Uno de los temas ausentes de la agenda política es el debate sobre la participación ciudadana. Esa invisibilización no solo tiene que ver con el escaso debate público sobre las políticas de participación, sino que su ausencia se ha notado también porque en los procesos de discusión de las grandes reformas propuestas por el gobierno, la participación ciudadana no ha tenido un carácter incidente en las propuestas definitivas.
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No estamos diciendo que no se hayan realizado esfuerzos. Sabemos que el Instructivo de Participación Ciudadana del 2014 permitió acelerar la conformación de Consejos Consultivos de la Sociedad Civil de muchos servicios públicos que aun a 3 años de promulgada de la ley 20.500 no lo tenían.
Y además permitió tensar al aparato público al mandatar crear unidades encargadas de la participación ciudadana, y cumplir con los 4 mecanismos de participación que la ley obliga (además del COSOC, está el acceso a información relevante, la cuenta pública y el diálogo ciudadano).
Por su parte, desde la División de Organizaciones Sociales se generaron numerosos espacios de deliberación ciudadana para discutir propuestas de modificación a este mismo marco normativo, en donde han participado miles de dirigentes a lo largo del país.
Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo que ha atravesado la política pública participativa en Chile: los escasos resultados de esa participación.
¿Dónde están plasmados los resultados del plan nacional de participación en la reforma educacional, realizado el 2014? ¿Y las propuestas de la Comisión Asesora para la descentralización, que realizó debates ciudadanos en todas las regiones del país, y cuyas propuestas realmente son de avanzada? ¿O las consultas realizadas en el marco del trabajo de la Comisión Bravo para reformar el sistema de pensiones?
Son muchos los casos en donde la participación ciudadana en estas instancias no ha tenido un resultado concreto en la generación de política pública.
Esta ausencia es por un lado reflejo de la lógica participativa que ha atravesado transversalmente el proceso de reconstrucción democrática post dictadura, que se ha caracterizado durante todo estos años por ser de baja intensidad (la cantidad de gente que participa es poca y en escasas ocasiones), instrumental (solo para cumplir metas funcionarias), y consultiva (los resultados de la participación no están alineados con la política pública).
Y por el otro, el peso relativo de una elite política (cuya influencia recorre desde la oposición política hasta sectores gubernamentales) que históricamente se ha opuesto a profundizar la democracia, permitiendo solamente su expresión dentro de los marcos de la representatividad y las elecciones.
Muchas veces también se le echa la culpa a la fragmentación y apatía de la sociedad civil generada por el quiebre entre lo político y lo social que produjo la institucionalidad dictatorial. Es decir, por más condiciones que se generen para que la gente participe, esta no es capaz de llenar esos espacios institucionales de la participación.
Sin embargo, frente a este argumento cabe hacerse nuevamente la pregunta ¿para qué participar? Si al final las experiencias citadas anteriormente muestran que no existe una linealidad entre la deliberación ciudadana con la política pública.
Esta misma situación es la que ha alentado el desbordamiento de la participación institucional. La ciudadanía está prefiriendo otros mecanismos de presión e influencia que sobrepasan los mecanismos institucionalmente establecidos. La situación actual en Chiloé y otras zonas del sur, o el paro nacional convocado por la CUT para el 31 de mayo a propósito del fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral, son solo ejemplos de lo afirmado.
Panorama para este año
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Urge entonces encontrar una solución que permita fortalecer y estrechar vínculos entre la sociedad civil y la sociedad política, abriendo canales para la incidencia de la demanda social. Una posibilidad es la discusión que está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana, creado a principios de este año y cuyo objetivo es proponer modificaciones a los marcos normativos que regulan la participación ciudadana en Chile.
Sería muy importante que las organizaciones de la sociedad civil más involucradas en esta discusión lograran permear sus propuestas en este espacio y avanzar hacia una profundización de la participación.
El proceso constituyente también es una oportunidad para avanzar en ese camino. Por un lado entrega la posibilidad de realizar cambios institucionales que consagren en la Constitución el derecho a la participación, y la incorporación de instituciones que permitan profundizar nuestra democracia (plebiscito, iniciativa popular de ley, mandato revocatorio).
Y por el otro, abre un espacio de participación inédito que si logra ser masivo se puede transformar en una poderosa herramienta de presión ciudadana para dotar de un carácter realmente vinculante los resultados de dicho proceso.
Finalmente, las elecciones municipales abren la posibilidad de construir gobiernos locales que estén abiertos a profundizar la participación desde las comunas. Si bien la ley orgánica constitucional de municipalidades consagra el carácter excesivamente centralizado y verticalista de la organización municipal (“alcaldización de la política”), la incidencia en las ordenanzas y reglamentos de participación de los municipios, acompañada de la movilización vecinal, pueden doblarle la mano a esta lógica.
En definitiva, la posibilidad de ejercer incidencia en el gobierno local, así como en la gestión de políticas locales y sectoriales, requiere del protagonismo de la ciudadanía en la incidencia y modificación de las agotadas normativas institucionales de participación, posibilitando espacios reales de toma de decisiones para los actores sociales.
En este camino, es necesario tensionar los espacios de representatividad desde la lógica participativa. Ello aportará a democratizar nuestra sociedad y a generar sujetos sociales que puedan transformarla.
A la vez permitirá promover una cultura participativa y deliberativa que contrarreste la lógica paternalista y clientelar que ha ejercido la elite política en su relación con la ciudadanía. Aprovechar la coyuntura actual descrita anteriormente puede ser un aporte en dicho objetivo, procurando y generando condiciones favorables para avanzar hacia una democracia participativa que recoja y canalice propuestas desde los propios actores sociales.
(*) Director Área de Desarrollo Social y Participación ICAL
Fuente: ICAL
