Parlamentarios dueños de empresas agrícolas y de transportes que integran las comisiones que legislan en esos rubros. Diputados y senadores que administran sus negocios. Otros prestan asesorías y no tienen la actividad legislativa como función exclusiva. Están también los que declaran solo sociedades matrices sin transparentar sus filiales y menos el área en que invierten. Esto es lo que encontró CIPER al revisar sus declaraciones de patrimonio y los registros oficiales, una búsqueda que da cuenta de conflictos de interés sin control debido a una ausencia de regulación que agudizó la crisis.
La caída del ministro Jorge Insunza puso una nueva línea divisoria en la relación política-negocios, que hasta ahora era pasada por alto u observada con benevolencia. Insunza era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados cuando su empresa Virtus asesoró a Antofagasta Minerals, el gigante minero del Grupo Luksic. Eso le costó su salida a sólo 28 días de haber asumido en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Al dejar La Moneda, Insunza tiró el mantel en entrevista con El Mercurio: “Hay muchos parlamentarios que no viven solo de su dieta y tienen otros ingresos que no son explicitados y que incluso la sola declaración de intereses no basta; hay que ir mucho más allá“, señaló.
CIPER revisó las declaraciones de intereses y patrimonio de senadores y diputados para identificar los casos más notorios de congresistas con actividades e ingresos paralelos a su labor parlamentaria, ya sea porque controlan empresas, las administran o realizan labores profesionales anexas.
El resultado fue un grupo políticamente transversal de parlamentarios que participan en comisiones estratégicas del Congreso en las que se debaten leyes que pueden afectar sus negocios: empresarios agrícolas que integran sin problema las comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, como ocurre, entre otros, con los diputados Ramón Barros Montero (UDI) y José Pérez Arriagada (PRSD). Otros, como el senador Jorge Pizarro (presidente de la DC), quien teniendo participación en compañías de transporte ha sido miembro histórico de la comisión del Senado de ese rubro. Todos ellos presentan conflicto de interés, aunque aseguran haberse abstenido en las votaciones que pudieran beneficiar sus actividades. Tal como se defendió Insunza.
El rastreo de CIPER también confirmó la existencia de un número importante de parlamentarios que combinan su trabajo en el Congreso con la administración de sus propias empresas.
Algunos ejemplos son el diputado Sergio Espejo (DC) y el senador Baldo Prokurica (RN). Una dualidad que pone nuevamente sobre la mesa la propuesta de la “Comisión Engel” de la exclusividad de la labor parlamentaria, iniciativa que ronda como fantasma por los pasillos del Congreso hace más de nueve años.
Del escáner de CIPER también surgieron otras aristas, como legisladores que declaran actividades remuneradas anexas a su rol de parlamentarios. El caso más típico es el de los congresistas asesores o consultores. Están también aquellos que no declaran sociedades en las que participan y, finalmente, aquellos que declaran sólo una empresa, sin especificar que bajo ella existe una multiplicidad de filiales con intereses diversos y en algunos casos patrimonio millonario, como el diputado Daniel Farcas (PPD).
Contribuye a la opacidad en la relación entre política y negocios la debilidad de la norma que regula las declaraciones de patrimonio e intereses que deben presentar los parlamentarios. Ésta no obliga a identificar socios ni describir el giro de actividad de las empresas. Y en el caso de las asesorías -como ocurrió con el ministro Insunza- tampoco obliga a transparentar quiénes son los clientes y cuáles han sido las materias en que han asesorado.
EL RIESGO DE LEGISLAR CON NEGOCIOS A CUESTAS
La participación de parlamentarios en comisiones que debaten proyectos de ley que atañen directamente a sus negocios es un riesgo latente de conflictos de interés que CIPER detectó en al menos 11 casos, incluyendo el del diputado Ernesto Silva (UDI), que estalló a propósito de la investigación a los ilícitos del Grupo Penta.
Allí quedaron expuestas las gestiones de ese grupo económico para conseguir beneficios para las isapres a través de una indicación presentada por el propio Silva, quien tiene acciones en la Isapre Banmédica. Aunque ello demostró que cruzar la línea es algo que sucede, los diputados y senadores consultados aseguraron que se abstienen en las votaciones que les pudieran favorecer.
