En las dos columnas anteriores se expusieron antecedentes históricos y sociopolíticos para el escenario actual de cambio constitucional y se esbozaron sintéticamente las principales objeciones jurídico-constitucionales a la Constitución de 1980. Continuando con la serie de columnas previas al inicio del proceso constituyente, en lo que sigue expondremos de modo breve razones para una nueva Constitución que posibilite la transformación social tomando como antecedente lo expuesto en las columnas que anteceden este texto.
La inercia política a la que nos conduce la ordenación dispuesta en la Constitución vigente ha condicionado el ejercicio efectivo de la soberanía popular. Aquel pueblo que engloba, en términos enunciativos, a las mujeres, los indígenas, los trabajadores, los estudiantes, la comunidad LGBTI, los agraviados, los pobladores y los desaventajados sociales.
No hay un verdadero pueblo ejerciéndola; muy por el contrario, una facción elitista que se acomodó en la estructuración constitucional originaria es la que ha hegemonizado y extraviado el poder a fin de resguardar aquel puñado de privilegios tramposamente obtenidos. Esto lo ha hecho parapetándose en ciertos dispositivos constitucionales y el diseño institucional, a fin de neutralizar la conflictividad propia de lo político, sin perjuicio de la sutil dominación que se ejerce sobre las clases desplazadas y subalternas.
Lo dicho no hace sino graficar lo insostenible que resulta la desigualdad política en la que actualmente transitamos, en la que la voz de algunos vale más que la de otros. Paradójicamente, bajo la actual Constitución, es la voluntad popular la que recibe el tratamiento de minoría carente de capacidad política.
Es por eso que se explica la desafección, la ausencia de respeto y de reconocimiento del actual texto constitucional, así como también del régimen institucional instaurado, porque precisamente la clase de decisiones allí consolidadas y posteriormente impuestas no representan a una porción significativa del pueblo, por la sencilla razón de que no éste no fue partícipe de dicha decisión.
Hay entonces en el escenario sociopolítico actual, como aseveró Alain Badiou, una ficción de legitimidad política justificada a través del simulacro del sufragio. Siendo ello así, una nueva Constitución dada por el pueblo en tiempos de democracia se hace necesaria para lograr reivindicar las pretensiones de participación popular y así acabar con el simulacro.
Esto significa que una nueva Constitución operará como punto de comunión e inclusión; surgirá así un genuino “nosotros” desde el cual proyectar el futuro del país.
Dicho lo anterior, la Constitución vigente además de anular la democrática agencia política del pueblo, resulta una barrera para la transformación social: la hace imposible. Un nuevo texto fundamental, genuinamente democrático, sin un techo ideológico que petrifique en ella el ideario político de un determinado sector de la sociedad, es condición necesaria para posibilitar la transformación social.
En efecto, el actual texto constitucional deja fuera del marco de lo democráticamente decidible proyectos sociales y políticos que han hecho sentido para la mayoría de la ciudadanía desde el retorno a la democracia.
Ello explica porqué la mayoría de las discusiones políticas relevantes terminan en mano de abogados constitucionalistas y jueces del Tribunal Constitucional, y no de la ciudadanía, tales como: si contar o no con métodos de anticoncepción de emergencia, si modificar estructuralmente nuestro sistema de pensiones o la previsión en materia de salud.
Esto se traduce en lo siguiente: actualmente no basta ganar elecciones para adoptar decisiones en estas materias, puesto que se requiere contar no solo con la venia de quienes se oponen a ellas, sino que también, con el visado eventual de los jueces constitucionales.
Con todo, no proponemos convertir la actual Constitución de revancha reaccionaria en un texto que cristalice el ideario socialista; sino que permita, según la decisión democrática de cada momento, la transformación social allí donde la emancipación humana sea posible. Una Constitución democrática debe contar con un techo ideológico abierto para que las elecciones tengan sentido, para que la igualdad política sea posible y para que la comunidad política se constituya como tal, deliberando permanentemente sobre sus decisiones políticamente relevantes.
En suma, bajo este paradigma, una nueva Constitución es necesaria para prefigurar un nuevo modelo de sociedad democrática e inclusiva que nos proyecte hacia el futuro participando de lo común. Una nueva Constitución que posibilite el reconocimiento jurídico, esto es, que los grupos hegemónicos aventajados y las instituciones que los amparan reconozcan la igual capacidad moral de los excluidos e invisibilizados para tomar decisiones y hacerse responsables de ellas[2].
Parafraseando a Toni Negri[3], esta nueva decisión en la que estaremos involucrados todos como pueblo, es necesaria para establecer los criterios de ordenación que exige la demanda por la transformación social, dentro y más allá de su propia realización. Y esta no es una pretensión extraordinaria, revolucionaria o especialmente exigente, es simplemente una demanda democrática.
Fuente: Red Seca
¿Por Qué una Nueva Constitución? (I): Antecedentes
¿Por Qué una Nueva Constitución? (II): Crítica a la Constitución de 1980
Notas
[1]Flavio Quezada es abogado de la Universidad de Chile y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Valparaíso.
[2] Honneth (1992) y (1997). También en Muñoz (2014).
[3] Negri (2003).
