Ripley, SQM, Alsacia y CorpBanca: Las Transversales Redes Políticas de las Otras Empresas Investigadas en el Pentagate

El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que se deriva de la investigación que cae sobre el Grupo Penta. Para algunos abogados, es la primera ventana que se abre para indagar a otras empresas; una hebra de la que ya tiró el fiscal Carlos Gajardo al enviar al SII información sobre el vínculo de boletas irregulares con fines políticos entregadas a estas empresas. Esta es una radiografía sobre el poder y nexos políticos en esas corporaciones.

Hace dos meses el fiscal Carlos Gajardo hizo llegar un informe al SII.  Se trataba de diversos testimonios y facturas que daban cuenta de que irregularidades similares a las de Penta podrían alcanzar a otras empresas.

Las mencionadas en el documento eran Ripley, Alsacia, CorpBanca y Soquimich, compañías que podrán ser investigadas solo si el SII denuncia o presenta una querella a la luz de los antecedentes aportados por la Fiscalía, hecho que aún no ha ocurrido.

Sin embargo, cuando el pasado viernes los detectives de la Brigada de Delitos Económicos irrumpieron en las oficinas de Soquimich en Las Condes, se hizo realidad algo que habían previsto varios abogados involucrados en el Caso Penta: la ampliación de la investigación hacia otras empresas que han sido mencionadas en la investigación por las irregularidades cometidas por el holding de Carlos Délano y Carlos Lavín.

En concreto, la Fiscalía llegó a solicitar los antecedentes contables de la empresa comandada por Julio Ponce Lerou luego que el Servicio de Impuestos Internos solicitara las diligencias en el marco de la querella que el organismo presentó contra el ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner.

Al margen del documento del fiscal Gajardo, a SQM se la investiga por un documento emitido por María Carolina de la Cerda –cuñada de Pablo Wagner– a SQM por $7.500.000. Dinero que supuestamente habría sido aportado a la campaña senatorial de Joaquín Lavín el 2009.

No es un tema indiferente al interior de SQM. Este martes el directorio de la compañía pedirá explicaciones a la administración de la misma por la vinculación que han tenido con el caso Penta. Dicho directorio habría aprobado durante 2013 donaciones de entre US$1 millón y US$1,5 millones para campañas políticas. Platas que debieron ser repartidas vía Servel.
Los vínculos de SQM

El directorio de la principal empresa productora de litio en el mundo es reducido. A la cabeza está su dueño histórico, Julio Ponce Lerou, quien los últimos meses ha estado en el epicentro de la polémica debido a sus cuestionables maniobras para controlar la firma, utilizando las “cascadas”, las que llevan el mapa de control hasta sociedades ubicadas en paraísos fiscales.

El año pasado la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le aplicó una multa de US$70 millones a Ponce por ese escándalo. El ex yerno del Pinochet estuvo casado con una de las hijas de éste, Verónica, en los tiempos en que la dictadura privatizó a la entonces estatal SQM, que hoy está avaluada en bolsa en 16 mil millones de dólares.

En los círculos políticos se comenta que Ponce es un financista más transversal que Penta, ya que reparte a varios sectores por igual. Por lo mismo, la información que podría surgir de las diligencias de la Fiscalía en su empresa tiene a varios con el temor de que otros partidos distintos a la UDI se vean salpicados.

En la vicepresidencia del directorio aparece Wayne R. Brownlee, representante de la canadiense Potash en la compañía –segundo accionista tras Ponce–, quien está en el cargo desde el 2011.

Hernán Büchi es otro de los presentes en el directorio de SQM. Candidato presidencial de la derecha en 1989, es uno de los fundadores de Libertad y Desarrollo, centro de estudios ligado a la UDI; preside el consejo directivo de la Universidad del Desarrollo, en cuya propiedad participan los Penta. Considerado el director de empresas mejor pagado del país, está en las mesas de Quiñenco, Madeco y la Compañía Sudamericana de Vapores, todas del grupo  Luksic. También se sienta en Consorcio, de los Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León y José Antonio Garcés.

Ex ministro de Hacienda de Pinochet, participó en el directorio de Copesa, y ahora es uno de los socios del medio digital El Líbero, junto a Luis Larraín y Gabriel Ruiz-Tagle.

