viernes, mayo 24, 2024
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Día de la Dignidad Nacional (II): La Segunda Desnacionalización del Cobre o Un Masivo Atentado Contra el Interés Nacional

El mayor atentado contra el interés nacional perpetrado en nombre del dogma neoliberal ha sido, sin lugar a dudas, la desnacionalización encubierta de la gran minería del cobre, aquella que Salvador Allende denominó el sueldo de Chile y que concebía como una viga maestra para el desarrollo del país.

El siguiente texto corresponde a parte del capítulo 5, Reestructuración del Estado en Clave Neoliberal, del libro Cuatro Décadas de Neoliberalismo en Chile: La Cueca Larga del Rey Desnudo, de quién suscribe, resultado de la tesis para el Magister de Economía en la Escuela Latinoamericana de Integración, Universidad Arcis, en los años 2008 y 2009. La última revisión, y por tanto las cifras, están actualizadas a 2013.

Ofrecemos el texto en formato word, con las respectivas notas de pie de página.


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El efecto combinado del menor precio del cobre en virtud de la sobreproducción impulsada desde Chile con la indiscriminada incorporación de grandes proyectos mineros entregados al capital transnacional, la evasión tributaria y otras formas de encubrir utilidades y eludir el pago de la renta que practican estas compañías, y el tipo de producción que se les permite, mayoritariamente concentrados de cobre sin la menor elaboración y adición de valor, ha generado menores ingresos, o derechamente pérdidas para el país, que algunos autores calculan conservadoramente en unos quince mil millones de dólares en la década 1990-2000.

Si a eso se le agregan los alrededor de 80 mil millones de dólares que han repatriado las transnacionales durante el ciclo de precios altos de los transables, entre 2004 y 2008, se obtiene que, sólo en el reglón del cobre, se le ha sustraído a la economía del país, o ha dejado de ingresar, por diversos conceptos, una suma equivalente a más de una vez el PIB anual de Chile.  
 
Lo sorprendente es que este masivo atentado contra la economía del país y el bienestar de sus habitantes, ocurre ante la desidia, si es que no la anuencia, de la autoridad económica y la clase política, el silencio de los medios de comunicación, preocupados como están de los escarceos y necedades de una farándula de tercera categoría, y la ignorancia e impavidez de la ciudadanía.

Sea por la atávica predisposición humana de tropezar con la misma piedra o bien por la secular tendencia del capital de aferrarse a la rentabilidad de corto plazo, en los hechos Chile está reproduciendo con la exactitud de un pantógrafo el crimen de lesa patria cometido con el despilfarro de los ingresos del salitre, en la primera fase del modelo primario exportador, y luego con los del propio cobre, bajo dominio norteamericano hasta su nacionalización en 1971.  

Escribió Radomiro Tomic en su admirable, tenaz, solitaria e infructuosa cruzada contra la promulgación la Ley Minera de la dictadura, en 1982:

“Dos equivocaciones de enorme magnitud fracturaron en el pasado el destino de Chile: la Patagonia fue la primera; el salitre la segunda (…) Perdimos la Patagonia porque quienes tenían en sus manos el destino del país, prefirieron creer que no valía nada, como había escrito Darwin cien años antes. Y el crimen de lesa patria cometido contra el salitre consistió, precisamente, en entregarlo indiscriminadamente a la explotación extranjera sin intervención ni control alguno de parte del Estado chileno (…) Por tercera vez en los últimos cien años el país está a punto de malograr lastimosamente una oportunidad excepcional de superar el subdesarrollo y de incorporarse literalmente a un nuevo horizonte histórico. Esta vez es el cobre el punto de apoyo para el salto cualitativo de la industrialización económica y de la modernización social del país (…) De las tres señaladas, esta última será la más costosa, la más dolorosa y la más humillante de las oportunidades perdidas por el país”.  

Los peores temores de Radomiro Tomic se verían confirmados, si bien los responsables tienen pendiente su ajuste de cuentas con la historia.

Arquitectura legal

La arquitectura legal de la desnacionalización del Cobre la inició la dictadura, con la Ley 18.097 de 1982, redactada por José Piñera Echeñique, complementada por el nuevo Código de Minería, promulgado el 25 de septiembre de 1983.

Elaborada en secreto y aprobada por el singular parlamento de cuatro militares a los que no eligió nadie, esta legislación abrió la explotación de los grandes minerales de cobre al capital foráneo, con la excepción de los yacimientos de reposición de Codelco.

Para reparar el “error” de la propia Constitución de 1980, que establecía -como aún lo hace- el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible”  del Estado sobre los yacimientos mineros, Piñera introdujo las alambicadas categorías jurídicas de la “concesión plena” y la “indemnización completa”.

Por el mero pago de una patente, el capital transnacional obtiene una concesión sin plazo de término, irrevocable y exenta de todo control de parte del Estado. En caso de expropiación, la indemnización completa establece que el Estado deberá hacerse cargo de “la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, equivalente al valor presente de los futuros flujos de caja que ella pueda generar”, lo que en otras palabras significa que el Estado debe pagar anticipadamente el valor total del yacimiento hasta su completa extinción.

Esta legislación consagra privilegios tan exorbitantes, que a modo de ejemplo, Tomic calculó que bajo sus efectos, los 700 millones de dólares de indemnización pagados a la Anaconda Copper y la Kennecott Copper por los yacimientos expropiados en 1971, habrían ascendido a unos US$ 50 mil millones.  

Años después, en una conferencia dictada en la Universidad Católica, al cumplirse veinte años de la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, el 28 de octubre de 2002, Piñera se jactó así de su “genialidad”:

“La llave del tesoro, en el caso minero, fue esta Ley Constitucional que, en el marco de una economía de libre mercado, permitió en los últimos veinte años casi quintuplicar la producción total de cobre, aumentar dieciséis veces su producción privada y transformar a Chile lejos en el productor más importante, llegando a representar el 35% de la producción mundial. Además, Chile ha llegado a ser el mayor productor de nitratos, yodo y litio, el segundo en molibdeno, el quinto en plata, y el decimotercero en oro. Por primera vez, empresarios chilenos han invertido cuantiosos recursos en este sector, y el país ha recibido inversiones extranjeras directas en minería por la extraordinaria cantidad de US$ 15.000 millones”.

En alas del entusiasmo, hizo una confesión de partes de sumo interés para la historia de la instalación del sistema neoliberal en Chile:

“El concepto de que la propiedad es sagrada, reflejado con tanta intensidad, pese a las condiciones iniciales adversas, en la Ley Constitucional Minera, consolidó una visión que contribuyó en los años siguientes a la privatización de las grandes empresas estatales, especialmente en las áreas de las telecomunicaciones y la energía, y en la década del 90 a extender este concepto al sector de infraestructura -carreteras, puertos, aeropuertos- que tradicionalmente eran parte de las llamadas «obras públicas» realizadas por el Estado”.

A pesar de estas extraordinarias facilidades, las transnacionales mineras fueron renuentes a invertir en proyectos de extracción de cobre durante la dictadura, acaso por lo que escribió Radomiro Tomic en la revista Hoy, en septiembre de 1983:

«Hace poco, The Washington Post, principal diario de la capital norteamericana, resumió así la opinión de una de las grandes transnacionales interesadas en el cobre chileno: ‘No necesitamos esta habilidad. La Ley Minera no puede asegurarla. It is to good to be true’. Resumen magistral. Ni en los pobres estados africanos podrían perdurar leyes tan contrarias al interés nacional y al movimiento de la historia. No puede garantizar la primera de todas las exigencias: estabilidad. ¡No durarán en Chile! Más temprano que tarde el cobre volverá a ser chileno».

Por las razones que fueren, entre 1974 y 1990, apenas dos proyectos mineros transnacionales se instalaron en Chile, y sólo uno en virtud de la legislación diseñada por José Piñera.

Demasiado bueno para ser verdad

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En 1978, Exxon Mobil adquirió a ENAMI el yacimiento Disputada de Las Condes por US$ 98 millones y una promesa de inversión de US$ 1.100 millones de dólares. En 24 años de operación, Minera Disputada produjo aproximadamente tres millones de toneladas de cobre fino, un 5,7% de la producción total realizada en Chile entre los años 1990 y 2001, por un valor aproximado a US$ 5.200 millones.  

Durante todo el período la empresa no pagó un sólo dólar de impuestos, debido a que declaró pérdidas tributarias, valiéndose de mecanismos que se analizarán más adelante. Sin embargo, a fines del año 2001 se informó públicamente de la venta de Disputada de Las Condes a la transnacional sudafricana Anglo American, que en Chile controla las empresas mineras Mantos Blancos y Manto Verde, además del 44% de la propiedad de la Minera Collahuasi, en US$ 1.300 millones.
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Sin perjuicio de no haber pagado impuestos, por montos estimados entre US$ 500 y US$ 800 millones, según la base de cálculo, y del anómalo hecho de que una empresa que ha generado pérdidas sistemáticas haya encontrado interesados en adquirirla en semejante valor, la operación se iba a realizar en el extranjero, con el fin de eludir el pago del impuesto a la ganancia de capital al momento de vender los activos, por un monto de unos US$ 300 millones.

Se generó un escándalo de tales proporciones, que el Gobierno de Ricardo Lagos abrió una pequeña ventana informativa sobre la tributación minera -la cual, en todo caso, cerró casi en el acto- y amenazó con la incorporación de una indicación al Proyecto de Ley de Plataforma Financiera, que impidiera la evasión de impuestos por este tipo de ventas en el extranjero.  

Después de una tensa negociación, durante la que Exxon hizo valer créditos tributarios superiores a US$ 1.000  millones por supuestas pérdidas tributarias, y de reclamar a ENAMI una indemnización de US$ 7 millones en daños, por oponerse a la venta a Anglo American, se llegó al acuerdo de que finalmente pagaría un impuesto a las utilidades por un monto de US$ 40 millones.

De ese modo, después de 24 años de operación, período durante el cual el economista Orlando Caputo (2001) estimó que en términos reales, acumuló alrededor de US$ 3.000  millones en utilidades, y realizó inversiones por US$ 1.500 millones, las que multiplicó y recuperó con creces, Exxon pagó al Estado chileno US$ 40 millones de dólares, lo que según un estudio del economista Ciro Ibáñez, (Terram, 2002) equivale a haber aplicado un royalty sobre las ventas de 0,8% durante la operación de la minera.
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El ala neoliberal enquistada en el régimen militar estaba tan ávida de probar la nueva ingeniería jurídica diseñada por José Piñera, y de mostrar la “confianza” de los “inversores” extranjeros en el régimen militar, que en términos reales cedió en forma virtualmente gratuita, como no fuera una promesa de inversión financiada con créditos relacionados, el mineral La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, con más de 50 millones de toneladas de cobre en reservas probadas de la mejor calidad, que le aseguran más de 40 años de vida útil al actual ritmo de explotación, del orden de un millón de toneladas anuales de cobre fino, con costos de explotación aproximadamente un 50% inferiores a los de Codelco.  

