Preocupación existe entre las partes interesadas en la arista penal del Caso Cascada, la misma que tiene a Moneda, AFP Habitat y accionistas particulares con querellas en contra de los responsables del “esquema” sancionado por la SVS, por los delitos de información privilegiada, operaciones ficticias y manipulación bursátil, entre otras infracciones a la ley. La Fiscalía busca levantar el secreto bancario de los investigados. El objetivo es comparar antecedentes con declaraciones tributarias.
Hace más de dos años que se presentó la primera acusación en el caso, levantando un proceso que en principio fue tomado por la Fiscalía Oriente, pero que producto de la inhabilidad declarada por el fiscal Alberto Ayala –ex abogado de SQM–, pasó a manos de José Morales, cabeza de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.
Desde entonces que ha venido reconstruyendo el esquema ilícito que detectó la SVS –y por el cual sancionó con US$164 millones a sus involucrados–, sin embargo, en un proceso que para algunas partes interesadas ha sido “lento”, ciertos querellantes solicitaron nuevas diligencias a fin de agilizarlo.
Así es como AFP Habitat pidió el pasado mes que la Fiscalía oficie a los bancos de la plaza para que informen las cuentas bancarias donde figuran las distintas sociedades y personas naturales involucradas, informando no sólo las que se mantienen a la fecha, sino aquellas que pudieron haber sido contratadas desde 2008 en adelante.
Con dicho requerimiento, la Fiscalía ya ofició a los bancos, en un procedimiento que implica el levantamiento de secreto para, de esa forma, acceder a los movimientos de las sociedades y las personas involucradas, con el propósito de revisar el destino de las utilidades que habrían obtenido con las operaciones que le dieron forma al esquema castigado por la SVS.
Los sujetos sobre los cuales se persiguen estas cuentas son Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán, Canio Corbo, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial, Felipe Errázuriz y Cristián Araya, quienes fueron sancionados por el regulador de Valores.
Pero a ellos se suman nombres estrechamente vinculados a las sociedades personales de Ponce, como su hijo Julio Ponce Pinochet, además de José Guerrero, Luis Saldías, Felipe García-Huidobro Mac-Auliffe, como asimismo Claudia Morales, quien se ha desempeñado como fiscal en estas sociedades, y el fallecido Jorge Araya, quien fue durante años gerente en las matrices de SQM. La lista también incluye a Tomás Hurtado Cruzat, socio de Corbo en CHL.
Se suman otras 24 sociedades ligadas a las personas mencionadas, incluyendo las sociedades SQYA, SQ, Inversiones del Sur e Inversiones Hoca, todas de Ponce y que recientemente cambiaron su figura de sociedad anónima a la de responsabilidad limitada, modificaciones que las eximen de la obligación de elaborar o entregar una serie de antecedentes financieros e incluso mantenerlos, pudiendo eliminarlos, como informó este medio en diciembre pasado.
Dichos antecedentes se compararán con los que deriven de otros oficios enviados al Servicio de Impuestos internos (SII), pues se le pidió a esta institución que remita copia de las declaraciones de renta, además de los F20 y F50 de las personas y sociedades mencionadas, con el objetivo de contrastar los ingresos bancarios con sus respectivas declaraciones y, de esta manera, verificar la existencia de una eventual arista tributaria, fantasma que ya ronda en el entorno de Ponce, a la luz de la investigación de la Fiscalía Oriente por boletas falsas que tenían como destino a una serie de personeros políticos, tanto de la Nueva Mayoría como de oposición.
Más diligencias: incautación a Araya y declaración de ex SVS
Además de lo anterior, a la Fiscalía se le requirieron varias otras diligencias. Una de estas es que la policía acuda a las oficinas de Banchile Corredores de Bolsa con el fin de que haga entrega voluntaria del computador de Cristián Araya, ex gerente de inversiones de dicha intermediaria, y de sus correos electrónicos. En caso de no contar con una respuesta positiva por parte de la compañía, se pidió una autorización judicial para la incautación del equipo.
Y también que se cite a declarar a Fernando Coloma, ex titular de la SVS, en calidad de testigo, y al equipo de funcionarios de la entidad que estuvieron a cargo de la investigación.
El proceso
Más allá de los antecedentes que arrojen estos procedimientos, partes informadas sostienen que dichas diligencias resultan “básicas” o “mínimas” para una investigación como ésta, pero que, a más de dos años transcurridos, no se han hecho, lo que resulta preocupante.
Si bien la Fiscalía ha avanzado en aristas que se relacionan tangencialmente con el caso, sobreseyéndolas (como en la querella por prevaricación contra la SVS o la “campaña orquestada” contra Moneda, presentadas por Ponce), la causa principal del Caso Cascada no muestra avances que evidencien alguna línea de investigación concreta por parte de la Fiscalía. Es más, ninguna de las personas sancionadas por el regulador de Valores ha sido citada a declarar.
El tema inquieta, a la luz de que el propio Morales tomó la posta del fiscal Carlos Gajardo en cuanto a la arista SQM en el marco del caso Fraude al FUT, el cual ha puesto en el centro de la discusión a Penta y sus socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, pero que hoy se concentra en la minera no metálica, producto de la emisión de boletas falsas que no sólo involucra a personeros de oposición, sino también de la Nueva Mayoría. Así, no se descarta que esta última causa tenga un impacto en los tiempos de la investigación relacionada a la cascada.
Fuente: El Mostrador
