En 1991 la Cámara de Diputados constituyó la “Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatización de sus Empresas Filiales”, cuyo objetivo fue investigar la pérdida patrimonial experimentada durante el Gobierno Militar, y causada por la privatización de empresas estatales, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, las donaciones de patrimonio físico, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que allí se desarrollaron.
Este informe no tuvo ninguna consecuencia porque la derecha se opuso a cualquier investigación desde el Parlamento. Vale la pena mostrar con este informe lo que pasó en dictadura con las empresas, negocios y negociados porque aquí radica la base de la actual corrupción en el país. Este indica:
• El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que CORFO asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984.
• La privatización de CAP significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse, y el Estado de Chile tenía el 95.96% de sus acciones. Los consejeros y representantes de CORFO aplicaron procedimientos anómalos e ilegales para traspasar su control accionario a privados, sin desembolsos equivalentes a los bienes que se adquirían.
Según informe de la Contraloría General de la República, el traspaso de acciones CAP significó vender en 105,05 millones de dólares lo que valía 811.49 millones de dólares, arrojando consecuentemente una pérdida de 706.44 millones de dólares.
Para efectuar el traspaso se realizó una emisión de acciones de pago, seguida de una reducción de capital y rescate de acciones, con lo que un grupo de inversionistas privados aumentó su participación de 16.7% a 49%, sin ningún aporte adicional y con una pérdida para CAP, estimada por la Contraloría General de la República, de 402 millones de dólares. Posteriormente, CORFO vendió el 3% de su participación, quedando así en manos privadas un 52% de la propiedad y control de CAP.
En la época, fue legal vender en forma directa sin licitación, fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones, pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitara.
“Es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones, corresponden en gran medida a los mismos técnicos que las diseñaron desde la CORFO o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo SOQUIMICH, Roberto De Andraca con el Holding CAP y otros como José Yuraszeck, que dieron origen al grupo ENDESA España con Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano que hizo su fortuna con las “diseminación de la propiedad” que se perseguía con la creación de las AFP”.
Esto muestra que en realidad no se trata de cómplices pasivos como los calificó el ex presidente Piñera sino de cómplices activos y que tuvieron jugosos reportes pecuniarios en tal contubernio con los militares.
La Contraloría General de la República informa que gran parte de las empresas enajenadas fueron vendidas a un precio de venta inferior a su valor libro, lo que implicó una pérdida de patrimonio público. Por esto el dictador, entonces en funciones y aun a cargo del Ejército rechazó toda fiscalización sobre estos negocios incluso como se recordará, amenazando con volver a la dictadura cuando como comandante del Ejército compró a su hijo una empresa quebrada del Ejército que ésta había comprado a un precio muy inferior. Esta “pasada” le costó tres millones de dólares al Estado y la derecha nunca dijo nada.
La corrupción fue aun peor. El 30% de los ingresos percibidos por las privatizaciones fue a las arcas de CORFO y se destinó a otorgar créditos para la adquisición de acciones de empresas, es decir, a los mismos que habían comprado en situación de privilegio tales empresas.
Entre los “castigos» (traspaso de deudas a incobrables) otorgados por el Banco del Estado durante el período, se destacan empresas vinculadas al proceso privatizador, como Chilgener e Inversiones Longovilo Ltda., empresa controlada por Juan Hurtado Vicuña, su hermano Nicolás y familia; la sociedad Calichera S.A., Chispitas I y II, sociedades creadas por José Yuraszeck para controlar la gestión de Chilectra Metropolitana y al grupo COPESA, principal deudor del Banco del Estado.
A 1989, el Estado era dueño de un 70º% de La Tercera y El Mercurio, pero dicha deuda se permutó por créditos blandos.
El caso del ISE, Instituto de Seguros del Estado, también fue conocido y jamás se tomó medida algiuna para castigar la corrupción. El ISE contaba con una cartera fija de clientes de empresas estatales como ENAP, FFAA, Cajas de Previsión, LAN Chile, Polla Chilena, ECA y otras, con las que actuaba directamente.
