El ex guerrillero chileno afincado en Buenos Aires desde hace muchos años, Galvarino Apablaza, ha logrado hasta ahora no ser extraditado a su país amparándose en su condición de refugiado político. Sin embargo, a fines del mes pasado la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, manifestó su voluntad de extraditarlo, y unos días después un fallo judicial le retiró el estatus de refugiado.
Cuando el golpe de Estado en Chile, Apablaza era estudiante universitario y dirigente de la Juventud Comunista. En mayo de 1974 fue detenido y torturado (perdió un testículo), y en 1975, expulsado del país, se asiló en Panamá. A instancias de la dirección del Partido Comunista (PC) de Chile, en noviembre de ese año Apablaza viajó junto a otros refugiados a Cuba donde ingresó a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.
Fue la primera vez que el gobierno de Fidel Castro aceptó instruir a extranjeros como oficiales y no como guerrilleros. Apablaza se graduó y se integró a los cuadros regulares del ejército cubano. Por entonces la estrategia de los dirigentes comunistas chilenos no pasaba por la formación militar de sus militantes con el objetivo de operar en su país, sino como parte de una política de carácter internacional de lucha contra el imperialismo.
Siguiendo esa estrategia Apablaza fue enviado en 1979 a Nicaragua, donde comandó el contingente internacional del frente sur sandinista, que libró batallas decisivas en la ofensiva final contra la Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza.
Instalado el gobierno revolucionario, Apablaza se desempeñó como instructor en las primeras escuelas de armas tendientes a formar el ejército sandinista. En Nicaragua, a principios de los ochenta, recibió la noticia de que el PC chileno planeaba reforzar con una organización armada las movilizaciones civiles contra la dictadura.
Con este cometido, en 1983 ingresaron a Chile los primeros combatientes que crearon el brazo armado del PC: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), con el objetivo de colaborar en el derrocamiento de la tiranía, pero no de tomar el poder, como otras guerrillas latinoamericanas.
El 14 de diciembre de 1983 el FPMR realizó su primera acción importante: dinamitó torres de alta tensión y provocó un apagón en la zona central de Chile. Apablaza retornó clandestino a su país en 1984 para integrar la dirección nacional del FPMR, que intentó dos importantes pero fallidas acciones: la emboscada al dictador Augusto Pinochet en setiembre de 1986 y el desembarco de toneladas de armas por vía marítima que fueron descubiertas por el ejército.
En 1987, por discrepancias en torno a la continuidad de la lucha armada, el FPMR se separó del PC de Chile.
Un año después fue detenido y asesinado por las fuerzas represivas Raúl Pellegrín, dirigente máximo del FPMR, y Apablaza asumió la jefatura de esa organización.
En 1988 el régimen llamó a plebiscito para legitimar la dictadura. Según Apablaza, el FPMR valoró que habría fraude o que, en caso de perder, Pinochet no asumiría la derrota y se generaría una situación de confrontación de un nivel superior, cosa que no sucedió.
Por esos meses en Chile se inició un proceso durante el cual la derecha y la centroderecha negociaron con el poder con miras a una transición hacia la democracia, mientras el FPMR sufría una gran dispersión de militantes. Tiempo después Apablaza dará la razón al PC chileno en cuanto a acompañar el proceso de reinstitucionalización.
En 1990 resultó electo presidente de Chile el democristiano Patricio Aylwin, y Pinochet fue el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Acorralado por la represión y desligado del PC, en abril de 1991 el FPMR ejecutó al senador ultraderechista de la Unión Democrática Independiente Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura, sindicado como el López Rega chileno y vinculado al nazi alemán Paul Shaefer, que preparara paramilitares en la Colonia Dignidad, en el sur de Chile.
En setiembre de ese año un comando del FPMR secuestró a Cristián Edwards, hijo del dueño del diario conservador El Mercurio, obteniendo un millón de dólares por su rescate, que según la prensa oficialista los guerrilleros utilizaron para financiar su repliegue.
A partir de entonces, y en medio de discusiones entre los que pretendían continuar con la lucha armada y quienes intentaban establecer una estrategia de adaptación al nuevo escenario –entre estos últimos se encontraba Apablaza–, los militantes del FPMR fueron dispersados como consecuencia de la represión policial e infiltraciones del gobierno de Aylwin.