Patricio Contesse Fica, hijo de un íntimo amigo –del mismo nombre– de Ponce Lerou, que ha estado ligado toda su vida a la empresa, desde que esta era propiedad estatal, también forma parte del directorio y fue uno de los multados por la SVS en septiembre pasado. Patricio Contesse González, su padre, debió pagar US$ 2,4 millones.

    No es un tema indiferente al interior de SQM. Este martes el directorio de la compañía pedirá explicaciones a la administración de la misma por la vinculación que han tenido con el caso Penta. El directorio habría aprobado durante 2013 donaciones de entre US$1 millón y US$1,5 millones para campañas políticas. Platas que debieron ser repartidas vía Servel.

El quinto cupo es para José María Eyzaguirre Baeza, abogado del estudio Claro & Cía. –director nombrado por los Cueto para Latam–, experto en temas corporativos e hijo de José María Eyzaguirre García de la Huerta, abogado militante de RN, que fue uno de los abogados de Pinochet en el caso Caravana de la Muerte. Su abuelo, José María Eyzaguirre Echeverría, fue presidente de la Corte Suprema en la dictadura. Eyzaguirre fue elegido con los votos de Potash.

El socio y gerente de BTG Pactual Chile, Alejandro Montero, es otro de los directores de SQM y uno de los tres representantes de la canadiense Potash.

Juan Antonio Guzmán Molinari fue electo director independiente en 2013 con el 31% de los votos de los accionistas de la serie B de la compañía –propuesto por Pampa Calichera,  una de las sociedades cascada–. Es miembro del consejo directivo de la Universidad Andrés Bello, amigo de Laurence Golborne –con quien trabajó en Gener– y cuñado del UDI Julio Dittborn, ministro de Educación de Pinochet, y preside los directorios de Clínica Indisa y Extend, la empresa de asesorías y lobby de las hijas de Belisario Velasco, ex ministro DC.

El último integrante es Wolf von Appen, dueño de Ultramar, miembro del directorio de la Sofofa y vicepresidente del CEP. Donante de la Fundación Pinochet, Von Appen ha sido –históricamente– cercano a la derecha más dura del país.
LA MEZCLA EN ALSACIA

A diferencia de Soquimich –donde todos los miembros de su directorio están ligados a la derecha–, en el caso de Alsacia S.A. los rostros son más transversales.

La operadora del Transantiago de capitales colombianos, que incluye también a Express y con la que en conjunto están a cargo de los troncales 1 y 4 del sistema, ha tenido desde siempre representación de militantes de la Concertación en su consejo directivo. Ahí estuvo Ricardo Solari (PS) entre marzo del 2006 y junio del 2007. Y en su directorio hermano –el de Alsacia Express–, aparece hoy Gibrán Harcha Sarrás, economista de la U. de Chile que antes fue director de Metro y también uno de los multados por la Contraloría en el caso Inverlink, debido al rol que jugó desde su puesto en Corfo.

Cercano al PS, entre 2003 y 2005 fue jefe de finanzas del Ministerio de Obras Públicas, cuando el Transantiago recién se estaba pensando. En ese puesto le tocó definir el modelo de negocios del administrador financiero. Fue también jefe del equipo licitador del sistema en el gobierno de Ricardo Lagos. Durante ese mismo mandato asesoró a Javier Etcheberry, titular del MOP.

Dos nombres conocidos en otros directorios desfilaron también por Alsacia. Laurence Golborne formó parte hasta 2010, y Juan Antonio Guzmán Molinari lo presidió durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

El actual directorio de Express lo completan Javier Ríos Velilla –de la familia dueña del negocio–, Enrique Bone Soto –presidente de Hites, donde comparte con el también director y ex ministro de la Concertación Javier Etcheberry– y Carlos Ibarcena.

Mientras que en Alsacia están Carlos Ríos Velilla, José Manuel Ferrer –que antes trabajó en EuroAmerica, Penta, Citibank y Farmacias Ahumada, entre otras– y Per Gabell, ex ejecutivo de Volvo en México.