En marzo de 1981 en Antofagasta, un grupo de ingenieros de Getty Mining, recibió los análisis que indicaban la presencia de la veta de cobre de más alta pureza encontrada en el mundo, incluso superior a las de Chuquicamata y El Teniente, que entonces eran las más ricas conocidas, con leyes de 1,5% y 1,5% de cobre por tonelada de material. Este nuevo yacimiento, que llamaron La Escondida, tenía una ley de 2,3% Cu/tn, con una reserva probable de varios millones de toneladas. Utah International Inc., la inversionista norteamericana que financiaba la prospección en varios puntos del desierto de Atacama, dictaminó el más absoluto secreto sobre la dimensión de La Escondida hasta que se lograran cambiar las reglas de la nacionalización del cobre, que impedían la explotación foránea en la gran minería, al tiempo que hacía gestiones para vender el extraordinario mineral.

El siguiente antecedente conocido es la firma del contrato, en marzo de 1988, en que el Estado de Chile, representado para el efecto por los ministros de Economía, general ® Manuel Concha y de Minería, Samuel Lira, entregó la Concesión Plena del mineral La Escondida, al consorcio internacional formado por Utah International Inc. (50%), Río Tinto Zinc (30%) y Japan Escondida Corporation, JECO, (10%).

Los términos del contrato fueron cuidadosamente ocultados, pero algunos detalles los pudo filtrar la revista Cauce. Según ésta, al momento del contrato, el consorcio transnacional acreditó un gasto de US$ 90 millones de dólares y comprometió una inversión de US$ 1.100 millones.  

Tiempo después, la misma publicación estuvo en condiciones de suministrar mayores antecedentes sobre el financiamiento de esa inversión:

“Expertos en temas de minería sostienen que el contrato, suscrito por el Gobierno con los actuales dueños de la mina, fue negociado con premura y sin las provisiones necesarias para garantizar que esos aportes se concreten efectivamente. Añaden que tampoco aparece asegurada la participación del país en los beneficios. De acuerdo a los profesionales del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), al revisar el contrato en lo que a aportes se refiere, queda claro que la llegada de capital fresco alcanza sólo el 15% de la inversión. Y tampoco se observan innovaciones en el campo de la tecnología, ni se advierte acceso a nuevos mercados, ni formas especiales de comercialización. Dicho de otro modo, no hay nada que Chile no hubiera podido conseguir por sus propios medios. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno militar? En suma, ha entregado un yacimiento de gran calidad y prolongada vida útil, aparte de que el país provee de mano de obra barata, calificada y profesionales de excelente calidad”.    

De acuerdo con la misma publicación, CESCO, que tiempo después, durante el ciclo de gobiernos de la Concertación, se pasaría al bando del capital transnacional, afirmó entonces que las ventajas concedidas por el régimen militar a Minera Escondida “constituyen un caso único en el mundo entre países productores de cobre”, y agregó que “la alta rentabilidad del mineral hace que la tasa impositiva del 49% (que se rebajó a 42% en 1993 y a 35% en 2004) fija durante 90 años, sea claramente insuficiente, más todavía si se tiene en cuenta que la tasa impositiva que se aplicaba al capital extranjero antes de la nacionalización del cobre era de 54% y, si el precio subía por encima de cierto nivel, de 70%”

La revista añade detalles que aún con la perspectiva de hoy, resultan sorprendentes.

Si bien la ceremonia de la firma se escenificó en Santiago, ante una mesa cuajada de banderas, que pretendía simbolizar el ingreso de inversión extranjera, los contratos definitivos se firmaron en Wall Street, en el estudio de abogados Sullivan & Cronwell, lo cual significa que cualquier diferendo queda sujeto a la jurisdicción del estado de Nueva York.

Del 15% de capital fresco, la International Finance Corporation (IFC), organismo dependiente del Banco Mundial, aportó US% 85 millones en calidad de préstamo, sobre una prenda del 2,5% del capital accionario. Peor aún, el Estado chileno, según la revista, aportó US$ 35 millones por concepto de contratos de relending, esto es, dinero entregado por deudores chilenos de la banca al Banco Central, para su posterior cancelación a los acreedores. “Con estas y otras garantías se logró completar el ‘paquete financiero’ para iniciar los trabajos de explotación”.  

Según la misma fuente, el saldo de la inversión consistió en créditos pagaderos a doce años plazo, obtenidos contra la garantía de contratos del 77% de la producción de concentrados, asegurada a un consorcio transnacional de empresas fundidoras, relacionado con la propia Minera Escondida.

Esto fue ratificado por la propia Escondida, en su memoria del año 2002, citada en un estudio del economista Manuel Riesco, encargado por la Comisión de Minería del Senado:

”El año 2002 marca un hito significativo en la historia de Escondida, puesto que los contratos comerciales ligados a los contratos de financiamiento originales que la compañía tenía con un consorcio de fundidores japoneses, con Norddeutsche Affinerie (Germany) y con Outokumpu (Finlandia); expiraron al final de ese año. Estos contratos permitieron obtener el financiamiento que hizo posible la construcción del proyecto Escondida. Expresamos nuestra gratitud por el esfuerzo de estos clientes especiales”.  

De acuerdo al mismo estudio, en 1988 Minera Utah de Chile Inc., RTZ Escondida Hodings Ltda. y JECO transfirieron sus derechos a BHP Escondida Inc., Río Tinto Escondida Ltda., antes RTZ Escondida Ltda., y JECO; y BHP Escondida transfirió 2,5% de su propiedad a la Internacional Financial Corporation (IFC).

En la actualidad, la propiedad de Minera Escondida está distribuida entre BHP Escondida (57.5%), Río Tinto Escondida Ltda. (30%), JECO (10%) e IFC (2.5%).

En suma, este consorcio transnacional se apoderó del mayor yacimiento de cobre del mundo, por el cual ha acreditado acredita ganancias anuales superiores a US$ 5.000  durante el ciclo de altos precios del cobre, virtualmente sin colocar ni arriesgar capital propio. Más adelante se verá lo que dicho “negocio” ha representado para el país, y cómo Escondida ha retribuido esa merced.

Perfeccionamiento de la desnacionalización en democracia

Si alguien pensó, como Tomic, que el primer gobierno democrático que sucediera a la dictadura procedería a revocar esta legislación, se equivocó como él. 

Profundización de la desnacionalización del cobre en el cliclo de la Concertación

Hay antecedentes de sumo interés para entender el giro de la política sobre el cobre en ese instante de umbral, aportados por el periodista Roberto Farías, de Terram:

“El mismo CESCO aconsejó a los inversionistas esperar a que terminara el Gobierno Militar, pues éste -pese a abrir las puertas reglamentarias- no daba garantías necesarias de  imperturbabilidad para tan altas inversiones.
En los propios documentos de CESCO se señala:

“Si bien el DL 500 y la ley minera son obras del  régimen militar, las condiciones políticas y el clima de inversión favorable para la materialización de nuevos proyectos nacerá con el retorno a la democracia, la disminución del factor riesgo-país y el consecuente arribo masivo de capitales privados” (“Minería y Desarrollo”, Volumen III, Nº 1, 1985) (…) El periodista Ascanio Cavallo, uno de los fundadores del diario La Época y autor de “La historia oculta de la transición”, señala que “en el seno de los partidos de la incipiente coalición se decidió zanjar el debate y no reformar las leyes mineras para no crear un nuevo foco  de controversias en el ámbito programático de la Concertación, limando asperezas tanto al interior como hacia el exterior del país”. El actual senador Carlos Ominami y líder de la izquierda en la Dictadura, señala que antes del plebiscito que decidiría la llegada de la democracia “se impuso establecer en el programa de la Concertación el criterio de que las leyes mineras de Pinochet no se modificarían, lo que permitía ahorrarse un conflicto interno con la derecha y externo, con gobiernos e inversionistas de países que nos interesaba tener a favor”.

Como haya sido, en la práctica, mediante las modificaciones la Ley Nº 19.137, del 12 de mayo de 1992, y al Decreto Ley 500 del 5 de septiembre 1993, la Concertación convalidó y aún perfeccionó las garantías para atraer capital transnacional a la gran minería del cobre.

La primera, facultó a Codelco para asociarse con terceros, lo que ya hizo en 1994 con la venta del 51% accionario del mineral de El Abra a la compañía Cyprus Amax, perteneciente al consorcio Phelps Dodge, el cual, sin que  Codelco ni el Estado de Chile tuvieran nada que decir, fue adquirido por la compañía norteamericana Freeport-Mc Moran, propietaria además de los minerales Candelaria y Ojos del Salado.
 
La segunda, relativa al denominado Estatuto de la Inversión Extranjera,  promulgado originalmente por la dictadura en 1974, básicamente homologó el régimen tributario y la normativa legal de los inversionistas extranjeros con las que rigen para a los inversionistas nacionales y facilita la expatriación de capital, utilidades e intereses sin otra restricción que la retención por el plazo de un año.

Pero no fueron los únicos perfeccionamientos de la desnacionalización del cobre por vía legislativa, durante el ciclo de gobiernos de la Concertación.

En sus últimos estertores, en febrero de 1990, la dictadura promulgó la Ley 18.940, que modificó las facultades de COCHILCO, privándola de atribuciones para fiscalizar a las empresas transnacionales.

Probablemente, la más efectiva de estas legislaciones, desde el punto de vista de la atracción del capital transnacional, es la Ley 18.985 de junio de 1990.

El objetivo de esta ley, según el discurso del Gobierno de Patricio Aylwin, apuntaba a aumentar los ingresos fiscales mediante el aumento del IVA de 15 a 18%, presentado entonces como transitorio, y el incremento del impuesto de primera categoría a las empresas, de 10 a 15%, que se pagaría sobre la base de las utilidades devengadas y no sólo por utilidades retiradas, como ocurría hasta  entonces.  

Pero para efectos de la desnacionalización, y sin conocimiento de la ciudadanía, esta ley eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser cargado como gasto y, fundamentalmente, cambió la tributación de la gran minería desde renta presunta a renta efectiva, que paga tributación sobre las utilidades.

La Ley 19.207, del 31 de marzo de 1993, modificó el DL 500 para bajar la tasa de invariabilidad tributaria de 49,5% a 42%.

La Ley 19.270, modificó el Nº 2 del art. 59 de la Ley de Rentas, y estableció exención de impuestos a “las sumas pagadas, en el caso de bienes y servicios exportables, por publicidad y promoción, por análisis de mercado, por investigación científica y tecnológica, y por asesorías y defensas legales ante autoridades administrativas, arbitrales o jurisdiccionales del país respectivo”, con lo cual creó una nueva brecha tributaria frecuentemente utilizada por las compañías mineras transnacionales, sin perjuicio de que carece de lógica y explicación que la exportación de concentrados de cobre requiera análisis de mercado o campañas de publicidad y promoción.