Tras la renuncia del ministro Insunza, otro miembro de la Comisión de Minería se vio inmerso en un conflicto por uno de sus negocios: el diputado Felipe Ward (UDI), posee el 17% de Mercatus SpA, empresa que creó en septiembre de 2011 y que está ligada al rubro minero. Al año de haberse constituido, Mercatus se asoció con otra empresa para dar vida a Inversiones Minera Santa Blanca SpA, dedicada a la explotación de concesiones mineras. Esta última no aparece en sus declaraciones de patrimonio e intereses. Según publicó El Dínamo, Ward aseguró: “No recibo ni un solo peso, por lo tanto no tengo ningún conflicto de interés. No tiene utilidades, porque es un negocio en que nos ha ido bastante mal”.
Ernesto Silva
Ernesto Silva
El ex presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, tampoco reconoció un conflicto de interés cuando CIPER reveló que siendo accionista por doble vía de Banmédica –tenía acciones a su nombre y al de una sociedad familiar–, en enero de 2013 no se inhabilitó de votar en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley de Isapres y que incluso propició una iniciativa que las beneficiaba (ver reportaje). Silva aseguró públicamente que “no tenía ninguna inhabilidad para votar ni ese ni otros proyectos de ley”. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al menos a marzo de 2015, Silva seguía siendo socio minoritario de Banmédica a través de su empresa Inversiones y Asesorías Sydarta.
La revisión de CIPER dio cuenta de otro ejemplo que acarrea un conflicto de interés no por los negocios directos del parlamentario, sino por los de su cónyuge, a pesar de que la ley no le exige declarar el patrimonio e intereses de su pareja si es que no tienen sociedad conyugal. El senador Felipe Harboe (PPD) solo declara una sociedad –Inversiones y Asesorías Esmeralda- que si bien no registra movimiento tributario, no ha presentado término de giro ante Impuestos Internos (SII). La otra socia de esa empresa es Katia Trusich, su esposa y actual subsecretaria de Economía. Están casados desde 2005 bajo el régimen de participación en los gananciales. Ella también incluyó esa sociedad en su propia declaración de patrimonio, y añadió una más: Inversiones Alpha Omega SpA, creada en 2010. Lo que no incluyó es una tercera empresa que la vincula al Grupo Angelini y a su matriz pesquera.
A través de Inversiones Alpha Omega SpA, la subsecretaria Trusich participa en Bioambar SpA, empresa filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A., la matriz pesquera del Grupo Angelini. En su sitio web dice que “su principal objetivo es la producción, envasado, comercialización, distribución, promoción, importación y exportación de fracciones refinadas y concentradas de aceite de pescado de origen marino y lacustre para consumo humano y de productos nutracéuticos”.
CIPER intentó sin éxito comunicarse con el senador Harboe, pero sí obtuvo respuesta de la subsecretaria Trusich. Ella señaló que no incluyó la sociedad en su declaración porque no participa de forma directa y que, “a la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades”.
-Fue una inversión que realicé en 2010 que tenía como finalidad apoyar un proyecto de investigación en nutracéuticos. El último movimiento en Alpha Omega fue un aumento de capital en marzo de 2013, un año antes de asumir como subsecretaria. Soy socia minoritaria y no tengo facultades en la administración de Alpha Omega y, en consecuencia, menos aún en la de Bioambar –agregó.
Otro parlamentario en conflicto de interés por sus negocios es el senador y presidente de la DC Jorge Pizarro. Él fue miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta desde 2003 hasta mayo de 2014. En noviembre de 2014, a pocos meses de haber dejado la comisión en la que desempeñó por más de 10 años, Pizarro creó junto a Carlos Perrot Benavente la Sociedad de Transporte y Distribución Perrot y Pizarro (Transportes P y P).
La incursión de Pizarro en el rubro del transporte no es nueva. En noviembre de 2000, creó la empresa Mercomex S.A., que pertenece a Empresas Perrot Logística Integral y se dedica, entre otras cosas, a “todo tipo de servicios relacionados con el transporte y distribución de carga”. Esta empresa, según el SII, estuvo plenamente activa durante los años en que Pizarro estuvo en la comisión.
Al ser consultado por El Líbero, el senador dijo que se desvinculó de la sociedad “hace seis u ocho años. No recuerdo bien”. También afirmó: “Es evidente que yo he estado vinculado al tema de transporte”. Y agregó que se ha inhabilitado siempre que se ha hecho alguna votación que pudiera favorecerlo.