Cabe recordar que la mayor operadora entró en default el año pasado, pero tiene acuerdo para reestructurar su deuda. El 2013 el Gobierno de Sebastián Piñera le tiró un salvavidas para evitar su quiebra.
El directorio transversal de Ripley

Felipe Lamarca Claro, el presidente de Ripley Corp, es difícil de encasillar políticamente. Como director de Impuestos Internos del régimen de Pinochet –uno de los duros que ha pasado por el organismo– le clausuró una discoteca a un hermano del general por no dar boleta, le informó a Pinochet que su hija Lucía era dueña de una sociedad que tenía todos los seguros de las empresas del Estado y renunció porque se negó a pasar por alto las irregularidades de Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista.

Ha declarado que votó por Hernán Büchi y, en adelante, por los candidatos de la Concertación Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y luego de nuevo Frei en su fallido intento frente a Sebastián Piñera. Trabajó 19 años a la cabeza de Empresas Copec, de Anacleto Angelini, y en paralelo –como presidente de la Sofofa (1997-2001)– se despachó la famosa frase “las prisas pasan, las cagadas quedan”, por el apuro con que, a su juicio, se tramitó la reforma laboral.

También es suya “Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”, acusando, a mediados de la década pasada, la complicidad entre las elites políticas y económicas para mantener el statu quo.

Desde 2012 es también director de Endesa que, en sesión del 30 de agosto de 2013, aprobó donar US$1 millón como aporte reservado a las campañas presidencial (en primera y segunda vuelta) y parlamentaria, y mandató a Jorge Rosenblut, su presidente, a distribuirlos “sobre la base de los lineamientos acordados por el directorio”. Rosenblut fue director de Ripley hasta el 30 de abril  2013, cuando renunció por razones personales.

Andrés y Michel Calderón Volochinsky son hijos de Alberto, el socio principal de la cadena, y hermanos de Lázaro, el gerente general. Ex alumnos de The Grange School, Lázaro pertenece a la misma promoción de Pablo Zalaquett. Considerados transversales, cultivan relaciones tanto en la derecha como en la Nueva Mayoría, lo que explica la presencia del renunciado Rosenblut y de Eduardo Bitran, quien dejó la mesa en marzo de 2014 para asumir como vicepresidente ejecutivo de la Corfo.

Militante del PPD, Bitran fue uno de los fundadores del think tank Expansiva –de corte liberal en lo económico– junto a Andrés Velasco, Jorge Marshall y Rosenblut. Como ministro de Obras Públicas del primer Gobierno de Michelle Bachelet puso su afán en ordenar una cartera que dejó al descubierto prácticas como sobresueldos y consultorías fantasmas para campañas políticas de la Concertación, frenando el ritmo de las  concesiones, lo que le valió dejar el cargo. En su segundo mandato, Bachelet lo designó vicepresidente de Corfo.

También está Sergio Henríquez, DC, ministro de Vivienda del gobierno de Frei, presidente de la Polla Chilena de Beneficencia en la gestión de Lagos, presidente de Correos de Chile durante la anterior administración de Bachelet y ahora presidente de la Casa de Moneda. Freísta, participó en Océanos Azules, se dedica a la asesoría económica de empresas en una oficina en la que comparte techo con el también DC, Guillermo Pickering. Henríquez es director del Banco Ripley.

Verónica Edwards Guzmán, ingeniera comercial, socia y directora ejecutiva de Adimark por 30 años, en 2011 ingresó a la mesa de Ripley Corp. Mujer de amplios contactos en el mundo empresarial, es miembro del directorio de Icare, vicepresidenta del círculo de Marketing y expositora habitual de sus seminarios. Fue directora de D&S, nombrada por los Ibáñez, y de la cadena de Jardines Vitamina –de propiedad de Gonzalo Bofill (Carozzi) y Carlos Cáceres (fundador de Libertad y Desarrollo), entre otros– hasta 2012 y del Metro (2010-2011).Es directora de Agrosuper, consejera de Comunidad Mujer, directora de la Fundación Tacal, que ayuda a insertar personas con discapacidad en el mundo laboral, y pertenece a la red de voluntarios de Endeavor. Simpatiza con la derecha liberal, al igual que Roberto Méndez, su marido, muy amigo de Sebastián Piñera, a quien aconsejó en su Gobierno, pero también criticó, lo que le valió un distanciamiento el último año de su gestión. Gustavo Alcalde, director elegido por las AFP, trabajó para el grupo Saieh en el Banco Osorno y en la AFP Provida, de la que fue gerente general por diez años. Cuando la administradora pasó a manos del BBVA, fue presidente de Provida durante tres años. Es director de la constructora e inmobiliaria Ingevec (familias Vial, Bezanilla y Besa).