Apenas tienen más sentido las asesorías y defensas ante autoridades administrativas, arbitrales o jurisdiccionales del país, pero eso equivale a un martillazo en un dedo, auto inferido por el Estado chileno.  

El efecto combinado de esta profusa legislación configura un marco jurídico extraordinariamente propicio para la elusión y/o evasión de impuestos de las mineras transnacionales.  

De los cuatro tipos de impuestos directos establecidos en la estructura tributaria chilena, dos se le aplican a la gran minería del cobre: el impuesto de primera categoría, cuya tasa es de 17%; y el impuesto adicional, cuya tasa se ha ido reduciendo desde 49,5% en 1988, a 35% en la actualidad.

Como está señalado, la gran minería del cobre está afecta a la renta efectiva, que se aplica a las empresas que tengan ventas superiores a 35.000 toneladas de minerales metálicos no ferrosos por año, o que tengan ventas avaluadas en más de 5.000 Unidades Tributarias Anuales, unos US$ 395 mil de hoy.

Para el cálculo de la renta imponible, al ingreso bruto se le restan los costos generales de operación, un costo por agotamiento del recurso, creado por la Ley 18.985, denominado costo de pertenencia, y los gastos deducibles de impuestos, o sea, aquellas exenciones que dan origen a lo que se denomina gasto tributario, esto es, ingresos tributarios que el fisco deja de percibir, con el fin de estimular la inversión.

Entre ellos, otros impuestos o contribuciones no correspondientes a la ley de renta o al impuesto territorial; pérdidas de ejercicios anteriores que superen a las que ya han sido imputadas a utilidades acumuladas no retiradas o distribuidas; depreciación anual por los bienes del activo inmovilizado, o alternativamente, depreciación acelerada; gastos de organización e iniciación de actividades, amortizables hasta en seis ejercicios; gastos en investigación y desarrollo, donaciones con fines culturales o donaciones para programas educacionales; e intereses, reajustes o diferencias de cambios pagados por créditos empleados en el negocio minero.

El resultado de esa resta es la renta imponible, sobre la cual se paga el 17%.

El impuesto adicional de 35%, se aplica a las rentas remitidas al exterior o distribuidas por sociedades o empresas con operaciones en Chile, y a las utilidades y dividendos que las compañías extranjeras radicadas en Chile remitan a sus residentes en el extranjero. Los contribuyentes de este impuesto gozan de un crédito equivalente al impuesto de primera categoría, calculado sobre la misma base.

Este impuesto, que no se paga si se acreditan pérdidas tributarias, también presenta brechas creadas por exenciones tales como remesas de ingresos que no constituyen rentas; capital repatriado bajo las disposiciones del Estatuto de la Inversión Extranjera; distribución de acciones de nuevas sociedades resultantes de la división de una sociedad anónima; retiros para invertir en otras sociedades, siempre que no sean retirados a su vez de la nueva compañía, y remesas por pago de intereses ya sometidas a gravámenes.

Este marco jurídico extraordinariamente proclive a la elusión, se ve favorecido, además, por las normas del Decreto Ley 500, conocido como Estatuto de la Inversión Extranjera.

Creado por el gobierno militar en 1974, con el propósito original de homologar los regímenes tributarios de las empresas nacionales y extranjeras, en la actualidad el DL 500 permite al inversionista extranjero un régimen de invariabilidad tributaria, con una tasa única de 42% sobre la renta imponible por un plazo de diez años, o de veinte años en el caso de proyectos de inversión superiores a US$ 50 millones. Además, permite establecer en el contrato de inversión, las cláusulas relativas a depreciación de activos, arrastre de pérdidas a ejercicios posteriores, y gastos de organización y puesta en marcha, contenidas en la Ley de Renta.

Algunas de estas brechas tributarias son particularmente discutibles, desde el punto de vista del interés nacional, más aún aquellas que han sido introducidas por gobiernos democráticos.

Es el caso de los costos de adquisición de las pertenencias mineras, incorporado por la Ley 18.985 de junio de 1990, conocidos como costo de pertenencia, que se aplica sobre un stock de recursos in situ de propiedad de todos los chilenos, por el cual las transnacionales mineras nunca han pagado un dólar.

Esta brecha tributaria les permite imputar como costo directo la depreciación del capital natural constituido por las reservas mineras y deducirlo de la renta imponible. Así, la depreciación del capital natural constituido por las reservas mineras, que debería ser considerada por el Estado de Chile como una pérdida patrimonial y, por lo tanto, como un costo no internalizado por la sociedad, es usada como un argumento más para eludir, legalmente, el aporte en impuestos que las empresas mineras deben pagar (Ibáñez 2002).

Este autor agrega que desde una perspectiva económica, esta exención genera es altamente ineficiente, pues genera distorsión en la asignación de recursos:

“En cualquier manual o trabajo acerca de la depreciación económica de recursos no renovables, el costo que la modificación al articulo 30 recomienda agregar al costo directo, con objeto de sustraerlo de los ingresos, es considerado un costo
social equivalente al valor del recurso in situ, que si no es internalizado por las empresas, produce ineficiencias en la asignación de recursos en el tiempo.
Es más, se recomienda que dicho costo sea recaudado de alguna manera por el Estado de forma de resolver la imperfección. Lo que induce la Ley es precisamente lo contrario, no pagar dicho costo, legalizando una grave ineficiencia en la asignación de recursos que se manifiesta en lo que hemos observado en Chile en la década de los noventa: sobreinversión-sobreproducción-baja de precios”.

Lo mismo puede decirse de la depreciación acelerada, que como se sabe, consiste en dividir el valor de los activos por aproximadamente un tercio de su vida útil.  

Como apunta Ibáñez, todas las empresas optan por esta modalidad, en lugar de la depreciación lineal, porque el aumento del cargo por este concepto reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto a la renta: “en otras palabras, le permite a cualquier empresa pagar menos impuestos o simplemente no pagar, lo que es perfectamente valido desde la perspectiva de la Ley”.

Agrega que en el caso de las empresas mineras esta práctica se ve reforzada por el DL 500, en el que se presenta la depreciación acelerada como un argumento relevante a la hora de las decisiones de inversión, toda vez que se le  asegura al inversor mantener la invariabilidad de las normas de depreciación de activos por un considerable número de años.

Otra brecha “legal” significativa es aquella que permite la deducción de impuestos por pago de intereses, puesto que reduce el monto de renta imponible, lo cual genera un incentivo adicional para el endeudamiento en lugar de financiar inversiones con capital propio.

Peor aún, estimula una estructura de financiamiento orientada a  prestamos normalmente provenientes de empresas filiales o relacionadas, lo cual facilita un nutrido arsenal de mecanismos para maquillar los costos y ocultar utilidades, toda vez que a los costos directos e indirectos y la depreciación, se puede agregar el costo financiero, disminuyendo alícuotamente la renta imponible.

Aún cuando no es cuantitativamente significativa, la deducción de impuestos por aportes o donaciones para fines culturales y educativos, le permite á las empresas construir un ambiente favorable a la inversión extranjera, una imagen de responsabilidad empresarial, y un parapeto defensivo contra eventuales iniciativas de política pública orientadas a cerrar las brechas tributarias.

Probadamente, el mecanismo más utilizado por las transnacionales del cobre para eludir impuestos, es el de los precios de transferencia.

Por precios de transferencia se puede definir a aquellos precios del comercio intra-firmas, que al no tener un valor de mercado determinado, como es el caso de los concentrados de cobre, permiten el desplazamiento de utilidades desde filiales instaladas en países de mayor regulación o carga tributaria, hacia aquellas situadas en paraísos financieros, con escasa o nula capacidad de control de los países huéspedes de la inversión.

También pueden existir precios de transferencia cuando una empresa minera instalada en Chile compra equipamiento y bienes de capital a una empresa relacionada en el extranjero, a precios superiores a los del mercado, con lo que aumenta el volumen de sus gastos y traslada utilidades a empresas relacionadas, en el extranjero.

En el caso de los concentrados de cobre, el precio de referencia para los contratos de exportación es el de una libra de cobre fino en la Bolsa de Metales de Londres. Para determinar el valor del concentrado, se debe conocer el contenido de cobre fino, y de dicho valor se descuentan diversos cargos, tales como fundición, refinación, flete, seguros, precios de participación, comisiones por venta, etc. Estos cargos, en general, superan los valores de mercado, pero, además, al tener lugar fuera del territorio nacional, resulta en la práctica imposible el control de los funcionarios de Aduanas o del Servicio de Impuestos Internos.

Las mineras instaladas en Chile pagan precios superiores al mercado por todos estos servicios, porque las empresas que efectúan esos servicios, están relacionadas directa o indirectamente con la matriz a la que pertenecen las primeras. Además, las mineras transnacionales utilizan otras formas de evasión
tributaria, tales como declarar leyes inferiores a las reales, u omitir los otros metales o y/o subproductos, contenidos en los concentrados. El Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos carecen del personal, los medios y la voluntad política para fiscalizar los embarques de concentrados.

“Este tipo de evasión queda en evidencia con el siguiente hecho. Los pequeños mineros chilenos, que muelen y concentran sus minerales  en “trapiches” concebidos y fabricados enteramente por artesanos nacionales, utilizando únicamente materiales chilenos, sin diseño y sin participación de ingenieros en su construcción, venden a ENAMI, concentrados cuya ley es de 40% o más en cobre, más el oro y la plata. En cambio, las transnacionales mineras, que utilizan plantas concentradoras importadas en su totalidad y que cuentan con la más avanzada tecnología de concentración que existe en el mundo, declaran que sus embarques de concentrado tienen leyes que no sobrepasan el 33% decobre fino, y que casi no contienen otros metales preciosos” .

En una exposición ante el Consejo Económico y Social de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Lavandero, anotó:

“En el periodo de 13 años (1990 a 2202) las empresa privadas produjeron 23.340.000 tonelada de cobre y las vendieron a US$ 37.889 millones o sea a US$ 1.523 la tonelada. En el mismo periodo Codelco produjo 15.895.000 de toneladas de cobre vendiéndolas a US$ 31.885 millones,  ó sea a US$ 1.887 dólares la tonelada. La tonelada de cobre producida por los privado se vendió US$ 254 más barata que la de Codelco o sea un 14% por debajo del precio en que Codelco transó el cobre en los mercados internacionales. ¿Como se explica que las empresas privadas que tienen como finalidad alcanzar el máximo de la ganancia obtengan menos precios que la estatal Codelco?. Aparentemente las empresas privadas dejaron de ganar US$ 530 millones, solamente por el concepto de transar su cobre a un precio inferior al de los mercados internacionales Sin embargo los precios de transferencia explican esta situación. Es una operación que se desarrolla entre empresas relacionadas, donde la empresa que está en Chile vende más barato el cobre a la empresa que está en el extranjero, bajando las utilidades de la empresa que está en Chile para que esta no pague impuestos.

