El Centro de Formación Memoria y Futuro, constituido por familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de la dirección del Partido Socialista, expuso en la última audiencia pública de la Subcomisión de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de no Repetición de la Convención Constitucional.
De parte de Memoria y Futuro intervinieron Jaime Lorca Tobar, hermano de Carlos Lorca Tobar, detenido por la DINA el 25 de junio de 1975, desaparecido desde entonces; Andrea Camú, hija de Arnoldo Camú Veloso, asesinado por funcionarios de inteligencia de la Armada, el 24 de septiembre de 1973, en Santiago, y Ricardo Lagos, nieto de Ricardo Lagos Reyes; asesinado por funcionarios de Carabineros, en Chillán, el 16 de septiembre de 1973.
La presentación y propuestas de la institución, fueron expuestas por Jaime Lorca Tobar
Buenos días a todas y todos, soy Jaime Lorca Tobar, hermano de Carlos, y vengo en nombre del Centro de Formación Memoria y Futuro, a dar testimonio del proceso de secuestro, desaparición forzada y asesinato de nuestros familiares y compañeros que conformaron y colaboraron con la Dirección Socialista Clandestina, hechos ocurridos básicamente, entre el golpe de Estado de Septiembre de 1973 y Junio de 1975.
Vengo acompañado de Andrea Camú Parrau, hija de Arnoldo Camu Veloso destacado abogado laboralista, asesor Legal del Presidente Allende, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista asesinado por funcionarios de la Armada el 24 de Septiembre de 1973, y también por Ricardo Lagos Paredes, hijo de Ricardo Lagos Salinas, joven economista, integrante de la Comisión Política del PS, y de Ricardo Lorca Bravo, hijo del médico Carlos Lorca Tobar, diputado por Valdivia, Panguipulli, La Unión y Río Bueno, Secretario General de la Juventud Socialista y Presidente de la Unidad Popular Juvenil al momento del Golpe.
Ricardo Lagos y Carlos Lorca fueron secuestrados entre el 20 y el 25 de junio de 1975, fecha en que también se secuestró al máximo dirigente del Socialismo en clandestinidad, el obrero portuario y ex alto dirigente de la CUT y del Partido Socialista, Exequiel Ponce Vicencio. Junto a ellos, también fueron detenidas y hechas desaparecer, las compañeras Mireya Rodríguez, Carolina Wiff y la hija de emigrantes españoles Michelle Peña Herreros; días más tarde, en el mes de Julio, fueron secuestradas por la DINA, las jóvenes enfermeras Sara Donoso y Rosa Solís.
En Memoria y Futuro, a estos luchadores y luchadoras, no solo les consideramos víctimas de la violencia terrorista de Estado, sino esencialmente héroes y heroínas por haber expuesto conscientemente su vida en una lucha tan desigual por la Libertad y el Socialismo, enfrentando la política de exterminio y de terror impuesto por el régimen cívico militar que encabezó el dictador Augusto Pinochet.
Héroes también consideramos al brillante estudiante de ingeniería civil industrial becado de la PUC, Eduardo Muñoz, a Joel Huaiquiñir, dirigente sindical y miembro del Comité Central de la Juventud Socialista, al joven economista Víctor Zerega Ponce, integrante del Comité Central del PS, asesinado en Junio de 1974 en Playa Los Lilenes en Concón por el SICAR, al estudiante de agronomía Alejandro Parada, secuestrado en similar fecha por la DINA.
Héroe es también el constructor civil UTE Ariel Mancilla Ramírez, Encargado de Logística de la Dirección Clandestina, asesinado por la DINA luego de que intentase suicidarse arrojándose a las ruedas de un microbús y también lo son los egresados de ciencias políticas U. Chile Octavio Boettiguer y Eduardo Charme, secuestrados y asesinados en 1976.
Los procesos judiciales que han tomado décadas de investigación, aún no terminan con sentencias definitivas, ante la impotencia de los familiares muchos de ellos ya fallecidos en la espera de una justicia que tarda demasiado en beneficio de los criminales.
Las investigaciones judiciales han acreditado, sin lugar a duda alguna, que tras estos hechos hubo una política de exterminio ordenada por los más altos niveles de la dictadura, por Augusto Pinochet y la Junta Militar, y que su principal brazo ejecutor fue la organización terrorista denominada DINA.
El calvario de la mayoría de estos luchadores y luchadoras de la resistencia anti fascista se inicia en la Villa Grimaldi, en Peñalolén, donde fueron sometidos a atroces torturas, y posteriormente algunos de ellos, en concreto los máximos dirigentes, Exequiel Ponce y Carlos Lorca, son conducidos a la fatídica Villa Baviera, antro nazi, donde ocurrieron no sólo violaciones a los derechos humanos de quienes allí fueron asesinados y sometidos a horrendos tormentos por razones políticas, sino también aberraciones contra menores que allí vivían, lo que ha sido ampliamente denunciado y conocido, pese a la complicidad de muchos que encubrieron y/o justificaron sus crímenes ensalzando la labor de tan siniestra secta.
