El debate en torno al Proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales abre la posibilidad de discutir sobre la calidad de las relaciones laborales, algo que nuestro país se adeuda desde hace veinticinco años. Las polémicas en torno al proyecto obligan a preguntarse por qué esta reforma genera tanto apasionamiento, crítica y preocupación en el empresariado.
Sucede que las relaciones laborales son, en buena medida, relaciones de poder al interior de la empresa, algo que nadie está dispuesto a compartir o ceder fácilmente. En una reforma tributaria se entrega esencialmente dinero, en una reforma laboral se cede poder.
La historia de Chile, a partir de fines del siglo XIX fue cimentada por el avance de los sectores obreros y populares. Es una historia rica y profunda marcada por muchos hitos y momentos protagónicos de los trabajadores chilenos, que se desploma a partir de 1973, especialmente en la década de los 80 con el Plan Laboral. Éste sintetiza una forma de ver el modelo de desarrollo y las relaciones laborales sustentado en el poder omnímodo del empresariado, lo que requiere atomizar las organizaciones sindicales y reducir al mínimo su capacidad de negociación.
El enfoque que ha permeado más de dos décadas de democracia, otorga una connotación negativa al conflicto e induce a reducir al máximo el espacio para que éste se exprese. La estrategia, en todo caso, resultó eficaz: la afiliación a sindicatos es baja y el nivel de cobertura de la negociación colectiva, limitado, lo que se traduce en debilidad de los trabajadores a la hora de negociar salarios.
Más allá de las opiniones, los datos duros son contundentes. Un informe reciente de la Fundación Sol basado en la encuesta CASEN indica que el 50,5% de los ocupados chilenos gana menos de $260.000 líquidos y el 74% menos de 400.000. La inmensa mayoría complementa sus bajos sueldos con altos niveles de endeudamiento. Ésta es, sin duda, una bomba de tiempo social.
En este delicado escenario, la negociación colectiva resulta el instrumento clave para romper uno de los nudos más compactos de la desigualdad, pero el empresariado se alarma y resiste incluso con insertos millonarios. Sin embargo, es hora de ampliar la perspectiva y plantearse seriamente qué consecuencias podría tener no abrir canales regulares para la acción organizada de trabajadores y trabajadoras. Hay un riesgo que no parece haberse contemplado: cuando no existen canales regulares institucionalizados, el sistema tiende a desbordarse.
Considerando los temas que aún están en debate, al menos tres de ellos merecen especial atención. En primer lugar, resulta inaceptable mecanismo alguno que implique, en definitiva, la vulneración del derecho a huelga.
La Corte Suprema ya ha rechazado el reemplazo con trabajadores de la misma empresa en dos ocasiones, basándose en tratados internacionales que el Estado chileno debe respetar.
En segundo lugar, alarma la iniciativa de aumentar a 25 trabajadores el quórum para crear sindicatos. Las micro y pequeñas empresas reúnen a 1,8 millones de trabajadores; la mayoría de ellas tiene menos de 25 trabajadores que no podrían formar sindicatos, ni negociar en forma reglada. Se impediría así ejercer un derecho que no sólo reconoce la Constitución, sino varios instrumentos internacionales suscritos por Chile, especialmente de Derechos Humanos, tal como lo destacó recientemente el INDH.
Por último, no resulta posible retroceder en la titularidad sindical, esto es que sean los sindicatos los que negocien, lo que algunos buscan afectar a través del paralelismo de grupos ocasionales o la extensión unilateral de beneficios, mecanismos que tienden a desalentar la afiliación a las organizaciones permanentes de los trabajadores.
En definitiva, la discusión en torno a la reforma induce a resituar, por fin, la importancia del trabajo en el modelo de desarrollo, en la superación de la desigualdad, en el respeto de derechos y en el fortalecimiento de la organización social. Debemos estar atentos a omisiones y deficiencias que puedan poner en riesgo el avance en materias tan decisivas para hacer de Chile un país más justo.
(*) Senadora por la Región de Coquimbo
Fuente: Senado
