Apropiación indebida, fraude al fisco y delitos tributarios, con el agravante de una asociación ilícita, están entre los posibles delitos contenidos en la denuncia que este lunes 17 de febrero presentó el Ministerio de Salud (Minsal) en la Fiscalía Centro Norte por el manejo irregular de las listas de espera en el hospital San José. Eso quiere decir que la auditoría que encargó el ministro Jaime Mañalich no sólo encontró rastros de posibles delitos, sino que se trataría de un grupo de personas organizadas para delinquir.
Así lo confirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien explicó que ahora será misión del Ministerio Público determinar si esos son los delitos que se configuran y quiénes son los responsables.
El origen de la auditoría del Minsal está en una investigación de CIPER publicada en junio de 2013, http://ciperchile.cl/2013/06/10/hospital-san-jose-asi-opera-el-sistema-que-reduce-falsamente-las-listas-de-espera/ que daba cuenta de cómo realmente se habían bajado las listas de espera de los pacientes del sector norte de Santiago en el Hospital San José: Médicos generales recién egresados atendían en el policlínico Maruri como especialistas cobrando sueldos millonarios por las atenciones que borraban a los pacientes de la lista de espera. Algunos no tenían contrato y después se les pagaba por mano, sin registro legal. A veces las atenciones ni siquiera se concretaban y en la práctica los pacientes salían de la lista de espera por secretaría.
Hasta esa publicación, la disminución de las listas de espera parecía milagrosa y se exhibía como un logro gubernamental. Así ocurrió el sábado 7 de julio del 2012, cuando alrededor de las 10 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera desembarcaba en la comuna de Conchalí. Allí lo esperaban el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro, entre otros.
Piñera iba a ver en terreno el cumplimiento de su promesa de terminar con las enormes listas de pacientes que esperaban por varios años a ser operados. “Afortunadamente vamos por muy buen camino”, dijo el Presidente, anunciando que de 90 mil personas, la lista de espera había disminuido a 40 mil.
Hoy la milagrosa disminución de esa lista se mira con otros ojos. A la auditoría interna se suman ahora dos denuncias ante el Ministerio Público y una auditoría de la Contraloría, que en sus informes preliminares ya arrojaba duros cuestionamientos a la forma en que operó el sistema del Hospital San José y su policlínico Maruri.
MEMORANDO RESERVADO
A las 10 am del martes 5 de noviembre pasado, un memorando de carácter urgente y reservado salía de la oficina de la Auditoria Ministerial del Ministerio de Salud, cuyo destinatario era el ministro Mañalich. Soraya Boada Sepúlveda, jefa del departamento,daba cuenta a su superior de que se detectaron irregularidades graves en el Hospital San José. Adjuntaba y mencionaba el reportaje de CIPER, incluyendo un punteo de las principales irregularidades ahí denunciadas.
Sólo 9 días tardó en llegar la respuesta del ministro, a través del memo reservado Nº 34, con el encabezado “Atenciones médicas realizadas en el policlínico Maruri para disminuir la lista de espera no Auge”. Tras describir algunas de las irregularidades mencionadas en el reportaje, instruyó al subsecretario Luis Castillo que se hiciera de inmediato un sumario administrativo.
Este último no fue tan solícito en cumplir la orden del ministro, ya que dejó pasar más de un mes antes de ordenar el sumario. La resolución Nº 1288 con orden de investigar salió recién el 27 de diciembre. En el punto cuatro de la misma, deja claro que la orden de Mañalich iba en serio: “Que de acuerdo a lo instruido por la máxima autoridad ministerial, el dictamen fiscal y los hechos que de este deriven deberán ser analizados y si de ellos se desprendiere la existencia de delitos o cuasidelitos, deberán ponerse los antecedentes a disposición de la justicia ordinaria”.
Y como punto final agrega: “Instrúyase sumario administrativo con la finalidad de establecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas de dirección y funcionarios que resulten responsables en la mala gestión e inversión de recursos públicos y la eliminación de listas de espera de pacientes que no obtuvieron las prestaciones correspondientes”.
Los escogidos por el subsecretario Castillo para llevar a cabo este sumario fueron la enfermera Susana Almendares, jefa del departamento de Calidad y Seguridad del Paciente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quien oficiaría como fiscal, y el ingeniero comercial Dante Villalobos, de la misma subsecretaría, en calidad de actuario. Había premura en resolver esto antes del cambio de gobierno del 11 de marzo, para evitar así que las irregularidades y posibles delitos cometidos se le sume una carga política.