Se cree que Exequiel Ponce y Carlos Lorca fueron asesinados hacia fines de 1977 cuando ya estaban en estado vegetal, según testimonio de Luis Muñoz Alarcón, el encapuchado del Estadio Nacional al entonces Vicario de la Solidaridad, Cristian Precht. Los cadáveres de esos notables dirigentes, Ponce y Lorca, fueron posteriormente desenterrados en el marco de la operación “retiro de televisores”, incinerados a altas temperaturas, sus huesos desechos con fósforo blanco, y sus cenizas echadas al Río Perquilauquén, que atraviesa la Colonia mal llamada Dignidad.
¿Por qué se ensañaron tanto con los máximos dirigentes socialistas en la Clandestinidad?
¿Por qué motivo, los condujeron a esa Colonia nazi, estrecha colaboradora de la dictadura y de la DINA?
Quizás por las denuncias que hicieron Ponce y Lorca, temprano en 1974 ante la Embajada y ante un canal de televisión alemán, sobre los crímenes que acaecían en Colonia Dignidad, Villa Baviera. Pero también quizás porque los esbirros de la represión y sus instructores y mandantes foráneos, no pasaron por alto la peligrosidad que revestía que el Partido Socialista de Chile, el partido del Presidente Allende, fuese liderado por dirigentes del temple, de sólida formación ideológica marxista y de consecuencia a toda prueba, como fueron Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos Salinas y Carlos Lorca Tobar, y todos quienes conformaron y colaboraron con la Primera Dirección Clandestina Socialista.
¡Vaya para estos héroes y heroínas nuestro emocionado y combativo homenaje!
Sentimos que en parte, gracias a ellos es que hoy podemos estar aquí hablando de Memoria y también esperanzados en el Futuro, en el que pueda resultar del trabajo que se les ha encomendado en esta Convención histórica, para que ojalá NUNCA MÁS se repitan en nuestro país hechos tan trágicos e inhumanos, alentados y amparados por el propio Estado, que debiera estar para servir y proteger a todas y todos los habitantes de este país, y no para martirizarlos, violando sus derechos esenciales y su dignidad o para implementar políticas de exterminio como lo hizo la dictadura en su guerra contra el enemigo interno.
¿Cómo podríamos asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más? ¿Cómo podría la Nueva Constitución contribuir a ello?
En Memoria y Futuro hemos reflexionado al respecto y concordamos con lo que plantea el derecho internacional y los organismos de Derechos Humanos, que a nivel nacional lo expresa fundamentalmente la Comisión Chilena de Derechos Humanos además de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y la red de sitios de memoria.
La garantía de no repetición requiere la intervención en múltiples esferas de la sociedad y del Estado en forma simultánea y decidida, aunque sus efectos prácticos en ellas requieran procesos más o menos prolongados o de lenta maduración; lo central es que se exprese y concrete una voluntad soberana de las naciones que habitan el territorio llamado Chile, y se fije constitucionalmente un norte, una dirección hacia el cual avanzar cuya rapidez dependerá de la maduración de condiciones, la disponibilidad de recursos y la voluntad del liderazgo y de la involucración activa y actuante de la ciudadanía.
Entre estas dimensiones de garantías del Nunca Más, cabe señalar las siguientes:
1º) Un orden social justo
La paz social, la estabilidad y la gobernabilidad, exigen la existencia de un orden social basado en la justicia y percibido como tal, que procure la plena realización de los derechos Humanos en todas sus dimensiones, no sólo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y ambientales. Por enunciar algunos, derecho al trabajo, a la sindicalización, al salario y condiciones laborales dignas, a la previsión social, la salud, la educación, a la vivienda digna; a la recreación, la cultura, a un medio ambiente limpio, a la digitalización, entre otros.
Ello supone la instauración de un régimen económico-social que los haga realidad en forma progresiva en sus diversas dimensiones; propósito que no es posible de alcanzar bajo el orden neoliberal consagrado por la espuria Constitución de Pinochet-Guzmán, cuya esencia concentradora excluyente y de democracia semi-soberana permanece, a pesar de sus múltiples modificaciones.
2º) Una mejor y más profunda democracia
Es necesario avanzar en una democracia que combine efectiva representación con participación ciudadana activa, en la que la voluntad del pueblo sea vinculante para ciertas decisiones, los mandatarios estén sujetos al escrutinio popular permanente y los ciudadanos puedan tener iniciativas legales y constitucionales. Una democracia efectiva y eficaz, representativa y protagónica dará la combinación de estabilidad y de cambio, proveyendo el medio propicio para la deliberación y toma de decisiones y canalización de conflictos.