Cuando el precio de la libra de cobre supera US$ 1.30, a las empresas transnacionales se les hace más difícil configurar un escenario de pérdidas tributarias. Pero aún les queda el recurso de declarar pérdidas en los mercados de futuro.

“Este método opera de la siguiente manera: una empresa minera vende una cierta cantidad de cobre a un precio determinado. Tres meses después el precio contado de esa misma cantidad de cobre es muy inferior al precio a futuro pactado tres meses antes. A pesar de aquello, la empresa que antes fue vendedora se transforma en  compradora, debiendo asumir el costo de la diferencia de precios entre  un momento y otro, con lo que se fabrica una pérdida contable que le sirve para manipular los balances que presenta a las autoridades chilenas. Ahora bien. La diferencia entre el precio de venta y el precio a que se compra esa misma cantidad de cobre tres meses después,pasa a constituir, en realidad, una utilidad para la empresa  extranjera que efectuó la compraventa de cobre. Pero como se trata  de empresas  relacionadas, la ganancia queda siempre dentro del grupo, pero fuera de Chile”.

A continuación, algunos ejemplos documentados acerca del uso de estos resquicios por las compañías transnacionales.  

Disputada de Las Condes, un caso emblemático

Dadas sus características y su inserción en la industria mundial, Disputada de Las Condes se valió de los créditos asociados y la depreciación acelerada
para presentar pérdidas tributarias.

Para ello, “ha utilizado la infraestructura institucional con que cuenta, específicamente las figuras jurídicas de Exxon Overseas Investment Corporation (con sede en Bermudas), Exxon  Holding Latin American Limited y Exxon Financial Services Company Limited (con sede en Bahamas), que han sido los acreedores de Minera Disputada en relación a los créditos asociados a sus inversiones”.

Ibáñez, en el trabajo citado, agrega: “es necesario hacer notar que cada factor
productivo tiene necesariamente un dueño, en el sentido que existe alguien que se apropia de la remuneración de cada factor. En este punto, lo central es poner la atención en el capital y en el mineral. El objetivo de Disputada es maximizar beneficios económicos de Exxon. La manera de lograrlo es transformando
los beneficios económicos en costos y gastos deducibles de la base imponible y enviarlos al exterior bajo distintas modalidades, de manera de no tributar en Chile. El pago de servicios financieros permite trasladar los beneficios a otras filiales de Exxon, radicadas fuera de Chile y, además, rebajar la renta imponible. La depreciación acelerada también permite rebajar la renta imponible. La reforma del artículo 30 de la Ley de Renta permite rebajar la base imponible por un monto equivalente al valor del recurso in situ –la renta en sentido económico- y enviar estos valores como remesas de capital hacia el exterior, es decir, no al país al que se remunera por el uso del recurso, sino al inversionista extranjero. De esta manera, esta empresa minera ha podido presentar pérdidas tributarias por 22 años de operación en Chile”

Evidentemente, va contra toda lógica económica que una empresa funcione a pérdidas durante 24 años. Las supuestas pérdidas obtenidas sólo existen con el propósito de no tributar en Chile. En el trabajo citado, Ibáñez se dedica a demostrarlo:

“Si observamos  la estructura de costos totales de la empresa, los pagos por concepto de intereses representan, en promedio, un 11% de los  costos totales; la depreciación un 18% y los costos indirectos un 13%. En su conjunto, los costos no relacionados con la producción son un 42%, mientras que los costos directos representan la diferencia de 58% de los costos totales. En términos monetarios, Minera Disputada en el periodo 1995–2001 ha enviado un promedio anual de aproximadamente US$ 54 millones por concepto de pago de servicios financieros que han ido a parar a las subsidiarias de Exxon, con residencia en los paraísos fiscales del Caribe”.

De acuerdo con el mismo autor, en 24 años de operación, Disputada ingresó US$ 1.800 millones como capital directo, y envió al extranjero aproximadamente US$ 1.088 millones, sólo por concepto de intereses. En el mismo período, Disputada pagó por concepto de intereses 3,3 veces más que Codelco.

Considerando los cargos por depreciación, costos indirectos y pagos de intereses, los costos directos de Disputada han fluctuado en torno al 74%, llegando en 1999 al 80%. De lo expuesto, apunta el autor:

 “No resulta extraño que Exxon presente sistemáticas pérdidas cuando los cargos monetarios que no tienen vínculo con la producción directa son casi equivalentes al costo de producción”.

Y agrega:

“Como se ha planteado, la forma de maximizar beneficios por parte de Exxon ha sido traspasando excedentes desde Disputada a las filiales a través de intereses  sobre los créditos asociados. Esta forma resulta sólo si el prestamista es parte de la propiedad del grupo económico. Es en este sentido que Disputada se ha transformado en exportadora de dólares. Incluso, en los comienzos de la operación de la minera, los gastos financieros representaron un 95% de los embarques de exportación de la misma empresa, o sea, todo lo que entraba por concepto de ingresos de exportación de cobre salía por concepto de gastos financieros. Esto tenía como contraparte la entrada de nuevos préstamos de las mismas filiales, que daban lugar a otros gastos financieros en años posteriores. Respecto de este tema, el Vicepresidente de Disputada, Sr. Johan von Lobenstein, declaraba en 1991: “Un 95% de estos pasivos corresponde a créditos de la casa matriz, que actúa como entidad financiera con respecto a su filial, por especial disposición del Banco Central de Chile. Por ello, Exxon no extrae utilidades de Disputada, sino sólo intereses de sus inversiones en la compañía. Estos pagos de intereses representaron un 21% de las ventas el último año y un 20% el año anterior”.

De estos antecedentes, Ibáñez extrae las siguientes conclusiones:

a) lo sucedido con la minería del cobre en general y con Disputada de Las Condes en particular, responde a un patrón de incentivos lesivo para los intereses de Chile y muy favorables para las empresas;

b) las ganancias privadas de una empresa corresponden desde el punto de vista social a pérdidas para la sociedad chilena, por cuanto no obtiene nada de dicha  transacción, más aún cuando la práctica de esta compañía le ha permitido no pagar un sólo dólar de impuesto al Estado de Chile en sus 24 años de operación;

c) el sistema tributario chileno, aplicado a la minería, es ineficiente para recaudar ingresos por el uso del  recurso cobre, y

d) el sistema regulatorio de la minería induce a un comportamiento de las empresas del sector que impide a la sociedad  el recaudo de impuesto, el cual es fácilmente ‘burlado’ mediante la presentación de pérdidas tributarias.

Maniobras escondidas

En un estudio para la Comisión de Minería del Senado, el economista Manuel Riesco comparó los estados financieros de Minera Escondida y Codelco, entre los años 1998 y 2002.

En términos sumarios, dicho estudio demostró situaciones como las siguientes:

– Minera Escondida vendió su producción a precios aproximadamente US$ 400/tonelada por debajo de los precios de Codelco en los mismos años.

– Mientras Codelco vende casi exclusivamente cobre refinado de la más alta calidad, Minera Escondida vende el 85% del suyo en forma de concentrados. Aún con los ajustes por costos de refinación y transporte, y los créditos por metales preciosos y subproductos, la diferencia todavía era significativa.

-Los cargos de tratamiento reconocidos por Escondida resultaron muy  por encima del mercado.

– Codelco obtiene por subproductos un retorno tres veces superior a Escondida. Mientras Escondida declara US$ 48 en créditos por metales preciosos por tonelada vendida, Codelco recibió US$ 152 por este concepto, por tonelada, entre 1998 y 2002, en promedio.

– A pesar de que Codelco tiene costos de explotación casi el doble de los de Escondida, y gastos de administración y ventas casi diez veces superiores, las diferencias de precios de ventas netas entre ambas empresas están en el rango de US$ 181.3 y US$ 303.1 dólares por tonelada, en promedio. Ello se traduce en menores ingresos de Escondida que están en el rango de US$ 157.9 a US$ 252.8 millones de dólares por año, esto es, un 45% y un 75% de las utilidades antes de impuestos para el período indicado.
Posteriormente, profundizó el estudio para el Instituto de Investigación de las Naciones Unidos para el Desarrollo Social (UNRISD), pero entre los años 2005 y 2007, y amplió la base de comparación al conjunto de la minería privada.  

El primer aspecto a destacar, es la magnitud de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, EBITDA, obtenidas por las mineras privadas. Dichas utilidades sumaron más de US$ 9 mil millones en 2005, y casi US$ 20 mil millones el 2006. Las utilidades de 2007 fueron aún superiores. Escondida recibió aproximadamente un tercio de esas cifras. Ello significa -apunta Riesco- que en solo dos años, las mineras privadas recibieron utilidades que superan el total de las inversiones extranjeras directas (IED) en la minería chilena de 1974 a 2005.

La siguiente cuestión a analizar –agregó- es hasta qué punto estos resultados financieros representan las reales ganancias percibidas por la industria minera privada, “pues la historia reciente de trampas reiteradas por parte de la mayoría de estas mismas compañías –debe repetirse que para retirar utilidades que no habían pagado impuestos, todas ellas torcieron las leyes chilenas declarándose “pequeñas o medianas empresas mientras” al mismo tiempo que producían cientos de miles de toneladas del cobre cada año, en la forma de concentrados- hace que este ejercicio sea inevitable”.  

El estudio mostró que en el año 2005, Codelco tuvo ganancias antes de impuestos de US$ 5.480 dólares por tonelada producida, similares al precio del cobre, que fue, en promedio US$ 5.730 por tonelada producida. El hecho de que haya retenido como ganancia cada dólar del precio de cada tonelada, se explica por los US$ 1.959 que recibió por subproductos. Los resultados de 2005 confirman la tendencia: US$ 3.511/ton de ganancia antes de impuestos y precio promedio de  US$ 3.583/ton.

Con costos considerablemente menores, el conjunto de las mineras privadas declaró ganancias antes de impuestos por US$ 5.153/ton de cobre producido en 2005, US$ 1.400 menos que Codelco, y US$ 1.577 menos que el precio por tonelada.

La diferencia es aún mayor en subproductos. Mientras Codelco recibió US$1.959/ton de cobre producido, Escondida reconoce sólo US$ 122/ton el mismo año. En 2005 la diferencia es aún mayor: US$ 1.809/ton para Codelco y sólo US$ 89/ton para Escondida. Una diferencia de 15 veces en 2005 y 20 veces en 2005, lo que mueve al autor a exclamar: “Claramente, ¡demasiado para ser verdad!”.

Estas diferencias se mantienen en el caso de la tributación. En 2005, con el 32% de la producción Codelco pagó el 72% de la tributación minera, cifras que en 2007 fueron de 28% y 55%, respectivamente. El conjunto de las mineras privadas, produjo el 58% del cobre en 2005, y pagó el 28% de la tributación minera, cifras que en 2007 fueron de 72% y 44%, respectivamente.

