En las últimas semanas se ha observado una fuerte ofensiva por parte del gobierno en contra del movimiento estudiantil a raíz de episodios aislados de violencia ocurridos en el contexto de las masivas movilizaciones sociales por la educación, que se están desarrollando en distintas ciudades del país. Esta ofensiva, por cierto, no se ha manifestado solo en sentido figurado: se ha materializado en un creciente despliegue de represión policial.
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A esto se suma a una preocupante e inédita retórica crítica a la defensa de los derechos humanos, que desliza, con el claro objetivo de neutralizar la demanda educacional, la imposibilidad de resguardar el orden público respetando los derechos fundamentales.
En palabras de la presidenta Michelle Bachelet, las observaciones y críticas realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a la represión y abusos policiales ha redundado en que Carabineros se “inhiba” de realizar sus labores[1]. Con ello, hace eco de los reclamos del General director de dicha institución sobre la supuesta incompatibilidad entre respetar los derechos humanos y cumplir con la labor policial[2].
Estas afirmaciones son muy preocupantes para una sociedad democrática, tanto por la forma de entender la labor de instituciones como Carabineros y el INDH que subyace a tales declaraciones, como por su modo de reflejar una determinada posición política ante la pregunta por las formas de enfrentar los conflictos sociales y los derechos fundamentales.
El discurso que ha instalado el Gobierno quiere hacer aparecer las masivas y legítimas movilizaciones sociales como amenazas al orden público, planteando una falsa oposición entre el resguardo de los derechos humanos y la mantención de la seguridad social. Esta operación política solo busca deslegitimar al movimiento más masivo que ha emergido en las últimas décadas en nuestro país y desviar la atención de la opinión pública de las transformaciones estructurales que reclama la sociedad, hacia aislados y puntuales episodios de violencia.
En la discusión sobre las críticas del INDH a los abusos policiales, (la cual implicó incluso la exigencia desde la derecha política de la renuncia de su directora, a quien se acusó de defender delincuentes) uno de los elementos claves, que no fue lo bastante claro y explícito, es la condición del INDH como organismo autónomo del Estado: una situación similar a la de la Contraloría General de la República y el Servicio Electoral, por nombrar algunos ejemplos.
Su mandato legal es el de observar que todos los organismos de Estado, incluyendo a Carabineros, respeten los derechos y garantías fundamentales de todas las personas que habitan en el país. La importancia de su autonomía reside justamente en que no esté sujeto a presiones o voluntades del Poder ejecutivo para el cumplimiento de su labor, y que así exista un organismo legitimado por el Estado que pueda resguardar sus acciones y elevar las denuncias ante éste cuando sea necesario.
Por ello es que la señal dada por el Gobierno, al respaldar las quejas del General de Carabineros, constituye un costo gravísimo para la ya precaria democracia chilena, al instalar el precedente de que las observaciones y críticas del INDH -en lugar de ser consideradas prioritarias dada la importancia de la institución que las emite- están sujetas al gusto o disgusto de la autoridad que las recibe.
El Gobierno tendrá que aclarar, a la luz de los principios democráticos y de derechos humanos, cómo entiende la labor de un organismo autónomo de protección de derechos, y si está dispuesto o no a incorporar sus observaciones. No está de más contrastar los cuestionamientos que han realizado a tal institución con su acrítica aceptación de los pronunciamientos de instituciones como el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría o el Tribunal Constitucional, cuyos vetos han sido aceptados por el Gobierno sin poner en cuestión la legitimidad de esta institución que resguarda la Constitución de la dictadura y que permanentemente impide la implementación de cambios relativamente democratizadores (pastilla del día después, gratuidad, titularidad sindical, etc).
Igualmente preocupante es constatar que otras autoridades, de distintos niveles, han desplegado su ofensiva contra el movimiento estudiantil, intentando desviar las necesarias discusiones políticas que el movimiento plantea y centrar la discusión en asuntos policiales. En particular, resultan llamativas las posiciones del ministro Marcelo Díaz, de la alcaldesa Carolina Tohá y del intendente Claudio Orrego al respecto.