LOS ADMINISTRADORES MÚLTIPLES
Legislar y al mismo tiempo administrar al menos dos o tres empresas de su propiedad, es lo que reconocen en sus declaraciones de patrimonio ocho parlamentarios. Tres diputados y cinco senadores dedican parte de su tiempo a llevar las riendas de negocios de inversiones, inmobiliarios, agrícolas, de transportes y hasta de venta de ropa, varios en sociedad con familiares.
Tres empresas declara administrar el diputado Sergio Espejo Yaksic (DC): Asesorías e Inversiones Tocopilla –de la que posee el 50% -, Inversiones Supetar (50%) e Inversiones Santa Magdalena Diamando (25%). Todas están dedicadas al giro de inversión y rentas de capitales mobiliarios.
Asesorías e Inversiones Tocopilla se constituyó en 2007, siendo Espejo y su esposa Carola Gana los socios. Aunque el diputado la anotó en su ficha de intereses como “sin movimiento”, Impuestos Internos registra timbraje de contabilidad hasta el año pasado. En 2007 la compañía se asoció con Asesorías e Inversiones Santa Clara para crear Asesorías EyG Ltda y en 2010 reó el Instituto de Salud y Tecnología de Chile S.A. (Isatec). En marzo de 2014 Tocopilla traspasó sus derechos en EyG e Isatec a Inversiones Santa Clara, del abogado Patricio Silva.
Supetar fue creada en 2010, también con su esposa Carola Gana. Espejo -miembro de las comisiones de Agricultura y Economía- anotó en su declaración que la sociedad no tiene movimiento, aunque el SII informa timbraje hasta 2014. Santa Magdalena, en tanto, inició actividad en 2013, con $140 millones de capital.
El diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen Kehr, también declara administrar tres sociedades con familiares: Comercial CPK (posee el 50%), Transportes Ñielol (50%) e Inmobiliaria Tres (18,23%). Paulsen integra las comisiones de Agricultura -una de sus empresas se dedica al rubro agro forestal-, Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Comercial CPK la constituyó en 2011 con Cristóbal Paulsen Kehr. La sociedad está activa y su giro es agrícola, ganadero y forestal, además de transporte, proyectos inmobiliarios, arriendos, turismo y asesorías. El mismo año creó Ñielol y a comienzos de este año constituyó Inmobiliaria Tres junto a Inversiones RGA y Ricardo García Migueles, con capital de $500 millones, dedicada a la compra y alquiler de inmuebles.
El senador Baldo Prokurika (RN), quien integra las comisiones de Minería y Energía, Defensa y Mixta de Presupuestos, reconoce administrar tres sociedades: Agrícola Longomilla, Agrícola Konavle e Inversiones CavTat. El giro de la primera (constituida en 1997) es la explotación de bosques y alquiler de inmuebles, y en ella posee el 25%. En el SII registra timbraje en 2013. En Agrícola Konavle (formada en 1997) el parlamentario participa con el 25%, y esta sociedad posee un predio que arrienda a empresas de energía renovable no convencional de tipo eólica: Energy Focus, Aprovechamientos Energéticos S.A. y Andes Mainstream.
Sin embargo, en Impuestos Internos el giro de Konavle es el cultivo de plantas para bebidas y crianza de ganado. Inversiones CavTat fue creada en 2006 y en ella Prokurica tiene el 90% de los derechos, pero la sociedad no registra inicio de actividades.
El abogado y senador Andrés Allamand (RN) -integrante de las comisiones de Trabajo y Educación-declara ser administrador en tres sociedades, aunque dos de ellas no registran timbraje reciente. En Allamand y Cía., constituida en 2000, el parlamentario tiene el 70% y su giro es la prestación de servicios jurídicos. En el SII anota timbrajes hasta 2011.
Las otras dos son: Inmobiliaria Neuquén Uno (33% de los derechos), formada en 2001 para la prestación de asesorías e inversiones; y la Sociedad Inmobiliaria Neuquén Dos (creada en 2002, con el 99% de los derechos). Impuestos Internos informa que las dos últimas realizaron timbrajes hasta 2003.
El senador Antonio Horvath (independiente, integra comisiones de OO.PP. y de Medio Ambiente), participa en la administración de dos sociedades que en el SII registran timbrajes recientes (2013). Ellas son: la Constructora Ecopatagonia Limitada, constituida en 2012, donde Horvath posee el 50% de los derechos; y la Inmobiliaria Ecopatagonia Limitada, también formada en 2012, donde tiene la mitad de los derechos. Esta última registra un permiso de obras en la Municipalidad de Coyhaique en 2013, con destino habitacional.