Débora Calderón Kohon es hija de Marcelo Calderón, el fundador de Jonhson’s y Ripley. Padre e hija están imputados junto a Álvaro y Jorge Andrés Saieh en la causa por la cual el Servicio Impuestos Internos presentó una denuncia ante la Fiscalía Oriente por evasión tributaria, debido a la reorganización de las sociedades familiares de Marcelo Calderón antes de la venta de su 20% de Ripley a Álvaro Saieh. En esta causa también está imputado Alberto Calderón.

Felipe Morandé fue cercano a la DC, trabajó en Cieplan, en el programa Ilades Georgetown, en el Banco Central y en la Cámara Chilena de la Construcción. Fue decano de la Facultad de Economía de la U. de Chile hasta que apoyó al candidato Sebastián Piñera, quien lo nombró ministro de Transportes. En las primarias asesoró a Andrés Allamand en su programa económico.

Hernán Uribe Gabler es hombre de los Calderón, fue gerente corporativo de finanzas de Ripley entre 2004 y 2009 y director del Banco Ripley.

Laurence Golborne  volvió al directorio en abril de 2014. Había integrado la mesa hasta que, en 2010, renunció para asumir la cartera de Minería. El ex candidato presidencial de la UDI por 107 días y a senador por Santiago Oriente declaró ante el fiscal Gajardo que Penta le pagó $120 millones a la agencia de comunicaciones Vox, que  prestó servicios en su fallida campaña presidencial.
CorpBanca

El directorio del banco es presidido por Jorge Andrés Saieh Guzmán, el único varón entre los hijos de Álvaro Saieh, quien también encabeza la mesa de Copesa. No milita en la UDI, pero dos de sus personas más cercanas pertenecen al partido: Marcelo Forni, gerente de asuntos corporativos de CorpGroup, ex diputado por Los Andes y San Felipe; y Marco Antonio González, ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, quien  llegó a trabajar a La Tercera a la sección de Economía y fue adquiriendo más poder, hasta ser designado secretario general del diario, entre cuyas responsabilidades tiene el área editorial.

Jorge Andrés Saieh ha ido tomando espacios en el mundo gremial como director de la Asociación de Bancos, miembro del Círculo de Finanzas de Icare, de la junta directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa y vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa (Chile). También integra la red de alta dirección de la Universidad del Desarrollo, cuya sociedad inmobiliaria es controlada por Carlos Alberto Délano (UDI) y Carlos Eugenio Lavín –quienes serán formalizados el 4 de marzo por soborno y delito tributario en el Caso Penta–, Cristián Larroulet, Hernán Büchi y Federico Valdés.

Otros directores fueron parte de las diez mezquitas o familias árabes que compraron el Banco Osorno en la década del 80.  Jorge Selume, íntimo amigo de Álvaro Saieh, decano, lo mismo que él, de la Facultad de Economía de la U. de Chile durante el régimen de Pinochet, más tarde director de Presupuestos, fue junto a su padre una de las mezquitas del Osorno. Director del banco por seis años, Chicago Boy al igual que Saieh, fue gerente general de CorpBanca entre 1996 y 2001 y socio de la Universidad Andrés Bello también junto a Saieh, así como con Miguel Ángel Poduje y otro grupo que se incorporó más tarde (Andrés Navarro, Juan Antonio Guzmán, Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández). En 2004 le vendieron la cartera de alumnos a Sylvan, que fue adquirida por Laureate, grupo del cual Selume es presidente de la región andina.

    En los círculos políticos se comenta que Ponce es un financista más transversal que Penta, ya que reparte a varios sectores por igual. Por lo mismo, la información que podría surgir de las diligencias de la Fiscalía en su empresa tiene a varios con el temor de que otros partidos distintos a la UDI se vean salpicados.

