Luego que ambas cámaras del Congreso aprobaran el tercer proyecto de reajuste para el sector público, que no se movió el 3,2% de incremento nominal, y 0,2% real, los trabajadores depusieron el paro, no sin antes criticar con acritud la operación política con la derecha que permitió la aprobación del proyecto, y proclamar que se sienten traicionados por el Gobierno.
Con 85 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general la nueva propuesta del Ejecutivo relativa al reajuste del sector público (boletín 10973). El artículo primero, que establece el porcentaje de reajuste de 3,2%, recibió 70 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.
El texto legal otorga, a contar del 1 de diciembre de 2016, un reajuste general del 3.2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero para los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Civil del Estado, como al personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las Municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076.
Se excluyen aquellos funcionarios públicos a los que no se les aplica el reajuste por contar con otros mecanismos de ajustes de sus remuneraciones.
Adicionalmente, el reajuste no regirá para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes, el Presidente de la Corte Suprema, los Ministros y el Fiscal de la Corte Suprema y el Contralor General de la República. Tampoco se aplicará a los parlamentarios, a los Ministros del Tribunal Constitucional, al Presidente del Consejo para la Transparencia, al Fiscal Nacional, al Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, ni a los secretarios de la Cámara y del Senado, el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional y a los sueldos de las categorías A, B y C del Legislativo.
En el marco de la autonomía financiera de las universidades estatales, se precisa que ellas podrán reajustar las remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia el reajuste del sector público.
Tampoco recibirán este reajuste las remuneraciones del sector público que sean iguales o superiores a $4.400.000 líquidos, en tanto las remuneraciones reajustadas no podrán exceder de $4.400.000 líquidos.
Reajustabilidad de Planilla Suplementaria y bono de zonas extremas
La iniciativa además aplica el reajuste general de remuneraciones a las planillas suplementarias que perciban los funcionarios con ocasión de traspasos entre instituciones adscritas a diferentes escalas. Asimismo, se plantea reajustar el monto del bono anual correspondiente a los funcionarios de las Regiones ubicadas en las zonas extremas del país.
Bono especial
Finalmente, el proyecto de ley concede, por una sola vez, un bono especial a los funcionarios públicos que se dividirá en dos tramos. El primero, en el que figuran las remuneraciones liquidas de hasta $550.000, recibirá un bono de $114.000.
El segundo tramo, correspondiente a las remuneraciones entre los $550.000 líquidos y los $2.345.060 (excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional, recibirá un bono de $35.000.
Compromisos del Gobierno
El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó en la sesión que se hace el mayor esfuerzo posible, pese a mantener el 3,2% del reajuste y el congelamiento para sueldos sobre $4,4 millones. No obstante, precisó que se aumenta en $5 mil millones los recursos para bonos especiales y también se eleva el número de trabajadores beneficiarios de estos bonos.
De esta forma, 490 mil trabajadores recibirán el bono de $114 mil; y casi 457 mil percibirán un bono de $35 mil.
Asimismo, el ministro Valdés comprometió en Sala que, en caso de que la inflación de noviembre «fuera anormalmente alta (sobre 3,3%), propondremos un proyecto de ley para otorgar un bono que mitigue el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores por esa inflación», el que alcanzaría los $15.000 para todos los que reciban reajuste.
Valdés también comprometió la creación de más institucionalidad que asesore a los sectores involucrados en el proceso de reajuste de remuneraciones, «para avanzar en mejorar este proceso, para reducir tensiones y objetivizar los parámetros», sostuvo. Para ello, planteó un Comité Técnico Social que aporte antecedentes objetivos que permitan a todos los actores tomar decisiones informadas respecto al reajuste.
Un tercer compromiso planteado por el Ministro de Hacienda fue la propuesta que se ha trabajado en conjunto con las directivas de la Cámara y el Senado, para crear un proyecto que permita evitar que los parlamentarios deban legislar cada año sobre el reajuste de sus propias dietas. La iniciativa contemplaría un consejo asesor – que podría ser el mismo Comité Técnico Social para el reajuste -, el que propondría a la Presidenta el reajuste de las remuneraciones y asignaciones de las altas autoridades.