La auditoría ministerial avanzó con celeridad y decenas de funcionarios del Hospital San José y el policlínico Maruri declararon en pocos días. A poco andar ya estaba claro que se configuraban posibles delitos y que sería necesario hacer una denuncia penal, lo que finalmente ocurrió este lunes.
AUTORIDADES VALIDARON A MÉDICOS COMO ESPECIALISTAS
CIPER recogió los testimonios de los principales implicados que declararon en la auditoría ministerial y por ellos tuvo acceso a documentos clave, lo que permitió reconstituir gran parte de la información que tuvo a la vista la fiscal Almendares antes de recurrir al Ministerio Público. Varios de los funcionarios han reconocido las irregularidades y ante la inminente judicialización del caso, apuntaron a los superiores que ordenaron o supieron de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San José, el policlínico Maruri y en los operativos para eliminar las listas de espera.
Uno de los que ha sido sindicado por los médicos como principal responsable es el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro. También apuntan más arriba y acusan que el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, avaló que médicos generales actuaran como especialistas. Mientras Caro aparece en las listas de médicos entregadas a la fiscal, no hay registros de la participación de Castillo.
“La orden que teníamos era rebajar las listas de espera y eso había que cumplirlo como sea. El primer problema que enfrentamos era que los pacientes del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) si no eran vistos por un especialista no se los podía bajar de la lista. Eso se solucionó internamente por órdenes que nos llegaron de más arriba, pero como son verbales, hoy en día el que va a tener que responder por esto y está bien complicado es quien dejo constancia por escrito, el doctor Luis Leiva, quien incluso terminó subrogando al director del Servicio de Salud (Claudio Caro) justo el día que hubo que firmar el documento, porque éste se tomó dos días de vacaciones”, relata uno de los médicos responsables por las atenciones dudosas.
La constancia que dejó por escrito Luis Leiva Godoy, subdirector de Gestión Asistencial del Hospital San José, quedó estampada el 26 de septiembre de 2012 en un correo enviado al doctor Rodrigo Gutiérrez, quien organizó la brigada de médicos sin especialidad en el policlínico Maruri en su calidad de director de dicho centro asistencial.
En el correo, Leiva afirma que el Ministerio de Salud les dio “la posibilidad de validar médicos en la especialidad en que están evaluando a los pacientes” y le pide a Gutiérrez la lista de modo “de tener los resguardos necesarios ante alguna fiscalización externa”.
El correo iba con copia al director del hospital, Raúl Vásquez, y al entonces subdirector, José Miguel Puccio. Ante cualquier duda de lo que significaba la validación, Puccio se apresuró en responder: “Si entendí bien, el Minsal validará médicos no especialistas, como especialistas? Si es así, estamos muy mal”.
De poco sirvió el correo del doctor Puccio cuestionando la autorización del Ministerio de Salud. Las atenciones por médicos generales como especialistas continuaron, ahora con una supuesta autorización ministerial. CIPER se comunicó por teléfono con el doctor Luis Leiva, quien dice no tener respaldo por escrito de haber recibido la autorización, pero reafirma que eso fue consultado y autorizado desde el departamento técnico del Minsal. Y que el correo que él mismo envió con la validación de 15 médicos generales en las atenciones de especialidades el 11 de enero de 2013 fue firmado por él en calidad de director subrogante del SSMN, ya que el titular Claudio Caro se encontraba de vacaciones. Pero deja claro que Caro se encontraba en antecedentes y que había autorizado esta gestión.
La segunda voz que se levantó contra esta dudosa autorización fue la de la médico dermatóloga María Fernanda Martin. En un correo enviado tres meses más tarde de la primera voz de alerta del doctor Puccio, se queja de que médicos sin especialidad dermatológica estén atendiendo pacientes y mandando tratamientos con fármacos que deberían prescribirse solamente previo exámenes. Y termina su correo, advirtiendo: “Creo que se están gastando recursos innecesariamente y no se está logrando reducir la lista de espera con eso”.
