Una cosa queda claro, lo que está en juego no es la reforma laboral que la sociedad chilena esperaba para los inicios del siglo XXI -luego de 26 años de democracia. Más bien, la propuesta del gobierno actual se asemeja a una reforma laboral del pasado siglo y, más aún, los contrastes de esta propuesta con el Plan Laboral de José Piñera bajo la dictadura cívico militar de Pinochet, no logran visualizarse con nitidez.
El mundo del trabajo en Chile, sus organizaciones sindicales sociales y políticas, por cierto, esperan y esperaban otra cosa: una reforma laboral más profunda, una que restituyera efectivamente los derechos laborales de
los trabajadores y trabajadoras del país, tan conculcados y pisoteados por tanto tiempo.
Lo que se espera y al parecer, se seguirá esperando, es un nuevo trato entre trabajadores y empresarios en una sociedad democrática. En definitiva, una nueva ecuación entre capital y trabajo. En este escenario, es entendible la discreción del gobierno de llamar al tema en cuestión “Proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales” y no derechamente Proyecto de Reforma Laboral para un Chile moderno, equitativo e inclusivo.
En las últimas noticias de este Proyecto de Ley, contrastan las declaraciones de la Presidenta Bachelet en la mañana de este miércoles 2 de marzo pasado con las indicaciones entregadas por el Ministro de Hacienda y la Ministra de Trabajo y Previsión Social al Senado (40 normas) al Proyecto de Ley.
La mandataria en una entrevista en Radio Agricultura expresaba que el sentido de las indicaciones es acercarse a lo que sucede en Europa en materia de relaciones laborales, ya que Chile es miembro de la OCDE; señalando además que en el tema de la huelga, la iniciativa no contempla el reemplazo interno y que ésta se adecúa a las indicaciones de la OIT.
Sin embargo, en el análisis más pausado de las indicaciones entregadas al Senado se constata que se tiende a ir por un camino diferente. Algunos analistas han señalado que “se trata de una reformita”, o que es un proyecto inocuo, en dónde “los que se proclaman como avances son confusos y de dudosa eficacia” (Ver: María Ester Feres Nazar “Reforma laboral: Un proyecto inocuo”, en Le Monde Diplomatique, mayo 2015, pág. 9.).
Dentro de estas indicaciones al Proyecto de Ley, que se votará este lunes 7 en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y luego en el pleno el martes, nos concentraremos en esta ocasión en tres de ellas, las cuales han concitado un gran interés público y político, tanto positiva como negativamente:
1) la extensión de beneficios por parte del sindicato (art. 323): se mantiene el criterio aprobado en enero por la Comisión de Trabajo del Senado en cuanto a que los beneficios de la negociación colectiva solo serán extendidos a los no sindicalizados por parte del sindicato, la redacción queda de la siguiente manera “La afiliación sindical otorga pleno derecho a los nuevos socios los beneficios del instrumento colectivo suscrito por la organización sindical a la que se incorporen conforme a los requisitos establecidos en dicho instrumento a partir de la comunicación de la afiliación al empleador” (ver: www.prosindical.cl.).
Tal como la ha señalado desde un principio en el debate sobre la Reforma Laboral, la oposición (RN y UDI) impugnará este articulado llevándolo al Tribunal Constitucional por ser considerado “inconstitucional”.
2) la negociación colectiva de sindicatos interempresas (art. 363) se constata que “Se mantiene como regla general que estos sindicatos tienen derecho a negociar colectivamente en forma reglada, por razón social en la que tengan afiliados, siempre que esta cumplan con el quórum de constitución de sindicatos de empresa”.
En opinión de especialistas, esta negociación interempresas se verá morigerada y/o debilitada por el siguiente párrafo en cuanto al rol de las MYPES “para la micro empresa, siempre será obligatorio negociar colectivamente con el sindicato interempresas cuando este sindicato sólo afilie a los trabajadores de micro y/o pequeña empresas” y “tratándose de las pequeñas empresas, siempre será obligatorio negociar cuando el sindicato afilie a trabajadores de micro, pequeñas y/o medianas empresas” (ver: www.prosindical.cl).
3) y, la indicación que causa la gran polémica, es la relacionada con el reemplazo interno y externo por la huelga (art. 405) en donde se señala “El empleador en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los turnos u horarios de trabajo, y efectuar adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las labores convenidas en sus contratos de trabajo, sin que esto constituya práctica desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo”, y, se advierte que “Asimismo durante la huelga el recinto o local de la empresa no constituirá sede sindical”. Esto último, busca deslegitimar de una u otra manera la ocupación de la empresa durante una huelga (ver: www.prosindical.cl.).
En términos generales, lo que se critica a estas indicaciones por los más diversos dirigentes de organizaciones sindicales, particularmente de la CUT, representantes de partidos políticos de centro izquierda y del progresismo, es que hay mucha letra chica en estas, las cuales se prestarán para todo tipo de interpretaciones, masivas judicializaciones, especialmente en el tema del reemplazo en huelga, y según el dicho “hecha la ley hecha la trampa”.
Las reacciones a las indicaciones y, en particular, a estas tres nombradas, han sido de lo más variado, la CUT no tan solo en el caso puntual de estas indicaciones sino de un tiempo a esta parte han sido contundentes en sus apreciaciones de señalar que este Proyecto de Ley no satisfacen las expectativas del mundo del trabajo, especialmente en la frase: “y efectuar adecuaciones necesarias”, en cuanto al reemplazo en huelga, esto lo ven como reemplazo encubierto.
El PS y el PC se oponen directamente a estas iniciativas y llaman en el caso del PS a sus senadores a votar en contra de estas indicaciones en el sentido que están vulnerando los elementos básicos del Proyecto de Ley que salió de la Cámara de Diputados- Por su parte, senadores del PPD, no todos, tienen una opinión crítica al respecto y en la DC, la excepción es la Senadora Carolina Goic, la cual siempre ha estado en la defensa de los derechos laborales y sindicales, tanto en su propia bancada parlamentaria como en la Comisión de Trabajo del Senado que junto a la Vicepresidenta de la institución, Senadora Adriana Muñoz y del Senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión han defendido dignamente los elementos centrales del proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados.
Resumiendo, esto es “una noticia en desarrollo”, en el decir periodístico. Nosotros bien podríamos señalar que este es un “debate en desarrollo sobre las indicaciones del gobierno” en esta gran noticia que es la Reforma Laboral. Esta reforma, que para algunos se ha convertido en la madre de todas la batallas, en este proceso de reformas estructurales en que está involucrado el gobierno de Michelle Bachelet, que por cierto concita un gran apoyo social, cuando se pregunta sobre los contenidos de las reformas, pero que también, tiene poderosos detractores por parte de los gremios empresariales, la derecha política y de los sectores conservadores y restauradores de la Nueva Mayoría y la vieja Concertación.
(*) Sociólogo, Director del Programa de Relaciones Laborales. Fundación Chile 21
