El caso Penta contiene algunos detalles que lo hacen único. Nunca desde la vuelta a la democracia, los dueños de una empresa que vale más de 10 mil millones de dólares habían sido formalizados y sufrieran la prisión preventiva. Menos que se descubriera que las esposas de empresarios de esta altura, emitieran boletas ideológicamente falsas y que cuatro hijos del choclo Délano estuvieran querellados por el SII.
Desde que se inició la reforma en Santiago hace diez años e incluso desde la vuelta a la democracia, nunca se había ocurrido que empresarios como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ligados a la política y los negocios, llegaran a un recinto penal por delitos de soborno y tributarios.
El caso Penta y la decisión judicial de prisión preventiva para los dueños del holding y otras 4 personas marcó esta mañana un antes y un después en los delitos de cuello y corbata. Ahora la mano se endureció y ganó la igualdad ante la ley.
Los controladores del grupo Carlos Alberto “choclo” Délano, Carlos Eugenio Lavín, el exdirector Hugo Bravo, el excontador Marcos Castro, el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner y el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez, ya se ven las caras en el anexo Capitán Yaber.
Una decisión similar a la adoptada por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, no se veía desde la formalización en contra del ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde en 2011, que también debió permanecer por varios meses detenido en el mismo penal.
Sin embargo el caso Penta, a diferencia del anterior, contiene algunos detalles que lo hacen único. Nunca desde la vuelta a la democracia, los dueños de una empresa que vale más de 10 mil millones de dólares habían sido formalizados y sufrieran la prisión preventiva. Menos que se descubriera que las esposas de empresarios de esta altura, emitieran boletas ideológicamente falsas y que cuatro hijos del choclo Délano estuvieran querellados por el SII.
Suma y sigue: aportes políticos truchos a la UDI, entre otros hechos. Incluso se agrega el pago de más de $ 6.000 millones que Penta devolvió al fisco por los delitos tributarios que cometió.
Nunca había ocurrido tampoco, desde 2005 cuando empezó a funcionar la reforma en Santiago, que el fiscal nacional se hiciera cargo de una indagatoria que hasta ahora tiene varias aristas que también involucra a políticos.
Y en esa línea que un ex senador, Jovino Novoa, el presidenciable Andrés Velasco, un ex senador y alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, un excandidato a la Moneda como Laurence Golborne, entre otros, desfilaran por la oficina de un fiscal como cualquier ciudadano. La mano cambió.
Por esta razón el razonamiento que utilizó ayer en el magistrado y que sustentaron su determinación, se instala como una señal para casos similares que puedan aparecer de ahora en adelante. Traducido, el juez estimó que la reiteración de hechos y su gravedad hacían un todo que convertía a los imputados en un “peligro para la sociedad”
Pero el caso Penta aún no ha terminado. Los 120 días que otorgó ayer el juez a la fiscalía para seguir con la indagatoria, serán para terminar la arista central del caso, aunque de todos modos aún quedan.
Al respecto, ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán informó que se interrogará a todos por igual, no importa el cargo ni posición social. De esta manera se refirió a que en las próximas semanas debieran prestar testimonio los senadores UDI Ena Von Baer e Iván Moreira.
A lo anterior se suman los contratos forward que involucran a Délano y Lavín, sino también a CB Capitales del empresario Manuel Cruzat. Eso sin sumar los aportes políticos hechos por Soquimich no sólo a la derecha, sino también a personeros de la Nueva Mayoría.
Respecto de la situación procesal de los detenidos, en los próximos días sus abogados debieran recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de revertir la medida cautelar real.
Fuente: The Clinic