El primero de ellos se ha dedicado esta última semana a desprestigiar al movimiento social por la educación haciendo una engañosa comparación con el año 2011, intentando instalar la idea de que hoy el movimiento no tiene el apoyo ciudadano que tenía antes porque es violento y desorganizado, al contrario de lo que fue el 2011, planteando incluso el absurdo de que no se logra entender qué es lo que los jóvenes están pidiendo, como si a estas alturas hubiera alguna duda acerca de que la exigencia del movimiento social por la educación es que esta sea pública, gratuita y de calidad.[3]
La alcaldesa Tohá, por su parte, parece haber olvidado por completo que hace unos años criticaba el desalojo por la fuerza de liceos tomados por estudiantes de su actual comuna,[4] mientras que el intendente Orrego, quien no hace mucho nos hizo revivir una jornada de represión similar a la del 4 de agosto del 2011, ha aprovechado episodios aislados de violencia y delitos cometidos por un grupo reducido de personas para criminalizar al movimiento estudiantil en su amplitud y justificar así una medida profundamente antidemocrática como no autorizar las marchas[5] (consideremos que en un país democrático, es elemental que la expresión social y política no debe estar condicionada al permiso de la autoridad de gobierno), y de paso legitimar la represión policial y, peor aún, abandonar su mandato como funcionario público garante de derechos fundamentales.[6]
En el último tiempo, han abundado las interpelaciones de autoridades de gobierno y personalidades de la Nueva Mayoría a dirigentes estudiantiles, en que los responsabilizan ante la opinión pública de lo que ocurre o pueda ocurrir en las movilizaciones. Por ejemplo, el día previo a la última marcha por la educación, la presidenta Bachelet emplazó a los representantes de la Confech a hacerse responsables de los desmanes que podrían producirse[7].
Una semana antes, el intendente Orrego había apuntado responsabilidades incluso hacia los padres de los estudiantes movilizados[8]. Este tipo de discurso, que busca responsabilizar a los dirigentes sociales tanto de hechos de violencia producidos en el contexto de movilizaciones masivas como de garantizar el orden público y la seguridad de las personas, es una señal de abandono de principios democráticos y de una de las labores fundamentales de las autoridades gubernamentales: la protección y el resguardo de los derechos de todas y todos quienes habitan el territorio.
Para ello, no es necesario -como han querido instalar- reprimir las manifestaciones, llenar de gases lacrimógenos las calles de las ciudades o entrar a las escuelas derribando puertas, ventanas, bancos y escritorios, sino avanzar hacia un marco de protección y resguardo de garantías en el que la expresión política pacífica esté garantizada, situando la responsabilidad sobre los hechos de violencia en quienes tienen dicho rol de garantes: el Estado y sus instituciones.
Si nos preguntamos por los motivos de este discurso antidemocrático, y de esta operación que busca aislar al movimiento estudiantil y desviar la atención de la ciudadanía hacia puntuales hechos de violencia cometidos por unos pocos sujetos, la respuesta es clara: evitar que los contenidos de fondo expresados por el movimiento social por la educación vuelvan a instalarse con una fuerza tal que sean insoslayables para el poder político.
Tras más de cuarenta años de neoliberalismo y de mercantilización de los derechos sociales, el movimiento por la educación, al exigir el retroceso del mercado a favor de la expansión de la educación pública, se presenta como una real amenaza a los intereses de quienes manejan el negocio de la provisión de servicios educativos y dado que la Nueva Mayoría no ha dado señales claras de estar dispuesta a impulsar una transformación estructural del modelo, sacando al mercado y reconstruyendo la educación pública, al gobierno le resulta cómodo criminalizar al movimiento e intentar hacerlo aparecer como el responsable de la violencia, evitando así hacerse cargo de la demanda de fondo.
Es llamativo que hoy las autoridades hablen de violencia apuntando a los estudiantes (especialmente a los secundarios), pero rehúyan permanentemente de hablar sobre la violencia desplegada contra las comunidades mapuche en el sur [9] o sobre las ya reiteradas y demostradas denuncias de torturas, golpizas manoseos y otros tratos degradantes contra estudiantes en las manifestaciones, vehículos policiales y comisarías [10], hechos que lejos de ser excesos puntuales, dan cuenta de la naturalización de una respuesta agresiva y violenta del Estado y su aparato represivo contra quienes se movilizan.
Y no se trata acá de restarse de emitir un juicio político hacia la violencia que grupos minoritarios despliegan en las movilizaciones [11]. Efectivamente son acciones aisladas que no representan al movimiento social por la educación, y que no hacen sino alejarlo de una parte de la ciudadanía, aquella lógicamente sensible y receptiva al discurso criminalizador instalado por el Gobierno y los medios de comunicación.