Dos empresas administra la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), integrante de las comisiones de Pesca, Salud y Derechos Humanos.
Una es Comercial Belgic, con el 50%, dedicada a la venta de prendas de vestir y accesorios y su último timbraje fue en 2014. Inversiones e Inmobiliaria Belgique la creó en 2011, con capital de $100 millones y el 75% de la propiedad, teniendo como socios a su esposo Mauricio Pavez Tondi y Tomás Pavez Van Rysselberghe, dedicada a “inversiones de todo tipo, en especial en acciones de sociedades anónimas, fondos mutuos; y en general, efectuar todas las operaciones del denominado mercado de capitales”. La parlamentaria y médico también es socia del Instituto Guestáltico de Concepción, dirigido a prestaciones de psicoterapia, pero no participa en la administración.
El senador Alberto Espina (RN), declara ser socio administrador de Inversiones y Rentas El Peral donde posee el 50% del capital, con derechos equivalentes a 4.676 UF ($117 millones); y de Inversiones La Colina, también con el 50%: 27.177 UF ($678 millones). El Peral -que según el SII registra timbrajes hasta 2014- la constituyó en 1991 y es una sociedad familiar que creó junto a su esposa (María Elena Donoso) y sus dos hijas. En 2014 la dividió, quedando la sociedad original y otra denominada La Colina, con los mismos socios.
Espina, quien es miembro de las comisiones de Constitución, Medio Ambiente y Gobierno del Senado, no declaró el estudio Cisternas & Cía. Abogados, Asesorías y Consultorías, creada en 2013 y en la que participa a través de Inversiones y Rentas El Peral, en sociedad con Gonzalo Antonio Cisternas Sobarzo y Asesorías e Inversiones Doña Soledad. Este nuevo estudio jurídico reemplazó al que tuvo por dos décadas con Carlos Zepeda y del cual se retiró en julio de 2013. Registra timbraje de documentos tributarios en 2015.
El diputado Felipe Kast (Evópoli), administra al menos dos de las tres sociedades que declara: Marne SpA, del rubro informático, donde tiene el 100% de los derechos; e Inversiones Cardonal, constituida en 2004 con el giro de rentista. En Agrícola y Forestal La Pangueada (en la que tiene el 20%), el diputado admite que participa de la administración en su declaración de patrimonio. CIPER intentó comunicarse con el diputado, pero no obtuvo respuesta.
PARLAMENTARIOS ASESORES
Hay un grupo de parlamentarios que declaran realizar asesorías de manera individual o a través de sus empresas. Es una de las tantas zonas grises en la relación legisladores-negocios, ya que no es posible establecer qué tipo de asesorías hacen y para qué clientes.
Son seis los parlamentarios que reconocen realizar asesorías. Uno de ellos es el diputado Marcelo Chávez (DC), quien en su última declaración patrimonial y en la que detalla sus intereses, declara realizar “asesorías Jurídicas y Sociales-Gestión”. Una pista está en los registros públicos del SII. El parlamentario, egresado de Derecho, inició actividades en julio de 2000 bajo el giro “otras actividades empresariales” y desde entonces se ha mantenido activo: el último periodo en el que emitió boletas fue en 2014, el mismo año que asumió como parlamentario. Chávez explicó a CIPER que desde que asumió como diputado no ha vuelto a hacer asesorías y que su última boleta es de enero de 2014, cuando ya estaba electo, y fue por un trabajo que hizo para el programa “Desarrollo Proveedor”.
Una situación similar es la del diputado Rodrigo González (PPD). En su declaración de intereses, señala realizar actividades como consultor. La última vez que González emitió boletas fue en 2011, año en que ejercía como parlamentario (desde 2002). Consultado por CIPER, González respondió:
“No hago asesorías a ningún tipo de empresas. En 2011 tengo que haber emitido boletas a la Universidad de Valparaíso, donde hacía clases semestre por medio”. Respecto del por qué escribió en su declaración que realizaba consultorías, el diputado dijo: “Fue algo que quedó de mis declaraciones antiguas”.
Otros parlamentarios que declaran participar en empresas que realizan asesorías son los diputados Patricio Vallespín (DC), que se autodefine en sus declaraciones como Geógrafo/Consultor, y participa en la Consultora Segundo Centenario; Jaime Bellolio (UDI), único dueño de Segundo a Segundo, empresa del giro de las asesorías que inició actividades en 2010 y sigue activa; y su correligionario Sergio Gahona,socioen MSG Consultores.