Este correo cayó muy mal en el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, quien se sentía respaldado por la autorización ministerial, y le mandó una respuesta categórica cerrando la discusión. “Hay que generar protocolos, pero los recursos los manejo YO y YO decido si son bien o mal gastados y segundo si trabaja en el San José, que por favor tenga la mínima deferencia de enviar este tipo de correos en formato institucional y no de una clínica privada. Raúl Vásquez”
La apreciación de la doctora Martin coincide con otros testimonios que dan cuenta de que los médicos sin especialidad rebajaban de manera impropia las listas de espera. Al desconocer los diagnósticos a los que se enfrentaban y la complejidad de algunos pacientes, su atención en muchos casos buscaba simplemente una excusa para sacarlos de la lista.
“Eran muchos los pacientes que debíamos atender de las listas de espera. Gente que hacía años había sido derivada a un especialista para ser evaluada y así poder ir al quirófano, o esperando una segunda opinión para no operarse. Se te sentaban enfrente pacientes fáciles de resolución y otros bien complejos. Al final lo que uno hacia era derivarle la responsabilidad de seguir esperando al mismo paciente. Así que con preguntas clínicas tratabas de averiguar qué impedía al paciente pasar a la operación. Por ejemplo uno atendía a una persona que venía con un bocio y le empezábamos hacer preguntas sobre cómo estaba su diabetes, su presión, etc. Cuando descubrías que estaba con algo que impedía ser operado, le dabas cita para dentro de unos meses más. Así ese paciente salía de la lista de espera”, relata a CIPER uno de los médicos que atendió durante el 2012 y 2013 pacientes de la lista de espera en el San José.
Otra forma de deshacerse de los pacientes era enviarlos donde otro supuesto especialista para que los atendiera por la dolencia que impedía la operación. Como el pool de doctores era pequeño, varios de ellos recuerdan que en más de una oportunidad los pacientes se encontraron con que les tocaba el mismo médico. Por ejemplo, el endocrinólogo los derivaba a un cardiólogo y cuando el enfermo llegaba resultaba que era el mismo doctor. Por eso se registraron reclamos de pacientes que no entendían cómo doctores tan jóvenes podían haber estudiado dos especialidades tan complejas.
PACIENTES QUE NO ESPERAN
La auditoría ministerial explora además una nueva arista: de un total de 10.614 atenciones pagadas en los operativos, 6.025 pacientes no eran parte del Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE). El problema es que los fondos extraordinarios autorizados para estas atenciones tenían como objeto disminuir las listas de espera.
Otras 1.277 atenciones que también fueron pagadas, aparecen sin siquiera estar asociadas a un médico. La auditoria que encabeza la fiscal Susana Almendares deberá dilucidar a dónde fue el dinero de esas atenciones. CIPER accedió a uno de los documentos que hoy forman parte de la investigación donde queda claro que muchos de los médicos que se presentaban en los operativos no tenían ningún contrato vigente ni relación con el hospital San José, (ver documento) ni con el policlínico Maruri.
Hubo operativos hechos para cumplir el compromiso presidencial en que los pacientes de las listas de espera no llegaban al 10% de los atendidos. Por ejemplo, en el 6º operativo de Conchalí, al que llevaron al presidente Sebastián Piñera, fueron atendidos 457 pacientes, de los cuales 286 no estaban en lista de espera.
De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso CIPER, ese día el director del SSMN, doctor Claudio Caro, atendió sólo a una paciente, quien nada tenía que ver con las listas de espera. La señora. M.C.P. ni siquiera había sido citada y llegó ese día al consultorio por unas molestias que la aquejaron la noche anterior. “Tuve mucha suerte, justo estaba el operativo del presidente con muchos médicos. Al parecer yo era la única que venía por ginecología. Así que me atendieron a la primera, fui muy bien atendida, y me dijeron que al año me volviera a hacer un control”, recuerda hoy.
En un video del SSMN aparece el doctor Caro atendiendo en otro operativo de Colina el 21 y 22 de abril de 2012. Dice que se atendieron 1.200 pacientes esos días, pero la revisión de los registros arroja que 884 de ellos no estaban en el RNLE, pese a que Caro aparece diciendo que el objetivo del operativo es disminuir esa lista de espera. Los supuestos especialistas con que trabajó ese día eran los médicos generales de Maruri. (Ver video)
El doctor Caro, según los mismos registros que fueron entregados a la fiscal Almendares, participó de 12 operativos, en los que atendió 103 pacientes, de los cuales 59 no se encontraban en los registros del RNLE. Al igual que los jóvenes médicos, las atenciones del director del SSMN fueron más allá de su especialidad en ginecología: atendió como si fuera cardiólogo, neurólogo, traumatólogo, urólogo y al menos 10 especialidades más.
