Nuevas Filtraciones: Los Millonarios Gastos en la Defensa de los Involucrados del Pentagate

Nuevas filtraciones de la conversación entre Carlos Eugenio Lavín, uno de los fundadores del grupo Penta, y el ex gerente del conglomerado, Hugo Bravo, demuestran la profundidad y asiduidad de las prácticas tramposas para traspasar recursos a las campañas de candidatos de la derecha. Lavín refiere a la arista del caso que envuelve a políticos en la emisión de boletas por servicios no prestados para respaldar donaciones de campaña y asegura que los mencionados tienen miedo y «se están moviendo para empatar». Por más que uno de los fiscales le haya bajado el perfil a la arista política, está claro que por sus repercusiones, el caso Penta hace rato que dejó se ser la investigación de un mero fraude tributario. En la misma grabación, Lavín se refiere a los costos que está teniendo el caso para el grupo, que fácilmente llegan a los cien millones de pesos al mes.

En el diálogo ocurrido el 7 de septiembre, Lavín dice:

“Si en este momento saliera el tema de estas boletas ¿como se llama? políticas, h… digamos, que ya por lo demás algo salió, con la huevá de Moreira y todo eso (…) sería un cagazo más político que otra cosa”.

Y agrega: “Los políticos están cagados de susto, esa es la parte buena. Entonces están moviéndose políticamente, en la onda de ‘empatar’, pos h.. ¿entendí? ‘si vos me cagai a mí, yo te cago a vos’, porque aquí están todos metidos hasta las masas”.

En efecto, hasta ahora la principal estrategia de los políticos involucrados en la emisión de boletas por servicios no prestados, o “ideológicamente falsas”, ha consistido en desacreditar la versión de Hugo Bravo, quien fue el primero en mencionar este mecanismo de entrega de recursos a distintos candidatos, en su mayoría de la UDI.

La Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la decisión de si la grabación de Bravo, presentada en el marco de una demanda laboral contra sus ex jefes, es legal o no. De ser así, podría ser utilizada como prueba en la investigación de la arista política que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo.

Después se reproduce una parte de la conversación en la que habla Bravo.

“Lo que siempre decía yo de los PCR (Penta Corredores de Bolsa) era que están mal llevados, que hay una cantidad de gastos rechazados y ahí sí podrán -creo yo-, van a encontrar h… nunca me expliqué que se perdieran 2.500 millones de inventario -h…- en MasterCard, que desaparecieran (…) Y, así, pueden haber otras h…”.

El despedido ejecutivo dice también que “me he sentido realmente mal h… porque el Choclo no ha tenido ganas, no me pagó el 2012, no me pagó el 2013, no me pagó la indemnización que tú dijiste que me iba a pagar, me achicó las vacaciones, o sea, me ha tratado en todo como las h…, entonces, yo personalmente no sé si creerle”.

En medio de la indagatoria por los presuntos desvíos irregulares desde el holding hacia campañas UDI, Bravo y los dueños de empata enfrentan un demanda laboral del ex asesor, luego de que fuera despedido.

En la primera parte del audio que fue revelado hace una semanas, Bravo daba los nombres de siete políticos UDI que habrían sido favorecidos con las platas.

La Segunda publicó hace una semanas parte de la declaración de Lavín en la Fiscalía, donde culpaba de todo a Bravo.

 Los costos del Pentagate

En un trozo de la grabación que hizo el ex director del holding Hugo Bravo al controlador Carlos Eugenio Lavín se escucha la cifra. Bravo comenta sobre lo caro que resulta tener un estudio de abogados en estos tiempos. Y dice: “No son baratos y el tuyo debe costar cinco veces más”. Y después de unos segundos, Lavín responde con tono quejoso que el monto mensual, sólo del estudio jurídico Harasic & López, llega a cien mil dólares al mes.

Transformados a pesos los penalistas Davor Harasic y Julián López, quien defienden también a Carlos Alberto “choclo” Délano, cobran poco más de 60 millones.

Ahora bien, de acuerdo con la información recabada por este diario, los profesionales fueron contratados en junio pasado y si el caso tiene una tramitación rápida podría durar al menos hasta junio del próximo año: son $ 720 millones. Eso sin contar los más de 1.000 millones que Délano y Lavín pagaron a la Tesorería, luego que en su denuncia por el delito de boletas ideológicamente falsas, el SII estimara el perjuicio fiscal en $ 460 palos.

Hay que recordar que “los Carlos” contrataron a otros estudios. Acuña y Compañía para la demanda que interpusieron por un cheque protestado de Bravo en el Octavo Juzgado Civil.

En tanto, el bufete de Álvaro Pizarro los patrocina ante el Segundo Segundo Tribunal Laboral, donde están requeridos por Bravo, quien alega despido injustificado, solicitando 2.300 millones como indemnización.

Si a lo anterior se suman los honorarios de Imaginacción, la empresa de Lobby de Enrique Correa y Extend de las hermanas Velasco; Rumbocierto de Jorge Frei, José Miguel Izquierdo y Valentina Giacamán, una cifra conservadora indica que el costo estimado de todos los contratos, incluidos los juristas, superaría fácilmente los cien millones al mes.

Fiscal nacional: Filtraciones son de menor entidad que el delito tributario

Siempre en la tesis del empate político, o bien de chutear la pelota para la galería, la UDI ha puesto en el centro de su defensa, las filtraciones desde la Fiscalía. Pues bien, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán dijo que las filtraciones son mucho menores que la magnitud del delito tributario:

«Los delitos tributarios son de la mayor gravedad. Nosotros como Fiscalía hemos insistido en un lineamiento de persecución penal de que causa tanto ruido, tanto daño a la sociedad un delito económico de gran entidad, entre los cuales están los tributarios, como un robo».

En relación al caso Penta y las filtraciones, aclaró:

«La Fiscalía no es la única que tiene acceso, por mucho secreto que haya a los antecedentes. Primero, hay organismos auxiliares como las policías, no los estoy acusando de filtración, sino que quiero situar el tema. En segundo lugar, hay intervinientes del proceso, como los imputados, que tienen acceso a toda la carpeta, por ende no están cometiendo delito si revelan antecedentes. Mientras las filtraciones no afecten la honra de las personas, son de menor entidad que un delito tributario».