Propongamos una idea inicial. Chile es un Estado Militarizado, siempre lo ha sido, desde su primera constitución, y seguramente, si la hipótesis de Salazar (“nuestro ejército está enfermo”) es cierta, debemos presuponer que el Estado también está enfermo, y si el Estado está enfermo entonces la sociedad chilena y sus instituciones hacen síntoma. Augusto era el título honorífico que se les daba a los emperadores romanos, y que era reservado inicialmente a las divinidades…
A 40 años del golpe militar resuena este nombre, resuena como significante del terror para la mayoría y de adoración para otros. La violencia militar instituida en Chile, contra su propio pueblo, es de larga data. Gabriel Salazar ha afirmado que nuestro ejército está enfermo; a su haber ya llevan 3 golpes de estados y 22 masacres a los trabajadores a lo largo de 200 años (ver video al final del artículo).
Propongamos una idea inicial. Chile es un Estado Militarizado, siempre lo ha sido, desde su primera constitución, y seguramente, si la hipótesis de Salazar es cierta, debemos presuponer que el Estado también está enfermo, y si el Estado está enfermo entonces la sociedad chilena y sus instituciones hacen síntoma.
No hay sociedad moderna sin instituciones que la acompañen. Lo particularmente chileno es que las instituciones que acompañan a la población; las instituciones que nos entregan algunos referentes –ideales podríamos decir- en los que debemos sentir cierta seguridad, aunque sea ilusoria, replican los modelos instalados por la violencia que constituyó al Estado.
En el año 1973 es esta misma violencia, ejercida por la milicia, la que destruye un gobierno elegido por las urnas, la que destruye a un pueblo y a sus instituciones, y que esta fecha nos recuerda y nos trae a la memoria por cuarentava vez. Esto, porque sigue estando a la vuelta de la esquina la idea de que la justicia se hace cada vez más lejana y se vive con cierta desesperanza, y sabemos que el olvido es una resistencia que debemos sortear. El recordar siempre será un capital simbólico y social que debe permitirnos reelaborar los traumas pasados.
Las instituciones destruidas por el último golpe de Estado, comandado por el general del ejército de Chile Augusto Pinochet, se fueron reconstruyendo y redoblando a partir de diversos modelos instalados por una dictadura de 17 años. Modelos económicos de origen estadounidense, modelos de seguridad, modelos de jerarquía, modelos de obediencia, modelos de temor, modelos de silencio, modelos de amenazas, modelos de disciplinamiento, modelos de poder, modelos de clasificación, modelos de homogenización, modelos de violencia y de terror.
Las instituciones que nos acompañan hoy en día son herederas de estos modelos instaurados a punta de cañón, por lo tanto están tan enfermas como nuestra milicia, y las personas, sometidas a estas lógicas institucionales, intentan resistir a la violencia defendiendo su propia posibilidad de existencia.
El día de ayer, una pobladora me comentaba lo amenazada que se sentía porque había denunciado a unos microtraficantes que ejercían violencia directa hacia sus vecinos, directamente a ella le había llegado un disparo que la dejó hospitalizada en la Unidad de Tratamientos Intensivos. Pero, para mi sorpresa, no se sentía amenazada por sus vecinos dedicados al tráfico de drogas, incluso sintió que en un momento le brindaron ayuda, y que en parte podía confiar en ellos. Su sensación de amenaza venía por el capitán de una comisaría que tergiversaba su historia. Reclamaba que en el parte policial se escribió –dicen que lo escrito queda- que este disparo le llega por casualidad como parte de una riña, y no querían tomarle una declaración más detallada porque la consideraban parte del “mismo ambiente”. Era aquella injusticia la que le hacía sentirse amenazada; se sentía víctima de una violencia (institucional) que le producía un estado, podríamos decir, cercano a la paranoia, fundado en la idea de que en cualquier momento podrían dañarla los mismos con los cuales se debería sentir segura. Los que debían “protegerla” eran el foco de sus sospechas, y sus ideas pasaban de lo poco que le importaba a los policías, hasta la idea que ellos mismos protegían a los traficantes de las poblaciones. Decía: “… se pasó de la otra dictadura a ésta, que es más callada…”
En esta última frase mostraba toda su lucidez sobre lo que ocurre en la sociedad chilena y sus instituciones. La dictadura y la poca posibilidad de pronunciamiento de la justicia siguen presente, y de forma más escondida, incluso más oculta que antes. Era una Violencia Callada, y seguramente si seguía reclamándole a las instituciones, entonces fácilmente podrían etiquetarla como loca y drogadicta (palabras de ella, al decir que lo único que consume era marihuana para poder soportar algo de esta violencia).