«Este es un proyecto que estamos trabajando y que esperamos poder ingresar en marzo y que también debiera incorporar las funciones relacionadas a proporcionar los antecedentes objetivos para la determinación del reajuste general de las remuneraciones de los trabajadores públicos», detalló.
Senado
Por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado despachó en general y en particular, el proyecto que establece un reajuste al sector público del 3,2%, con excepción de las autoridades públicas y los sueldos sobre 4,4 millones.
Durante el debate -que no estuvo exento de manifestaciones en las tribunas en la etapa final-, intervinieron los senadores Jorge Pizarro, Hernán Larraín, Lily Pérez San Martín, Rabindranath Quinteros, José García Ruminot, Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Alejandro Guillier y Antonio Horvath, además del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Los parlamentarios coincidieron en que la votación de este reajuste significa una disyuntiva compleja y abogaron porque el Ejecutivo acoja el compromiso del envío de un proyecto que contempla un bono de mitigación en diciembre, si la inflación acumulada de 12 meses es superior al 3,3% y también el estudio de una iniciativa que establezca parámetros más claros para el reajuste de los funcionarios públicos, y la remuneración de las autoridades.
Los senadores de oposición afirmaron que este es el incremento más bajo de los últimos años y obedece a una serie de malas decisiones económicas del gobierno; en tanto sus pares del oficialismo lamentaron que, por primera vez, se haya roto una tradición de negociación con el sector público.
Se trata de un reajuste de 3,2% para trabajadores del sector público (incluidos Municipalidades y Salud Primaria), profesionales ley N°15.076 (médicos-farmaceúticos -químicos farmacéuticos-bioquímicos y cirujanos) y personal Congreso Nacional. En total, 687.605 personas
El reajuste no regirá para:
• Autoridades: Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes; Presidente, Ministros y Fiscal de la Corte Suprema; Contralor General de la República, Senadores, Diputados, Ministros del Tribunal Constitucional, Presidente del Consejo para la Transparencia, Fiscal Nacional y Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público; Secretarios del Senado y Cámara de Diputados; Director de la Biblioteca del Congreso y funcionarios del Congreso categorías B y C.
• Trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a $4.400.000 líquidos, sean fijadas de acuerdo con disposiciones sobre negociación colectiva del Código del Trabajo o fijadas por la entidad empleadora, o aquellos trabajadores del sector público remunerados en moneda extranjera.
Bonos especiales: Se concede, por una sola vez, un bono especial de $114 mil para 490.000 trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a $550.000; y otro bono de $35 mil para 456.915 personas que perciben rentas líquidas iguales o inferiores a $2.345.060 brutos de carácter permanente, excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional. Ambos bonos, que en total benefician a 946.915 personas, se pagarán en el mes de diciembre de 2016.
Sin el apoyo del PC, se aprueba reajuste de 3,2% al sector público
Durante la tarde del día de ayer la Cámara de Diputados finalmente aprobó el proyecto de ley de reajuste al sector público, el que mantuvo el guarismo de 3,2% de aumento a los salarios de los trabajadores.
Con 85 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones el proyecto se aprobó en general. Ante esto el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teillier, señaló que “como bancada votamos a favor del proyecto en general porque creemos que los trabajadores no pueden quedar sin reajuste. La vez anterior también lo hicimos para posibilitar la opción de que exista un reajuste para sus salarios”.
Sin embargo y como había sido la tónica durante la semana pasada, el PC no otorgó los votos de apoyo al guarismo del 3,2%. A pesar de eso, fue aprobado por 70 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones. Las y los diputados del Partido Comunista se abstuvieron, siendo sumados sus votos al rechazo de la figura.
A pesar de no moverse la cifra, el diputado Teillier declaró que “hicimos significativos esfuerzos porque la opinión de los trabajadores fuera considerada y se negociara directamente con ellos y porque el guarismo ofrecido por el Ministerio de Hacienda fuera mayor. Lo primero lo logramos, lamentablemente el gobierno solo accedió a incrementar los bonos asociados al reajuste, pero no el reajuste en sí”.