Vallespín dijo a CIPER que su empresa hace tiempo no tiene clientes y que su único movimiento tiene que ver con un inmueble que arrienda a un tercero. Bellolio aseguró que a través de su sociedad hizo asesorías en investigación de mercado y análisis de políticas públicas a empresas inversionistas, pero puntualizó que cuando asumió como diputado en 2014 dejó por completo esa actividad. CIPER le preguntó por los clientes que tuvo, no obstante rechazó dar esa información: “Lo que hace uno antes no influye en la labor que hace como parlamentario después. No veo que pueda ser un conflicto, porque ahora no presto servicios a nadie. No hacía lobby ni lo hago ahora”.
EMPRESAS “PARAGUAS”
Son pocos casos, pero hay parlamentarios que omiten incluir alguna sociedad o sólo declaran aquella que es una matriz de la cual se desprenden varias otras, algunas incluso con más capital que la original. En otras ocasiones, no oficializan su salida de una empresa y siguen figurando como socios.
El senador Rabindranath Quinteros (PS) no anota empresas ni actividades en sus declaraciones de interés y patrimonio. Sin embargo, en el Diario Oficial figura Sociedad de Inversiones Kalimera Limitada, creada en el 2003, la que ese mismo año se incorpora a otra sociedad: Centro de Salud Medisur S.A. ¿Por qué no la declaró?
-¡Recién me vengo a dar cuenta! Es que tengo una hija que es tecnóloga médica y hace años creé una sociedad para ayudarla: el Centro de Salud Medisur. Pero ese centro está cerrado hace tiempo, porque le fue mal. Y no me percaté que había que anular la sociedad. Se me olvidó. Ahora Kalimera no se dedica a nada –respondió a CIPER
Situación similar es la del diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien no declara sociedades en las que figura en el Diario Oficial. Ahí aparecen cuatro empresas a nombre de Jiménez, dos de las cuales están activas según Impuestos Internos: Asesoría Profesional, creada en 2001, y Negociaciones y Servidumbres, creada en 1997 para el alquiler de maquinarias y equipos.
Esta última sociedad participa en otras cuatro empresas, dos de las cuales se encuentran activas: Inversiones Villa Las Hortensias e Inmobiliaria Agua Marina. Una tercera, Inversiones Framil S.A., no registra timbraje del SII desde 2007, pero tiene una anotación de Impuestos Internos que dice que esa empresa presenta “situaciones de posible comportamiento tributario irregular”.
El diputado Jiménez señaló a CIPER: “No tengo ninguna participación en esas empresas. Algunas desaparecieron, otras están activas, pero con otros dueños. De la última que me salí fue de Asesoría Profesional en 2004, antes de ser diputado. Soy parlamentario en forma exclusiva”.
La situación del diputado Daniel Farcas (PPD) es más delicada. Participa en tres comisiones: Economía, Constitución y Seguridad Ciudadana. Declara tener cuatro empresas en distintos rubros que poco tienen que ver con esas áreas, pero sus negocios van mucho más allá y sus inversiones son millonarias. Entre las empresas que declara figura: Transportes Conferencia, Productos Químicos Ehlinger, Inversiones Clon e Inversiones Kava. De ellas solo la primera está inactiva. No es el caso de Kava, sociedad en la que el diputado es dueño del 99%, a través de la cual participa en otras ocho empresas.
Una de ellas es Farquímica SpA, una empresa familiar en la que Farcas al 2008 tenía el 0,5% de un capital que supera los $3.303 millones. Otra es Asesorías e Inversiones Tarbut, en la que el diputado posee una inversión de $270 millones correspondiente al 0,59% del capital. Su giro es de inversión y renta de capitales. En Tikún Spa, la inversión de Farcas es de más de $6.085 millones a diciembre de 2014, con un giro de inversión y renta de capitales mobiliarios.
El listado de las empresas en las que Farcas participa a través de Kava sigue con Kinor, creada en 2012, y que tiene el mismo giro que Tikún; Clarial, de inversión y renta de capitales inmobiliarios que al 2014 contaba con un capital de $3.762 millones. Una de las sociedades que surgió de esta empresa ese mismo año es Laboratorio Clarial. Se disolvió a fines de 2014 luego de que fuera absorbida por Kineret SpA., otra de las empresas en la que Farcas participa a través de Kava y que fue creada ese mismo año. Culmina la lista de participaciones de Kava con Teknol SpA, que en 2012, en un solo día, aumentó el capital de $10 millones a más de $4.542 millones, y de inmediato lo volvió a reducir a $10 millones. Esta empresa registra término de giro en febrero de 2014.