Sin embargo, tampoco se trata de eludir, como hace el gobierno, el problema de la violencia estructural: vivimos en un modelo de sociedad profundamente violento contra las personas. La violencia cotidiana y permanente la experimenta la mayor parte del pueblo chileno, que después de trabajar una vida entera y de haber aportado capitales de inversión para millonarios dueños de las AFPs, tendrán igualmente pensiones míseras; quienes viven con un trabajo precario y la amenaza de perderlo; quienes están condenados a recibir una mala educación por no tener recursos para pagar por colegios de elite; quienes deben endeudarse a 20 o 30 años para estudiar una carrera superior o técnica; quienes año a año se ven enfrentados a una prueba de selección universitaria con lógicas competitivas y segregadoras, que condena a un porcentaje no menor de jóvenes con talento y capacidades a ofertas de educación superior cuyo principal interés es la ganancia lucrativa y no la formación técnica y profesional con sentido público; y la lista podría alargarse todavía más, considerando que ostentamos el flamante 14° lugar en el ránking de los países más desiguales del mundo[12].
De esta manera, la impotencia, la frustración, la desigualdad, y la injusticia, son elementos de aquel modelo de sociedad que ha conculcado nuestros derechos sociales, poniéndolos a disposición de los intereses económicos que se enriquecen mercantilizando derechos fundamentales.
Haciendo caso omiso de estas problemáticas de fondo, el Estado chileno en postdictadura, administrado principalmente por la coalición hoy en el poder, ha preferido mantener y cultivar la idea de que las marchas y la protesta constituyen una amenaza al orden público, aprovechándose de hitos puntuales para crear el imaginario de que la protesta es en sí misma condenable, generando un daño a la sociedad y la convivencia democrática.
Desde la perspectiva de quien asiste a una marcha, no es difícil notar cómo Carabineros tiende a reprimir masivamente, buscando disolver rápidamente cualquier manifestación, generando las condiciones para que los actos de vandalismo sean presentados mediáticamente como algo propio de las manifestaciones: eso fue, precisamente, lo que ocurrió el 21 de mayo de este año en Valparaíso, lo que tuvo como consecuencia la muerte de un trabajador municipal.
Ante esta lógica perversa, conviene traer a colación una lúcida reflexión que Camila Rojas, presidenta de la FECH, realizó hace unos días sobre la importancia que las movilizaciones tienen para los grupos subalternos, es decir para la inmensa mayoría de la población que no somos propietarios de grandes medios de comunicación que nos permitan empapelar el país con nuestro discurso ni tenemos el aparato del Estado al servicio de nuestros intereses.
“Para quienes no nacimos con privilegios -sotiene Rojas-, la posibilidad de hacer política ha sido negada de manera reiterativa durante más de cuarenta años. Hemos encontrado en el movimiento estudiantil una chance para recuperar la iniciativa política por hombres y mujeres de a pie, para que sea la propia sociedad quien se haga cargo de una transformación estructural a la educación.
Esta posibilidad no se encuentra asegurada hacia el futuro. Seguir proyectando una alternativa popular depende de que sepamos resguardar la democracia y la legitimidad con la que goza nuestra causa, rechazando las manifestaciones de violencia que hoy vemos en la movilización, principalmente porque hipotecan la posibilidad de ir construyendo una fuerza social amplia”[13].
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Por ello es que en un contexto en el que el propio gobierno intenta desplegar un muy limitado proceso constituyente (aún con una metodología de participación ciudadana que, casi como un contrasentido, no es vinculante), sería conveniente que la Nueva Mayoría y los actores que han puesto voz a la posición condenatoria y prohibitiva de la protesta y las marchas, sinceren públicamente qué modelo de Estado están dispuestos a construir, puesto que aparentemente, las credenciales democráticas que con orgullo han defendido, se acaban al momento en que el pueblo comienza a promover cambios y transformaciones por fuera del marco institucional que tanto han acomodado; y han preferido posicionarse en la vereda restrictiva, prohibitiva, y represiva ante el conjunto de la sociedad.
Frente a esta realidad que nos han impuesto, somos muchas personas, entre ellas los miles de estudiantes movilizados, que estamos por un cambio de paradigma: uno en el que se anteponga el resguardo y el ejercicio de derechos fundamentales, antes que la defensa irracional y por la fuerza de un sistema cotidianamente violento contra las personas.
(*) Fundación Nodo XXI.
