Se acaba de iniciar una nueva discusión sobre el Presupuesto de Salud para el 2015. El contexto de este debate está dado por las conclusiones de la comisión presidencial para la reforma de Isapres, que propone avanzar en la creación de un Seguro Único de Salud, como propuesta de largo plazo, y una agenda a corto plazo, que sirva de transición. La visión de largo plazo debiera ir asociada a un replanteamiento de lo que significa la Salud para el país en tanto derecho social, no sólo comprendido desde el limitado punto de vista de la libertad de elección como está hoy en nuestra Constitución, sino como un derecho que abarque integralmente el bienestar y la integridad biopsicosocial de los habitantes de Chile.
Es decir, aquí hay un necesario debate social no desplegado aún, pese a que es el sector Salud el que genera el mayor interés ciudadano, según todas las encuestas.
Mientras este diálogo nacional no ocurra, ¿es posible orientar con sentido país un presupuesto, sin que quede reducido a las definiciones tecnocráticas? A nuestro juicio, solo es posible en la medida que este contribuya decisivamente al fortalecimiento del sistema público de Salud. En ese sentido, vemos como positivo el plan de inversiones anunciado y aún más destacable la decisión de no continuar con la política de concesiones hospitalarias, dado que es más cara para el Estado y puede afectar negativamente la calidad asistencial.
Se evidencia, en el presupuesto 2015, un aumento de 11,8% por sobre el aumento global del presupuesto de la nación, lo que implica más de 1.000 millones de dólares extras para la red pública. ¿De dónde salen estos recursos? El aumento es financiado en un 96% por el aporte fiscal y cerca de un 3% por aumento en las cotizaciones obligatorias de los afiliados al Fonasa. Esto marca una positiva diferencia respecto a la administración pasada, donde los aumentos de presupuesto se explicaban por los incrementos en las cotizaciones (es decir, del bolsillo de las familias) y, en menor medida, por el aporte fiscal.
Cabe destacar que hay una expansión en el gasto en inversiones (40% del total del aumento) y, específicamente, las iniciativas de inversión en infraestructura tienen un aumento global de 89%, lo que constituye el mayor aumento de este ítem en décadas. Esperamos que este aumento vaya acompañado de un fortalecimiento y centralización de las competencias en materias de inversión en infraestructura en el Ministerio, con el fin de fomentar economías de escala, liberando recursos para otras prioridades.
En Atención Primaria de Salud (APS), se observa un aumento de los recursos en un 16%, lo cual se expresará en inversiones para ampliar la red de atención primaria, al igual que aumentar el per cápita basal a $4.066 pesos, principal mecanismo de financiamiento para la APS.
Estos elementos positivos contrastan con un aumento significativo en las transferencias de recursos al sector privado, específicamente a las clínicas. Las compras centralizadas aumentarán en 15,1% y los subsidios a la demanda en 4,2%. Es decir, se les entregarán a las clínicas más de 1.000 millones de dólares, de los cuales gran parte se transformarán en ganancia privada, dadas las notables diferencias de precios entre ambos subsistemas (recordemos que el Estado estaba dispuesto a pagar 1,2 millones de pesos por un día cama a la Clínica Las Condes, mientras que por la misma atención un hospital recibe apenas $ 120.000).
También, creemos que este presupuesto debiera ser una oportunidad para eliminar programas como el Bono AUGE, el cual ha tenido un bajo impacto y termina pagando prestaciones hasta 2 y 3 veces más caras que en la red pública.
Otro tema ausente en el presupuesto, es enfrentar el problema de las brechas en financiamiento a los hospitales, debido a que los aranceles que se destinan a pagar las atenciones de salud no alcanzan a cubrir los costos reales de estas atenciones. Este problema genera que exista una deuda estructural de nuestros hospitales.
Por otra parte, si bien en Recursos Humanos se observa un aumento del 25% en el presupuesto (el que está principalmente enfocado en la formación y contratación de médicos especialistas), se requiere también avanzar en cierre de brechas en la dotación en general, en especial en lo referente al resto de los profesionales de la salud. De hecho, es hora de abrir la discusión respecto de la creciente externalización del personal clínico, puesto que implica un mayor gasto y se podrían generar importantes ahorros por esta vía.
En ese sentido, creemos que el camino correcto es implementar una política integral que permita atraer y retener al recurso humano en el sector público. Para ello, no sólo es necesario aumentar las remuneraciones, también las condiciones en que ejercen trabajadores y trabajadoras que no solo prestan un servicio público sino que, además, trabajan con el dolor y el sufrimiento de la población más vulnerable de nuestro país.
En suma, reconocemos que este presupuesto 2015 constituye un gran logro en materia de inversiones en el sector público, pero vemos con desánimo que no se haya avanzado en reducir la transferencia de recursos al sector privado, permitiendo el lucro con dineros fiscales, al tiempo que no se hace un esfuerzo por sincerar los aranceles en el sector público. Hacemos un llamado al Gobierno y, en particular, al Minsal para que este presupuesto 2015 profundice el necesario fortalecimiento del sector público, en coherencia con el horizonte de una futura Reforma a la Salud, dotando del financiamiento necesario tanto a la atención primaria como a los hospitales, así como el mejoramiento de las condiciones laborales y cierre de brechas en personal, asignando las horas y cargos requeridos por los Servicios de Salud.
(*) Presidente Fundación Creando Salud; (**) Presidenta Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FENPRUSS.
Fuente: FENPRUSS
