidad, José Morales del Ministerio Público, por el delito de lavado de activos, han develado una compleja trama de complicidades entre los mundos público y privado, las que incluso comprometen la seguridad pública, al configurar un limbo difuso, donde conviven en desprejuiciada promiscuidad la ambición, el hedonismo y los negocios institucionales.
Si hay un elemento en común en ambas investigaciones, ese es el dispendioso estilo de vida de Fuente-Alba, y su esposa, doña Anita Pinochet, en las antípodas de la supuesta austeridad militar, que incluía fiestas, recepciones con decenas de garzones, compras y cenas en lugares exclusivos, extensos viajes al extranjero y, en particular, una marcada predilección por los automóviles de lujo, por medio de la cual trabó relación con los empresarios del reducido círculo de los automóviles de lujo, o de «alta performance», entre los cuales está Cristóbal Lira, a través de su participación accionaria en Ditec.
En una sesión del directorio de Ditec, en la que participó el actual asesor del Ministerio del Interior, Cristóbal Lira, el presidente de la empresa, Sebastián de Cárcer, reconoció que, efectivamente, se había reunido en París con Fuente-Alba cuando este desempeñaba la comandancia en Jefe, para convenir un negocio de compraventa de un centenar de vehículos Land Rover al Ejército, que en la operación se le pagó una comisión a Virgilio Cartoni, y que esta tuvo lugar en los años 2011 y 2012.
Este capítulo de la investigación, vinculado con autos exclusivos, tiene alcances potencialmente muy complejos, puesto que involucra directamente al Ejército de Chile con el pago de comisiones ilegales.
Análogamente, la causa por lavado de activos que investiga el fiscal Morales incluye la compra de nueve vehículos de lujo, por un total de $235 millones, que realizó Fuente-Alba a la Concesionaria Klassik Car entre 2005 y 2013, automotora ligada a los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Diez y cuyo gerente, José Manuel Donoso, tomó parte en el Curso Avanzado para Oficiales de Reserva, CAOR, donde estuvo bajo el mando de Fuente-Alba.
Los socios de Ditec
Sebastián de Cárcer y Cristóbal Lira son propietarios y controladores de la concesionaria Ditec, representante en Chile de Land Rover, Volvo, Jaguar y Porsche, uno de los principales actores del mercado del automóvil de lujo y semilujo en el país.
El directorio de Ditec, durante los años 2011 y 2012, estaba conformado por Sebastián de Cárcer, quien lo presidía, Cristián Neely, Juan Carlos Fantoni, Vicente de la Fuente (abogado de la compañía y cuñado de De Cárcer) y por un representante de Cristóbal Lira, quien estaba en el Gobierno como subsecretario de Prevención del Delito.
El gerente general de Ditec era Daniel Purcell.
La estructura actual de la compañía mantiene en la propiedad a Lira y De Cárcer, luego que Eduardo Costabal le vendiera, en mayo de 2018, su 22 % de participación en la empresa a los otros dos socios.
Sebastián de Cárcer, sin vínculos políticos evidentes, fuera de su estrecha amistad con Cristóbal Lira, es conocido como un hombre reservado y muy poderoso en la industria automotriz. Fue quién trajo la marca Porsche a Chile en 1991 y el precursor de la introducción temprana del mercado del lujo.
En la industria, de Cárcer siempre ha sido influyente y ha ocupado cargos de director y primer vicepresidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC.
Lira, en tanto, está mucho mejor contactado con el mundo de la política, especialmente con los gobiernos de Piñera. Posee extensas y profundas redes un la plutocracia local, puesto que es sobrino de Pedro Ibáñez –uno de los fundadores y financistas de RN– y primo de Nicolás y Felipe Ibáñez, ex-controladores de D&S. Trabajó en el mundo supermercadista durante 22 años y fue gerente de D&S entre el 2002 y el 2004. Hasta el momento de convertirse en subsecretario de Prevención del Delito, en el 2010, era dueño de cerca del 5 % de las acciones de Cruzados, sociedad anónima propietaria del equipo de fútbol Universidad Católica.
Cuando terminó el primer gobierno de Piñera, Lira recuperó su asiento en el directorio de Ditec, el cual todavía integra, posición claramente incompatible con su función de contrata en el ministerio del Interior como Coordinador de Políticas Públicas Intersectoriales, con una de las mejores remuneraciones en la repartición.
Los negocios con el Ejército
Con Lira de regreso en el directorio de Ditec, durante el año 2017 se celebraron sesiones de directorio que, a la luz de los hechos de hoy, cobran nueva dimensión.