Los que trabajamos en poblaciones, en la precaridad material y simbólica, sabemos que de estos ejemplos hay miles, y que las instituciones que debiesen proteger son especialistas en controlar. Para este 11 de septiembre, salen a la calle cerca de 8.000 efectivos policiales, de Fuerzas Especiales y GOPE, instalados especialmente en las comunas más pobres de Santiago, en 48 puntos llamados “críticos” y 150 llamados “vulnerables”, donde se incluye control de identidad para los transeúntes[i], y que nos hace pensar en un Estado Sitiado.
Me gustaría agregar otro ejemplo. Hace algunos meses se han puesto en denuncia los horrores y errores del SENAME, y de los procedimientos de Tribunales de Familia.
http://www.lapala.cl/2013/el-mito-del-abandono-en-las-residencias-de-proteccion
http://www.lapala.cl/2013/el-nino-como-mercancia
http://www.lapala.cl/2013/5824
http://ciperchile.cl/2013/08/19/crisis-del-sename-un-sistema-que-hiere-cuando-intenta-cuidar/
La llamada “Comisión Jéldrez” ha declarado que dejar a un niño institucionalizado por más de un año, sin una revisión de su estado, es una violación a sus derechos fundamentales, incluyéndose además una gran cantidad de casos de vulneración grave de sus derechos en su sexualidad, educación, salud, en niños y niñas institucionalizados/as[ii]. Ya se ha dicho que se han ocupado medidas de tortura hacia los niños y niñas en hogares de protección y en sistemas de encierro juvenil, y que varios de sus Organismos Colaboradores optan por no realizar “denuncias”. Es decir, en la infancia de nuestro país la justicia nuevamente no llega a pronunciarse. ¿Será esto culpa de la falta de profesionalismo de los trabajadores? ¿Será culpa de las familias pobres que no cuidan a sus hijos? ¿Será culpa de los niños y niñas? ¿Será culpa de la falta de recursos económicos de un sistema de supuesta protección?
Podemos afirmar ahora, y como la evidencia lo ha demostrado, que las instituciones chilenas que trabajan con infancia están enfermas, e incluyamos, por qué no, al sistema educativo -crisis que lleva años reformulándose-, y al sistema de salud -especialistas en diagnosticar a los niños con déficit atencional, hiperactividad y, actualmente, bipolaridad: escuchaba a un psicólogo de consultorio que decía que en una sala de clases, en un colegio municipal, el 60% tenía alguno de estos diagnósticos-. Y en todo esto, da la casualidad que la pobreza y los llamados “factores de riesgo psicosociales” son siempre el telón de fondo.
Estos dos ejemplos de funcionamiento institucional, en dimensiones diversas –instituciones de seguridad e instituciones hacia la infancia-, nos demuestran que la herencia de la dictadura militar sigue presente en estos 40 años. Revivimos cada día el trauma, la violación a los derechos humanos y se repite la violencia instaurada por los modelos. Como ya dijimos, la justicia no logra pronunciarse, es errónea y llena de actos fallidos. Los esfuerzos por los profesionales y trabajadores que se interesan por estos temas, terminan siendo inertes frente a la enfermedad institucional.
La cura debiese llegar en la medida que sigamos encontrando los espacios y lugares, construidos creativamente, para reflexionar y hablar de esto, cuando dejemos de pensar que el olvido es una solución, y nos podamos seguir organizando para luchar en mantener la memoria, deseando una justicia que permita nombrar los horrores por los que hemos pasado y seguimos pasando, y que la violencia deje de estar callada. Es la violencia institucional la que nos debe hacer hablar, intencionar su reformulación, y proponer nuevas formas de seguir construyendo nuestra historia.
Los ejemplos siempre son pocos, las palabras nunca alcanzan completamente, pero si de algo nos podemos hacer responsable es de aquella violencia que también transita por nuestro órganos, se ancla a nuestros cuerpos, y deja marcas que están siempre presentes. Si somos herederos de una dictadura horrorosa, aprendamos a vivir con la piedra en el zapato, y que esa piedra nos diga que siempre algo faltará para escuchar.
Fuente: La Pala