Hijo de Espir Aguad, de otra de las mezquitas, Fernando Aguad Dagach es sindicado como muy cercano a Jorge Andrés Saieh. También de Álvaro, su padre, con quien trabajó muchos años como director del Banco Osorno; de La Red –en cuya propiedad participó Saieh junto a algunos socios del Osorno– y del Banco Interbank de Perú, en el que  Saieh fue socio minoritario. Aguad es uno de los socios fundadores del club Santa Martina en La Dehesa, junto a Espir, su padre. Con una carrera en la banca, Francisco Mobarec Asfura trabajó nueve años en el Osorno en el área de crédito, diez en el O’Higgins (Luksic), y se le sindica como cercano a la DC.

De la Nueva Mayoría provienen dos directores. Uno es Gustavo Arriagada, el superintendente de bancos de más bajo perfil de la Concertación, quien ingresó como director de estudios en 1997. Al año siguiente ascendió a intendente y entre 2005 y marzo de  2010 fue superintendente. Cumplidos los seis meses que la Ley de Probidad exige a los funcionarios públicos con labores fiscalizadoras antes de ocupar cargos en empresas que fueron objeto de su supervisión, en septiembre de 2010 asumió como director de CorpBanca. Arriagada fue el responsable de la circular 17 que, en 2006, reguló los cobros de las tarjetas de créditos de casas comerciales, que nadie supervisaba hasta entonces y que dio origen a una confusión, dado que un párrafo permitía cambios en los cobros de mantención sin previo aviso a los titulares y otro aludía a que debía cumplirse la Ley del Consumidor. Antes de la SBIF, ocupó cargos medios en la banca: fue supervisor de análisis de crédito del Banco de Chile (1986-1990) y asesor de la gerencia de créditos y de administración del Banco del Estado (1990-1995). El otro director de la Nueva Mayoría es José Luis Mardones, simpatizante del PPD, quien desde 1990 ha ocupado altos cargos en empresas del Estado: gerente general de Enami (Aylwin); gerente general de la entonces estatal Colbún y asesor de Enacar y de Emporchi (Frei); gerente general de Correos (Lagos) y presidente del BancoEstado en la primera era de Bachelet. Es socio de Jorge Marshall, otro PPD, y también alto funcionario de los gobiernos de la Concertación.

Hombre de redes transversales es Rafael Guilisasti, quien es descrito como un puente entre la Nueva Mayoría y el mundo empresarial que adscribe a la derecha y al que pertenece el referido Guilisasti como socio de Concha y Toro por su familia. Con buena llegada en La Moneda, es cercano a Michelle Bachelet y, por su pasado Mapu, tejió amistades en la centroizquierda. Apoyó estratégica y económicamente la campaña de primarias de Andrés Velasco, quien declaró como imputado ante el fiscal Gajardo por los $20 millones que recibió de Penta por un almuerzo diez días antes de las primarias, que él asegura corresponden a una charla de coyuntura económica dictada a sus dueños Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Guilisasti fue presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio entre 2008 y 2010 y en marzo del año pasado ingresó junto al ex ministro Carlos Hurtado como vicepresidente de la Sofofa, debido a que son considerados interlocutores válidos en La Moneda.

De origen norteamericano, ex alto ejecutivo del Citicorp, Hugo P. Verdegaal es el representante del IFC, filial del Banco Mundial, que tiene un 5% en CorpBanca.

Como suplentes, que pueden asistir a las sesiones si se ausentan los directores titulares, están Catalina Saieh –hija de Álvaro, vicepresidenta de Copesa y presidenta de CorpSeguros– y Anita Holuigue, socia fundadora –junto a su marido Felipe Lamarca– de Radio Duna, que le vendieron a Saieh y que junto a otras cinco radios pasó a ser parte del Grupo Dial, cuya directora ejecutiva es Holuigue.

Consultados, Alsacia y Soquimich no quisieron referirse al tema. En Ripley, en tanto, no se referirán de manera oficial al caso, debido a que no existe investigación formal del fiscal ni han sido requeridos por la justicia. No fue posible contactar a los ejecutivos de CorpBanca para conocer su postura al respecto.