En ese entonces, el directorio estaba conformado por Sebastián de Cárcer, Cristóbal Lira, Cristián Neely, Vicente de la Fuente y el abogado Alberto Eguiguren, en representación de Eduardo Costabal, hasta la venta de su paquete accionario en 2018.
Está suficientemente acreditado que, al menos en una ocasión, el director Alberto Eguiguren exigió perentoriamente a de Cárcer transparentar las reuniones sostenidas en París con el entonces comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y los pormenores de la venta de más de 100 vehículos Land Rover a esa rama castrense.
Sobre todo, exigió saber si se habían pagado comisiones irregulares a terceras personas por dichas transacciones, especialmente al comerciante de armas y pertrechos militares predilecto del Ejército, Virgilio Cartoni, nombre que se repite una y otra vez en las carpetas investigativas del fraude con los fondos reservados de la Ley del Cobre, conocido como Milicogate.
Precisamente, por esos mismos días Cartoni aparecía en la prensa envuelto en el escándadalo de la licitación de visores nocturnos para el Ejército y anomalías en la compra de helicópteros y otras aeronaves, en la época en que Fuente-Alba comandaba el Ejército.
La cercanía de Cartoni, de Cárcer y Fuente-Alba es un hecho conocido pues se les veía juntos en instancias sociales, se visitaban en sus casas y compartían su afición por los autos de lujo y el automovilismo deportivo.
Klassik Car, la otra automotora favorita de Fuente-Alba
Autos de lujo, transacciones irregulares de cientos de millones, hombres de negocios con influyentes redes e ilustres oficiales del Ejército, son algunos elementos de la historia del ahora procesado ex-comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba.
Klassik Car, representante de Audi en Chile, es otra automotora del mercado del auto de lujo con la cual Fuente-Alba mantuvo relaciones comerciales.
Su presidente, Gonzalo Martino González, ha dicho que Klassik Car es su hobby y también su orgullo, al haberse mantenido con alta rentabilidad en tiempos en que la venta de autos estuvo baja.
Fue uno de los que habló de la desconfianza empresarial durante el gobierno de Bachelet y pertenece al Consejo Superior de la Universidad Finis Terrae, ligada a los Legionarios de Cristo.
El año pasado vendió su parte en el canal CDF y compró una participación –convirtiéndose en su accionista mayoritario- en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso (ex-UCV TV), que cambió de nombre y ahora se llama TV+.
En este negocio televisivo, y también en Klassik Car, lo acompaña Jesús Diez González, hijo del fundador de Tur Bus.
En rigor, Martino González y Diez González son los cabeza de serie del grupo económico Contémpora, que controla el Grupo de Empresas Tur Bus; Empresas Coipsa S.A.; Coppelia; Cerámicas Batuco; Klassik Car; Compañía Papelera del Pacífico S.A; Corrupac S.A.; Recupac S.A. y ECR Group.
Gonzalo Martino es además el presidente de la poderosa cooperativa agrícola Coopeval, dedicada a entregar créditos y asistencia a los agricultores, y que tiene su casa matriz en San Fernando, zona de donde es originario. En esta institución, Martino comparte propiedad con el Grupo Ariztía, y directorio con su factótum, Luis Mayol (RN), ex-intendente de La Araucanía y ex-ministro de Agricultura.
En el directorio de Contempora también están Julio Domínguez Longueira, primo del excandidato presidencial Pablo Longueira y Cristian Silva Bafalluy, hermano de uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, y padre del ex-diputado UDI Ernesto Silva Méndez.
O sea, los dueños de Chile; es decir, los mismos de siempre.
La concesionaria Klassic Car, emplazada en Avenida Vitacura, tiene una sección de seminuevos, en la que se venden y reciben autos de estas marcas en parte de pago.
Precisamente por esta vía es que Fuente-Alba comenzó su relación comercial con la automotora en 2005, cinco años antes de que fuera nombrado comandante en jefe del Ejército, cuando era director del Centro de Investigaciones Militares, CESIM, en virtud de su relación con el entonces gerente general de Klassik Car, José Miguel Donoso, quien fuera su subordinado cuando hizo el curso para oficial de reserva del Ejército.
Así la elite va tejiendo sus redes.
La investigación sobre lavado de activos que indaga Morales tiene su origen –precisamente- en la compra de nueve vehículos por un total de $235 millones que realizó Fuente-Alba a la automotora Klassik Car, entre 2005 y 2013.
