Las cifras del Centro de Estudios Públicos (CEP) son representativas del mayoritario sentir de la ciudadanía a favor de la recuperación del cobre, para terminar con los abusos a los consumidores, reducir las desigualdades regionales y de ingresos, y terminar con el lucro en la educación.
La reciente encuesta del CEP dice que Michelle Bachelet triunfará en las próximas elecciones presidenciales, y probablemente en la primera vuelta, el mismo 17 de noviembre. La encuesta también revela las demandas de la ciudadanía que desafiarán al nuevo gobierno. Más del 80% de las chilenas y chilenos desean que se nacionalice el cobre, que se reduzcan las brechas de ingresos y que los consumidores sean debidamente protegidos de los abusos.
Por otra parte, arriba del 70% de la ciudadanía otorga prioridad a la gratuidad de la educación y a la descentralización del país. Son los desafíos del tiempo inmediato.
Las cifras del CEP confirman que la sociedad chilena ha despertado. Los jóvenes movilizados desde el 2011 le hicieron ver al país que el modelo económico y el régimen político tenían que cambiar. Las razones son poderosas.
El crecimiento de la economía y el aumento de las exportaciones han resultado insatisfactorios porque la riqueza generada se ha concentrado en unos pocos grupos económicos y en sólo algunas regiones del país, lo que ha culminado en altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, los territorios y el poder.
No existe confianza en el camino productivo elegido. Se cuestiona la explotación y exportación intensiva de recursos naturales, que además ha conformado una estructura económica heterogénea, sin suficientes encadenamientos hacia la economía interna, vulnerable frente a las fluctuaciones internacionales y con impactos negativos en el medioambiente.
Han crecido las dudas sobre una política macroeconómica que deposita exclusivamente su confianza en las decisiones del mercado. La neutralidad y las insuficientes regulaciones han favorecidos a los agentes económicos más poderosos, pero han frenado las oportunidades de progreso para los pequeños empresarios, mientras trabajadores y consumidores viven en la indefensión.
La política social, eje del Estado subsidiario, está haciendo agua por todos lados. La focalización, con escasos recursos fiscales, sólo permite atender las urgencias más básicas de los sectores de bajos ingresos. En tales condiciones, las ofertas en salud y educación para las familias pobres revelan manifiestos deterioros en calidad y facilidad de acceso, mientras los sectores medios se encuentran cercados por la incertidumbre.
Esa política social abrió las puertas para que el mundo empresarial privado extendiera sus negocios al área social. Las ISAPRES y AFPs han resultado en generosas ganancias para sus dueños y en molestia permanente para sus clientes. Las pensiones miserables que están recibiendo los sectores medios y los costos crecientes de la salud privada se perciben como una estafa por la ciudadanía.
Al mismo tiempo, el negocio de los sostenedores de los establecimientos educacionales privados, con subvención estatal, así como las universidades privadas han perdido toda credibilidad. El rechazo al lucro se ha generalizado. En estas condiciones, la población de ingresos medios enfrenta el desafío cotidiano de destinar gran parte de sus salarios para las cotizaciones de salud y comprar la educación de sus hijos.
El negocio empresarial en salud, educación y previsión, es realizado por los mismos grupos económicos que controlan la actividad productiva, las exportaciones y la banca. Los
tradicionales derechos de los ciudadanos se han convertido en negocios para los empresarios, y con el aval del Estado.
Los consumidores sufren agresiones brutales a sus derechos. Las multitiendas, supermercados y farmacias se han enriquecido gracias a la explotación sistemática de los consumidores. La “tasa de interés convencional” del 50%, más comisiones, multas y trampas varias, estrangulan a los clientes modestos. La ganancia del gran comercio establecido ya no se encuentra en la venta de productos sino en el negocio financiero derivado del endeudamiento de los clientes.
La clase media y los sectores populares, que reciben bajos salarios por su trabajo, sobreviven gracias a una vorágine de deudas, las que han potenciado las ganancias del 1% más rico de la población. Los comportamientos delincuenciales de La Polar así como la condonación impositiva a Johnson’s son reveladoras tanto de la incapacidad regulatoria del Estado como de su actitud complaciente con los grandes negocios. Los consumidores están en la indefensión . En definitiva, la política y el Estado, en vez de servir para compensar las desigualdades propias de una economía de mercado, se han convertido en instrumentos de ampliación del poder de las elites.