Esta neutralización de los guerrilleros, según analistas de derecha, coincidió con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba. Mientras tanto, el cerco represivo se cerraba sobre Apablaza, hasta que al asumir Néstor Kirchner como presidente en Argentina el ex guerrillero se radicó en Buenos Aires junto a su familia con la voluntad de legalizar su situación de refugiado político, condición que obtuvo en 2010 y que fuera revocada el pasado 3 de febrero por el juez argentino Ernesto Marinelli.
COLETAZOS.
El 28 de noviembre de 2004 el presidente chileno Ricardo Lagos anunció oficial y públicamente el informe final de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, coordinada por el obispo de Santiago, Sergio Valech.
“Acá están –dijo Lagos– los testimonios de más de 35 mil personas residentes en Chile y en el extranjero.”
Y agregó:
“El informe nos hace mirar de frente una realidad insoslayable: la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile”.
La actitud de Lagos trajo cierto optimismo a los perseguidos políticos. Sin embargo, al día siguiente, en las afueras de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal interceptaron el vehículo en que se desplazaba Apablaza, y en un operativo que el ex guerrillero calificó como cinematográfico –con la presencia de muchos periodistas–, fue detenido.
Conducido a la cárcel de la Unidad de Investigación Antiterrorista de Capital Federal, fue incomunicado en una celda hasta que lo condujeron ante el juez. Como jefe del FPMR, Apablaza es acusado de todas las acciones armadas de esa organización, incluso del fallido atentado contra Pinochet. Pero específicamente se lo culpabiliza de la muerte del senador Guzmán y del secuestro del empresario Edwards. En Chile lo esperan dos condenas de cadena perpetua.
Según su abogado, Rodolfo Yanzón, el procedimiento que culminó con el arresto de Apablaza se inscribió en lo que denominó “el Plan Cóndor residual”. Para afirmar eso el abogado se basa en que la primera mención sobre la ubicación del ex guerrillero en Argentina provino de una nota enviada por el FBI de Estados Unidos a la Interpol de Buenos Aires.
La fuente del FBI fue un tal Marcelo “Pato” Filliol, nombre falso de Miguel Ángel Furci, integrante del grupo de tareas del centro clandestino de detención Automotores Orletti y apropiador de Mariana Zaffaroni.
Furci habría denunciado a Apablaza al FBI para cobrar una recompensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En un e-mail obtenido por Yanzón, Furci afirmaba hallarse abocado a la intervención de dos líneas de teléfono de Apablaza para registrar sus movimientos y facilitar su arresto.
Apablaza por entonces dijo que se trataba de una operación encubierta de los servicios de por lo menos tres países (Estados Unidos, Argentina y Chile), y que su detención se inscribió en la puesta en práctica de “la teoría de los dos demonios”.
Es decir: el presidente Lagos por un lado admitió los crímenes de la dictadura, y por otro encarceló a guerrilleros opositores a Pinochet como forma de calmar los ánimos de los sectores más retrógrados de las fuerzas armadas chilenas.
EL CASO MOLINA.
Un antecedente de lo sucedido con Apablaza lo constituyó el caso de otro integrante del FPMR, Claudio Molina, que fuera apresado cuando el atentado a Pinochet en 1986.
Molina logró fugarse de un penal de alta seguridad de Santiago y se refugió en Argentina en 1990. Nueve años después lo arrestaron como consecuencia de un trabajo conjunto de los servicios de inteligencia chilenos, argentinos y de las pesquisas de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal argentina.
Según Molina su captura se precipitó con la detención de Pinochet en Londres. El gobierno chileno de entonces pidió la extradición de Molina, quien considera su caso como más injusto que el de Apablaza ya que a él se lo requirió por hechos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
El proceso duró cinco meses y el juez argentino que actuó en la causa finalmente no consideró pertinente la extradición por tratarse de hechos políticos, y Molina quedó en libertad, otorgándole el gobierno argentino la condición de refugiado político.
Según Molina, los gobiernos chilenos que sucedieron a Pinochet no han resuelto la situación de quienes combatieron a la dictadura en el ejercicio del derecho a rebelarse contra un régimen inconstitucional:
“A los que fueron guerrilleros en Uruguay, Argentina, Brasil se les reconocen sus derechos y hasta ocupan cargos de gobierno, mientras a nosotros nos siguen persiguiendo”. Pero, afirma Molina, ni él ni sus compañeros aceptarían “un punto final que nos equipare con los golpistas, torturadores y asesinos”.
Fuente: Brecha