En 1982, se inicia la contratación de seguros con corredores de carácter exclusivo, entre los que se destacó Pérez Artazo y Cía Ltda, Carlos Hidalgo y, desde 1983, STORIL de propiedad de Lucía Pinochet Hiriart y METROPOLI de propiedad de Jorge Aravena, a la sazón esposo de ésta.
Ambos recibían comisiones de cerca del 50%. El tráfico de influencia y la participación de un familiar del dictador era evidente y nadie en la derecha dijo ni antes ni en democracia nada. Ciertamente que esta práctica es inaceptable y merece puniciones ejemplares y sería útil saber si la derecha hoy se escandaliza con el negocio del Sr Dávalos porque es hijo de Bachelet o estarán dispuestos a incluir en las leyes y la Constitución las prácticas corruptas con castigos ejemplares y no lo actuales.
Las prácticas corruptas que provienen desde la dictadura pueden también ejemplificarse con VALMOVAL. En 1987 se constituye la empresa “Proyectos Integrados a la Producción”, en la dirección de Augusto Pinochet Hiriart. En esa misma fecha recibe dos créditos del Banco del Estado por un total de UF 93.000 para adquirir el activo de la empresa metalmecánica VALMOVAL. En el mismo año 87, la CORFO otorga a la sociedad otro crédito por UF70.203 para la puesta en marcha de VALMOVAL.
En noviembre de 1988 la CORFO adquiere del Banco del Estado los préstamos otorgados a “Proyecto Integrados” por un valor de UF 98.519. La sociedad deudora de CORFO se traspasa al Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército, en un 99% y a FAMAE, el 1% restante.
Negocio redondo en favor de Augustito. CORFO no cobra los préstamos que constituyen una donación a estas empresas militares.
La línea de corrupción nos lleva a un conocido de estos tiempos: Julio Ponce Lerou. Yerno de Pinochet, nombrado Director Ejecutivo de la CONAF en 1974, es denunciado como el rematador de cientos de miles de hectáreas expropiadas por la Reforma Agraria, que al cumplir ese papel salió convertido en propietario de numerosos fundos.
Hasta 1982 fue simultáneamente Presidente del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y Presidente de la Celulosa Constitución, CELCO. Desde 1979, como Ejecutivo de CORFO estuvo a cargo de Chilectra, ENDESA, SOQUIMICH, CAP, director de IANSA, CTC y Celulosa Arauco y Constitución.
En 1983 fue sobreseído de la acusación de enriquecimiento ilícito y en 1984 y 1985, CORFO le hizo un préstamo con fondos del BID por UF150.000, de las cuales sólo pudo pagar menos de UF50.000 porque la Sociedad Monasterio quebró. Todo ello dentro de la ley.
¿Se puede esperar que Ponce Lerou sea menos corrupto en la actualidad?
El Grupo Luksic, indica el Informe de la Cámara de diputados, se vio favorecido por la reprivatización de la Compañía de Cervecerías Unidas, CCU, en 1986 cuando esta empresa había sido intervenida y pasado a formar parte del “área rara”. En ese momento era un holding con alto endeudamiento. Su control permitió al Grupo iniciar su inserción en el Banco de Santiago que. supuestamente, había sido un ejemplo de “capitalismo popular”.
También el Grupo Matte se vio favorecido por la reprivatización de las empresas del “área rara” y la transformación del sistema de pensiones. Con el Grupo Angelini adquiere la AFP SUMMA en una estrategia de ambos grupos para competir con los clanes Cruzat-Larrain y Vial.
Este brevísimo resumen de las formas corruptas que instauró la dictadura en Chile tiene por objeto mostrar la necesidad de un cambio radical en las prácticas de ética y que el éxito no puede medirse única y exclusivamente por el dinero obtenido sin importar cómo.
Primera Piedra sugiere dos grandes cambios a la legislación actual.
a) Redefinir los castigos por los delitos económicos a niveles mayores que los actuales y, en particular a los referidos a estafas a los consumidores y al Fisco y,
b) Establecer la figura del enriquecimiento ilícito que contemple castigos ejemplares a quienes no sean capaces de justificar su patrimonio.
Fuente: Primera Piedra
