La querella que el pasado 20 de febrero entabló el Servicio de Impuestos Internos contra once personas, incluidas los controladores del holding Penta, sus cónyugues, parientes y altos ejecutivos del grupo, es un compendio de las maniobras, artimañas y trapacerías perpetaradas por poderosos empresarios, al amparo de las tenues o más bien casi inexistentes regulaciones del espacio económico, producto del modelo neoliberal, para defraudar al Estado, nominal representante del bien comun, mediante la falsificación de instrumentos comerciales, y en otros casos, para transferirle recursos ilícitos a políticos de derecha, principalmente de la UDI. Descargue y lea la querella, que suministra todos los antecedentes de este emblemático caso de delitos de cuello y corbata, para que nadie le cuente el cuento ni le pinte el mono.
La querella señala que en virtud de las declaraciones del ex funcionario de impuestos internos, Iván Alvarez, uno de los autores del mega fraude al FUT, se tomó conocimiento de devoluciones indebidas obtenidas por las sociedades Challico Ltda. e Inversiones Santa Sarella, montadas por Hugo Bravo, en los años tributarios 2007 a 2013, por montos que se deben establecer durante la investigación. En este mismo delito, la querella denuncia que Verónica Winkler Oliva, esposa de Francisco Astorga, ex subgerente de administración de empresas Penta, obtuvo devuluciones indebidas durante los años tributarios 2010 a 2014, por un monto de $ 8.518.188.
Esta misma persona facilitó 63 boletas falsas, utilizadas por las sociedades Challico y Santa con el fin de adulterar su declaración tributaria, y así pagar menos impuestos de lo que correspondía.
Idéntica figura, es decir, incluir en su declaración tributaria boletas falsas, o por servicios no prestados, utilizaron las sociedades Empresas Penta, Inversiones Penta III Ltda e Inmobiliaria Los Estancieros, controladas por Carlos Alberto Délano Abott y Carlos Eugenio Lavín García Huidobro, «quienes registraron en sus contabilidades boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA falsas, de Carlos Jorge Lira Claro, Teresa Beatriz Riera Rawlins, Ignacio Eduardo Tenicier Seda, José Tomás Garcés Larenas, Manuel José Pau Villarino, Andrea Teresa Scultz Figueroa, Rodrigo Antonio Molina Requena, Verónica Eugenia Nieto Infante, Jorge Arturo Olave Marilef, Luis Felipe León Quinteros, Jessica Paola Jara Fabian, Verónica Winkler Oliva, Saul Quiroz Bedoya, Veróniva Méndez Ureta, María de la Luz Chadwick Hurtado, Samuel Irarrázaval Larraín, Inversiones y Mandatos S.A., Vox Comunicación Estratégica Spa, Cactus Consultores Spa, Reactor Spa e Inversiones Noviembre Ltda, disminuyendo su base imponible declarada en el Formulario 22 sobre Declaración Anual de Impuesto a la Renta, produciendo la determinación de un impuesto menor al que efectivamente le correspondía declarar y pagar».
Cabe hacer notar que Verónica Méndez Ureta y María de la Luz Chadwick Hurtado, son las conyuges de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, respectivamente; que Samuel Irarrázaval Larraín es cuñado del primero; que Invessiones y Mandatos es una sociedad vinculada a Jovino Novoa, que Vox comunicaciones es una sociedad de Laurence Golborne, que Reactor Spa es una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett, y que Cactus Consultores es una sociedad relacionada con Andrés Velasco.
En el caso de Hugo Bravo, la querella lo acusa además de haberle pagado a su conyugue, Paulina Restovic Montero, remuneraciones por trabajos que nunca se realizaron, en las sociedades Challico y Santa Sarella, entre los años tributarios 2010 y 2013, y de haber registrado en la contabilidad de su Sociedad Perkitas Ltda, falsas boletas de honorarios de Jorge Dávila Arancibia y Jessica Jara Fabián.
En el caso de las sociedades Challico y Santa Sarella, Bravo obtuvo devoluciones fraudulentas mediante el mismo procedimiento empleado por Iván Alvarez y Jorge Valdivia en el caso del fraude al FUT, que la querella describe de la siguiente manera:
«Esta operación consistió en la rectificación vía Internet del Formulario 22 sobre Declaración Anual a la Renta ya presentados, en los que se incrementaron e incluyeron elevados gastos de los bienes y servicios, que no tenían respaldo documentario ni registro en la contabilidad de los respectivos contribuyentes, conformando de esta forma una aparente pérdida tributaria en la determinación de su renta líquida imponible en ambas sociedades. Las modificaciones efectuadas en los datos del Formulario 22 permitieron simular que se cumplían los requisitos legales, aparentando la existencia de una pérdida tributaria y de un impuesto pagado, de conformidad a lo establecido en el artículo 31, N° 3, inciso segundo de la Ley de Renta, que permiten obtener la devolución del impuesto».
Tan sólo a modo de ejemplo, en el año tributario 2007, la sociedad Challico solicitó una devolución primitiva de $ 3.416.998, y mediante la adulteración del F22, solicitó una devoilución de $ 115.033.031, que le fueron pagados el 15 de julio de 2010. En el año tributario 2008, solicitó primitivamente $31.134.758, y luego de la alteración de los datos solicitó una devolución de $61.854.470, que le fueron pagados el 13 de septiembre de 2010. En el año tributario 2010 no solicitó devolución, pero luego de la alteración de los datos del F22, obtuvo una devolución de $45.083.470.