Riesco postula que si las mineras privadas pagaran la misma proporción de impuestos que Codelco, relativa a sus respectivas producciones, en 2007 las primeras deberían haber pagado US$13,7 mil millones, además de los US$5,2 mil millones que pagaron, un monto similar en 2005, y US$7,4 mil millones en 2005, además de los impuestos que pagaron esos mismos años. Y concluye:

“Las rentas mineras que actualmente están siendo apropiadas en exceso por las mineras privadas equivalen a una proporción significativa del gasto público social en Chile – 80% en 2005, y dos tercios del mismo en 2007. De este modo, fácilmente podrían permitir duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, que son las tres componente principales del gasto social en Chile como en otras partes”.

El tercer ejemplo lo suministra el economista Julián Alcayaga, y se refiere a la utilización de los mercados de futuro para presentar pérdidas tributarias:

“En 1995, el precio del cobre había alcanzado el máximo de la década de los noventa: US$1,4 la libra. Gracias a este precio Minera Mantos Blancos obtuvo utilidades operacionales de US$48 millones. Sin embargo la empresa terminó ese año con pérdidas tributarias, al perder US$ 49 millones en los mercados de futuro, cifra que representaba el 25% de sus ingresos totales por ventas, que ese año fueron de 198 millones de dólares. El balance del año 1994 de Minera Mantos Blancos, revela que había perdido otros US$14 millones de dólares en los mercados de futuro”.
 
Efectos en la economía nacional

La segunda desnacionalización del cobre, iniciada en 1982 y vigente hasta ahora, consagra situaciones que, desde el punto de vista económico, carecen de lógica y desde el punto de vista social, de justificación.

En 1989, la producción total de cobre de Chile fue de 1,5 millones de toneladas, de las cuales Codelco produjo 1,24 millones de toneladas, esto es, el 77,2%, contra 355 mil toneladas de producción privada (22,7%), de la cual 213 mil toneladas correspondieron a compañías extranjeras: Anglo American Norte (ex-Mantos Blancos), Anglo American Sur y El Indio (Barrick Gold).   

Diez años más tarde, la proporción se había invertido.

En 1998, de las 3,59 millones de toneladas producidas en Chile, Codelco participó en 1,4 millones (38%), contra 2,28 millones de toneladas de producción privada (51,9%), de las cuales 2,07 millones (55,2%) fueron producidas por empresas transnacionales.

En esa década, se incorporaron a la producción Escondida (BHP Billiton); Candelaria (Freeport-Mc Moran); Michilla (Antofagasta PLC); Cerro Colorado (BHP Billiton); Quebrada Blanca (AUR Resources Inc.); Zaldívar (Barrick Sudamérica); Collahuasi (Anglo American, Xstrata y Mitsui) y Lomas Bayas (Xstrata).  

Diez años después, en 2008, la participación de Codelco se había deteriorado aún más. De 5,33 millones de toneladas totales, Codelco produjo 1,39 millones de toneladas (25,2%) contra 3,93 millones de toneladas producidas por la minería privada (73,7%), de las cuales 3,59 millones de toneladas (57,4%) corresponden a compañías transnacionales.

En dicha década, se incorporaron a la producción Los Pelambres (Antofagasta Minerals, Nippon y MM Holding), El Tesoro (Antofagasta Minerals), Spence (BHP Billiton) y Gabriela Mistral (Codelco).

En otras palabras, en 20 años, la producción de cobre en Chile se multiplicó por cinco veces, ya participación de Codelco se redujo al 25%,

Hay quienes defienden esa política, como el entonces integrante del directorio de Codelco, Juan Eduardo Herrera:

“Respecto a la crítica planteada de que la política seguida ha sido perjudicial para el país, ya que ahora Chile obtiene menores ingresos debido al bajo precio del cobre, las cifras muestran lo contrario. En el quinquenio 1990-94, esto es, antes de la gran expansión del cobre chileno, los ingresos de divisas de Chile provenientes de las exportaciones de cobre y subproductos alcanzaron a US$ 22.100 millones (en moneda del año 2000), con un precio promedio del período de US$ 117 centavos por libra de cobre. En el quinquenio 1997-2001, por su parte, con un precio promedio de sólo US$ 85 centavos por libra, las exportaciones de cobre y subproductos llegaron a US$ 35.800 millones. O sea, los ingresos de divisas que el país recibe por sus exportaciones de cobre crecieron en un 52 % entre ambos períodos, a pesar de una caída del 27 % en el precio del cobre. Ello fue posible gracias a que el tonelaje producido y exportado en el segundo quinquenio fue poco más del doble que el del primer período. ¿Puede alguien sostener que la política de expansión de la producción de cobre ha sido perjudicial para Chile? Parece difícil de entender que una perspectiva ideológica distorsionada pueda intentar transformar lo que es una historia de éxito casi espectacular en una situación negativa para el país”.

El autor confunde deliberadamente el monto global de las exportaciones de cobre desde Chile, incluidas la minería estatal y la privada, en el período mencionado, con los reales beneficios para el país.
Al entregar cifras brutas y sin desagregar, omite consecuencias y efectos extraordinariamente lesivos para el interés nacional, como los siguientes:  

•    Mientras la exportación física de cobre chileno entre 1995 y 1999 creció de 2.4 a 4.2 millones de toneladas (+75%), el valor total de esas exportaciones se redujo de US$ 5.889  millones en 1995 a 5. 431 millones en 1999 (-8.5%). En 2002, Chile exportó 4,5 millones de toneladas de cobre fino y recibió a cambio US$5.228 mil millones.

•    Entre 1995 y 1999, Codelco aumentó su producción física de cobre desde 1,17 a 1,52 millones de toneladas (+38.5%), pero el valor de sus ventas bajó de US$ 3.925 a 2 mil 885 millones (-25.5%), y sus pagos al fisco se redujeron de US$ 1.735 a 259 millones (-84.5%), como consecuencia de la baja del precio del cobre, gatillada por la sobreproducción impulsada desde Chile, a medida que entraron en operación los grandes yacimientos privados.  

•    Mientras en 1989 el Estado recuperaba US$55 centavos por cada libra exportada, en 1999 esa cifra se había reducido a sólo US$ 3 centavos por libra exportada (-95%).

•    En 1989, el Estado captó US$ 2.223 millones por ventas de cobre, que equivalían al 50% de las exportaciones. En 1999, el Estado solamente captó US$ 305 millones, el 5% del valor de las exportaciones globales, en tanto la producción creció 2.7 veces.

•    El año 2001, con sólo el 35% de la producción, Codelco aportó US$ 370 millones al presupuesto de país, mientras que el conjunto de la minería privada, con el 55% de la producción, aportó por concepto de tributación sólo US$ 173 millones. En 2008, con un 25,2% de la producción, Codelco aportó al presupuesto fiscal US$ 4.958 millones, por concepto de excedentes. Con el 57,4% de la producción, el conjunto de la minería transnacional tributó US$ 2.774 millones, el mismo año.

•    Por el hecho de que a la minería privada le conviene exportar concentrados de cobre en lugar de cobre refinado, el país pierde alrededor de US$ 1.500 millonesanuales. De hecho, la exportación de concentrados representó el 38% de las exportaciones mineras del año 2000, de las cuales el 84% correspondió a las cuatro mayores compañías privadas. La propia Comisión Chilena del Cobre, que en general ha mostrado una posición proclive al capital extranjero, reconoció en el Oficio 332, de junio de 2001, que Chile pierde alrededor de un millón de dólares diarios por no refinar en el país el concentrado de cobre.

•    El flujo neto, es decir la diferencia entre la inversión ingresada y las remesas enviadas al exterior por concepto de amortización, utilidades e intereses, fue de US$ 4.859 millones en la década 1990-2000. Sin embargo, se dio la paradoja de que a cambio de ese flujo neto de inversión extranjera, Chile originó una sobreproducción y sobreoferta que desplomó el precio del cobre, lo que significó una pérdida para el país de US$ 15 mil millones entre 1995 y 2000 (Caputo, 2001).  

•    Hasta fines de 2003, con una inversión de US$ 19 mil millones. las transnacionales del cobre habían repatriado utilidades por US$ 43.000 millones, vale decir, dos veces y media el monto de su inversión.

•    La situación fue aún más lesiva para Chile, si cabe, durante el ciclo de altos precios del cobre, entre 2004 y 2008. Al cumplirse el trigésimo séptimo aniversario de la nacionalización del cobre, Codelco informó que entre 1971 y 2007, ha entregado US$ 54.521 millones, en moneda de 2007. Orlando Caputo calcula que entre 2004 y 2008, las compañías transnacionales repatriaron a sus casas matrices, sólo por utilidades e intereses, US$ 81 mil millones. Agrega que si se considera la depreciación acelerada, el elevado costo de sus compras y servicios en el exterior y lo que se apropian por precios de transferencias entre filiales, el valor de lo enviado al exterior supera los US$ 100 mil millones en el mismo período.  

•    En otras palabras, en cuatro años las compañías transnacionales del cobre retiraron, por concepto de utilidades e intereses, 1,4 veces lo que Codelco ha aportado al país en 37 años, y cinco veces el total de su inversión entre 1974 y 2008. Decidido partidario de la privatización de Codelco, su ex presidente Ejecutivo en el período 1995-200, Marcos Lima, declaró que Chile había perdido una gran oportunidad al no venderla en US$ 100 mil millones hace dos años, cuando supuestamente valía ese precio.   En consecuencia, en cuatro años las transnacionales mineras repatriaron utilidades por el valor total de Codelco, según el cálculo de Lima.

•    En 1989, para producir 1,5 millones de toneladas, el total de la actividad del cobre ocupó 45.047 trabajadores. En 2008, para producir 5,33 millones de toneladas, el total de la minería del cobre ocupó a 50.525 trabajadores. De esto se desprende que la principal actividad económica de Chile hoy produce cinco veces lo que hace veinte años con la misma dotación laboral, y que le ofrece empleo al 0,5% de la fuerza laboral del país.  

Desde el punto de vista social  este despilfarro de la principal riqueza del país es imperdonable. Pero desde el punto de vista de la producción, el intercambio y la asignación de recursos, es simplemente irracional y contradictorio con nociones que están en la base de la ciencia económica.

En rigor, se pueden identificar tres problemas de línea principal.

En primer término, la dependencia de una estrategia de desarrollo fundada en la exportación de recursos naturales respecto de los ciclos de la economía mundial y de la variación de los precios de los productos transables.

En seguida, la distorsión en la asignación de recursos, los que tienden a concentrarse en la actividad más rentable, en este caso, una actividad extractiva básica, de nulo valor agregado y poco intensiva en trabajo, donde la innovación tecnológica no tiene otro efecto que sustituir trabajo.

A eso debe agregarse que se trata de una inversión que genera una renta que la actual política del cobre en Chile es incapaz de retener.

