Según los estándares de la OCDE, Chile se ubica en el penúltimo lugar entre los países con negociación colectiva con derecho a huelga. Nuestra anacrónica legislación laboral también queda en evidencia en relación a nuestros vecinos. En Uruguay el 98% de los trabajadores negocia colectivamente y en Argentina lo hace el 60%.
Es evidente que en materia de fortalecimiento de la institucionalidad laboral y de derechos colectivos hay una deuda. Administramos un modelo que lo único que ha hecho es reproducir la matriz del pacto laboral del año 1979 y al que no le hemos podido introducir reformas sustantivas en los 20 años de gobierno de la centro izquierda.
Los cambios al sistema eran parte del programa de gobierno del Presidente Patricio Aylwin y volvieron a estar en el tapete con las reformas propuestas por el ex Presidente Ricardo Lagos. Pero la falta de decisión para llevarlos adelante y la persistente presión del empresariado no han hecho posible avanzar a una relación laboral más equilibrada entre trabajadores y empleadores.
Esa presión por el inmovilismo queda otra vez en evidencia ante el envío de la reforma laboral propuesta por la Presidenta Michelle Bachelet. Repitiendo el libreto aprendido en estas dos décadas, los empresarios reiteran el discurso majadero de que este tipo de reformas medulares son atentatorias al desarrollo económico y a la generación de empleo. Un hecho que la experiencia internacional desmiente tajantemente.
Esa presión por el inmovilismo queda otra vez en evidencia ante el envío de la reforma laboral propuesta por la Presidenta Michelle Bachelet. Repitiendo el libreto aprendido en estas dos décadas, los empresarios reiteran el discurso majadero de que este tipo de reformas medulares son atentatorias al desarrollo económico y a la generación de empleo. Un hecho que la experiencia internacional desmiente tajantemente.
Esta vez no vamos a permitir que ese discurso entrampe la necesaria modernización del modelo laboral chileno. Y es que no contar con una institucionalidad robusta en materia de derechos colectivos genera abusos, un desequilibrio en la relación empresario-trabajador y ausencia de colaboración y de búsqueda de acuerdos mutuos. Esto ha desembocado en la generación de empleos de mala calidad y en la existencia de salarios mínimos que están por debajo de los estándares internacionales de la OIT.
Con el envío de la reforma tenemos la oportunidad de inyectar modernidad a las relaciones laborales que existen en Chile, particularmente en relación al ejercicio de los derechos de los trabajadores. La decisión de la Presidenta es construir una nueva institucionalidad en materia de derechos colectivos en relación a propósitos bien concretos: la titularidad sindical, es decir, que el sindicato es el sujeto principal de la negociación colectiva y representante de los trabajadores frente a los empresarios; la ampliación de la negociación colectiva, tanto en el número de trabajadores que entran a negociar como también en las materias a tratar y el fin del reemplazo en huelga.
Frente a esta reforma clave –que por fin equilibrará la relación entre empleados y empleadores–, los parlamentarios de la Nueva Mayoría estamos interpelados a acoger el llamado de los trabajadores. Y eso impone la responsabilidad de coordinarnos entre senadores, diputados y gobierno para presentar un trabajo legislativo sin fisuras.
Somos parte de un gobierno que tiene como norte concretar reformas profundas y por eso es importante sacar lecciones de lo obrado hasta ahora. La reforma laboral no puede tomar otro camino que el de la participación y la transparencia en el debate. Un debate que se debe hacer en conjunto con los trabajadores y con los propios empresarios para así lograr acuerdos. Pero acuerdos alcanzados en salones amplios e iluminados, no en la cocina.
(*) Senadora del PPD por la Cuarta Región, Presidenta de la Comisión de Trabajo
Fuente: Radio Cooperativa