El hilo de la madeja partió con la declaración de German Korff ante la Fiscalía.
Korff es el dueño de una lavandería que provee servicios al Ejército y por la que ha facturado a la fecha más de $2.000 millones, y es amigo personal de Fuente-Alba.
Aseguró haber vendido al ex-comandante en jefe un Audi A4 del año 2004 en $18 millones, aunque no existen documentos que acrediten dicha transacción. Agregó que Fuente-Alba entregó este vehículo a la automotora en parte de pago, más $4,8 millones en efectivo y, a cambio, se llevó un Audi A4 de 2005, avaluado en $22,8 millones.
Además de esa compraventa, aparecen otras que lucen, por decir lo menos, sospechosas.
En octubre de 2008, el procesado general compró un jeep Audi Q7 que costaba $45 millones, y entregó en parte de pago otro que había adquirido el año anterior en $34 millones, pero que la automotora valoró en $35 millones.
El 27 de enero de 2010 Fuente-Alba vendió a través de esta misma automotora, un jeep en $41 millones y compró otro en $60,5 millones y lo tuvo hasta el 5 de abril de 2010, cuando asumió la comandancia en jefe del Ejército. Ese día se lo vendió a la propia automotora en $66,7 millones.
En 2012, el Ejército le compró a Klassik Car un jeep Volwkswagen en $30,6 millones.
El contacto para la orden de compra era Elizabeth Vega, esposa del cabo Juan Carlos Cruz, quien a propósito de su elevado gasto en el casino Monticello -$ 2.736 millones en cinco años- abrió la pista para el caso denominado “Milocogate” sobre fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Sepulcral silencio en La Moneda
Una ventaja adicional que disponen los delincuentes de alto coturno es el cono de silencio mediático que los protege, dado sus vínculos con los propietarios de los medios de comunicación, con quienes comparten directorios, cofradías, relaciones sociales y vacaciones.
En esa estrategia de contención de daños, no sorprende el silencio de La Moneda sobre los nuevos antecedentes que vinculan al ex general José Miguel Fuente-Alba con el pago de comisiones ilegales al proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, por parte de una concesionaria de autos de lujo, en la que uno de sus propietarios es el ex subsecretario de Prevención del Delito de la primera administración de Piñera, Cristóbal Lira, actualmente uno de los asesores mejor pagados del Ministerio del interior.
Resulta llamativo el tratamiento quirúrgico, casi envuelto en algodones, respecto de Fuente-Alba, del sistema mediático, así como el cerco comunicacional sobre el rol que ha jugado Cristóbal Lira en este caso.
Es casi idéntico al comportamiento mediático frente a la soterrada polémica que envuelve al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en relación con la compra de cuatro predios emplazados en la comunidad mapuche Mariano Millahual. El último de los terrenos fue adquirido el 2012, cuando integraba el primer Gobierno de Sebastián Piñera, en el mismo cargo que hoy detenta.
Dicha operación es el producto del tráfico de influencias y torcidas interpretaciones jurídicas, toda vez que la Ley 19. 253 de Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prohíbe expresamente la enajenación de terrenos situados en comunidades mapuche, a particulares no mapuches.
Eso, Ubilla, que es abogado, no podía desconocerlo, lo cual, en todo caso, no impidió que igual hiciera el negocio.
El silencio de las autoridades de La Moneda respecto a los casos del asesor Cristóbal Lira, y el subsecretario Rodrigo Ubilla, da cuenta de una suerte de inmunidad que atropella, en términos perentorios, el principio elemental de ética pública y responsabilidad política; lo cual tendría, en parte, explicación en la pérdida de la capacidad de asombro de la ciudadanía frente a este tipo de hechos, así como en la naturalización de este tipo de casos en una elite que se sabe de antemano protegida, y por tanto, estimulada a comportamientos progresivamente temerarios y desviados de la ley.
En opinión de Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central, este no es solo un problema de ética o valores, sino también de un mal diseño de reglas:
«En nuestro país domina un sistema que podríamos denominar de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuentas por su desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Esto facilita el estancamiento de la mediocridad, la falta de ética y la corrupción. Esta no es solo un problema de los corruptos, es también un subproducto de la debilidad del sistema político. Lo anterior se profundiza por la falta de mecanismos de control de los políticos».
Ello no impide que, con infundada arrogancia, las actuales autoridades de La Moneda se permitan dar lecciones de democracia, especialmente a los países y gobiernos que se aparten del canon neoliberal.
