El Programa de Cambios para un Nuevo Chile, de Daniel Jadue, ha sido objeto de ataques múltiples basados en tergiversaciones variadas, incluyendo las realizadas por ministros de Estado.
por Fernando Carmona A. (*), Gonzalo Martner F. (**)
En su temor autoalimentado, el ministro Ossa lo calificó de “realmente terrorífico”. Ignacio Walker ha planteado lo suyo y señalado, por ejemplo, que “la condonación gradual del CAE tiene un costo de US$ 10.000 millones”, que según él se restarían de los más de 30 mil previstos para financiar el programa.
Precisemos que si se pagara la deuda de manera instantánea, habría que restar ese monto del presupuesto de gasto de un año, no de los cuatro años de gobierno. Pero aquí hay un problema no solo de comprensión aritmética sino que también lectora: Daniel Jadue no ha propuesto condonar esa deuda de una vez, sino que de manera “gradual”, como menciona el propio Walker.
Se partirá con aquellos estudiantes que han abandonado sus estudios y mantienen una pesada deuda. La condonación se ampliará a otros grupos según el comportamiento de la economía. Como se observa, se trata de algo bastante diferente. Y así con cada una de las observaciones de Walker, que sería muy largo detallar.
Todos estos ataques y distorsiones son tal vez atribuibles a que Daniel Jadue presentó un programa (bases programáticas a ser enriquecidas por el debate, en realidad) que todo el mundo entiende va a poner en práctica si obtiene el apoyo ciudadano en las urnas.
Personas de buena fe, por su parte, consideran inviable el programa o que requiere de plazos más largos para ponerse en aplicación. Por nuestra parte, sostenemos que es un programa necesario para abordar los desafíos inmediatos de la sociedad chilena y para producir un vuelco hacia un nuevo modelo de desarrollo dinámico, equitativo, feminista, descentralizado y sostenible.
La política es mirar la realidad y construir herramientas que le den respuesta, el voluntarismo es suponer que con una recaudación adicional de 5 puntos del PIB o menos se podrá resolver los profundos problemas del país. Es seguir insistiendo en el camino que nos llevó a la revuelta social del 18 de octubre, lo que ya no solo es imprudente sino indolente.
El costo de las reformas propuestas es del orden de 11 puntos porcentuales del PIB. El nuevo gasto está asociado a la ampliación de derechos sociales, lo que incluye un nuevo sistema nacional de cuidados, la remuneración parcial del trabajo doméstico, el aumento de las pensiones, el fortalecimiento de la salud y la educación públicas y la construcción de 100 mil viviendas al año, entre otros programas.
Y también sustentará un nuevo rol del Estado en la economía, que incluirá un salto en la inversión en investigación y desarrollo y en infraestructura productiva y verde, entre otros aspectos. Los principales incrementos se producirán en las áreas de fomento productivo, científico y tecnológico (incluyendo la difusión masiva de Internet 5G), con un aumento del gasto equivalente a un 3,5% del PIB, mientras el gasto en pensiones subirá en 2,3% del PIB y el gasto en salud, educación y vivienda aumentará en torno a 2,5% del PIB.
Además, se aumentará el salario mínimo, se introducirá la negociación colectiva por rama, se fortalecerá el pago de gratificaciones sobre utilidades y se impedirán las rentas monopólicas en la fijación de tarifas de los servicios básicos.
Tomando en cuenta esta priorización y los necesarios ajustes de los gastos actuales, que incluirán reducciones en programas y partidas que no se justifiquen, el nuevo gasto permanente estará financiado con ingresos permanentes adicionales, como corresponde a una política económica seria.
Estos sumarán entre 8% a 10% del PIB al final de los cuatro años de gobierno. Saltos semejantes de recaudación tributaria en cuatro años para afianzar el Estado de bienestar fueron realizados sin consecuencias mayores en la producción y el empleo por países como Dinamarca, Suecia, Islandia e Italia en el pasado reciente. Es importante evaluar los efectos del alza de impuestos de acuerdo a la base actual de 21% del PIB, que es una de las más bajas en la OCDE, y tener en cuenta que llegaremos a un 31%, aún por debajo del 34% promedio en la OCDE.
La primera fuente de ingresos adicionales provendrá de los sectores de mayores ingresos y patrimonio. La reforma incluye cambios en el impuesto a la renta (desintegración tributaria solo para las grandes empresas y aumento de la tasa marginal para los más altos ingresos de 40% a 50%), que permitirán una recaudación adicional de 1,4% del PIB; la eliminación de exenciones y privilegios tributarios, que contribuirán con 1,4% del PIB; la aplicación de una regalía minera, con un promedio de recaudación anual de 1% del PIB y de impuestos verdes por 0,5% del PIB; un nuevo impuesto a los patrimonios y modificaciones al impuesto a las herencias y donaciones por 1,7% del PIB.
Debe hacerse notar que no se propone aumentos a la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas y que las pequeñas empresas no serán objeto de la desintegración tributaria. Más aún, recibirán subsidios para enfrentar el aumento del salario mínimo y apoyos para alargar el horizonte de pago de sus deudas, además de ayudas para cambio tecnológico e inserción en mercados.
La segunda fuente de ingresos adicionales provendrá de la reducción de la elusión y evasión tributaria, con una nueva norma anti-elusión y el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas.
Se espera aumentar la recaudación por esta vía entre 2 y 4% del PIB.
Como muchos de los nuevos ingresos y gastos dependerán de leyes a aprobarse en el parlamento, la principal presión presupuestaria en el primer año será el aumento de la inversión pública de carácter productivo, la que por su intensidad en empleo permitirá aumentar en 500.000 los puestos de trabajo y generar las condiciones para ampliar y diversificar el tejido productivo.
Estimamos que a mediados del segundo año estaremos en un nivel de gasto superior al de 2020 en 5% del PIB, lo que deberá pagarse recurriendo al uso de reservas fiscales y al endeudamiento externo a bajo costo hoy disponible.
Chile puede escalar a una deuda del 50% del PIB sin consecuencias mayores en el riesgo país. La reforma tributaria en pleno funcionamiento permitirá abordar una consolidación fiscal que lleve el déficit estructural hacia una senda de equilibrio.
Su velocidad dependerá en buena medida del precio del cobre de largo plazo y del crecimiento de la economía.
Este esfuerzo debe realizarse en medio de un vuelco ambiental sustancial. El compromiso de Chile de llegar a la carbono neutralidad en 2050 debe acelerarse.
Esto dependerá de la velocidad de salida de las centrales a carbón en la generación de electricidad, en cuya matriz las energías renovables no convencionales debieran alcanzar un 50% en 2025 (hoy es un 21%).
El compromiso de Daniel Jadue con el medio ambiente se expresa, entre otras medidas, en su voluntad de aumentar la tributación del diesel, el combustible más contaminante y peligroso para la salud humana, lo que no se ha escuchado mucho de otras candidaturas.
Entendemos que este camino de transformaciones no es fácil. Pero dejar las cosas como están o producir pequeños cambios contrasta con los cambios estructurales que la sociedad requiere.
Los ataques y tergiversaciones no nos desviarán del propósito de ofrecerle al pueblo de Chile, con firmeza y racionalidad, la esperanza de la construcción participativa de un país mejor.
(*) Coordinador programático de candidatura de Daniel Jadue
(**) Economista, vocero del equipo económico de la candidatura de Daniel Jadue..
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