LA BANCADA CAMPESINA
El diputado José Pérez (PRSD) preside la Comisión de Agricultura. Se declara como agricultor, pero no indica si administra o no los dos predios que incluye en sus declaraciones. No tiene sociedades, pero posee acciones en Iansa y la Cooperativa Agrícola y Lechera Bío Bío, empresa con 346 socios que forma parte del Grupo Bioleche que también integran la compañías Insecabio, Biosemillas, Bionutrición y Biocrédito.
También es dueño del Fundo Tolpán Sur, en Los Ángeles, donde opera el Criadero Tolpán Sur. En su página de Facebook detallan algunas de las características del lugar: “El criadero pone a la venta montas de su potro Santa Isabel Compinche (Rico Raco – Inocencia) potro de grandes condiciones que hoy está entregando hijos de gran velocidad, postura y pegada, también tenemos a la venta algunos productos. Contamos con medialuna para poder mostrar nuestros caballos”.
En el SII aparece que José Pérez se dedica al “cultivo de trigo”, al “cultivo de forrajeros (pasto para alimentar animales) en praderas mejoradas o sembradas”, y al “cultivo de otras oleaginosas”. Sus últimos movimientos tributarios son de 2015.
Pérez tiene intereses relacionados directamente con las materias que legisla. Algo que en la comisión que integra pareciera ser un requisito de ingreso. Los diputados Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) y Ramón Barros Montero (UDI) también integran la comisión y tienen intereses involucrados: ambos tienen sociedades agrícolas, todas activas y plenamente operativas. Lo mismo ocurre con Rosauro Martínez (RN), hoy desaforado por su responsabilidad en los homicidios de Neltume en 1981 (ver reportaje).
Al ser consultado por un posible conflicto de interés, Álvarez-Salamanca dijo a CIPER: “Para mí son válidas las actividades extraparlamentarias. Yo estoy en la Comisión de Agricultura para pelear por los agricultores chicos. En otros casos puede haber conflictos, pero yo no, nunca he pensado en votar para beneficiarme a mí mismo, entonces no me inhabilita para nada”.
Otro diputado en ese grupo es Ignacio Urrutia (UDI), quien posee siete empresas del rubro. Una de ellas es Agrícola Mira Ríos, que según el registro de receptores de fondos públicos del SENCE de 2014, es el mismo Urrutia el contacto del directorio y representante legal. Otra de sus empresas es Agrícola Cuñao: a través de esta sociedad fue que el diputado recibió 1.650,84 UF ($41,2 millones) el 23 de marzo de 2015, gracias a la bonificación de la Ley 18.450, de la Comisión Nacional de Riego.
En la Comisión de Agricultura del Senado la situación es similar. El senador Manuel Antonio Matta (DC) posee el 50% de una sociedad que tiene giro vigente por cultivo de frutales y figura en la lista del SAG de participantes inscritos para la exportación de cerezas a China.
-Nunca me ha tocado tratar un proyecto con conflicto de interés con esta sociedad agrícola que sólo se dedica a las cerezas y que obtuve producto de una herencia tras el fallecimiento de mi hermana mayor –señaló el senador Matta a CIPER.
Otro senador que integra esa comisión es Juan Antonio Coloma (UDI), quien declara intereses por “actividades agrícolas” y participación en tres sociedades del rubro: Inmobiliaria Ocho de Septiembre, donde posee el 6,4%; Inversiones Golconda, con un 0,175%; y Haras San Patricio, con el 40%.
Coloma explicó a CIPER que la Inmobiliaria Ocho de Septiembre no funciona hace 19 años, mientras que Inversiones Golconda no tiene actividades hace cinco, aunque según el SII mantiene giro vigente por servicios jurídicos y sociedad de inversiones y rentista de capitales mobiliarios. Si bien el senador reconoció que hubo un período de funcionamiento de Golconda mientras él era parlamentario, minimizó el impacto:
“Era una sociedad muy pequeña, que tenía uno o dos caballos, no era relevante como actividad”.
Fuente: CIPER Chile