Finalmente, la apreciación de la moneda local cuando el ciclo de precios está elevado, lo cual deteriora la posición relativa de otros sectores de la economía, también vinculados al comercio internacional.   

Vulnerabilidad y dependencia

La vulnerabilidad de la estrategia de desarrollo fundada en la exportación de recursos naturales, y su dependencia de los precios internacionales, queda patentada con la siguiente relación: a valores corrientes de 2008, en dicho año la participación de la minería del cobre en el PIB fue de 15,5%. Pero si se lleva la comparación a valores constantes de 2003, cuando el precio estuvo en un promedio anual de 81 centavos la libra, la participación del cobre en el PIB de 2008 baja a 5,5%.

Sin embargo, el 39,4% de la participación de Chile en las exportaciones totales de cobre en 2008, y el 34,2% de la participación en la producción de cobre de mina en el mismo año, refuta el hecho de que Chile sea un mero tomador de precios.

En práctica, la pronunciada y prolongada baja en el precio del cobre ocasionada por la sobreproducción generada desde Chile causó pérdidas tan significativas, que el economista Orlando Caputo las comparó con variables agregadas tales como “la deuda externa, las reservas internacionales, el total de las inversiones extranjeras en Chile y con el propio valor de Codelco”.   

A modo de ejemplo, de US$ 140 centavos por libra en julio de 1995, el precio del cobre bajó a US$ 88 centavos en septiembre de 1995 (-37%), sin otra causa visible que el abrupto incremento de la inversión en grandes proyectos mineros en Chile, y se mantuvo bajo los US$ 85 centavos hasta 2003, cuando se empieza a revertir la tendencia, en parte como consecuencia de la retención de una parte de la producción de Codelco y Escondida durante 2002, pero fundamentalmente por el aumento de la demanda de los países asiáticos, particularmente de China.

“Durante este período hubo un sostenido e importante incremento de la demanda mundial la mayor parte del tiempo, pero el aumento en la producción chilena fue mayor que el total del mismo, y el precio cayó de forma continua, llegando a un mínimo de US$ 50 por libra a mediados del 2002. La participación chilena en las exportaciones mundiales de cobre ha oscilado a lo largo del a última década entre 34% (1997) y 44.3% (2004), alcanzando un 39.9% el 2005. Desde 1995 al 2003, Chile duplicó sus exportaciones, mientras al mismo tiempo se reducía el monto total de las mismas expresado en dólares”.   

En la referida exposición ante la Comisión un estudio presentado ante el Consejo Económico y Social de su partido, el senador Jorge Lavandero, apuntó:

“Entre 1990 y 1993, mientras que en el resto del mundo, la producción bajaba en 45.000 toneladas, Chile aumentaba su producción en 445.000 toneladas, que corresponden a  550.000 toneladas de las empresas privadas extranjeras, y una disminución de Codelco de 104.000 toneladas. Esto quiere decir, que entre 1990 y 1993 el aumento mundial de la producción de cobre, era generada única y exclusivamente por empresas extranjeras instaladas en Chile. Entre 1990 y 1998, estas empresas, con un aumento de 2.004.000 toneladas, incrementaron su producción en la extraordinaria proporción de 5,5 veces más que todo el resto del mundo y 23 veces más que Codelco. Chile, aportó con el 100 % del crecimiento mundial de la producción de cobre en la década de los noventa. Lo más grave de este anárquico crecimiento de la producción, es que el es superior en más de un tercio al crecimiento del consumo, desequilibrio que inevitablemente provocó el colapso del precio del cobre. Esta ciclo de inversión-sobreproducción-colapso del precio del cobre, ha generado un daño considerable al Presupuesto de la Nación y en general a toda nuestra economía, porque desde 1990, han logrado hacer desaparecer año tras año, los considerables aportes de Codelco al Estado, los que no han sido reemplazados por impuestos a las empresas extranjeras del cobre”.

Fallas de mercado

Esta violación del principio del equilibrio entre la oferta y la demanda, propio de la Ley de Say, tan caro a las doctrinas económicas en virtud de las cuales se ha justificado el masivo ingreso de capitales transnacionales a la gran minería del cobre, obedece a causas que Caputo determinó con precisión:

“Desde el punto de vista teórico más puro hay -en nuestra opinión- una incomprensión del funcionamiento de los mercados en condiciones competitivas, como se supone en Chile que es el mercado internacional del cobre. En esas condiciones el propio mercado impone a los diferentes participantes un comportamiento basado en la racionalidad económica. Si no existe ese comportamiento, el mercado sanciona drásticamente. Producir mucho más y por un período prolongado, de lo que el mercado demanda provoca una fuerte disminución de precios”.

En opinión de este autor, el error básico de las autoridades chilenas reside en la caracterización del mercado internacional del cobre:

“Este mercado se entiende como un mercado de competencia perfecta, cuando en la realidad es un mercado oligopólico, donde pocos países y empresas controlan la mayoría de la producción, en el cual Chile tiene una participación fundamental. Chile no es “tomador de precios” como se supone en las instituciones nacionales, sino que participa fuertemente en la determinación de los precios”.

Agrega que, a la inversa de Chile, las grandes empresas extranjeras que vinieron a instalarse a pesar de la baja de los precios, entienden el mercado internacional del cobre como lo que es, es decir, un mercado oligopólico, donde el precio es superior a los precios en condiciones de competencia perfecta y permite una ganancia mayor que otras actividades:

“Esto explica la fiebre por el cobre, concentrando su actividad en un país como Chile, rico en yacimientos mineros y en el que se han eliminado todas las regulaciones, donde las empresas extranjeras tributan cantidades mínimas. Aún con la caída actual de los precios estas empresas obtienen grandes ganancias en Chile y en sus operaciones globales. Los precios bajos les pueden ayudar a eliminar competidores y lograr un grado mayor de participación y control del mercado mundial”.

Esta gruesa falla del mercado, asociada a las condiciones extraordinariamente favorables ofrecidas al capital transnacional ha traído aparejada una severa distorsión en la asignación de recursos que se traduce en el hecho de que “la  mayor parte de la renta minera terminó en manos de los principales competidores  extranjeros de la única empresa chilena de nivel mundial, debilitando su posición considerablemente y de que más de un tercio del total de la inversión extranjera concurrió a un sector que representa menos del 1% de la ocupación total, lo cual significó una seria dilapidación de renta a lo largo de varios años, con serio daño a la economía en general y a los ingresos fiscales en particular.

Distorsión en la asignación de recursos

Entre 1994 y 2005, el total de la inversión extranjera materializada en Chile, alcanzó los US$ 59.900 millones, de los cuales US$  23.538 millones (33,5%), la mayor parte entre 1990 y 1995, fueron a la gran minería del cobre, lo cual se explica, naturalmente por la tendencia secular del capital, de concentrarse en los sectores de mayor rentabilidad.

Sin perjuicio del costo de oportunidad implícito en recursos que se destinan a una actividad extractiva básica -y no a otra-, la cual además es excesivamente dependiente de los ciclos internacionales y de las fluctuaciones de precios, no requiere mayor elaboración y es poco intensiva en mano de obra, el segundo gran problema, desde el punto de vista de la lógica económica, consiste en que dicha inversión genera una renta que el Estado chileno es incapaz de retener.

Ya está señalado que Caputo calculó esa renta entre US$ 80 mil y US$ 100 mil millones, que emigraron a sus países de origen entre 2004 y 2008. Para graficar el concepto de pérdida de renta, el mismo autor calculó el Producto Nacional Bruto del año 2005. Si el PIB anual alcanzó el 4% ese año, el PNB, esto es, las remesas al exterior de las utilidades e intereses al capital extranjero que operan en Chile menos los ingresos por utilidades e intereses de capitales chilenos en el exterior, indicó que en realidad la economía chilena cayó en 3,3% el mismo año.  

Renta minera y royalty

El debate sobre la captación de esa renta se reactivó con motivo del trámite parlamentario de las dos leyes de royalty, que fueron resultado del trabajo de la Comisión de Minería del Senado, impulsado por el senador Jorge Lavandero, que tras varios meses de estudio, elaboró un Informe en el que, por primera vez y en forma oficial se concluía que las mineras extranjeras no pagaban impuesto a la renta.  

Los partidarios de establecer un royalty, o cobro de una renta por el uso del recurso, argumentaron que el concepto de renta es un derecho que tiene el propietario de los recursos naturales, lo cual está establecido y aceptado desde la época de los clásicos:

“La ciencia económica, en sus versiones más modernas incluyendo el neoliberalismo, incorpora en sus propias estructuras teóricas la renta de los recursos naturales, y en reconocimiento a David Ricardo se la denomina “Renta Ricardiana”. Entonces, en la ciencia económica, la renta o royalty es un derecho y no un impuesto. En las clases introductorias de las cátedras de economía, se estudian los flujos circulares de la producción y de los ingresos que se generan entre las empresas y las familias. Así también queda claramente establecido en los principales libros de introducción a la economía, que se usan en todas las universidades del mundo. Las familias aportan a las empresas el capital, el trabajo y los recursos naturales. Estos aportes de las familias son designados como factores productivos o elementos que participan en el proceso de producción, de bienes y servicios por parte de las empresas. Las empresas que usan estos elementos pagan a los dueños de esos recursos lo que corresponde. A los trabajadores se les paga sueldos y salarios, a los capitalistas los retribuyen con las utilidades, e intereses; y a los dueños de los recursos naturales se les paga la renta, por el uso de esos recursos. A nivel macroeconómico o global, se tiene por un lado la producción global, el PIB, que es el valor de la producción de los bienes y servicios finales de consumo e inversión, que tienen como contrapartida, lo que las empresas pagaron por el uso de los factores productivos. Así, se tienen grosso modo, la igualdad entre el valor de la producción con el Ingreso Global en el país, por otro lado. El ingreso global está formado por la suma de los sueldos y salarios, ganancias e intereses y la renta de los recursos naturales y otras rentas a propietarios. Entonces, la renta de los recursos naturales es un derecho y no un impuesto.
Después de esto, es decir, luego que se generan los sueldos y salarios, ganancia y renta de recursos naturales, se aplica el sistema tributario correspondiente: impuestos a los sueldos y salarios, a las ganancias y a la renta de recursos naturales”.  

Esa posición, a la que adscribieron las bancadas parlamentarias de la Concertación, postula que no cobrar esa renta constituye un subsidio del Estado, propietario de los recursos, que distorsiona los mercados:

“Según la ciencia económica, y la teoría de mercado, si Chile no cobra la renta minera, se distorsiona el mercado mundial del cobre. Chile es el principal productor y exportador mundial de cobre, produce cuatro veces más que lo que produce Estados Unidos, que hasta el 2001 era el segundo productor mundial. Por eso, el no cobro del royalty es un subsidio que captan las empresas extranjeras, lo que los induce a la sobreproducción desde Chile. La sobreproducción y la baja de precios, según nuestros estudios, se produjo desde julio de 1995, hasta septiembre del 2003. Los precios promedio de los últimos años -en dólares constantes- fueron menores a 70 centavos de dólar la libra promedio anual. El cierre de empresas, la disminución de la producción, y la resuelta disposición de Codelco a formar adicionalmente un stock regulador, ha permitido junto a la discusión sobre el royalty y a un crecimiento adicional de la demanda mundial, particularmente de China, importantes incrementos de los precios del cobre. Junto a estos elementos reales se agrega la desvalorización del dólar. El lunes 22 de marzo del 2004, el precio del cobre superó los 140 centavos de dólar la libra. El promedio anual a la fecha es de 122,4 centavos de dólar la libra”.  