CONTRATOS DUDOSOS
En la trama del recorte irregular de las listas de espera parece haber un sistema que no repara en formalidades o trabas legales a la hora de operar. Ese primer capítulo incluye prestaciones médicas canceladas por especialidades a médicos generales; pagos por mano de atenciones que figuraban a nombre de un médico pero fueron realizadas por otro, sin ningún tipo de relación contractual con el Hospital San José o el policlínico Maruri; además de la baja arbitraria de miles de pacientes de la lista de espera. Pero hay otros capítulos que recién comienzan a conocerse.
El 5 de febrero recién pasado el director del SSMN, Claudio Caro, y el director del Hospital San José, Raúl Vásquez, se presentaron en la Fiscalía Centro Norte, para poner una denuncia basada en el reportaje que CIPER publicó el 13 de enero de 2014: “Hospital San José externaliza hospitalización domiciliaria sin licitación”. Se cuestionaba el pago de $120 millones a una empresa de hospitalización domiciliaria que estuvo relacionada con un médico que trabajaba para el hospital y que no mantenía ni contrato ni toma de razón por la Contraloría, pero estaba recibiendo cuantiosas sumas de dinero mensuales.
Otro caso que ha sido cuestionado es el acuerdo que hicieron con la Clínica San Miguel Ltda, de la afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios Gladys González, más conocida como “La Cuca”. En 2012 desde el policlínico Maruri salieron 40 pacientes derivados para hospitalizarse, ocupando gran parte del recinto, que cuenta con 60 camas. El costo para el hospital fue de más de $ 88.296.000 millones y según uno de sus directivos, hubo serios problemas cuando intentaron pagar desde el Hospital San José, ya que no tenían ningún contrato o licitación. Pero según este mismo funcionario público y uno de los encargado de solucionar el tema, no había cómo negarse, ya que el “negocio” se había hecho por orden del director del SSMN el Claudio Caro y al final fue cancelada por el mismo SSMN con el número de factura Nº 5.
Caro fue director de de esta clínica, que cuenta con precarias condiciones de atención de los pacientes. El 23 de marzo de 2012, la Seremi de Salud sancionó al establecimiento de larga estadía de adultos mayores, ya que ni siquiera contaba con auxiliar de enfermería o personal exclusivo para el aseo.
Sala de atención policlínico Maruri
Otro de los contratos que están siendo cuestionados es el que se viene adjudicando sin licitación en los últimos tres años la Sociedad Médica Oyarzún y Oyarzún Ltda., empresa del doctor Andrés Fernando Oyarzún Tejeda y la periodista Glenda Marcela Oyarzún Atala. El doctor Andrés Oyarzun se desempeña como médico cirujano del mismo hospital, con un contrato de 22 horas y bajo las órdenes del jefe de Traumatología del hospital, el doctor Álvaro Martínez Herold, casado con su socia, la periodista Glenda Marcela Oyarzún.
Pese a dichos vínculos, en los últimos tres años la empresa se ha adjudicado contratos por más de $1.000 millones en intervenciones quirúrgicas de traumatología. El año más exitoso para la sociedad médica fue 2013, cuando se le asignaron $617 millones.
El hospital San José mantiene en estos momentos al menos 14 externalizaciones de servicio por trato directo y otras con licitaciones de dudosa legalidad, que recién empiezan a emerger a la luz pública.
El duro preinforme de la Contraloría
Prestaciones pagadas sin que se constatara que fueran efectuadas, pagos a médicos que no tienen contrato e incluso evasión de impuestos son algunas de las observaciones que realizó la Contraloría en un preinforme de auditoría realizada a los contratos a honorarios del policlínico Maruri, dependiente del Complejo Hospitalario San José. El documento está fechado en octubre de 2013 y aún se está a la espera del informe definitivo, que podría tener modificaciones.