3º) Una cultura de los derechos Humanos
La formación de un ciudadano educado, desde la más temprana edad, en la práctica de la colaboración, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, en contraposición al individualismo, afán de competencia, resolución violenta de conflictos, prejuicios y desconfianzas, como es hoy en día: se forma en la niñez, se consolida en la juventud, y se cristaliza en una adultez que produce y reproduce una sociedad en la que el “hombre es un lobo del hombre”. En esto tiene un rol principal la Escuela, en todos sus niveles, desde el jardín infantil a los institutos de formación superior, sus planes y programas, las educadoras, el Magisterio, los cuerpos docentes y por supuesto, las familias especialmente en la infancia y la adolescencia, concebidas como coadyuvantes del proceso educativo.
También las comunicaciones y las expresiones artísticas (musicales, audiovisuales y otras) desempeñan un papel trascendente en la transmisión de valores y visiones del mundo.
Aquí también se inscribe el derecho y el deber de recordar, visibilizando los crímenes de lesa humanidad acaecidos en la historia de nuestro país como enseñanza para las futuras generaciones: nada ni nadie puede ser olvidado.
4º) El derecho a la Comunicación y la libre expresión
Más allá de la cuestión de la propiedad que es de suma importancia, la responsabilidad social de los medios de comunicación es de tal magnitud, que debe quedar constitucionalmente definido y legalmente regulado su ejercicio.
Medios de comunicación pública, masiva, deben contribuir al ejercicio de este derecho en forma plural y más allá de ello, deben aportar a la formación de una ciudadanía consciente y respetuosa de los Derechos Humanos, de una ciudadanía crítica. Constitucionalmente se debe inhibir la difusión de discursos de odio a través de medios de comunicación públicos y también de redes sociales, discursos que afirmen y promuevan el negacionismo o que fomentan los prejuicios raciales, de género, de opción sexual, clase u origen, no deben ser tolerados y en tal sentido, la libertad de expresión no puede negar o contradecir la cultura de los derechos humanos.
5º) Una Justicia justa eficaz, oportuna y asequible
Un sistema judicial que efectivamente defienda los derechos esenciales, proveyendo justicia efectiva y oportuna y al alcance de todos, que sancione al culpable en un debido proceso, y ejemplarmente, a quien atente contra los derechos humanos sirviéndose de los recursos del Estado.
El desempeño del Poder Judicial tiene que ver con la formación en Derechos Humanos que proporcionan las escuelas de Derecho de las universidades acreditadas, y los programas y el cuerpo docente en la Academia Judicial, con los procedimientos de nombramientos de los jueces y con la carrera judicial, que evite la obsecuencia al poder político de turno, y en la claridad de las leyes que restrinjan el marco para la libre interpretación en su aplicación, así como con la disponibilidad de recursos suficientes para esta trascendente función del estado cual es la administración de justicia justa, oportuna y asequible para cualquier ciudadano, como un derecho.
6º) Fuerzas Armadas y de Orden democráticas
Las Fuerzas Armadas y de Orden deben estar imbuidas en el espíritu democrático, ser profesionales, jerarquizadas, no deliberantes, y subordinadas al poder civil legítimamente constituido. Debe dejarse de lado la doctrina de la seguridad nacional, la primacía de concepciones en las que su objetivo principal es el combate al enemigo interno, y deben recuperarse la doctrina que legaran comandantes en Jefe del Ejército, alevosamente asesinados por el fascismo, René Schneider Chereau y Carlos Prats González.
Sin lo anterior, no es posible garantizar el apego de estas instituciones al pleno respeto a los Derechos Humanos. Ello exige además, la revisión de los cuerpos docentes, la reformulación de planes formativos de oficiales suboficiales y tropas, mecanismos de integración de las FFAA a las tareas del desarrollo nacional e integración cívico militar, a fin de ir propendiendo a la plena integración de estos a la comunidad nacional .
También deben revisarse los mecanismos de aprobación de formación en escuelas militares de otros países y de ejercicio conjuntos y compra de material bélico a países que no cumplen con el pleno respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
Dada la trayectoria del Cuerpo de Carabineros en materia de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo bajo dictadura sino bajo democracia y particularmente en el Wallmapu y en la represión posterior a la revuelta o estallido social del 18 de Octubre del 2019, estimamos necesario refundar este cuerpo, hoy concebido como una policía represiva, militarizada, y convertirla en una que, como dice el himno de Carabineros, efectivamente sea ”del débil el defensor”.
Aquí al igual que para con las FFAA, rigen las mismas consideraciones respecto a su formación, entrenamiento, planes de cooperación con policías de terceros países y adquisición de material disuasivo y además, se agrega una reorganización en función de la prevención, combate e investigación de delitos a escala nacional, regional y municipal, conforme a los objetivos que le fije la autoridad civil y en cumplimiento también de la órdenes emanadas del poder judicial y del Ministerio Público.
Una refundación de Carabineros y un alineamiento de la PDI a las nuevas concepciones policiales, permitirá recuperar la confianza y la colaboración de la ciudadanía para combatir eficazmente a la delincuencia y especialmente al crimen organizado.
Muchas gracias.
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