Fuente: Red Seca
Notas
[1] Ver “Bachelet y actuar de Carabineros en Valparaíso: El caso Avilés a lo mejor inhibió a algunas personas” http://www.adnradio.cl/noticias/politica/bachelet–y–actuar–de–carabineros–en–valparaiso–el–caso–aviles–a–lo–mejor–inhibio–a–algunas–personas/20160523/nota/3140585.aspx
[2] Ver “Carabineros reconoce que caso Avilés pudo haber inhibido a efectivos en desmanes de Valparaíso”. http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/23/804186/Carabineros–reconoce–que–caso–Aviles–pudo–haber–inhibido–a–efectivos–en–desmanes–en–Valparaiso.html
[3] Ver: Vocero de Gobierno sobre movilización estudiantil: “La destrucción no es un camino”
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/vocero–de–gobierno–sobre–movilizacion–estudiantil–la–destruccion–no–es–un–camino/20160616/nota/3162677.aspx
[4] Ver:Carolina Tohá por tomas: “El movimiento ha ido perdiendo su foco”
http://www.t13.cl/radio/mesa–central/noticia/carolina–toha–tomas–movimiento–ha–ido–perdiendo–su–foco
[5] Ver: “Orrego no autoriza recorrido de marcha estudiantil apelando a muerte de trabajador en Valparaíso”
http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/06/14/orrego–no–autoriza–recorrido–de–marcha–estudiantil–apelando–a–muerte–de–trabajador–en–valparaiso/
[6] Ver: Juan René Maureira “Los derechos humanos entre el discurso y la práctica de los gobiernos de la postdictadura en Chile. Reflexiones para trascender hacia un ejercicio colectivo y soberano de nuestros derecho” en http://www.nodoxxi.cl/wp–content/uploads/CC13_Cultura..pdf
[7] Ver: Bachelet llama a dirigentes estudiantiles a hacerse responsables de eventuales daños en marcha http://www.publimetro.cl/nota/cronica/bachelet-llama-a-dirigentes-estudiantiles-a-hacerse-responsables-de-eventuales-danos-en-marcha/xIQpfv!sxXfoIM09BBg/
[8] Ver: “Orrego presenta querella por daños en el INBA: “Es hora de que los padres se hagan responsables””
http://www.t13.cl/noticia/nacional/orrego–presenta–querella–danos–inba–es–hora–padres–se–hagan–responsables
[9] Si bien hay muchísimos casos ejemplos de violencia colonial ejercida por el Estado chileno, las empresas forestales y los grandes terratenientes, dejamos la noticia de la denuncia presentada el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violencia ejercida por el Estado chileno contra niñas y niños mapuche. Ver: http://radio.uchile.cl/2015/10/22/estado–es–denunciado–nuevamente–por–violencia–contra–ninos–mapuches y dejamos la sección del INDH dedicada al pueblo mapuche donde pueden consultarse las acciones de esta institución para proteger los derechos vulnerados de las comunidades y personas http://www.indh.cl/tag/mapuche
[10] Podemos citar el caso de la joven actriz que sufrió un aborto luego de ser golpeada por carabineros en el contexto de una marcha estudiantil http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/27/mujer–sufre–un–aborto–luego–de–ser–golpeada–por–carabineros–al–defender–estudiantes–durante–la–marcha/ o el caso del presidente del centro de estudiantes del Instituo Nacional que fue obligado a desnudarse y golpeado por carabineros http://radio.uchile.cl/2016/05/18/presidente–de–centro–de–alumnos–del–instituto–nacional–es–torturado–por–carabineros o las vejaciones y violencia lesbofóbica que sufrió Constanza Vargas del Liceo de Niñas de Concepción cuando fue arrestada en el desalojo de la toma que se mantenía en el establecimiento http://radio.uchile.cl/2016/06/06/estudiante–torturada–por–carabineros–nos–trataron–de–putas–y–lesbianas. Ciertamente, esta lista se podría seguir engrosando.
[11] Ver: Luis Thielemann, “Hablemos en serio: el movimiento estudiantil, la violencia y la Transición”
Hablemos en serio: el movimiento estudiantil, la violencia y la Transición
[12] Ver: “Chile entre los los países con mayor desigualdad de América latina” http://www.capital.cl/poder/2016/03/11/100344-chile–entre–los–paises–con–mayor–desigualdad–de–america–latina
[13] Ver: Camila Rojas, “El movimiento estudiantil y la violencia”. http://www.quepasa.cl/articulo/opinion–posteos/2016/06/el–movimiento–estudiantil–y–la–violencia.shtml/