Los detractores del royalty, en general los parlamentarios de derecha, los dirigentes de gremios empresariales y un sector mayoritario de los economistas, plantearon que éste era un nuevo gravamen, y que subir los impuestos constituiría un inaceptable cambio en las reglas del juego, que podría poner en peligro “las confianzas” de los inversores, “base del exitoso modelo de economía abierta que ya nadie discute”.  

A modo de ejemplo, y para ilustrar la naturaleza de ese debate, esto es lo que planteó la abogada Olga Feliú, ex senadora designada:

“El Jurista y Comisionado de la Comisión Constituyente, Enrique Evans de la Cuadra, señala “como precisión destacable de la Constitución de 1980 la utilización del vocablo “tributo”, en reemplazo de las expresiones que utilizaba la de 1925. Señala este autor que “la voz Tributo” engloba a toda exacción patrimonial impuesta por la ley a las personas en beneficio de la Nación, representada por el Estado, dejando atrás las discusiones que acerca del contenido y diferencias sobre impuestos y contribuciones que hubo respecto del texto antiguo”. El Tribunal Constitucional, en sentencia de 1995, también atribuyó un alcance amplio al concepto de tributo. Así, consideró que una “tasa” establecida en un proyecto de ley constituía un “tributo”. El establecimiento de un royalty, como el que se plantea, cuyo pago es obligatorio para las empresas que se señalen, que cede en beneficio del Estado, constituye jurídicamente un tributo y, como tal, debe someterse a todos los requisitos que éstos constitucionalmente deben acatar. Entre ellos, y en primer término, ser iniciado por Mensaje del Presidente de la República”.

Otro ejemplo de la argumentación contra el royalty, aparece en un trabajo del Instituto  Libertad y Desarrollo:

“Chile no se puede conformar con tener buenas leyes de mineral, bajos costos de exploración y extracción, y cercanía entre los yacimientos y puertos de embarque. Todo ello es necesario, pero no basta. Las condiciones políticas, el sistema tributario, las regulaciones laborales y ambientales entre otros, son a veces, de-terminantes para los inversionistas antes de decidir donde invertir.
La discusión acerca de la incorporación del royalty a la minería ya está cobrando sus costos. Los inversionistas han castigado a nuestro país, cayendo su potencial político en un 12%, dejando de ocupar uno de los diez primeros lugares. Si el Gobierno quiere recaudar más recursos de la minería, lo que debe hacer es incentivar la inversión minera, de manera de que este sector aumente su pago de impuestos en términos globales, debido al crecimiento del sector, no por un aumento de la tasa impositiva como está proponiendo el Ejecutivo” .

En términos sucintos, el 5 de julio de 2003, el Ejecutivo envió a trámite parlamentario un proyecto de ley que establecía un impuesto ad valorem de entre 1 y 3% sobre las ventas de minerales. Pero en lugar de ingresarlo como un proyecto de ley ordinario, lo hizo en calidad de reforma a una ley orgánica constitucional, lo cual requiere para su aprobación un quórum de 4/7 de ambas cámaras, esto es, 59 diputados y 27 senadores.  

Como cabía esperar, en la votación del proyecto en la Cámara de Diputados, el 21 de julio, la posición de establecer el royalty triunfó con amplitud, por 51  votos contra 41, lo mismo que en la votación en el Senado, el 10 de agosto, donde la correlación fue de 25 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

Sin embargo, y en virtud de las peculiares matemáticas de la actual Constitución, el proyecto fue rechazado.

El Gobierno hizo uso de su facultad de insistencia, pero presentó el incorrectamente denominado royalty II como un impuesto específico a la actividad minera, que establecía un 5% de sobretasa a las utilidades.

Según el economista Manuel Riesco, no se trataba de un royalty y era, desde el punto de vista del interés nacional, mucho peor que el anterior:

“Esta vez, sin embargo, el gobierno había acordado previamente su contenido con las mineras privadas. La nueva ley es mucho peor que el anterior proyecto. En primer lugar, evitó aplicar un royalty, que es usualmente la forma más sencilla de controlar la “elusión.” En cambio, estableció una sobretasa especial a las utilidades de las mineras, que alcanza un máximo de 5%, y es calculada sobre las utilidades antes de impuestos, depreciaciones, y amortizaciones. Siendo un cargo asociado al recurso minero, correctamente es considerado un costo de modo que su monto reduce la base tributaria para el impuesto a la renta. Sin embargo, es pagado por adelantado y se concilia a su valor exacto una vez al año (…) Sin embargo, el mayor problema con esta ley consistió en que efectivamente redujo la tasa de impuestos de las compañías que más habían “eludido” impuestos. (…) El “royalty 2” les ofreció la posibilidad de renunciar a esta “invariabilidad,” a cambio de reducirles la tasa de impuestos de 42,5 a 35%, si aceptaban la nueva sobretasa de 5%. Actualmente quedan sujetas a una tasa de 35+5%=40%, mientras antes del “royalty 2” estaban sometidos a 42%. En resumen, su tasa se redujo en 2%. Adicionalmente, les otorgaron 15 años adicionales de “invariabilidad” bajo las nuevas condiciones. Claramente, hicieron un buen negocio”.

En esa oportunidad no hubo problemas en el Parlamento. El proyecto fue aprobado por 85 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Diputados, y por 28 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, en el senado.

Este impuesto, que empezó a aplicarse en 2007 ha entregado nominalmente a la caja fiscal US$ 752 millones en ese año; US$ 520 millones en 2008 y US$  495 millones en 2009 (SII). Sin embargo debe tomarse en cuenta que el artículo 7º transitorio de la ley 20.025, permite una deducción del 50% del mismo como crédito de Primera Categoría, y que la parte que no pueda imputarse como crédito, puede ser deducida como gasto necesario para producir renta. En otras palabras, un impuesto virtual, que en la práctica no contribuye en nada a la redistribución de la renta del cobre.

Síndrome holandés

El tercer gran problema de una estrategia de desarrollo fundada en la exportación de recursos naturales reside en la apreciación de la moneda local en ciclos de precios altos de los bienes transables, fenómeno conocido como el síndrome holandés, término surge de la década de 1950 cuando la riqueza de Bélgica y Holanda aumentó de modo abrupto, como consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el Mar del Norte.

Normalmente, el síndrome holandés se produce a causa de un auge exportador, en el caso de Chile debido a la espectacular alza en el precio del cobre, que al revaluar la moneda local, impacta con efecto negativo en el resto de los sectores exportadores y en los productores locales que compiten con importaciones, agravado esto último por la sostenida reducción de las tasas arancelarias.

Según un reporte del economista Hugo Fazio, en 2005 el impacto lo acusaron incluso los mayores conglomerados empresariales del país, dedicados a la exportación de celulosa y productos forestales; Empresas CMPC e Inversiones CMPC, del grupo Matte, que vieron reducirse sus ganancias en 50% y 25,5%, respectivamente, y AntarChile, el holding de inversiones del grupo Angelini, el cual redujo sus ganancias en el primer trimestre, en cifras anualizadas, en un 49,5%.   

Pero la reducción en los retornos en moneda nacional de las exportaciones afectó, además a las empresas vitivinícolas y frutícolas, lo cual se tradujo en que de manera casi inmediata, los bancos redujeron sus líneas de créditos para el sector y aumentaron sus tasas de interés. Además, el síndrome holandés beneficia a las empresas importadoras, lo cual genera el efecto negativo de reemplazar producción nacional por bienes importados desde el exterior, lo cual a su vez castiga con fuerza al sector manufacturero y a la pequeña y mediana empresa que se desenvuelve en el mercado nacional, y por tanto, a la generación de empleo.

La presión por una intervención cambiaria tuvo efecto recién en marzo de 2008, cuando el Banco Central, desbordado por los efectos de su impavidez en los sectores productivos, y por presiones políticas cruzadas, cambió sin transición desde la “flotación limpia” a la compra de 50 millones de dólares diarios, inicialmente prevista hasta diciembre del mismo año, por un monto total de US$ 8.000 mil millones, medida que se tornó superflua una vez que los efectos de la crisis económica internacional dispararon el precio del dólar, un par de meses después.

¿Es necesaria la inversión extranjera en el cobre?

Tanto desde el punto de vista económico como del interés social y nacional, probablemente el mayor inconveniente de la actual política chilena sobre el cobre radica en lo innecesaria que resulta, y la falta de justificación que reviste, la masiva inversión de origen transnacional.  

El principal argumento de los partidarios de esa política, apunta a la incapacidad de Codelco, o del Estado, de generar la inversión para poner en marcha grandes proyectos mineros.

El argumento se cae por la base con la entrega a Codelco de mil  millones de dólares para inversión, dispuesta por el Ejecutivo a principios de 2008, si bien condicionada a la aprobación del proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de la empresa estatal, que los críticos de la actual política del cobre han interpretado como un nuevo paso en dirección a crear condiciones que en el futuro conduzcan hacia la privatización. Por el contrario, si hay un reparo  consistente hacia dicha política, es que inhibe a Codelco destinar una parte de sus excedentes a la inversión, dado el prurito de absorber la totalidad de ellos para financiar gasto público corriente. Economistas críticos, como Hugo Fazio, califican esa política de suicida, “la cual esos mismos funcionarios no aplicarían a sus propias empresas”.  

En segundo lugar, y sobre el mismo punto, es preciso analizar el carácter de esa inversión. La evidencia empírica demuestra que las compañías transnacionales financiaron mayoritariamente su inversión por la vía del endeudamiento con matrices relacionadas, o bien mediante la reinversión de utilidades, más que con el aporte de recursos frescos.

Pero aún admitiendo la necesidad de esa inversión, no hay argumento que justifique la exorbitante rentabilidad que se les permite, con la cual amortizaron en dos años el total de lo que invirtieron en veinte.  

“Lo que está en juego es nada menos que el equivalente a la mayor parte del presupuesto total de las políticas sociales chilenas, aproximadamente el equivalente al gasto público en educación, salud y pensiones, todo junto; esa es la magnitud aproximada de la renta minera que –a los precios actuales del cobre– se está sacando al extranjero cada año, en su mayor parte para financiar las ambiciones de monopolio mundiales de uno o dos gigantes mineros transnacionales”, apunta el economista Manuel Riesco.  