En efecto, la heterogeneidad productiva, así como la concentración, desigualdades y abusos del modelo chileno no se han visto corregidas por políticas públicas que reduzcan las diferencias productivas existentes entre regiones, empresas y sectores de actividad. Tampoco esas políticas públicas frenan los abusos a los consumidores. Además, las elites cuentan con un desproporcionado acceso a los medios de comunicación, mediante los cuales defienden y promueven la ideología y políticas públicas que sustentan el modelo económico.
Las cifras del CEP son representativas del mayoritario sentir de la ciudadanía a favor de la recuperación del cobre, para terminar con los abusos a los consumidores, reducir las desigualdades regionales y de ingresos, y terminar con el lucro en la educación. Esos son los temas ineludibles.
Aunque en la encuesta CEP no hay una abrumadora cifra a favor de una Asamblea Constituyente, ha crecido la conciencia ciudadana de que el cambio al modelo económico exige un nuevo orden político. En efecto, el masivo rechazo a la Alianza, a la Concertación y al Congreso se muestra en todas las encuestas y en la reciente del CEP. En los 23 años de democracia, la Concertación y la derecha han sido las únicas fuerzas participantes del juego político y sólo han sido desafiadas manifiestamente por el movimiento estudiantil a partir del 2011.
El rechazo al duopolio es también, en el fondo, un cuestionamiento a los grupos económicos beneficiados con el modelo, que con sus recursos y mediante el lobismo subordinan a la clase política a sus intereses. Esto ha cansado a la ciudadanía y por ello el cambio constitucional es insoslayable.
Los desafíos del tiempo inmediato son de envergadura. En primer lugar, el crecimiento no puede seguir dependiendo de los recursos naturales no-renovables y exige ser amistoso con el medio ambiente, así como favorecer una localización geográfica de la actividad económica, menos concentrada en la región metropolitana. La recuperación del cobre para todos los chilenos puede permitir contar con recursos no sólo para universalizar las políticas sociales, sino también para diversificar la estructura productiva y así generar fuentes estables de empleo y neutralizar el impacto de los ciclos económicos internacionales.
En segundo lugar, la reducción de las desigualdades no puede seguir siendo materia de retórica electoral y debe incorporarse explícitamente en las metas gubernamentales. La experiencia de las dos últimas décadas muestra que la distribución de ingresos es bastante invariante al crecimiento económico.
El acceso preferente al crédito, tecnología y mercados de las empresas grandes en relación a las medianas y pequeñas generan tendencias de concentración de mercados y riqueza. Ello debe ser enfrentado con políticas públicas agresivas del Estado, que den al trasto con la macroeconomía de la neutralidad para privilegiar al pequeño empresario sobre el grande, fortalecer la negociación de los trabajadores en las empresas y castigar los abusos contra los consumidores.
Al mismo tiempo, las políticas sociales deben terminar con la focalización y comprometerse con la universalidad. Los estudiantes han dado una lección al país en la lucha por una educación gratuita, de calidad y sin segregaciones para todos los jóvenes, desde la cuna hasta la universidad.
Ese camino es el que se debe seguir para terminar con el drama de las familias de bajos ingresos y capas medias. Los ricos deberán pagar con impuestos la educación de todos los chilenos. Ese mismo camino debe abrirse para recobrar pensiones dignas de todos los jubilados, mediante un sistema de reparto; y, también, ha llegado la hora de responder a los enfermos ofreciéndoles una atención decente, independientemente de sus condiciones de ingreso.
Finalmente, el mayor de los desafíos radica en la urgente necesidad de modificar el contrato que se impuso a los chilenos y chilenas en 1980, el que se firmó a punta de bayoneta. Hay que derogar la Constitución impuesta en dictadura, y que fue maquillada por el ex Presidente Lagos.
Hay que derogarla porque es un seguro para proteger el neoliberalismo y una camisa de fuerza contra los intereses de participación política de las grandes mayorías: entre otras cosas, por el excluyente sistema electoral binominal como también porque consagra un Estado subsidiario que le impide al sector público desplegar iniciativas económicas y regular el mercado a favor de los sectores más débiles.
La construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con un nuevo contrato social, es una tarea de envergadura que reclama la ciudadanía. Es una exigencia para el próximo gobierno. Habrá que desafiar intereses poderosos, grandes empresarios, medios de comunicación, políticos y economistas. El esfuerzo vale la pena. Son los desafíos del tiempo inmediato.
(*) Economista de la Universidad de Chile, con estudios de post grado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Integra el Grupo Nueva Economía.
Fuente: Sin Permiso