“Queremos valorar elementos que se modificaron desde el último proyecto de reajuste, como el aumento de las bonificaciones en los distintos tramos y especialmente, el denominado “seguro IPC” que en el caso que la variación del IPC de noviembre sea mayor al del reajuste, permitirá ajustar las remuneraciones con un nuevo proyecto”, puntualizó Teillier.
Finalizando, el diputado y presidente del PC señaló que “del mismo modo, valoramos el aumento de cobertura que se produjo después de intensas negociaciones con el Ejecutivo, tratativas que lideró nuestro partido y que permitirán garantizar a las y los trabajadores de menores ingresos, recibir la bonificación”.
Trabajadores deponen el paro
La mesa que congrega a los 15 gremios de trabajadores del sector público comunicó este jueves la suspensión de la extensa paralización de funciones que llevaron adelante durante las últimas semanas en demanda de un «reajuste salarial digno».
«Estamos llamando a deponer desde el día de hoy el paro», dijo en una conferencia de prensa en la sede de la CUT el líder de la Confusam, Esteban Maturana, que prometió que los trabajadores realizarán su «mayor esfuerzo para superar todos los problemas creados a raíz de la movilización», por los que pidió «disculpas a la ciudadanía».
«Quiero decirle al Gobierno que esta mesa ya está preparando nuestras movilizaciones, nuestra negociación para el año 2017», añadió el líder de la Confusam.
Esta decisión llega después de que, anoche, el Congreso aprobara la última propuesta de reajuste salarial del Gobierno, que mantuvo el 3,2 por ciento, del cual no se quiso mover el Ejecutivo, pese a los llamados realizados incluso desde la Nueva Mayoría.
«Fuimos engañados por el subsecretario (Mahmud) Aleuy, que operó políticamente y no tuvo vergüenza de negociar con la derecha», reclamó Maturana, que aseguró que los trabajadores públicos ya están preparando su movilización de 2017. También se declaró «orgulloso de ser dirigente sindical, pese al trolleo» del que dijo haber sido víctima.
“Lo único que hizo él fue, recordando su previa historia de operador político electoral del Partido Socialista, operar políticamente un acuerdo para lo cual no tuvo vergüenza de negociar con la derecha, con los empresarios, con los dueños del poder político y económico”, dijo Maturana.
También tomó la palabra el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, quien acusó «inconsecuencia» de los parlamentarios que ayer votaron a favor del mismo guarismo de 3,2 por ciento que ya habían rechazado en dos ocasiones.
El histórico dirigente de la ANEF dijo que “el gobierno ha cometido una equivocación enorme. Los funcionarios públicos somos personas de clase media. Personas que tenemos pensamientos de centro o de izquierda. Personas que votamos. Esto, sin duda, provoca un profundo golpe a esos funcionarios públicos que esperaban del gobierno escuchar a los trabajadores y hacer una negociación, no una imposición como la hizo el ministro Valdés”.
Para Raúl de la Puente lo que ocurrió es “una conducta inconsecuente de los parlamentarios”, toda vez que aprobaron un guarismo que habían rechazado en dos oportunidades.
«Estamos enteros, compañeras y compañeros, porque creemos que hemos ganado en dignidad», declamó el dirigente.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos y coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, lamentó que el Gobierno se haya aliado con «la extrema derecha» para lograr aprobar el proyecto de reajuste».
«Con la convocatoria que llega hasta hoy se da por concluido el proceso de movilización, a partir de mañana todos los trabajadores públicos de Chile haremos todos los esfuerzos necesarios para dar cuenta de nuestra misión con la ciudadanía».
Señaló que «el resultado no puede dejar contentos a los trabajadores del Estado» e indicó que «la mesa del sector público proyecta la gran fortaleza» que dejó este paro para futuras movilizaciones.
Luego de la conferencia, hubo protestas contra el Gobierno, Frente al palacio de La Moneda los trabajadores reclamaron por lo aprobado.
Mientras los trabajadores realizaban un banderazo en la Plaza de la Constitución, Fuerzas Especiales impidió el paso al contingente ciudadano.