En otras palabras, una vez que Bravo aprendió el mecanismo, entre junio y septiembre de 2010 estafó al fisco, es decir, a todos los chilenos, en más de 220 millones de pesos, solo en esa sociedad. Por las 57 boletas falsas de Verónica Winkler Oliva, imputó falsamente en su contabilidad la suma de $76.200.000. Sólo en el año 2014, por el mismo concepto, imputó falsamente en su contabilidad $10.800.000. En el caso de su señora, Paulina Restovic, le pagó entre 2011 y 2014, un honorario de $121.441.931, por trabajos que nunca realizó, lo que le permitió rebajar impuestos por $7.717.147. Estos sólo algunos ejemplos. El detalle completo de lo defraudado lo puede ver en la querella.
En el caso de Empresas Penta S.A., entre los años tributarios 2010 y 2013, el SII detectó 31 boletas falsas, por un total de $70.882.146, y 8 facturas falsas por un total de $110.000.000, que fueron rebajados como gastos.
El caso de Inversiones Penta III es especialmente profuso en la utilización de estas martingalas, por familiares de los controladores de Penta.
Por diez boletas falsas de Verónica Winkler Oliva, rebajó su carga tributale en $15.336.114. Por 78 boletas falsas de Samuel Irarrázaval Larraín, cuñado de Carlos Alberto Délano, rebajó su carga tributaria en $180.651.114. Por boletas falsas entregadas por Verónica Méndez Ureta, cónyugue de Carlos Alberto Délano, Inversiones Penta III rebajó su carga tributaria en $12.940.00, misma cantidad que con las boletas entregadas por María de la Luz Chadwick Hurtado, esposa de Carlos Eugenio Lavín.
El texto de la querella consigna la declaración de Dora Pérez Ruiz, Contadora General de empresas Penta:
«En Inversiones Penta III hay boletas que se ingresan de los jefes y las conyuges de los jefes. Son boletas de honorarios de Carlos Délano y Carlos Lavín, y de sus cónyugesVerónica Méndez y María de la Luz Hurtado. Ahora las están ingresando en la Inmobiliaria Los Estancieros. Son boletas de alrededor de cinco millones de pesos. Las cónyuges no hacían nada en Penta, no tenían oficina ni nada. Estas boletas se enviaban a Tesorería, que emitía los cheques y luego a nosostros nos llegaba el comprobante de egreso con la boleta, y se ingresaba a la contabilidad».
Inversiones Penta III es la que protagonizó la denominada arista política. En efecto, en el año tributario 2013 registró en su contabilidad dos facturas falsas de Inversiones y Mandatos S.A., de la cual es socio Jovino Novoa, por un total de $7.500.000; dos facturas falsas de Vox Comunicación Estratégica, de Laurence Golborne, por $40.000.000, y una factura falsa de Inversiones Noviembre Ltda. por $42.007-245, es decir, rebajando su carga tributaria por este concepto, en $89.507.245.
Como señaló la contadora Dora Pérez la contabilidad de Inmobiliaria Los Estancieros fue la que recibió las boletas de las primeras damas del grupo Penta. Como buenos socios, le asignaron a sus esposas un sueldo parejito. En 2009, ambas recibieron un «sueldo» de $68.224.445 cada una; en 2010, $73.359.996; en 2011, $73.468.885; en 2012, $75.468.885; en 2013, $65.543.335, y en 2014, $80.111.115.
Más de alguien podrá decir que eran las esposas de los dueños, y que éstos no tienen que darle explicaciones a nadie por pagarle lo que ellos quieran. Claro, estaría bien si se le daban esas platas en la casa. Pero no tenía por qué pasarlas por la contabilidad consolidada de las empresas del grupo, lo que importa también un fraude a los accionistas minoritarios.
En total, cada una de esas damas se embolsó la bonita suma de $436.388.886, cantidad que generó una retención falsa de $43.638.886.
En una apretada síntesis, la querella establece que las siguientes once personas perpetraron los delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N°4 incisos primero, tercero y final del Código Tributario: Hugo Bravo Lópéz, Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, Carlos Alberto Délano Abott, Manuel Antonio Tocornal Blackburn, Oscar Ramón Buzeta Undurraga, Marcos Alberto Castro Sanguinetti, Verónica Teresa Méndez Ureta, María de la Luz Chadwick Hurtado, Samuel Irarrázaval Larraín, Iván Eduardo Díaz Alvarez y Verónica Elizabeth Winkler Oliva.
Para el común de los chilenos, los montos defraudados, deflactados por persona, representan cifras siderales. Pero para los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como para sus distinguidas conyuges, son poco más que caja chica. Ahora, como puede deducirse de los datos duros expuestos en la querella, están metidos en un berenjenal del que les costará salir, aún con todo su dinero. En consecuencia, como pocas veces está tan bien empleado el refrán de que la ambición rompe el saco.
Descargue la querella del Servicio de Impuestos Internos