Fuente: El Mostrador

Caso Penta podría escalar hasta la SEC ante presunta irregularidad de SQM

Enrique Elgueta

SQM podría verse en problemas en el extranjero si es que la Fiscalía confirma la existencia de las boletas ideológicamente falsas reveladas por la cuñada de Pablo Wagner –ex subsecretario de Minería–, Carolina de la Cerda.

La polémica será tema hoy en el directorio de la empresa que preside Julio Ponce. De confirmarse que la minera no metálica emitió boletas ideológicamente falsas, cuyos destinatarios fueron políticos en campaña, la empresa podría infringir la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero establecida por la SEC, entidad que la regula por ser emisor de ADR’s.

Sobre la base de las declaraciones de esta última, la única boleta que por el momento involucra a SQM en el Caso Penta es de $7,5 millones, cuyos destinatarios habrían sido Joaquín Lavín y el entonces rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy –padre del timonel homónimo de la UDI–, además de otros pagos que se habrían hecho a Reactor SPA por instrucción de “Coca” de Castro, generalísima de Pablo Zalaquett.

Si bien se desconoce si este pago respondía a aportes de campaña o hechos que sugieran algún acto de soborno o cohecho, como los que se le imputan a Pablo Wagner y los controladores del Grupo Penta, SQM podría verse expuesta a infracciones a la ley electoral, asunto que para las compañías listadas en Wall Street que aportan en política está estrictamente normado, tanto por el Departamento de Justicia de EE.UU. como por la SEC, incluso con normas que se extienden más allá del territorio norteamericano.

La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977, es una norma que se aplica a cualquier persona o compañía con algún grado de conexión con EE.UU. y que establece una serie de códigos que obligan a las empresas a desarrollar políticas corporativas al respecto.

Dicha norma la replica Canadá, país donde se domicilia Potash Corp (PCS), a través de la ley CFPOA de 1999, asunto que podría explicar en parte la preocupación de PCS respecto del reciente allanamiento a las oficinas de SQM.

Las respuestas que espera el directorio

A partir de las 14 horas de hoy se celebrará el directorio ordinario de SQM. Este tema no figura en la tabla, pero debiera ser abordado en el ítem “Varios”.

PCS tiene a tres directores en SQM: Alejandro Montero, José María Eyzaguirre y Wayne Brownlee. Independientemente de las disputas por el control de la empresa que ocurrieron en el pasado, actualmente existen buenas relaciones con la administración y con Julio Ponce, presidente de la sociedad.

La idea de los canadienses es pedir explicaciones detalladas del asunto y, en función de éstas, analizar próximos pasos. Siempre con cuidado, ya que PCS tiene inversiones por US$3 mil millones en Chile, las cuales hay que resguardar, explican cercanos a la mesa de SQM. De hecho, como publicó este medio, hace unas semanas vino el CEO de PCS, Jochen Tilk, a conocer las instalaciones de SQM. Su visita tomó tres días y su relación con Ponce fue cordial.

Las dudas del directorio son varias, algunas de ellas pasan por las razones del reciente allanamiento del Ministerio Público, las diligencias que ha solicitado el SII en cuanto a los registros de contabilidad de la compañía, si acaso existen más pagos (legales o ilegales), y si acaso se emitieron boletas a relacionados con Pablo Wagner mientras éste se desempeñaba como subsecretario de Minería, liderando una polémica licitación del litio que tuvo como adjudicatario, en una primera instancia, a SQM.

Cercanos a SQM explican que la responsabilidad del directorio es aprobar los montos que la empresa legítimamente donará a campañas políticas, pero la administración es la que implementa el plan.

El responsable de administrar el capital cercano al US$1,5 millones que dispuso el directorio para financiar campañas políticas era Patricio Contesse, gerente general de SQM, razón por la que se espera que haga una presentación detallada del uso que se le dio a esos montos.

Además, respecto de la relación que podría tener esta causa con la formalización por soborno contra Pablo Wagner que efectuará la Fiscalía en marzo, no existen muchas preocupaciones, ya que la boleta en cuestión fue en 2009, cuando éste todavía no era parte del Gobierno de Sebastián Piñera, aunque se especula que el Ministerio Público se encontrará con algo más.

Fuente: El Mostrador