El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar el cumplimiento y pago de honorarios a profesionales médicos en 2012. La auditoría determinó que “no existen antecedentes que respalden íntegramente el pago de las prestaciones que habrían ejecutado los médicos contratados bajo esa modalidad, siendo el total de los gastos insuficientemente acreditados ascendente a la suma de $367.963.482”. Incluso, señala el preinforme, no siempre se realizó la función “atención de lista de espera”, según propia declaración del doctor Rodrigo Gutiérrez Soto, quien dijo que se atendieron 11.000 pacientes que no cumplían con los objetivos del convenio.
Además, estos pagos se habrían efectuado sin que se entregara un informe de respaldo de las prestaciones realizadas. La entrega de estos informes debía ser supervisada por Raúl Vásquez Cataldo, director del Hospital San José, quien no los exigió ni suspendió los pagos al comprobar que no se estaba cumpliendo este requisito.
Sólo eran entregadas unas planillas en que se indicaba los días y el horario en que se realizaron las prestaciones, las cuales eran certificadas por la jefatura médica del servicio, es decir, Rodrigo Gutiérrez Soto, sin que en ellas contara las prestaciones ejecutadas ni el horario en que se efectuaron, condición indispensable para el pago de los honorarios.
Otro aspecto que señala el preinforme es que a pesar de que los médicos eran contratados por un cierto monto mensual, la suma que recibían finalmente quedaba a su propia discreción, ya que eran ellos quienes determinaban el número de prestaciones que ejecutaban diariamente, sin que la autoridad del recinto interviniera fijando la cantidad de prestaciones según la necesidad y el presupuesto con que contaba el recinto asistencial. Además, las prestaciones que podían ser sumadas a los honorarios establecidos preliminarmente en el contrato eran fijadas en relación a los aranceles de especialidades de Fonasa, en circunstancia que quienes realizaban las atenciones eran médicos generales sin especialidad.
Según declaraciones de algunos médicos contratados bajo esta modalidad, las planillas Excel enviadas mensualmente a la unidad de recursos humanos por Rodrigo Gutiérrez no dicen relación con el número real de atenciones prestadas por ellos. Declararon, además, que Gutiérrez aceptó que ellos cobraran, en algunas oportunidades, honorarios mayores a los que correspondía, cuyo excedente le era entregado a él sin que haya registro del destino de los recursos.
Indica el preinforme que entre septiembre y diciembre de 2012, Vásquez y Gutiérrez certificaron la totalidad de las prestaciones de todos los facultativos sin registro fehaciente de su realización, para luego dividir el monto global de los honorarios en partes iguales, independiente de las prestaciones realizadas. Para esto, se constató que Gutiérrez y otros médicos contaban con autorizaciones notariales para retirar los cheques, cobrarlos y luego repartir el monto girado entre los profesionales, según lo que definiera su criterio.
Así, por ejemplo, durante el mes de junio de 2012 se realizaron 1.907 atenciones médicas y no las 4.971 que informó la jefatura. Durante ese mismo mes, se habrían pagado atenciones médicas a profesionales que no tenían contrato a honorarios con ese complejo hospitalario, sin que conste el nombre esos médicos, el pago, las prestaciones realizadas ni el nombre de los pacientes atendidos. Además, el preinforme identifica a 7 médicos que, según la declaración de otros doctores, habrían recibido pagos por medio de terceros o de Gutiérrez, ya que serían sus amigos y compañeros de universidad.
Precisa además el organismo contralor, respecto a la hoja funcionaria y las liquidaciones de sueldo de Rodrigo Gutiérrez Soto, que se observa el pago indebido de $9.716.095, ya que no cuenta con el acto administrativo que autorice dichos pagos. En el último punto de sus observaciones, el preinforme concluye que, en virtud de las declaraciones realizadas, una de las razones que habrían tenido los médicos de dicho recinto para cobrar las prestaciones hechas por otros facultativos era “no reflejar los verdaderos ingresos percibidos por los médicos y evadir de ese modo los impuestos correspondientes, incumpliendo de esta manera con la normativa tributaria que los obliga a declarar todas sus rentas”.
Es importante mencionar que la información contenida en dicho preinforme ya es conocida por algunos médicos del Policlínico Maruri, quienes ven poco auspicioso el resultado del informe final que aún está en trámite en la Contraloría. En dicho informe final estarían incluídas las respuestas de parte de los médicos y administrativos mencionados a cada una de las observaciones aquí descritas, por lo que estas observaciones podrían ser respaldadas.
Fuente: CIPER Chile