De otra parte, como anota el economista Julián Alcayaga, el interés de las mineras transnacionales es distinto del interés de Chile:

“Su objetivo primordial no es obtener utilidades en nuestro país, sino controlar y asegurar el abastecimiento de sus fundiciones, refinerías, y diferentes tipos de fábricas elaboradoras de cobre. Son las casas matrices, u otras filiales comerciales o metalúrgicas,  las que se benefician del bajo costo del cobre comprado en Chile, que les permite fabricar manufacturas con un gigantesco valor agregado y obtener cuantiosas ganancias en el extranjero”.

Los defensores de las mineras transnacionales aducen la legitimidad de estas altas rentabilidades, dado de que corrieron un riesgo con su inversión. Pero olvidan los derechos del verdadero propietario, el Estado de Chile, que todavía, constitucionalmente, “tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

A eso se deben agregar las maniobras de las mineras transnacionales para alterar sus estados financieros y eludir impuestos. El economista Orlando Caputo agregó un nuevo antecedente, que descubrió bajo el impulso de una editorial del diario El Mercurio, el cual hizo caudal del bono de $ 14 millones concedido por Minera Escondida a sus trabajadores, en el proceso de negociación anticipada, octubre de 2009:

“El bono de $ 14 millones ofrecido por Minera Escondida y aceptado por los trabajadores, representa alrededor del 1% de las ganancias operacionales estimadas de Minera Escondida para 2008. Como este bono es insignificante en relación a las ganancias, fue ofrecido anticipadamente por Minera Escondida. Este bono para los trabajadores es importante. Sin embargo, el Convenio dura 44 meses. En la práctica significa un bono de alrededor de $ 300.000 mensuales líquidos. (…) Además de ser muy conveniente esta negociación anticipada, Minera Escondida quiere esconder un escándalo que podría tener características similares al ‘davilazo’ en Codelco:

Los costos de administración y ventas, en 2004 fueron de US$ 29 millones; en 2007, de US$ 112 millones, y en 2008, subieron a ¡ US$802 millones!. Este aumento es difícil de explicar como gastos de administración. Debe estar ligado a operaciones de venta. ¡Equivale a 3 o 4 veces el ‘davilazo’ en Codelco!. Este incremento de Gastos en Administración y Ventas en 2008, equivale a 10 veces el valor total del bono de $ 14 millones por los 2.523 trabajadores. Este gran incremento de los costos de administración y ventas, y otros incrementos de costos, le permiten a Minera Escondida disminuir drásticamente los impuestos que pagan en Chile”.

Esa es la manera como las mineras transnacionales agradecen la hospitalidad que les ofrece este lejano país esquina con vista al mar.

Otro argumento de los privatizadores, apunta a que las exploraciones de las mineras transnacionales han incrementado el nivel de reservas conocidas desde 87 a 300 millones de toneladas.

¡Falso!, replica Julián Alcayaga:

“Ya en 1971, cuando se discutió la nacionalización del cobre, se daba una cifra de 115 millones de toneladas para las reservas chilenas, y más tarde, durante el régimen militar, en 1982 y 1983, se admitía que Chile poseía 150 millones de toneladas de reservas, esto es, casi el doble de las rangos que entrega la SONAMI y el Consejo Minero como estimación actual. Por otra parte, todos los grandes yacimientos mineros privados que hoy se encuentran en explotación ya estaban descubiertos y estaban reconocidos por el Instituto de Investigaciones Geológicas en 1973,  como lo declaró en el Senado su ex-director, el ingeniero Eduardo Falcón. En consecuencia, los mayores aportes en exploración y descubrimiento de reservas mineras siempre los ha hecho el Estado chileno”.

Los defensores de las transnacionales mineras sostienen que éstas generan sustantivos encadenamientos productivos. Sin embargo, el economista y profesor de la Universidad Católica del Norte, Patricio Aroca, en exposición ante la Comisión Especial del Senado sobre Tributación Minera, demostró exactamente lo contrario:

“1) Los encadenamientos del sector minero con el resto de la economía nacional crecen durante los periodos 1952-77 y 77-85 pero decrecen entre el 85-95. En el 77 y 85 la producción estatal era superior a la privada, sin embargo tanto en el 52 como en el 95 la producción privada es superior a la estatal. Los encadenamientos del sector minero evolucionan positivamente desde 1952 a 1977, es decir, la industria minera incrementa su impacto en la economía en más de 120% en un periodo de diez años. Esto implica que en 1952 por cada dólar de cobre que se exportaba, se producía adicionalmente en el país US$ 24 centavos, mientras que en 1977 este valor había aumentado a US$ 54 centavos. Estos valores aún estaban por debajo del promedio nacional que fluctuaba alrededor de US$ 50 centavos por cada dólar producido en un sector económico promedio. En el periodo que va desde 1977 a 1985 este valor aumenta en más  de 20%, llegando a 54 centavos de dólar por cada dólar exportado por el sector minero. Sin embargo, en el periodo 1985 a 1995 cuando nuevamente comienzan a dominar la producción minera las empresas privadas, el impacto cae en casi un 5% respecto a 1985, es decir, en vez de US$54 centavos por dólar exportado, en 1995 el impacto es de US$ 51 centavos. Se quiebra la tendencia de profundización de las interrelaciones intersectoriales entre el sector minero y el resto de los sectores de la economía;

2) Las compras del sector minero cobre al sector manufacturero (denominado duro, es decir insumos a la minería) crecen desde 10% en 1952 a mas del 17% en 1977, pero desde entonces disminuyen sistemáticamente a menos de 10% en 1985 y menor de 4.5% en 1995;

 3) El único sector que tiene un cambio significativo en términos de encadenamiento productivos es el ‘servicios a empresas’ (subcontratistas) que aumento su participación  en el gasto de las mineras de cerca de un 2% en 1985 a 5.75% en 1995. Esto evidentemente muestra una adopción cada vez más generalizada en la industria del cobre de la subcontratación;

4) El crecimiento del sector minero se explica absolutamente por un cambio en los niveles de exportaciones, pero en absoluto por un cambio tecnológico (entendido cambio tecnológico en términos económicos y no ingenieriles). Es decir, la estructura de compra de insumos a la economía chilena no refleja una mayor inmersión en ella, sino todo lo contrario”.

Los defensores de las transnacionales mineras invocan el trabajo que crean y la tecnología que aportan.

Las cifras nuevamente los desmienten:

“El personal total ocupado en la minería era de 80.084 personas  en 1989, y bajó a 47.304 el año 2002. Esta baja en el empleo se debe al hecho de que la baja del precio del cobre (por efecto de la sobreproducción  que generaron las mineras extranjeras), llevó a la ruina a gran parte de la pequeña y mediana minería, que eran, precisamente,  las que generaban más empleo en la minería, empleo que casi no crean las grandes mineras por la gran intensificación tecnológica de sus explotaciones. En suma, las mineras extranjeras destruyen más empleo del que generan, por lo que su aporte en este sentido es negativo”.
.
Según un trabajo del economista John Tilton, de la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos, la productividad de los trabajadores del  sector minero chileno saltó de menos de 40 toneladas por trabajador en 1990 a alrededor de 90 toneladas de cobre por trabajador en 1997. La teoría económica postula que los ingresos de los trabajadores están asociados a su productividad y a los precios del producto en el mercado. Si la productividad se incrementó exponencialmente y los precios se mantuvieron estables en los 90 y subieron a partir de 2003, cabría esperar un aumento equivalente en el ingreso de los trabajadores.

Sin embargo, el estudio de Patricio Aroca muestra una realidad opuesta:   

“De acuerdo al Anuario de COCHILCO, donde se presenta el índice nominal de remuneraciones del sector minero, con base abril de 1993, se puede apreciar que las remuneraciones reales del sector minero aumentaron levemente entre 1990 y 1991, el comienzo del periodo de aumento en productividad exponencial, pero a partir de 1991 y hasta 1995 no existe un incremento real en las remuneraciones del sector sino por el contrario estas decaen levemente. A partir de 1995 se aprecia una recuperación moderada de los salarios. Cuando se comparan estas cifras con lo que ocurrió con las remuneraciones en el resto de la economía, se aprecia que hubo un leve incremento de remuneraciones en el sector minero en el año 1991 respecto a 1990. Sin embargo, a partir de 1991 los salarios relativos del sector minero caen  considerablemente respecto a lo que ocurrió en los otros sectores de la economía hasta 1995 y desde entonces las remuneraciones relativas del sector minero se han mantenido estables, es decir han seguido el mismo ritmo de crecimiento que han tenido las remuneraciones de los otros sectores del país”.

Después de cruzar el salario de los trabajadores con otras variables, este autor concluye: “estos antecedentes dan serios indicios de un fuerte poder monopsónico por parte de las empresas mineras que se materializa en salarios constantes en épocas de creciente productividad”.

Inicialmente, los defensores de la instalación de las transnacionales en Chile arguyeron la paulatina pérdida de valor del cobre y su inminente sustitución por otros materiales, como el aluminio y la fibra óptica. El espectacular incremento en la demanda de cobre, y el descubrimiento de nuevos usos, en nuevos campos, ahorran mayor debate.
 
En suma, si no obedece a razones económicas ni técnicas, este masivo atentado contra el interés nacional, sólo puede explicarse en función de la combinatoria de factores como los siguientes:

-Aceptación tácita de la nueva división internacional del trabajo impuesta desde los países centrales, donde las economías subordinadas sólo deben exportar recursos naturales.

-Colonización ideológica de las elites dirigentes por el dogma neoliberal, que postula el libre flujo de inversiones a escala global como algo deseable y positivo, mientras simultáneamente inhibe la inversión pública en la minería del cobre, y mentalidad rentista de las mismas, que por tercera vez en la historia del país, entregaron su principal riqueza al control extranjero.
.
-Corrupción de tecnócratas y funcionarios, que reciben suculentos honorarios de estas compañías por la elaboración de informes, asesorías y seminarios que buscan generalizar la noción de la conveniencia de la inversión extranjera en el sector minero; y de políticos, que a cambio del financiamiento para sus campañas, se comprometen a dejar inalterado el actual status quo.

-Pasividad e indiferencia de una opinión pública narcotizada y enajenada por la banalidad de contenidos del sistema de medios de comunicación.

De esta manera, el visionario legado del Presidente Allende, quien a través de una incansable lucha de más de 30 años concretó el sueño de convertir el cobre en el sueldo de Chile y una palanca para el desarrollo del país, ha sido en gran medida revertido y desnaturalizado, en nombre de la apertura de los mercados y de la libre circulación del capital.

Una vez que cumplió con ese servicio, José Piñera se retiró de la vida pública y volvió a su alma mater, es decir Washington, donde reside desde hace quince años. Mantiene un sorprendente mutismo sobre sus “realizaciones”, sólo interrumpido por crípticos y siúticos comentarios de la realidad nacional en redes sociales electrónicas.

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